&htab;28.&htab;La Unión Panhelénica de Mecánicos de la Marina Mercante (PEMEN), la Unión Panhelénica de Marinos de la Marina Mercante (PENEN) y la Unión Panhelénica de Mecánicos Certificados de Tercer Grado y Bomberos Stefenson presentaron en una comunicación de 28 de noviembre de 1985 una queja en la que se alega la violación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). El Gobierno envió sus observaciones en una comunicación de 10 de abril de 1986.

&htab;29.&htab;Grecia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;30.&htab;Los querellantes alegan una violación de la libertad sindical resultante del artículo 238 del decreto núm. 187/1973 sobre Código Marítimo de Derecho Público. Según los querellantes, esta disposición prohíbe que un marino griego interponga un recurso, sin autorización del Ministerio de la Marina Mercante, ante una autoridad o una organización extranjera para resolver un conflicto relativo a su contrato de trabajo, y permite sancionar al marino con una pena que puede ser de hasta tres meses de prisión y cinco años de suspensión del permiso de trabajo en la marina mercante. Según los querellantes, los consejos encargados de la vista de los recursos interpuestos por los marinos consideran como autoridad extranjera, además de los tribunales extranjeros, los sindicatos extranjeros, así como las federaciones y confederaciones internacionales a las que están afiliadas la Federación de Marinos Griegos (PNO) y los sindicatos profesionales de la gente de mar.

&htab;31.&htab;Según los querellantes, esta disposición constituye una violación del artículo 5 del Convenio núm. 87 puesto que: 1) atenta contra el derecho de los sindicatos de mantener relaciones con organizaciones, federaciones o confederaciones internacionales a las que están o no están afiliados; 2) atenta contra el derecho de pedir asistencia intelectual, material y legislativa a las federaciones y confederaciones locales, extranjeras e internacionales y solicitar su apoyo respecto de las reivindicaciones de los sindicatos de la gente de mar y de los recursos interpuestos ante los tribunales; 3) atenta contra el derecho de una sección sindical a solicitar la asistencia de las federaciones y confederaciones internacionales extranjeras y locales en su lucha y en la lucha de sus mandantes, así como contra su derecho a pedir acciones de solidaridad con miras a la protección de los intereses comunes de los trabajadores y de los derechos colectivos e individuales en el plano internacional; 4) finalmente, atenta contra el derecho de reivindicar la no injerencia de las autoridades gubernamentales cuando ponen obstáculos legislativos o materiales contra los marinos griegos, los buques en que navegan y los lugares en que éstos atracan.

&htab;32.&htab;En su respuesta de 10 de abril de 1986, el Gobierno indica en términos generales que un sector marítimo desarrollado ha de asegurar necesariamente un tráfico marítimo normal y pacífico en todo el mundo, y que los buques no sólo tienen el cometido de cumplir con sus obligaciones comerciales, sino también, esencialmente, con sus responsabilidades en materia de protección de la seguridad y de la vida de los marinos. Añade que todas las naciones marítimas, tanto en el Oeste como en el Este, han adoptado un código penal y disciplinario que reglamenta las relaciones entre las personas que prestan servicios a bordo de buques y que Grecia adoptó ya un código de esta naturaleza en 1923, que se modificó ulteriormente.

&htab;33.&htab;En lo que atañe al decreto legislativo 187/1973 sobre Código Marítimo de Derecho Público, el Gobierno afirma que este texto no introduce nuevas disposiciones, sino que codifica solamente la legislación en vigor. Sin embargo, señala que como este Código entró en vigor hace ya varios años, será objeto de una actualización en la que las partes interesadas, incluidos los marinos, han sido invitadas a expresar su opinión. Estas modificaciones competerán a un comité especial cuyos miembros se designarán próximamente y en el que van a participar los representantes de los marinos.

&htab;34.&htab;Según el Gobierno, no puede aceptarse la correlación establecida por los querellantes entre las leyes disciplinarias de la marina mercante que existen en todos los países con vocación marítima y las disposiciones del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), puesto que no existe tal relación. No obstante, con arreglo a la legislación, las organizaciones de marinos tienen el derecho de constituir consejos de disciplina encargados del control disciplinario de aquellos de sus miembros que violen los reglamentos. Estos consejos no dependen de una sola persona, sino que se organizan en forma colegial, y los marinos gozan del derecho de apelación ante un consejo de segunda instancia. Los consejos de primera y segunda instancias están integrados por representantes de la gente de mar y personas competentes en materia de condiciones de vida a bordo de los buques, de requisitos de seguridad de la navegación y de igualdad de trato disciplinario. Según el Gobierno, consejos de disciplina de esta naturaleza existen en Italia, Francia, Argentina, Brasil e Inglaterra.

&htab;35.&htab;En lo que se refiere a la disposición del decreto legislativo 187/1973 relativo al derecho de recurso ante autoridades distintas de las del Estado del pabellón, el Gobierno indica que se trata de una cuestión muy controvertida en el derecho internacional. En la marina mercante griega, ha planteado problemas que se deben al hecho de que los tribunales de los Estados Unidos han decidido aceptar el examen de las querellas presentadas por los marinos griegos.

&htab;36.&htab;Para concretar su argumento, el Gobierno adjunta en su respuesta dos ejemplos recientes de estas querellas. La primera se refiere a un recurso por daños y perjuicios interpuesto por un marino griego ante un tribunal de Nueva Orleáns respecto de un accidente del trabajo ocurrido en mayo de 1984 sobre un buque griego anclado en el puerto francés de Boulogne-sur-Mer. La segunda trata del pago de una indemnización considerable a la viuda de otro marino griego fallecido como consecuencia de un accidente ocurrido en un buque anclado en el puerto griego de Patras que amenazaba con someter el caso a un tribunal estadounidense.

&htab;37.&htab;El Gobierno declara que no podía permanecer indiferente ante una situación de esta naturaleza y que adoptó el artículo 238 del decreto legislativo 187/1973 con la venia de los representantes de las federaciones de marinos y de armadores. Con arreglo a este artículo, las querellas relativas a las condiciones de trabajo o los derechos de los marinos, incluidas las derivadas de casos de enfermedad o accidente, pueden examinarse en virtud de la legislación griega. Según afirma el Gobierno, otras naciones marítimas han adoptado esta práctica. Este es el caso, en especial, en Italia, Dinamarca, Países Bajos, Suecia e Islandia.

&htab;38.&htab;Por otra parte, añade el Gobierno, Grecia ha adoptado todas las medidas necesarias para que los conflictos laborales relativos a las condiciones de trabajo de los marinos a bordo de los buques puedan ser resueltos con equidad y celeridad. Las autoridades consulares marítimas griegas se mantienen al corriente de todas las nuevas disposiciones relativas a estas cuestiones, así como de la jurisprudencia en la materia. Por otra parte, cuando se plantea un problema, los marinos o los armadores envían un télex o una carta a los departamentos competentes del Ministerio de la Marina Mercante y obtienen respuestas a los pocos días. En los casos en que un marino griego no puede ser protegido por las autoridades griegas, en especial cuando pide la confiscación de un buque en un puerto extranjero, el Ministerio de la Marina Mercante siempre concede esta autorización por télex, en cumplimiento del párrafo 3 del artículo 238. Con arreglo al último párrafo del artículo 246, el capitán de un buque se considera como responsable cuando se impide injustamente que un miembro de la tripulación o un pasajero interponga un recurso ante las autoridades griegas.

&htab;39.&htab;Por consiguiente, el Gobierno estima que no se justifica un recurso interpuesto por un marino ante una autoridad o una organización extranjeras respecto de una queja relativa a un contrato de trabajo a bordo de un buque, puesto que los marinos están protegidos por la legislación griega y que pueden interponer recursos antes las autoridades consulares griegas (en cumplimiento del artículo 238). Además, añade el Gobierno, esta práctica puede alterar el funcionamiento normal de los buques, es difamatoria para Grecia en el extranjero, y por ello se prohíbe.

&htab;40.&htab;El Comité advierte que la disposición legislativa impugnada por los querellantes trata de la prohibición para los marinos griegos de interponer un recurso ante una autoridad extranjera con miras a que se resuelva un conflicto resultante de su contrato de trabajo. En efecto, el artículo 238 dispone lo siguiente: "Todo miembro de la tripulación de un buque, en servicio activo o despedido, que recurre a una institución o autoridad extranjeras para reivindicar los derechos que pretende tener o pedir la solución de un conflicto resultante de su contrato de trabajo a bordo, a pesar del hecho de que esté protegido jurídicamente por las leyes griegas y de que pueda interponer un recurso ante una autoridad consular griega, se sancionará con una pena de cárcel de hasta tres meses. Se consideran como circunstancias agravantes: en primer lugar, el hecho de que la persona de que se trata sea el capitán o un oficial del buque; en segundo lugar, el hecho de que este recurso retrase la salida de un buque listo para zarpar. Las disposiciones que anteceden no se aplican en los casos en que el Ministro de la Marina, Comunicaciones y Transportes autorice la interposición de un recurso ante autoridades u organizaciones extranjeras habida cuenta de las condiciones de aplicación del primer párrafo." Según los querellantes, esta disposición viola el artículo 5 del Convenio núm. 87 puesto que impide que los marinos griegos y sus sindicatos consulten con organizaciones sindicales internacionales a las que están afiliados. En cambio, el Gobierno estima que esta disposición no guarda ninguna relación con el Convenio núm. 87 y señala que sólo tiene por objeto prohibir que los marinos griegos interpongan querellas ante autoridades extranjeras ya que gozan de un derecho de recurso y de apelación ante las autoridades griegas respecto de los conflictos derivados de su contrato de trabajo.

&htab;41.&htab;Los querellantes no han presentado al formular su querella ejemplos concretos que demuestren que esta disposición se utiliza para impedir que los sindicatos de marinos griegos consulten con las organizaciones sindicales internacionales a las que están afiliados o pidan su solidaridad y, desde entonces, no han presentado las demás informaciones que se les pedía de conformidad con el procedimiento establecido. En cambio, el Gobierno indica mediante ejemplos concretos que esta disposición tiene por objeto impedir que cuando hay conflicto entre los marinos griegos y su empleador respecto de la aplicación de su contrato de trabajo, los primeros puedan someter el caso a una jurisdicción extranjera, puesto que gozan a ese efecto de un derecho de recurso y de apelación ante las autoridades griegas. En esas circunstancias, el Comité estima que la disposición impugnada no atenta contra la libertad sindical.

&htab;42.&htab;En esas circunstancias, el Comité recomienda al Consejo de Administración que, habida cuenta de los elementos de información de que dispone, decida que este caso no requiere un examen más detenido.

&htab;43.&htab;El Comité examinó el presente caso en su reunión de febrero de 1986 en la que presentó sus conclusiones al Consejo de Administración (véase 243. er informe, párrafos 209-247).

&htab;44.&htab;En su reunión de mayo de 1986 el Comité tomó nota de que las organizaciones querellantes habían presentado, el 19 de mayo de 1986, informaciones complementarias sobre determinadas cuestiones relacionadas con el caso y a las que el Gobierno, a quien se había transmitido dicha información, había contestado en una comunicación de 22 de mayo de 1986. El Comité decidió, pues, examinar las nuevas cuestiones planteadas en su próxima reunión a la luz de las informaciones que se le habían comunicado y de cualquier otra novedad que se produjera (244.° informe, párrafo 10).

&htab;45.&htab;Desde su última reunión, el Comité ha recibido de las organizaciones querellantes nuevas comunicaciones de fecha 23 de mayo, 15 de agosto y 3 de octubre de 1986. Asimismo, ha recibido sendas comunicaciones del Gobierno con fecha 3 de junio, 24 de septiembre y 23 de octubre de 1986 en respuesta a las cuestiones planteadas en las mencionadas comunicaciones.

&htab;46.&htab;Dinamarca ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), y el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151).

&htab;47.&htab;Cuando el Comité examinó el presente caso en febrero de 1986 hizo las siguientes recomendaciones que fueron aprobadas por el Consejo de Administración:

"a) El Comité confía en que el Gobierno tendrá en fecha próxima plenamente en cuenta los principios de la libre negociación colectiva al cumplir con sus obligaciones en virtud del Convenio núm. 98, ratificado por Dinamarca, así como en que, cuando sea necesario, tomará las medidas necesarias para asegurar que las cuestiones relacionadas con la fijación de salarios puedan resolverse mediante negociaciones entre las partes.

b) El Comité ruega al Gobierno que reexamine con las organizaciones profesionales interesadas la posibilidad de negociar acuerdos salariales en una forma libre de injerencia por parte de las autoridades públicas.

c) El Comité solicita al Gobierno que le mantenga informado del carácter y del resultado de cualquier debate orientado a fomentar el examen y la aceptación voluntarios por las partes en las negociaciones de las razones de política económica expuestas por el Gobierno en apoyo de las medidas relacionadas con la suspensión de la fijación de índices.

d) En cuanto a la ley de 1985 sobre la prolongación de los convenios colectivos, subsecuente a anteriores intervenciones gubernamentales en materia de negociación colectiva, el Comité señala que tales medidas, implicando como lo hacen una intervención reglamentaria en el proceso de la negociación colectiva, únicamente debieran tomarse en casos de urgencia y por breves períodos. El Comité confía en que, en el futuro, no se tomarán tales medidas de injerencia en la libre negociación colectiva o de restricción del derecho de los trabajadores a defender sus intereses económicos y sociales a través de acciones sindicales.

e) El Comité señala a la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones los aspectos del caso relacionados con la legislación mencionada."

&htab;48.&htab;En su comunicación de 19 de mayo de 1986 los querellantes señalan que, pese a las recomendaciones hechas por el Comité cuando examinó el caso en febrero y, en particular, a la recomendación de que el Gobierno examine con los interlocutores sociales la posibilidad de negociar acuerdos salariales de una forma que no implique la intervención de las autoridades públicas, el Gobierno declaró el 16 de mayo, sin consulta previa de los interlocutores sociales, que trataba de abolir las medidas sobre fijación de índices salariales actualmente en suspenso de los convenios colectivos en vigor. A juicio de los querellantes, dicha medida era incompatible con las conclusiones del Comité, por lo que pidieron que se estudiase el envío de un representante de la OIT a Dinamarca a fin de examinar la situación y, en particular, las intervenciones llevadas a cabo por el Gobierno en el derecho a una negociación colectiva libre.

&htab;49.&htab;En su comunicación complementaria de 23 de mayo de 1986 los querellantes volvían a instar sobre la nececidad de que se efectuase una misión de contactos directos, pues el Gobierno trataba de abolir la fijación de índices automáticos según el costo de la vida a comienzos de junio de 1986 y el proyecto de ley del Gobierno estaba siendo examinado por el Parlamento danés.

&htab;50.&htab;Los querellantes añadían que el Ministro de Trabajo había garantizado por escrito el 2 de mayo de 1986 que se consultaría a los interlocutores sociales sobre la suspensión del sistema de fijación de índices según el costo de la vida, pero el 16 de dicho mes se convocó a los representantes de las organizaciones querellantes a una reunión en el Ministerio de Trabajo en la que se les informó de la intención del Gobierno de presentar el proyecto de ley en cuestión. En modo alguno podía considerarse esta reunión una consulta. Los querellantes añadían que el Gobierno no había informado al Parlamento de las conclusiones formuladas por el Comité y adoptadas por el Consejo de Administración en marzo de 1986, haciéndolo sólo a instancias de los parlamentarios.

&htab;51.&htab;En su comunicación de 15 de agosto de 1986 los querellantes confirmaron que el Parlamento danés adoptó el 26 de mayo de 1986 una ley con objeto de que los acuerdos existentes en el mercado de trabajo danés sobre fijación de índices automáticos de sueldos y salarios caducasen al expirar la actual suspensión del sistema de fijación de índices. A juicio de los querellantes, la abolición por parte de los gobiernos de los acuerdos vigentes o de parte de los mismos era contraria a los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva. Por otro lado, los querellantes argumentaban que la acción se había adoptado sin ningún tipo de consulta previa con los interlocutores sociales pese a las garantías por escrito del Gobierno de que se celebrarían consultas. Respecto a la discusión de estas cuestiones por la Comisión de la Conferencia en Aplicación de Convenios y Recomendaciones en junio de 1986, los querellantes volvieron a solicitar que antes del próximo examen del caso por parte del Comité de Libertad Sindical se efectuase una misión de contactos directos.

&htab;52.&htab;En su última comunicación de 3 de octubre de 1986 los querellantes, al referirse a la reunión mantenida con el Ministro de Trabajo el 16 de mayo de 1986, señalan que los interlocutores sociales fueron convocados a la reunión por teléfono ese mismo día y sin haber sido informados de la finalidad de la misma. En la reunión se les comunicó que el Gobierno había preparado un proyecto de ley sobre el sistema de fijación de índices salariales que se presentaría al Parlamento danés en breve plazo. Los interlocutores sociales tuvieron conocimiento por vez primera del proyecto de ley en el transcurso de la reunión, y pese a las protestas formuladas por los sindicatos no se produjo ninguna consulta o negociación durante la misma. El Gobierno añadía que se había asegurado una mayoría parlamentaria a fin de garantizar la adopción del proyecto de ley. Los querellantes alegaron que si los sindicatos no habían aprovechado la oportunidad de expresar sus pareceres ante la Comisión del Mercado de Trabajo del Parlamento, ello se debía a que, a juicio suyo, la presentación de puntos de vista no podía considerarse como negociaciones o consultas, conforme la OIT había solicitado al Gobierno danés que entablase con los interlocutores sociales. En cualquier caso, la Comisión del Mercado de Trabajo del Parlamento danés fue informada de las opiniones de los sindicatos al respecto. Los querellantes seguían mostrándose partidarios de que se efectuase una misión de contactos directos. Los querellantes alegaban que el Ministro de Trabajo había hecho ciertos comentarios en la prensa en los que se reflejaba la falta de voluntad por parte del Gobierno de observar las recomendaciones formuladas por la OIT.

&htab;53.&htab;En su comunicación de 22 de mayo de 1986 el Gobierno explicaba que cuando entró en funciones, una de las primeras cosas que hizo en el otoño de 1982 fue suspender la fijación de los índices automáticos de los sueldos y salarios según el costo de la vida. A tal efecto promulgó la ley núm. 575 de 27 de octubre de 1982. La suspensión se amplió por medio de la ley núm. 237 de 23 de mayo de 1984, y como consecuencia de la misma hasta septiembre de 1986 no podrá producirse la fijación de índices a los sueldos y salarios. A juicio del Gobierno, el sistema de fijación de índices automáticos según el costo de la vida contribuía en gran medida a que se mantuviera una alta tasa de inflación. En lugar de proteger a los trabajadores mal remunerados contra la erosión de sus salarios, el sistema de fijación de índices automáticos según el costo de la vida contribuía a agravar el problema económico y a la disminución continua de los salarios reales. El tiempo ha venido a demostrar que el Gobierno tenía razón. En 1982 la tasa de inflación era superior al 10 por ciento, mientras que para 1986 se espera que sea sólo de alrededor del 2 por ciento. Las organizaciones que operan en el mercado de trabajo celebrarán negociaciones para la renovación de los convenios colectivos a partir de la primavera de 1987 y, como señala el Gobierno, las organizaciones de trabajadores han mostrado vivos deseos por saber desde un primer momento qué sucederá con la fijación de índices automáticos según el costo de la vida. Como quiera que las negociaciones estaban en curso, el Gobierno estimó procedente, en consecuencia, presentar un proyecto de ley en el Parlamento danés sobre la derogación de la regulación automática de sueldos y salarios en base al índice de precios. Lo que se proponía en el proyecto de ley era que los acuerdos existentes sobre fijación del índice de los sueldos y salarios según el costo de la vida desaparecieran cuando expirase la actual suspensión del sistema de fijación de índices según el costo de la vida. Conforme al proyecto de ley, no puede procederse a ninguna regulación basada en los acuerdos actualmente en vigor, por lo que cualquier cuestión que se plantee sobre los índices de los sueldos y salarios debe ser objeto de nuevos acuerdos entre las partes. Así pues, la ley no impone ninguna limitación sobre los acuerdos que concluyan las organizaciones del mercado de trabajo cuando conciertan futuros convenios colectivos o de otro tipo. El proyecto de ley tampoco tiene ninguna repercusión sobre los sueldos y salarios vigentes en el período actual. Al presentar esta ley, el Gobierno estimaba que había creado una base clara a partir de la cual las partes podrían negociar y esperaba que éstas concluirían por sí solas nuevos convenios en la primavera de 1987. El Gobierno señalaba que las organizaciones profesionales habían subrayado que no querían negociaciones de carácter tripartito por lo que se refiere a los nuevos convenios colectivos que se concluyeran en adelante.

&htab;54.&htab;El Gobierno señalaba asimismo que había considerado necesario adoptar una ley que cubriese la totalidad del mercado de trabajo a fin de asegurar así que la situación sería la misma para todos los trabajadores, ya estuvieran cubiertos por convenios colectivos o de otro tipo. El 16 de mayo de 1986 se celebraron reuniones con objeto de explicar el proyecto de ley y sus antecedentes a los interlocutores sociales, quienes tendrían la posibilidad de presentar sus puntos de vista ante el Parlamento de conformidad con el procedimiento legislativo tradicional. El Gobierno añadía que dicha ley debería contemplarse como un elemento más de la política general seguida por él en materia de fijación de índices. Entre los objetivos del Gobierno se encontraba presentar una ley en el otoño de 1986 por la que se pusiera fin a la fijación de índices automáticos de los precios. A juicio del Gobierno las disposiciones recogidas en la ley se hallaban totalmente de acuerdo con los principios recogidos en los Convenios núms. 87 y 98.

&htab;55.&htab;En su nueva comunicación de 3 de junio de 1986, el Gobierno facilitó una copia del proyecto de ley sobre la derogación del ajuste automático de los sueldos, salarios, etc. en función del índice de precios que se presentó ante el Parlamento danés el 20 de mayo de 1986. Según confirma el Gobierno, el proyecto de ley fue adoptado por el Parlamento el 30 de mayo de 1986 sin que se introdujera ninguna enmienda. La ley entraría en vigor a raíz de su publicación en el Boletín Oficial danés.

&htab;56.&htab;El Gobierno deseaba subrayar de nuevo, en especial, que esta ley no tenía ninguna repercusión sobre los sueldos y salarios durante el actual período de vigencia de los acuerdos, ni imponía limitaciones sobre los acuerdos que se concluyeran por las organizaciones profesionales por lo que respecta a futuras negociaciones. El Gobierno danés deseaba seguir las recomendaciones formuladas por el Consejo de Administración y esperaba que las partes concluyeran por su cuenta nuevos acuerdos en la primavera de 1987.

&htab;57.&htab;En su comunicación de 24 de septiembre, el Gobierno adjuntaba un resumen de las circunstancias que llevaron a la suspensión en 1982 de la fijación de los índices automáticos de los sueldos y salarios y a la prolongación de dicha suspensión en mayo de 1984, de forma que la fijación de índices no podría tener lugar en ningún caso antes de septiembre de 1987. Respecto a la ley sobre la derogación de la fijación de índices automáticos, el Gobierno insistía nuevamente que se había vuelto necesaria si quería crearse una base clara a partir de la cual las partes pudieran negociar y concluir nuevos acuerdos en la primavera próxima.

&htab;58.&htab;En cuanto se refiere a las consultas, el Gobierno señalaba que pensaba convocar discusiones tripartitas con los interlocutores sociales en el otoño de 1986, previendo que una reunión tuviera lugar en octubre de dicho año. El Gobierno estaba dispuesto a satisfacer los deseos de los interlocutores sociales de celebrar discusiones. Ahora bien, según añadía, las organizaciones profesionales habían declarado que no querían celebrar negociaciones tripartitas.

&htab;59.&htab;El Gobierno indicó que la legislación sobre la suspensión de la fijación de índices según el costo de la vida, es decir, las leyes de octubre de 1982 y mayo de 1984, implicaba que no podía llevarse a cabo ninguna regulación automática de los sueldos desde el índice de precios correspondiente a enero de 1983 hasta el de enero de 1987. El Gobierno volvía a señalar que la suspensión no entrañaba una prohibición de que se aumentaran los sueldos y salarios, y a modo de prueba alegaba la renovación del convenio colectivo que se había celebrado en la primavera de 1983 a raíz de la negociación colectiva entablada entre los interlocutores sociales. Desde la suspensión de la fijación de índices hasta el primer trimestre de 1986, los sueldos y salarios habían aumentado alrededor de un 15 por ciento; como por otro lado los aumentos de los precios habían experimentado una reducción sustancial, los salarios reales habían crecido por vez primera en muchos años. Así pues, según el Gobierno, no se había producido en modo alguno una congelación salarial, y además se habían adoptado medidas de salvaguardia para proteger el nivel de vida de los trabajadores al no imponerse limitaciones al proceso de negociación colectiva. En cuanto a las reuniones que tuvieron lugar con los interlocutores sociales con anterioridad a la presentación del proyecto de ley, el Gobierno señalaba que el Ministro de Hacienda se había reunido con representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en el sector público, mientras el Ministro de Trabajo lo hacía con los representantes de dichas organizaciones en el sector privado, a fin de explicarles los motivos de la presentación de dicha ley. Tras las explicaciones se pudo celebrar una discusión sustanciosa del proyecto de ley y varias organizaciones aprovecharon la ocasión para exponer sus puntos de vista. Según el Gobierno, el procedimiento normal era que el mercado de trabajo, las organizaciones sindicales y cualesquiera otras partes interesadas entablaran contactos con la Comisión Parlamentaria encargada de examinar un determinado proyecto de ley - bien por escrito o mediante el envío de una delegación al efecto - a fin de dar a conocer directamente sus opiniones a la Comisión. Por lo que se refiere al proyecto de ley en cuestión, ninguna de las organizaciones querellantes había aprovechado esta oportunidad.

&htab;60.&htab;Por lo que se refiere a la petición de los querellantes de que la OIT enviase una misión de contactos directos a Dinamarca, el Gobierno señalaba que estaba convencido de que la situación no planteaba problemas y que cualquier cuestión que hubiera podido plantearse había quedado plenamente aclarada en la documentación escrita remitida a la OIT.

&htab;61.&htab;En su última comunicación de 23 de octubre de 1986, el Gobierno señala que las declaraciones del Ministro de Trabajo a las que se refieren los querellantes, han sido sacadas de su contexto y que en ningún momento el Gobierno ha declarado que no pretendía cumplir sus obligaciones como Miembro de la OIT. El Gobierno desea seguir las recomendaciones del Comité del Consejo de Administración. Se refirió a una declaración del Primer Ministro ante el Parlamento el pasado 7 de octubre de 1986, en la que mencionaba la renovación de las convenciones colectivas por medio de negociaciones y declaró que el Gobierno había invitado a los interlocutores sociales a proceder a discusiones tripartitas que se desarrollarían el 29 de octubre de 1986. En la invitación del Primer Ministro se indica a estos fines que el propósito de la discusión previa a las negociaciones con miras a la renovación de las convenciones colectivas es un intercambio mutuo de informaciones sobre la situación de la negociación colectiva y la política del Gobierno. El Gobierno desearía discutir igualmente la situación económica en general y la política de mercado del trabajo, así como otros temas.

&htab;62.&htab;El Comité ha tomado nota de todas las informaciones complementarias enviadas por los querellantes y por el Gobierno de Dinamarca. Al respecto, recuerda que en su reunión de febrero de 1986 examinó la queja original presentada por las organizaciones querellantes sobre las cuestiones en litigio y emitió una serie de conclusiones definitivas al respecto. Ahora bien, desde entonces las organizaciones querellantes han señalado a la atención del Comité una serie de nuevos alegatos e informaciones sobre las medidas legislativas adoptadas por el Gobierno en mayo de 1986 respecto de la fijación de índices salariales, sobre las que el Gobierno había hecho públicas sus observaciones. De conformidad con la decisión a que llegó en su reunión de mayo de 1986, el Comité ha examinado los nuevos elementos del caso, formulando las conclusiones que se exponen a continuación. El Comité ha tomado nota asimismo de los comentarios formulados en 1986 por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones sobre las cuestiones planteadas en la queja, así como la discusión que tuvo lugar en el seno de la Comisión de Aplicación de Normas durante la 72. a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 1986).

&htab;63.&htab;El Comité recuerda que la queja presentada inicialmente por las organizaciones querellantes se refería esencialmente a la suspensión en octubre de 1982 de las cláusulas de fijación de índices salariales negociadas en los convenios colectivos y la prolongación de dicha suspensión, en virtud de una ley de mayo de 1984, hasta 1987. Los querellantes ponían asimismo de relieve la incapacidad mostrada por el Gobierno para entablar una serie de consultas o negociaciones con los interlocutores sociales sobre tales cuestiones. El Comité llegó a una serie de conclusiones al respecto en su reunión de febrero de 1986, por lo que vuelve a señalar las mismas a la atención de las partes.

&htab;64.&htab;Los nuevos elementos que desde entonces se han señalado a la atención del Comité por parte de las organizaciones querellantes se refieren, en primer lugar, a la presentación por parte del Gobierno de una nueva ley sobre la suspensión de la fijación de índices ante el Parlamento en mayo de 1986 (que fue aprobada por el Parlamento el 26 de mayo de 1986) y, en segundo lugar, a la incapacidad mostrada por el Gobierno para consultar o negociar con los interlocutores sociales antes de adoptar tal medida.

&htab;65.&htab;En lo referente a la ley adoptada por el Parlamento danés en mayo de 1986, el Comité entiende que el resultado de dicha adopción fue abolir de los convenios colectivos las cláusulas de fijación de índices salariales ya en suspenso hasta la próxima ronda de negociaciones que tendrá lugar en la primavera de 1987. En los nuevos convenios que se negocien entonces podrán incluirse cláusulas de fijación de índices que entrarán en vigor a partir de septiembre de 1987, fecha en que expira la suspensión del sistema de fijación de índices según el costo de la vida. El Comité hace notar, asimismo, que la ley no impone ninguna limitación sobre los convenios que se firmen ni tiene ninguna repercusión sobre los sueldos y salarios durante el actual período de vigencia de los convenios.

&htab;66.&htab;Los motivos alegados por el Gobierno para presentar esta nueva ley son que deseaba establecer unas bases claras sobre las que los interlocutores sociales pudieran negociar en el futuro, y que quería que la totalidad del mercado de trabajo se hallase cubierta por la ley y que todos los trabajadores disfrutasen de una situación similar.

&htab;67.&htab;Por lo que se refiere a la cuestión de la suspensión de las cláusulas de fijación de índices salariales en los convenios colectivos, introducida por vez primera en el otoño de 1982, el Comité, cuando examinó previamente este caso, observó que dicha medida no iba acompañada, al menos hasta 1985, de otras que interfiriesen la negociación colectiva y que los convenios colectivos se negociaron y concluyeron de hecho para un período de dos años en 1983. Ahora bien, el Comité hizo notar que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, en comentarios dirigidos al Gobierno de Dinamarca en 1985, había resaltado el principio de que el derecho a la libre negociación de salarios y condiciones de empleo con los empleadores y sus organizaciones es un aspecto fundamental de la libertad sindical y que cualquier restricción que se imponga a la libre fijación de índices salariales deberá hacerse a título excepcional, y sólo en la medida necesaria sin exceder un período razonable; asimismo, cualquier restricción que se imponga debe ir acompañada de las pertinentes medidas de salvaguardia para proteger el nivel de vida de los trabajadores. El Comité recordaba asimismo que la intervención del Gobierno en esferas que tradicionalmente han sido de siempre objeto de libre negociación entre las partes podría poner en cuestión el principio de la libre negociación colectiva reconocido por el artículo 4 del Convenio núm. 98 si no va acompañada de ciertas garantías y, en particular, si su período de aplicación no se halla limitado temporalmente.

&htab;68.&htab;Con relación a dichos principios, el Comité considera que, si bien puede admitirse que en determinadas circunstancias excepcionales, cabe imponer restricciones a la fijación de los salarios, la negociación colectiva libre y voluntaria debería significar que los convenios colectivos, una vez que se han negociado libremente entre las partes, no deberán verse interrumpidos o interferidos por medidas de carácter legal u otras formas de intervención. El Comité nota, empero, que según el Gobierno la prohibición de la fijación de índices salariales concluirá en 1987 y que los interlocutores sociales serán libres para, si así lo desean y siguiendo la tradición vigente en Dinamarca, negociar la inserción de tales disposiciones en los convenios colectivos que se concluyan por entonces. El Comité, desea una vez más señalar a la atención del Gobierno las conclusiones a que llegó en mayo de 1986 y desearía expresar la esperanza de que los interlocutores sociales podrán negociar dichos convenios de manera plenamente conforme con los principios y normas de la libertad sindical, es decir, sin ninguna injerencia de las autoridades públicas.

&htab;69.&htab;Respecto al alegato de que el Gobierno presentó la nueva ley en mayo de 1986 sin haber celebrado antes las consultas pertinentes con los interlocutores sociales, el Comité hace notar que la declaración del Gobierno según la cual se ofrecieron explicaciones a los interlocutores sociales acerca de las medidas legislativas que pensaban adoptarse y que, de conformidad con la práctica habitual en Dinamarca, los interlocutores sociales tenían la posibilidad de presentar sus puntos de vista ante la comisión parlamentaria que se ocupaba del tema. Si bien manifiesta su pleno respeto por la práctica habitual existente en Dinamarca en cuanto se refiere al proceso legislativo, el Comité estima que es esencial que la presentación de proyectos de ley que afectan a las condiciones de empleo, y en especial a la negociación colectiva, debería ir precedida de una serie de consultas exhaustivas y detalladas con las organizaciones de empleadores y trabajadores interesadas. El Comité querría señalar al Gobierno la conveniencia de que preste la debida consideración a esta posibilidad antes de emprender en el futuro cualquier acción legislativa o de otro tipo que tenga un interés directo para los interlocutores sociales.

&htab;70.&htab;El Comité toma nota con interés de que con anticipación al próximo período de negociaciones, se ha previsto que tengan lugar discusiones tripartitas el 29 de octubre, en las que serán examinadas la negociación colectiva y la situación económica en general, así como la política de mercado del trabajo.

&htab;71.&htab;En estas condiciones, el Comité recomienda al Consejo de Administración que apruebe el presente informe y, en particular, las conclusiones siguientes:

&htab;Al tiempo que señala a la atención del Gobierno las conclusiones a que llegó anteriormente, el Comité subraya, en particular, que es esencial que, cuando se introduzca un proyecto de legislación que afecte la negociación colectiva o las condiciones de empleo, se proceda antes a consultas detalladas con las organizaciones de trabajadores y de empleadores interesadas.

&htab;72.&htab;La queja figura en una comunicación de la Central General de Trabajadores de 30 de mayo de 1985. El Gobierno respondió por comunicaciones de 25 de septiembre de 1985 y 5 de junio de 1986.

&htab;73.&htab;La República Dominicana ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;74.&htab;El querellante alega que el 4 de mayo de 1985, tres días después de que los trabajadores de la empresa Pasteurizadora Rica C. por A. constituyeran un sindicato, los ejecutivos de la empresa ocuparon militarmente el reciento de la misma cancelando a 24 miembros del sindicato, incluyendo cinco dirigentes recién electos (Antonio Suárez, José A. Lagares, Francisco Sánchez, Elvin Herrera y José Antonio Pimentel).

&htab;75.&htab;El querellante añade que el 5 de mayo de 1985, el Ministerio de Trabajo ordenó una supuesta investigación de los hechos; sin embargo, los designados para tal gestión nunca visitaron el recinto de la empresa, situación que fue aprovechada por los patronos para sustituir a los despedidos por militares activos.

&htab;76.&htab;En fecha 14 de mayo de 1985 - prosigue el querellante - fueron obligados a renunciar de la directiva del sindicato Gregorio Reyes, Secretario General, y Marino del Carmen Mejía, Secretario de Actas y Correspondencias. El 21 de mayo de 1985 se reunió la asamblea del sindicato eligiendo como sustitutos de los directivos cancelados a Juan Osorio, Dianor Beltré Amador y Diloné Reyes. Al día siguiente fueron cancelados también. Existen pues serias sospechas de componendas entre la dirección media del Ministerio de Trabajo y los patronos de la empresa.

&htab;77.&htab;Por último el querellante indica que los directivos restantes (Pablo de Jesús Rosario, Manuel de Jesús, Pedro Bretón y Erasmo Vargas) fueron trasladados a puestos de menor remuneración, con el objetivo expreso de obligarlos a renunciar de la empresa.

&htab;78.&htab;En su comunicación de 25 de septiembre de 1985, el Gobierno declara que la queja presentada por la CGT no se ajusta exactamente a los hechos acaecidos en la empresa Pasteurizadora Rica C. por A. ya que en la queja no se alude a las graves circunstancias que real y efectivamente determinaron un estado de precariedad económica que obligó a esta empresa a realizar de manera urgente reajutes y cambios en el ritmo de producción, que incidieron en el nivel de empleo.

&htab;79.&htab;La documentación remitida por el Gobierno en anexo contiene numerosas informaciones de la empresa explicando las dificultades económicas que venía atravesando desde 1983, en particular en razón del aumento de los costos de producción y del congelamiento del precio de la leche por parte del Gobierno. En una comunicación de la empresa fechada el 12 de agosto de 1985 se indica que en razón de la precaria situación económica de la empresa se había despedido en los últimos meses a 63 trabajadores.

&htab;80.&htab;En su comunicación de 5 de junio de 1986, el Gobierno declara que si bien entre los cancelados figuraban 24 miembros del sindicato, las cancelaciones se hicieron sin considerar la condición de sindicalistas, y ajustándose en todo momento al derecho que otorga el Código de Trabajo de ejercer la facultad de desahucio y fueron motivadas únicamente por la urgente y precaria situación económica de la empresa, sin que los interesados fueran sustituidos por militares activos a los cuales habría que pagar, lo cual habría significado la persistencia del mismo déficit económico.

&htab;81.&htab;Refiriéndose al alegato relativo al traslado de directivos sindicales a puestos de menor remuneración, el Gobierno declara que no se ajusta a la realidad, ya que los mismos son agentes vendedores, los cuales son rotados temporalmente con independencia de su condición sindical por diversas zonas, algunas de las cuales reportan más provecho económico que otras. El Gobierno añade que carece de fundamento el alegato relativo a la compulsión a dos dirigentes sindicales para que renunciaran al sindicato.

&htab;82.&htab;Por último, el Gobierno declara que la Secretaría de Estado de Trabajo en el interés de preservar la paz laboral, y en su rol de amigable componedor de las partes, logró una solución satisfactoria a este conflicto que se perfilaba de grandes proporciones y que acarrearía la consecuente escasez de un alimento vital para los niños y ancianos, ya que la empresa Pasteurizadora Rica C. por A. es la planta pasteurizadora que cubre la mayor demanda de leche en el país.

&htab;83.&htab;El Comité observa que en la presente queja el querellante ha alegado básicamente la comisión de actos de discriminación antisindical en la empresa Pasteurizadora Rica C. por A. con motivo de la constitución de un sindicato. La organización querellante se ha referido en particular al despido de 24 sindicalistas (entre ellos cinco dirigentes sindicales y dos sustitutos) y al traslado con desmejoramiento en las condiciones de trabajo de tres dirigentes sindicales.

&htab;84.&htab;El Comité observa que, según el Gobierno, si bien de los 63 despidos pronunciados 24 incidieron en sindicalistas, no se tuvo en cuenta la condición sindical de los interesados, y obedecieron a la crisis económica por la que atravesaba la empresa. El Gobierno afirma asimismo que el alegato relativo al traslado de dirigentes sindicales a puestos de menor remuneración no se ajusta a la realidad dado que como agentes vendedores son rotados temporalmente por diversas zonas con independencia de su condición sindical.

&htab;85.&htab;El Comité concluye pues que las versiones del querellante y del Gobierno sobre los hechos son contradictorias. El Comité desea resaltar sin embargo que, según los alegatos, los mencionados despidos han incidido en un importante número de dirigentes sindicales (en un principio cinco y posteriormente dos más) y sindicalistas, y se produjeron días o semanas después de la formación del sindicato.

&htab;86.&htab;En estas circunstancias, aunque toma nota de que la empresa se encontraba en una situación de crisis económica, el Comité desea recordar el principio contenido en la Recomendación núm. 143 sobre la protección y facilidades que deberían otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa, que propugna entre las medidas específicas de protección "reconocer la prioridad que ha de darse a los representantes de los trabajadores respecto de su continuación en el empleo en caso de reducción del personal".

&htab;87.&htab;El Comité observa por otra parte que el artículo 84 del Código de Trabajo de la República Dominicana permite el despido "sin justa causa" mediando el pago de las indemnizaciones previstas, y que el artículo 679 sólo impone sanciones pecuniarias de escasa cuantía en caso de violación de las disposiciones que otorgan protección contra los actos de discriminación antisindical. Por consiguiente, refiriéndose a anteriores conclusiones formuladas en relación con la legislación de la República Dominicana [veáse por ejemplo, 211. er informe, caso núm. 1053 (República Dominicana), párrafos 163 a 165], el Comité señala a la atención del Gobierno que la legislación de un país no concede protección suficiente contra los actos de discriminación antisindical cuando permite a los empleadores despedir a un trabajador sin justa causa a condición de que paguen la indemnización prevista en la ley: en efecto, ello significa que, mediando el pago de esas indemnizaciones, el empleador puede despedir a cualquiera de sus empleados, incluso por realizar actividades sindicales, sin que las autoridades públicas puedan impedirlo. La protección es particularmente necesaria en el caso de los dirigentes sindicales que, para poder cumplir su mandato sindical con total independencia, deben contar con la seguridad de que no serán perjudicados por motivo del mismo.

&htab;88.&htab;Por último, el Comité señala el aspecto legislativo del caso a la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y pide al Gobierno que considere la adopción de disposiciones legislativas que protejan eficazmente a dirigentes sindicales y trabajadores contra los despidos basados en sus actividades sindicales.

&htab;89.&htab;En estas condiciones, el Comité recomienda al Consejo de Administración que apruebe el presente informe y, en particular, las conclusiones siguientes:

a) El Comité recuerda el principio contenido en la Recomendación núm. 143 sobre la protección y facilidades que deberían otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa, que propugna entre las medidas específicas de protección "reconocer la prioridad que ha de darse a los representantes de los trabajadores respecto de su continuación en el empleo en caso de reducción del personal".

b) Refiriéndose a anteriores conclusiones formuladas en relación con la legislación de la República Dominicana, el Comité señala a la atención del Gobierno que la legislación de un país no concede protección suficiente contra los actos de discriminación antisindical cuando permite a los empleadores despedir a un trabajador sin justa causa a condición de que paguen la indemnización prevista en la ley.

c) El Comité señala el aspecto legislativo del caso a la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y pide al Gobierno que considere la adopción de disposiciones legislativas que protejan eficazmente a dirigentes sindicales y trabajadores contra los despidos basados en sus actividades sindicales.

&htab;90.&htab;La Federación de Empleados del Banco del Pakistán (FEBP) presentó una queja por violaciones de los derechos sindicales en una comunicación de fecha 16 de diciembre de 1985. El Gobierno envió sus observaciones en una comunicación de 6 de mayo de 1986.

&htab;91.&htab;El Pakistán ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;92.&htab;La FEBP, en su comunicación de 16 de diciembre de 1985, alega que la American Express Banking Corporation ha venido aplicando una política de hostilidad y hostigamiento contra sus empleados desde su establecimiento en el Pakistán. Según la FEBP, dos secretarios generales y un presidente de su sindicato fueron despedidos u obligados a marcharse del Banco y, el 3 de octubre de 1985, se procedió a otros 54 despidos sin alegar ninguna razón y sin hacer ninguna referencia al sindicato de empleados ni a la FEBP. Entre las personas despedidas figuraban el secretario general del sindicato en Lahore y su vicepresidente en Karachi, el secretario de publicidad, el tesorero y tres miembros del comité ejecutivo.

&htab;93.&htab;La FEBP afirma que esta acción no sólo violaba el convenio colectivo entre la FEBP y la Corporación, sino también el párrafo 26 de la Declaración tripartita de la OIT de principios sobre las empresas multinacionales y la política social. El querellante explica que se han formulado protestas escritas y personales sobre este problema ante el Ministerio de Trabajo con vistas a la negociación de un acuerdo y a la reintegración de los empleados despedidos y ante el Consulado y la Embajada de los Estados Unidos en el Pakistán sin ningún resultado hasta ahora.

&htab;94.&htab;La causa de los despidos, según el querellante, fue un seminario sobre formación sindical de dos días de duración organizado por la FEBP los días 21 y 22 de septiembre de 1985 en los locales del banco, habiéndose obtenido el permiso del empleador únicamente después de que el sindicato amenazara con recurrir a la acción directa. La FEBP alega que los empleos de los trabajadores despedidos están siendo actualmente asignados a trabajadores con contrato temporal empleados por el Banco con salarios más reducidos.

&htab;95.&htab;En su comunicación de 6 de mayo de 1986, el Gobierno afirma que, según las informaciones de que dispone, la dirección de American Express despidió a 54 empleados únicamente debido a que, después de la informatización de sus actividades en el Pakistán ya no necesitaba sus servicios. Se despidió a los empleados que tenían menos antigüedad y se les dió el salario correspondiente a un mes en lugar del aviso de terminación de contrato, así como todas las indemnizaciones legales, tales como gratificaciones y fondos de previsión.

&htab;96.&htab;El Gobierno afirma que todas las organizaciones comerciales del Pakistán tienen derecho a reorganizar sus actividades de acuerdo con sus necesidades y a mantener el número de empleados que justifica su estrategia económica y comercial. La American Express Bank Corporation ha modernizado sus actividades según sus necesidades previstas y, en este proceso, ha puesto fin a los contratos de algunos de sus empleados cuyos servicios ya no se necesitaban. El Gobierno afirma que, al prescindir de los servicios de algunos de sus empleados, la dirección ha seguido las exigencias que impone la legislación del país, es decir, la ordenanza sobre empleo industrial y comercial del Pakistán occidental (reglamento general), de 1968. Por consiguiente, el alegato del querellante carece de fundamento.

&htab;97.&htab;Según el Gobierno, la ordenanza de 1968 protege los derechos y privilegios de los trabajadores y establece la reparación de los daños ocasionados por el despido injusto de empleados. De las copias del reglamento general núm. 12 y del artículo 25 A de la ordenanza sobre relaciones del trabajo de 1969, que ha enviado el Gobierno, se desprende que, con arreglo al artículo 12 a) del reglamento general, un trabajador afectado por la terminación de su contrato de trabajo tiene derecho legal a impugnar la orden de terminación y a tratar de obtener una reparación ante un tribunal del trabajo establecido con arreglo a la legislación. Aun cuando un caso haya sido fallado por un tribunal del trabajo, la parte perjudicada tiene derecho a recurrir ante un tribunal de apelación sobre cuestiones de trabajo. Las sentencias de los tribunales de apelación - que están presididos por jueces del Tribunal Supremo - son definitivas. Así, el Gobierno mantiene que, en el presente caso, si los trabajadores consideraban que las órdenes de terminación del contrato de la American Express Bank Corporation eran ilegales o impropias, deberían haber tratado de obtener su reparación con arreglo a la legislación del país. Sin embargo, explica que, cuando el Ministerio se dirigió al querellante para averiguar los hechos relacionados con este caso, su respuesta demostró que el sindicato, sin haber ejercido los derechos anteriormente mencionados ni haber agotado los recursos de que dispone con arreglo a la ley, se había dirigido a la OIT presentando una queja contra el Gobierno del Pakistán que no está de ningún modo directamente relacionado con este caso. Así, el Gobierno concluye que el motivo de la presentación de la queja es ejercer presión sobre el Gobierno para obligarlo a intervenir en este asunto, y que considera que esta actuación no está justificada por los hechos ni por la legislación.

&htab;98.&htab;Antes de examinar el fondo de este caso, el Comité considera conveniente señalar a la atención del Gobierno el criterio que ha seguido anteriormente en los casos relacionados con cuestiones de procedimiento interno. El Comité siempre ha considerado que, si bien la utilización de los procedimientos jurídicos internos, cualquiera que sea el resultado, es sin duda alguna un factor que se debe tener en cuenta en el examen de un caso debido a sus responsabilidades, su competencia para el examen de alegatos no está subordinada al agotamiento de los procedimientos nacionales. [Véase, por ejemplo, 60.° informe, caso núm. 234 (Grecia), párrafo 89.] Por otra parte, el Comité ha afirmado en varias ocasiones que cuando la legislación nacional establece procedimientos de apelación ante los tribunales independientes, y estos procedimientos no se han utilizado para los asuntos en los que se basa la queja, esto se debería tener en cuenta al examinar la misma. [Véase, por ejemplo, 14.° informe, caso núm. 88 (Francia-Sudán), párrafo 30.]

&htab;99.&htab;Además, el Comité desea recordar al Gobierno que, si bien los hechos relacionados con este caso se refieren, en realidad, a los despidos por un empleador del sector privado, incumbe al Gobierno, especialmente como consecuencia de la ratificación de los convenios sobre libertad sindical, asegurar que los principios de libertad sindical, en particular las garantías que figuran en los convenios, sean respetadas plenamente en su país.

&htab;100.&htab;En lo que se refiere a las informaciones disponibles sobre el presente caso, el Comité señala que las razones alegadas por el querellante y por el Gobierno para los despidos de octubre de 1985 son contradictorias: el sindicato afirma que se debieron a la participación de los interesados en un seminario sobre formación sindical y el Gobierno indica que la informatización de las actividades del Banco condujo a una reducción del número de empleados. Además, el Comité lamenta que, en la respuesta del Gobierno, no se facilite ninguna información ni se dé ninguna explicación con respecto a los dos secretarios generales y al presidente del sindicato querellante que también se alegó que habían sido despedidos.

&htab;101.&htab;En los casos anteriores, el Comité ha afirmado que no se deberían permitir los actos de discriminación antisindical con el pretexto de despidos basados en las necesidades económicas. [Véase, por ejemplo, 234.° informe, caso núm. 1173 (Canadá/Columbia Británica), párrafo 82.] Sin embargo, en este caso, el querellante no hace ninguna referencia a las medidas de modernización adoptadas por el empleador y únicamente menciona en términos generales "una política de hostilidad y hostigamiento" contra sus empleados, ni a la asignación del trabajo a empleados contratados temporalmente con salarios más reducidos. Se hace alusión al convenio colectivo entre la FEBP y la Corporación pero, a pesar de que con arreglo a los procedimientos, el querellante tiene la oportunidad de presentar informaciones y detalles adicionales en apoyo de sus alegatos, éste no ha facilitado una copia del convenio. Estas informaciones podrían haber permitido al Comité evaluar más a fondo las relaciones entre el sindicato y el empleador y, más específicamente, el criterio acordado por ambas partes con respecto a los despidos y los cambios tecnológicos dentro de la Corporación.

&htab;102.&htab;El Comité, en estas circunstancias, únicamente puede llegar a la conclusión de que no dispone de suficiente información para poder determinar si ha habido o no una violación de los derechos sindicales. Además, observa que a pesar de las leyes y los procedimientos existentes, según indicó el Gobierno, las personas perjudicadas no parecen haber recurrido a los mismos a nivel nacional a fin de obtener una reparación. El Comité también observa que los 54 trabajadores despedidos recibieron todas las indemnizaciones financieras y de otra índole que les correspondían.

&htab;103.&htab;No obstante, el Comité desea recordar que los gobiernos deberían, cuando fuera necesario, adoptar medidas para asegurar que los trabajadores sean protegidos contra actos, especialmente despidos, que puedan tener como resultado o que tengan como objetivo la discriminación antisindical respecto al empleo de trabajadores.

&htab;104.&htab;En estas circunstancias y considerando el caso en su totalidad, el Comité recomienda al Consejo de Administración que apruebe el presente informe y, en particular, las conclusiones siguientes:

a) El Comité considera que no se ha facilitado sufiente información para poder determinar si se ha producido una violación de los derechos sindicales.

b) No obstante, el Comité recuerda que los gobiernos deberían, cuando fuera necesario, adoptar medidas para asegurar que los trabajadores sean protegidos contra actos, en particular despidos, que puedan tener como resultado o que tengan como objetivo la discriminación antisindical respecto al empleo de trabajadores.

&htab;105.&htab;La queja figura en una comunicación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) de 21 de marzo de 1986. La CNT envió informaciones complementarias por comunicación de 26 de abril de 1986. El Gobierno respondió por comunicación de 29 de mayo de 1986.

&htab;106.&htab;España ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;107.&htab;El querellante alega que algunas disposiciones de la ley núm. 4/1986 de 8 de enero de 1986 de cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, vulneran los principios de la libertad sindical. El querellante explica que la mencionada ley aborda la configuración jurídica de dos masas patrimoniales extraordinariamente importantes, así como su reparto mediante cesiones de uso o actos de reintegración. La primera masa patrimonial se denomina Patrimonio Sindical Acumulado y está compuesta por los bienes, derechos y obligaciones procedentes de la antigua Organización Sindical y de las demás entidades sindicales anteriores al nuevo sistema. Su valor es superior a los cuarenta y cinco mil millones de pesetas. La segunda masa patrimonial se denomina por la ley Patrimonio Histórico y está compuesta por los bienes, derechos y elementos patrimoniales que en la época de la guerra civil, fueron incautados, por razones políticas, a las organizaciones sindicales o entes afiliados o asociados de carácter sindical entonces existentes. Su valor es superior a los diez mil millones de pesetas.

&htab;108.&htab;En relación con el denominado Patrimonio Sindical Acumulado, la organización querellante formula las objeciones siguientes a la ley:

- La expresión "terceros" utilizada en el artículo 2.° de la ley, supone dejar fuera del Patrimonio Histórico Sindical todos los patrimonios de origen o naturaleza sindical que ya se hubieran consolidado legalmente en poder de tercera persona, tanto física como jurídica, pública o privada.

- La continua remisión que en la ley se hace (artículo 4.2, 5.1, etc.) al "resto del ordenamiento jurídico", puede suponer serios peligros para el principio de libertad sindical. En efecto el último inciso del artículo 4.2 de la ley, sostiene que el objeto de las cesiones es cumplir las funciones encomendadas por la ley orgánica de libertad sindical y por "el resto del ordenamiento jurídico" a las entidades más representativas, concepto sobre el que en reiteradas ocasiones se ha pronunciado la OIT, siempre con un carácter restrictivo.

- Es extraordinariamente peligroso que el órgano omnipotente y siempre decisor sea el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (artículo 1.3 y 6.1) tanto en lo que afecta a certificaciones administrativas de cara a la inscripción de bienes en el Registro de la Propiedad a favor de la Administración del Estado, como en lo que concierne a todos los actos de gestión, cesión, alteración y revocación. Si no es bueno que se establezca un mecanismo que puede ser objetivamente tachado de posible arbitrariedad, pues es juez y parte un órgano de tanta importancia política y tan ligado en la actualidad a una determinada central sindical, como es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, menos lo es aún, una fórmula como la expuesta, en la que además hay un criterio netamente excluyente, cual es la de incluir en la Comisión Consultiva prevista en el artículo 6.2 sólo a los sindicatos y asociaciones empresariales más representativas: la inseguridad y la arbitrariedad son palmarias y la administración se convierte al mismo tiempo en juez y parte. - El artículo 7 establece la posibilidad de que la Administración del Estado podrá sustituir a algunos de los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Sindical Acumulado, por bienes de valor equivalente de su titularidad ordinaria. Asimismo, podrá la Administración del Estado permutar bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Sindical Acumulado por bienes de valor equivalentes pertenecientes a otras personas. Es decir, la Administración podrá operar en tema tan importante, permutando y sustituyendo bienes inmuebles con la más absoluta discrecionalidad.

- La disposición transitoria de la ley permite regularizar todas aquellas cesiones de uso de bienes inmuebles de la antigua organización sindical española y entidades análogas, efectuada - como reconoce la propia ley en el punto 2 de su exposición de motivos - sin marco general normativo que las regulase adecuadamente. Estas cesiones de uso arbitrarias efectuadas por la Administración Española en el período comprendido entre 1978 y 1986, fueron objeto de numerosas sentencias condenatorias para la administración dictadas por los tribunales españoles, entre ellas destacan - por su contundencia y por haber sido total y absolutamente incumplidas - las sentencias de la Audiencia Nacional de 2 de abril de 1980, confirmada íntegramente por el Tribunal Supremo con fecha de 3 de octubre de 1980, y la importantísima sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de noviembre de 1983. Pues bien, todo este mar de arbitrariedades pretende ser "legalizado" por la Disposición Transitoria de la presente ley, para lo que bastará una mera resolución dictada por el propio Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

- Especialmente grave para el principio de libertad sindical por sus consecuencias en la disposición adicional segunda que autoriza al Gobierno para desarrollar reglamentariamente la ley 4/1986, desarrollo que puede incluso determinar que las cesiones del Patrimonio Histórico Sindical se refieran sólo a bienes de naturaleza inmobiliaria. Esta disposición adicional segunda comete una doble infracción: de un lado, hay una deslegalización y, por consiguiente, una vuelta a la tan criticable situación anterior, pues en el futuro, nos encontraremos con una mera norma reglamentaria y, de otro lado, se permite al Gobierno restringir las cesiones de uso sólo a los bienes inmuebles y esto por una simple norma subalterna de carácter reglamentario. ¿Qué pasará con los importantísimos derechos, cuentas bancarias, acciones, bienes muebles, depósitos etc. de la antigua organización sindical y de los antiguos sindicatos y demás entidades sindicales? - La ley 4/1986 utiliza con objetivos y resultados discriminatorios para ciertos sindicatos la expresión "más representativos". Es evidente que el contenido de los artículos de la ley en los que aparece la expresión "más representativas" (3, 4.2, 5.2, 5.4 y 6.2, más los concordantes), es una muestra de actividad restrictiva sin que quepa o se ofrezcan argumentos que sirvan de soporte a la arbitrariedad, dado que la discriminación es patente si se analizan a fondo los artículos antes aludidos. La denominada "preferencia" a que se refiere el artículo tres carece de toda justificación, sobre todo si se tiene en cuenta que ni siquiera en el propio concepto se dice que vayan a cederse "los restos" del Patrimonio Sindical Acumulado a entidades que no sean "más representativas". En el artículo 4.2 sólo parece darse cabida a las entidades más representativas y, lo que es más grave, se trasluce que el precepto las considera fuera de toda capacidad para cumplir las necesidades propias de su condición de entidades sindicales representativas. En el artículo 5.2, se vuelve a conculcar el marco en que se deben mover las entidades más representativas y no se dice, además, qué ocurrirá con los bienes cedidos a aquéllas cuando dejen de serlo: ¿vuelven al Estado o pueden ser objeto de nueva cesión? El artículo 5.4, vuelve a romper un inexistente equilibrio: si los menos representativos, como vimos, ni siquiera van a obtener meras migajas de cesiones, esa inexistencia de cesión se corrobora, por si hubiera alguna duda al dar entrada a una distribución o cesión con arreglo a un criterio geográfico que asegure la "representatividad global" de todas las grandes centrales sindicales. Todo lo anterior incide en el orden competitivo entre los sindicatos, y como es previsible todas las cesiones de uso del Patrimonio Sindical Acumulado van a parar en exclusiva a los situados más arriba, estas cesiones le situarán en una posición superior a los demás para ofrecer mejores servicios a los trabajadores, más allá de cualquier criterio que tome en consideración la proporcionalidad de los resultados de las elecciones - sin ánimo excluyente -, con lo cual se puede producir además una inducción o presión indirecta para la afiliación de los trabajadores a determinados sindicatos. El querellante considera que todos los sindicatos, en cuanto todos cumplen las mismas funciones, deben recibir cesiones de uso de la misma categoría aunque ciertamente en proporción a su representatividad, sin que quepa tipo alguno de preferencia, bien sea ésta entendida como preferencia en el tiempo, como preferencia en la calidad de los inmuebles cedidos, y menos aún si como es previsible se entiende con carácter excluyente.

- La ley 4/1986, vulnera el principio de libertad sindical al desconocer los convenios internacionales y tratados suscritos por España y que interpretan el concepto de mayor representatividad. Especialmente se vulnera las resoluciones, recomendaciones e informes de la OIT, sobre el precitado concepto.

&htab;109.&htab;Refiriéndose al denominado Patrimonio Histórico, la organización querellante formula las siguientes objeciones a la ley: - La ley no ofrece una relación circunstanciada de bienes y derechos, cuya incautación se realizó por razones políticas en la época de la guerra civil. No se puede saber en consecuencia, qué bienes y derechos fueron objeto en su día de incautación, cuál ha sido su historia registral, ni qué valoración económica les va a ser atribuida por el actual Gobierno de forma discrecional. Desde esta perspectiva, Gobierno, Estado y Administración, se convierten indefectiblemente en jueces y partes en detrimento de la seguridad jurídica mínima, exigible en cuestión tan delicada.

- Además, y sorprendentemente, la ley 4/1986 no establece nada, absolutamente nada, relativo a la forma, modos, plazos, controles, financiación de un inventario del Patrimonio Histórico. Ni siquiera existe para la Administración obligación de hacerlo. Tampoco existe para la Administración la obligación en el caso de realizarlo de entregarlo a las partes interesadas.

- Se traslada la carga de la prueba a los sindicatos cuyos bienes fueron expoliados sin título jurídico alguno, de forma y manera que respecto a cada bien cuya reintegración se pretenda, el sindicato reclamante deberá probar que el bien era suyo en el momento de la incautación y esta prueba - tan extraordinariamente compleja y costosa - deberá agradarle a la Administración.

- Se obliga asimismo - según se desprende del punto 5.° de la exposición de motivos de la ley 4/1986 - aprobar o acreditar al sindicato reclamante, que es legítimo sucesor del sindicato que en su momento existió, dando a la expresión sucesor, el sentido que le confieren los reiterados informes del propio Comité de Libertad Sindical de la OIT. Se comprende fácilmente que el doble condicionamiento subjetivo y objetivo que establece el punto 5.° de la exposición de motivos de la ley 4/1986, será mucho más fácilmente acreditable para la central sindical más afín políticamente a la Administración del Estado que va a proceder a la reintegración de la considerable masa patrimonial que forma el Patrimonio Histórico.

- La ley 4/1986 a pesar de su enorme importancia económica y fáctica - pues su interpretación, ejecución y desarrollo reglamentario determinarán la clasificación sindical en España por mucho tiempo - es un momento de un proceso que comienza en 1978, y que si se caracteriza positivamente por la constitucionalización del derecho fundamental de libertad sindical, se caracteriza negativamente por los intentos de anulación de los sindicatos ordinarios (los que no son "más representativos"), por los siguientes métodos:

a) Efectuando cesiones de uso de bienes inmuebles arbitrariamente y sin cobertura legal alguna, como reconoce expresamente la ley 4/1986 en el punto 2.° de la exposición de motivos, desde 1978 hasta la fecha de la presente queja. Las precitadas cesiones de uso se producen a pesar de que el 2 de abril de 1980 la Audiencia Nacional dicta sentencia cuyo fallo estima el recurso contencioso-administrativo promovido por el sindicato unitario, resolviendo: "que la concesión del uso de locales a unas organizaciones sindicales y no a otras, sin sujeción a unos criterios objetivos, en cuanto puede favorecer o desfavorecer a un sindicato respecto de otro, es atentatorio a la libertad sindical y concretamente a la del sindicato unitario. Que la Administración debe cesar en ese tratamiento discriminatorio adoptando las medidas adecuadas". Dicha sentencia de la Audiencia Nacional fue confirmada el 3 de octubre de 1980 por el Tribunal Supremo, pero ambas sentencias han sido completamente incumplidas. b) Intentando repartir solamente entre los sindicatos "más representativos" importantes asignaciones presupuestarias. Dichos intentos fueron cortados por la Audiencia Nacional por sentencia de 7 de julio de 1984. Fue sin embargo necesario que el Defensor del Pueblo interpusiera, durante tres años seguidos y con posterioridad a la precitada sentencia, recurso de inconstitucionalidad contra los sistemas de reparto de las cantidades que establecían las leyes de presupuestos generales del Estado, para que al final quedara claramente establecido, que no cabe distribuir créditos presupuestarios a los sindicatos mayoritarios con exclusión de los sindicatos ordinarios.

c) Incumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de noviembre de 1983, cuyo fallo reconoce textualmente: "declarar el derecho de la CNT a no ser discriminada en su derecho de libertad sindical en la cesión de uso de locales de la Asociación Institucional de Servicios Socioprofesionales".

d) Acordando - con anterioridad al desarrollo reglamentario de la ley 4/1986 y del comienzo del funcionamiento de la Comisión Consultiva que la misma establece con ánimo por lo demás excluyente - el reparto total del Patrimonio Sindical Acumulado mediante acuerdos adoptados el 28 de enero de 1986. Dichos acuerdos descritos minuciosamente por los periódicos no han sido paradójicamente entregados a la CNT, a pesar de ser solicitado verbalmente y por escrito.

e) La Administración del Estado realiza investigaciones registrales, valoraciones económicas, inventarios de Patrimonio Histórico y pese a la petición expresa de la Confederación Nacional del Trabajo, no entrega estos trabajos a esta central sindical. Todos los trabajos emprendidos por la Administración a fin de determinar los elementos patrimoniales que componen el denominado Patrimonio Histórico - a pesar de estar financiados con cargo a los presupuestos generales del Estado - sólo benefician a la central sindical más afín a la política de Gobierno, que es la única que tiene acceso a todos los trabajos precitados. Una vez más se configura "un bloque de beneficiarios" formado por el Gobierno, la Administración, la central sindical que les es afín, bloque que se constituye en juez y parte en el proceso de devolución o reintegración en propiedad de una masa patrimonial cuya valoración final se situará en torno a los quince mil millones de pesetas.

&htab;110.&htab;En conclusión, la organización querellante pide que se propongan al Gobierno español las recomendaciones adecuadas para que modifique la ley 4/1986, de 8 de enero de 1986, de cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado y para que se modifique la "praxis" administrativa que tiende a anular a los sindicatos ordinarios. La CNT pide asimismo que se solicite formalmente al Gobierno el inventario y trabajo de valoración efectuado sobre el Patrimonio Histórico de que fue expoliada la CNT con ocasión de la guerra civil española, así como los trabajos de inventario del Patrimonio Sindical Acumulado ya realizados.

&htab;111.&htab;El Gobierno declara que no es cierto que la expresión "terceros" utilizada en el artículo 2.° de la ley suponga dejar fuera del Patrimonio Histórico, los patrimonios consolidados legalmente en poder de terceras personas, pues el mismo se refiere al llamado Patrimonio Sindical Acumulado, que como señala la exposición de motivos de la propia ley, persigue dar un único y coherente tratamiento al actual estado de desconexión en que los originarios patrimonios de naturaleza sindical se encuentran. Para ello, bajo la rúbrica del Patrimonio Sindical Acumulado consagrada por la práctica sindical y reflejada en textos internacionales, se integran dos grandes conjuntos patrimoniales: el propio de la organización sindical y los de los variados entes con patrimonio propio, privativo, separado y exclusivo, informado todo ello por el principio elemental de seguridad jurídica que exige dejar a salvo las titularidades consolidadas con anterioridad en poder de terceras personas, tanto físicas como jurídicas, públicas como privadas. De esta forma se ha configurado un particular régimen jurídico administrativo para las cesiones destinadas a los sindicatos y preferentemente a los más representativos en proporción a su representatividad, considerándolas limitadas, gratuitas y sobre todo causales, sirviendo como pauta de definición jurídica, el criterio teleológico o de la finalidad a que los bienes y derechos sirvieron en su momento, criterio destacado por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, singularmente, en el caso núm. 900.

&htab;112.&htab;El Gobierno añade que la utilización del criterio de más representatividad responde a planteamientos muy claros, rotundos y democráticos, pues el régimen jurídico particular de los patrimonios sindicales integrados en el Patrimonio del Estado está delimitado por la finalidad de la cesión en uso a los sindicatos y organizaciones empresariales con arreglo a los diferentes elementos subjetivos, objetivos y formales o de actividades siguientes: a) subjetivamente, los bienes pueden ser cedidos a sindicatos y organizaciones empresariales siempre que acrediten una mayor representatividad conforme al Estatuto de los Trabajadores y a la ley orgánica de libertad sindical, atribuyéndose preferencia a los sindicatos sobre las organizaciones empresariales, dada la naturaleza misma de unas y otras. b) Objetivamente, los bienes pueden ser tanto inmuebles como muebles, pudiendo ser cualquiera de los integrados en el Patrimonio del Estado, con lo que se rebate la argumentación de la CNT que parece confundir ambos patrimonios y se anticipa al futuro cuando atribuye al Gobierno, al hacer el desarrollo reglamentario de la ley, la intención de excluir cualquier bien que no posea naturaleza inmobiliaria, cuestión ésta que se tratará al referirse al Patrimonio Histórico. c) Desde el punto de vista formal, se trata de cesiones limitadas de uso o disfrute de los bienes con carácter gratuito y con limitación temporal por la duración misma de los mandatos derivados de las elecciones sindicales, dando lugar a la constitución de un derecho real administrativo intransmisible, atribuido merced a un procedimiento administrativo específico, que necesariamente tenía que personalizarse en un órgano de la gestión directa, estableciendo el modo de funcionamiento, la composición y el entramado jurídico necesario para hacer operativa la Comisión Consultiva. En ésta se da protagonismo a las organizaciones más representativas, evitándose con ello, como afirma la CNT, que la Administración sea juez y parte y cumpliendo con ello la aspiración recogida en el mandato constitucional, artículo 9.2 al establecer que corresponde a los poderes públicos: promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, sea real y efectiva, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida económica, política, cultural y social.

&htab;113.&htab;En cuanto a la objeción relativa al artículo 7, sobre la posibilidad de permutar bienes inmuebles por otros de valor equivalente, el Gobierno declara que no es preciso hacer mayores comentarios, pues la operatividad en la gestión obligará a este tipo de actuación, pero no con la más absoluta discrecionalidad, sino bajo el control de la Comisión Consultiva.

&htab;114.&htab;El Gobierno señala que no hay duda sobre la necesidad de regularización de las cesiones de uso ya efectuadas con todas las garantías precisas. Pero aquí se realiza una acusación sobre incumplimiento de sentencias por parte de la Administración, que merece una especial consideración, sobre todo la muy importante del Tribunal Constitucional de 16 de noviembre de 1983, utilizada torcidamente por la CNT para reforzar su argumentación, que entronca muy directamente con el concepto de mayor representatividad, cuestionado de modo subyacente en todo el escrito de queja. No cabe hablar de incumplimiento de la aludida sentencia 99, dado el tenor del fallo y la argumentación del propio Tribunal Constitucional, pues rechaza expresa y contundentemente la pretensión deducida de que se condene a la Administración a estar y pasar por dicha declaración y a que se dejen sin efecto las cesiones de elementos patrimoniales efectuadas. No parece que a la Administración le competa ejecutar y cumplir la sentencia más allá de lo que la misma efectúa, que no es sino una pura declaración de derechos y no una condena a hacer o no hacer. Se refiere al derecho de no discriminación en el reparto de bienes, que, en ningún caso, significará derecho a percibir bienes en sentido positivo, sino a no ser injustamente excluido en los repartos efectuados con el tan repetido criterio objetivo y razonable de la mayor representatividad sindical como elemento causal de las cesiones patrimoniales en favor de sindicatos, dejando a un lado, respecto de la CNT, sus eventuales disensiones internas de unión o escisión y acudirse siempre a los resultados de las últimas elecciones celebradas, publicadas por Resolución de la Dirección General del I.M.A.C. de 10 de marzo de 1983. En dicha Resolución se observa que la CNT no aparece entre los sindicatos más representativos, sino que, bajo la rúbrica de "Desglose de Varios", se le atribuyen 107 representantes y más adelante, bajo la rúbrica "Desglose de Varios. Comunidad Autónoma País Vasco", se confiere a dicha central un total de 27 representantes, lo que indica que el nivel es bajo si se comparan las cifras de delegados obtenidos con el número total de elegidos (140.770), convirtiéndola en una organización cuasi marginal dentro de los sindicatos minoritarios.

&htab;115.&htab;Siguiendo su argumentación, el Gobierno considera que debe referirse a la doctrina constitucional sobre el tema, pues su planteamiento no puede prescindir de dos principios derivados del mismo texto constitucional, cuya compatibilidad es preciso garantizar: el de libertad sindical, derivado del artículo 28.1 y el de promoción del hecho sindical, que enlaza con el artículo 7 y que sería obstaculizado por una defensa a ultranza del primero. El problema, pues, es de límites, como viene a reconocer incluso la propia CNT, que no rechaza la existencia de los sindicatos más representativos ni la atribución de determinadas prerrogativas, algo que se desprende de la jurisprudencia jurisdiccional, que en modo alguno ha rechazado el concepto (así sentencias núm. 53/1982, de 22 de julio y núm. 65/1982 de 10 de noviembre) en relación con la más eficaz defensa de los intereses de los trabajadores, que se vería seriamente perjudicada por una excesiva atomización sindical. Sólo en la medida en que determinadas funciones o prerrogativas se reconozcan a un sindicato y se nieguen a otros, surge el problema, que, en el caso que nos ocupa, no es tal, dado que, con respecto a la capacidad representativa para obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos, la ley se limita a reconocer tal capacidad a los sindicatos más representativos sin contener regulación ninguna excluyente en este punto. La propia condición de mayor representatividad supone una diferencia de trato cuya constitucionalidad, según la doctrina de la OIT y la jurisprudencia constitucional, se supedita a una serie de requisitos concurrentes, todos ellos contenidos en la ley: ausencia de discriminación, utilización de criterios objetivos y limitación de las consecuencias ligadas a la mayor representatividad. Estos criterios han sido objeto de consideración por el Tribunal Constitucional en las dos sentencias citadas y ambas vienen a señalar que tienen que tener carácter objetivo y fundarse en elementos que no ofrezcan posibilidad de parcialidad o abuso. El que el legislador, en atención a finalidades que sólo a él compete establecer, haya decidido potenciar la actividad sindical mediante la extensión de un sistema de mayor representatividad, es una decisión política no controlable jurídicamente, salvo si se vulnera la igualdad de trato a los concurrentes, y nada hace pensar que esto se produzca aquí, puesto que la representatividad no es el único criterio de medición ni quedan excluidas las organizaciones no representativas, que pueden alcanzar dicha representatividad en futuros procesos electorales, arrancando de un dato plenamente objetivo, cual es la voluntad de los trabajadores que asegura la presencia en cada concreto ámbito de actuación de los intereses generales de los mismos, frente a una posible y no deseable fragmentación sindical. Por otro lado los conceptos de igualdad y libertad sindical, sin perjuicio de que pueden venir sobrepuestos en algunos casos, no son nociones que se confundan ni estén en relación de dependencia.

&htab;116.&htab;El Gobierno señala que el propio Tribunal Constitucional establece, en los fundamentos jurídicos de la tan repetida sentencia, que la cesión de locales a unas centrales sindicales para el ejercicio de funciones que le son propias, no puede considerarse atentatoria a la libertad sindical desde el momento en que el carácter incondicionado de la atribución no supone injerencia alguna por parte de la Administración en la necesaria libertad para el planteamiento y desarrollo de sus actividades, siendo tal cesión un medio que el Estado considera útil para favorecer el cumplimiento de la función que, en un régimen democrático, se atribuye a los sindicatos, en beneficio, no sólo de los intereses de los trabajadores sino del interés público que reclaman organizaciones sindicales fuertes, sólidas y dotadas de medios suficientes de acción, con la única limitación de que el trato diferente no sea discriminatorio ni irrazonable. La CNT no ha venido reclamando en pie de igualdad con los beneficiarios el disfrute de locales, sino que ha solicitado la revisión de oficio de las atribuciones realizadas y su consiguiente declaración de nulidad. Los actos de cesión individualmente considerados y su posible futura ratificación no pueden ser atentatorios a la libertad sindical, ya que dicho atentado no se produciría en hipotésis por la cesión de bienes en uso a determinadas centrales sindicales, sino por su atribución con exclusividad. Demostración palpable de que esto no es así lo constituye la política de subvenciones en la que vienen participando los sindicatos minoritarios a través de un baremo por número de delegados, procedimiento razonable y válido para conocer su implantación. Así, respondiendo a los resultados de las elecciones de 1982, se han tramitado a centrales minoritarias, durante los ejercicios presupuestarios de 1983, 1984, 1985 y 1986 un elevado número de subvenciones, en las que la CNT ha participado con las siguientes cifras: 1983: 2 201 153 ptas.; 1984: 2 377 246 ptas.; 1985: 2 543 655 ptas.; 1986: 2 747 146 ptas. Esta central interpuso recurso contra estas subvenciones, obteniendo sentencias favorables de la Audiencia Nacional (16 octubre 1982) y Tribunal Supremo (28 febrero 1983), que fueron declaradas nulas, ante solicitud de amparo de las centrales UGT y CC.00. al Tribunal Constitucional, sentencia 102/83, de 18 de noviembre.

&htab;117.&htab;El Gobierno declara asimismo que la organización querellante formula conclusiones arriesgadas, faltando notoriamente a la verdad sobre un supuesto reparto del patrimonio acumulado con ánimo excluyente, pues siendo cierta la celebración de una reunión tripartita entre Administración y determinadas organizaciones empresariales y sindicales, la misma puede englobarse dentro del concepto genérico de actos de carácter preparatorio sin ninguna trascendencia jurídica en orden a una efectiva cesión de bienes. La citada reunión tuvo como finalidad y objetivo básico la urgente necesidad de comenzar sin mayor dilación la puesta en ejecución de la ley de cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, mediante el oportuno desarrollo reglamentario de la misma, habiéndose fijado, para conocimiento de la Administración unas determinadas preferencias por las distintas organizaciones que, presumiblemente, van a formar parte de la Comisión Consultiva que crea la ley, con arreglo a los tan repetidos criterios objetivos de representatividad y exponiendo el deseo de buscar soluciones equilibradas en el futuro. Hay que tener en cuenta por lo que atañe a la Comisión Consultiva la imposibilidad material de integrarla por todas y cada una de las organizaciones del actual panorama sindical español.

&htab;118.&htab;El Gobierno señala que la afirmación de que la Administración realiza investigaciones registrales, valoraciones económicas, inventario del Patrimonio Histórico sin entregarlos a la CNT es, cuando menos, aventurada, y no responde a la realidad de los hechos, puesto que esta central sindical tuvo acceso y ejerció este derecho, a los expedientes que, correspondiendo al Patrimonio Histórico, forman parte del inventario realizado y que no es completo. Durante un cierto tiempo revisaron libremente todos los datos que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social posee. Puede pensarse en la extraordinaria complejidad que la devolución de este Patrimonio lleva consigo. El dilatado tiempo que ha transcurrido, la desaparición de pruebas documentales, modificaciones habidas en los inmuebles, la enajenación de gran parte de los mismos, etc., suponen un cúmulo de inconvenientes que podrían hacerla imposible e injusta de seguirse un criterio riguroso que obligara a los sindicatos afectados a verificar una exhaustiva determinación de su patrimonio histórico. La ley se refiere a la restitución del patrimonio incautado, con un doble condicionamiento, subjetivo y objetivo: el primero se refiere a los sindicatos que acrediten ser los legítimos sucesores de los que existieron en su momento, dando a la expresión "sucesor" el sentido que le confieren los reiterados informes del propio Comité de Libertad Sindical de la OIT, mientras que, las condiciones objetivas alcanzan a los propios bienes incautados o compensando su valor cuando no sea posible la restitución por haber pasado a poder de terceros o haber desaparecido o sufrido sustanciales alteraciones los bienes.

&htab;119.&htab;Con referencia a las cuestiones que afectan al Patrimonio Histórico, el Gobierno indica que la ley 4/1986 establece su composición, previendo la reintegración en pleno dominio de los bienes y derechos a aquellos sindicatos de trabajadores que acrediten ser legítimos sucesores de las organizaciones a quienes les fueron incautados y, si no fuese posible su devolución por las razones antes apuntadas, se compensará pecuniariamente su valor teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado, es decir, actualizado. No puede aceptarse la acusación de arbitrariedad de los poderes públicos e inseguridad jurídica en este terreno en cuanto que cada sindicato objeto de incautación puede y debe presentar sus reclamaciones, aportando cualquier prueba admitida en derecho y la Administración se verá en la necesidad de reintegrar el bien de que se trate o compensar su valor. Se ha venido realizando un inventario de bienes inmuebles con los datos que se poseen, hoy prácticamente terminado. Según él, este Patrimonio Histórico comprende un total de 1 060 inmuebles, de los que 763 han causado baja transmitidos a terceros por diferentes títulos, restando 297, de los que 194 conservan su estructura primitiva, 62 fueron edificados por la extinta organización sindical y 41 son solares; este inventario comprende únicamente inmuebles incautados a organizaciones sindicales o entes afiliados asociados a ellas, por la ley de responsabilidades políticas que posteriormente fueron adjudicados a la D.N.S. Con independencia de los bienes inmuebles, las organizaciones existentes en 1936 se vieron privadas de sus cuentas corrientes, libretas de ahorro, etc. por leyes de 13 de octubre de 1938 y 13 de diciembre de 1939, y la relación definitiva de estas cuentas de titulares improtegibles, como la denominaba la última ley, se publicó en el B.0.E. de 9 de agosto de 1943, encontrándose al alcance, pues, de cualquier ciudadano curioso, pero sin que sea posible conocer los saldos de las mismas al no figurar en la relación oficial, limitándose a marcar con un asterisco aquellas con depósito inferior a 1 000 pesetas; los saldos no se transfirieron a la D.N.S., sino a la Hacienda Pública y nada más fácil como calcular el valor actualizado de cualquier cifra de 1936.

&htab;120.&htab;El Gobierno concluye señalando que estima que la queja formulada por la organización querellante carece de todo fundamento.

&htab;121.&htab;El Comité observa que en la presente queja la organización querellante ha objetado algunas disposiciones de la ley núm. 4/1986 de 8 de enero de 1986, de cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado (bienes y derechos procedentes de la antigua Organización Sindical), incluidas ciertas disposiciones adicionales de la mencionada ley relativas a la devolución del denominado Patrimonio Histórico (bienes y derechos incautados a las organizaciones sindicales o sus entes afiliados o asociados como consecuencia de la guerra civil española, en virtud de la ley de responsabilidades políticas de 9 de febrero de 1939). El Comité toma nota de las observaciones del Gobierno al respecto.

&htab;122.&htab;El Comité observa que el sistema de cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado previsto en la ley núm. 4/1986 se funda en los siguientes principios: 1) atribución de su titularidad a la Administración del Estado; 2) cesión de bienes a los sindicatos y asociaciones empresariales y preferentemente a los más representativos en proporción a su representatividad y supeditadas al mantenimiento de la condición de más representativo; 3) tales cesiones se configuran como jurídicamente limitadas, gratuitas y causales, sirviendo como pauta de definición jurídica el criterio teleológico o de la finalidad a la que los bienes y derechos constitutivos del Patrimonio Sindical Acumulado estuvieron destinados en la antigua Organización Sindical (criterio éste destacado por el Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 900); 4) formación por la Administración de inventario fiel; 5) los actos administrativos de gestión, cesión, alteración y revocación de bienes y derechos se dictan por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, oída en todo caso una Comisión Consultiva integrada por representantes de la Administración del Estado y de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas; 6) necesidad de que las cesiones del uso de bienes efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley sean objeto de la correspondiente regularización mediante resolución del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, previo informe de la Comisión Consultiva.

&htab;123.&htab;El Comité observa por otra parte que la ley núm. 4/1986 se remite a la ley orgánica de libertad sindical promulgada el 2 de agosto de 1985 en lo que respecta a los criterios para la determinación de las organizaciones sindicales más representativas. El Comité recuerda en este sentido que en su reunión de febrero de 1986, al examinar el caso núm. 1320 consideró alegatos relativos a los criterios de representatividad contenidos en la ley orgánica de libertad sindical y concluyó que las disposiciones de esta ley no eran incompatibles con los principios de la libertad sindical [véase 243. er  informe, caso núm. 1320 (España), párrafo 116]. En estas condiciones el Comité, al tiempo que observa con interés que la ley núm. 4/1986 en lo concerniente al Patrimonio Sindical Acumulado, da curso al principio establecido por el Comité al examinar el caso núm. 900 (principio de la asignación de los bienes a la finalidad para la que estaban destinados en la antigua Organización Sindical) [véase, por ejemplo, 202.° informe, caso núm. 900 (España), párrafo 352], el Comité considera que las disposiciones de la mencionada ley no son objetables desde el punto de vista de los principios de la libertad sindical.

&htab;124.&htab;En lo que respecta a las disposiciones adicionales de la ley núm. 4/1986 que se refieren a la restitución del Patrimonio Histórico, es decir la restitución de los bienes incautados a las organizaciones sindicales como consecuencia de la guerra civil española, el Comité observa que los principios que rigen esta restitución son los siguientes: 1) la restitución se hará a los sindicatos que acrediten ser los legítimos sucesores de los que en su momento existieron; 2) se dará a la expresión "sucesor" el sentido que le confieren los informes del Comité de Libertad Sindical de la OIT, 3) el Estado compensará el valor de los bienes a los sindicatos sucesores si la restitución no fuera ya posible. El Comité observa asimismo que, según el Gobierno, el inventario de los bienes inmuebles del Patrimonio Histórico está ya prácticamente terminado. En estas condiciones, habiendo examinado las disposiciones adicionales de la ley núm. 4/1986 relativas al Patrimonio Histórico, el Comité observa con interés que dan curso al principio establecido por el Comité al examinar el caso núm. 900 ("en caso de disolución de una organización, sus bienes deberían ser distribuidos en definitiva entre los miembros de la organización desaparecida o transferidos a la organización sucesiva", entendiendo por ésta, "la organización u organizaciones que persiguen los fines para los que se hubieran constituido los sindicatos disueltos y lo hacen con el mismo espíritu") [véase 196.° informe, caso núm. 900 (España), párrafo 258].

&htab;125.&htab;Por último, el Comité observa que, de acuerdo con la legislación española, todo acto administrativo dictado en aplicación de la ley núm. 4/1986 puede ser en su caso objeto de un recurso ante los tribunales.

&htab;126.&htab;El Comité espera que al aplicar las disposiciones legislativas se continuarán respetando los criterios establecidos por él y que se logrará un reparto equilibrado del patrimonio entre los derechohabientes.

&htab;127.&htab;En estas condiciones, el Comité recomienda al Consejo de Administración que apruebe el presente informe y, en particular, las conclusiones siguientes:

a) El Comité considera que las disposiciones de la ley núm. 4/1986 de 8 de enero de 1986, de cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado no son contrarias a los principios de la libertad sindical.

b) El Comité observa con interés que la mencionada ley da curso a los criterios establecidos por el Comité de Libertad Sindical al examinar el caso núm. 900 y más concretamente con respecto a la cuestión del destino de los denominados Patrimonio Histórico y Patrimonio Sindical Acumulado.

c) El Comité espera que al aplicar las disposiciones legislativas se continuarán respetando los criterios establecidos por él y que se logrará un reparto equilibrado del patrimonio entre los derechohabientes.

&htab;128.&htab;En un telegrama de 2 de septiembre de 1986, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) presentó una queja contra el Gobierno boliviano por violación de los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT. La Federación Sindical Mundial (FSM) y la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) enviaron alegatos sobre violaciones de la libertad sindical en Bolivia en comunicaciones fechadas respectivamente el 1.° y el 5 de septiembre de 1986. En una comunicación complementaria de 22 de septiembre de 1986, la CIOSL transmitió otras informaciones. El Gobierno respondió a los alegatos por cartas de 18 de septiembre y de 7 de octubre de 1986.

&htab;129.&htab;Bolivia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), así como el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;130.&htab;En su telegrama de 2 de septiembre de 1986, la CIOSL declara haber sido informada por la Central Obrera Boliviana (COB) de la adopción el 28 de agosto por el Gobierno boliviano de graves medidas en contra de los trabajadores bolivianos, a saber la aplicación del estado de sitio por un período de 90 días, suprimiendo así las libertades y los derechos sindicales. Las medidas se adoptaron ante la llegada de una marcha de los mineros hacia la capital del país, La Paz, para protestar contra los proyectos del Gobierno de cerrar ciertos centros mineros y de privatizar otros. La COB decretó una huelga general contra estas medidas; el Gobierno prohibió esta huelga y detuvo a 162 dirigentes, en su mayoría dirigentes sindicales que luego fueron deportados a otras localidades del país (Puerto Rico, San Joaquín y Magdalena).

&htab;131.&htab;La carta de la FSM fechada el 1.° de septiembre de 1986 da cuenta de las consecuencias sociales para Bolivia de la política del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual envió recientemente una delegación a Bolivia con objeto de analizar la política económica del Gobierno. La aplicación estricta de severas medidas de austeridad ha sido la condición para el otorgamiento por el FMI de un préstamo de 75 millones de dólares, destinado a cubrir el déficit de la balanza de pagos del país. El Gobierno boliviano en consecuencia dispuso el cierre de empresas declaradas no rentables, en particular dos minas de estaño en Oruro, y la interrupción del funcionamiento normal de cinco otras minas de estaño en Potosí; a causa de esto, fueron despedidos alrededor de 20 000 trabajadores. Al mismo tiempo, se decidió la privatización de la industria minera. Ante la perspectiva de perder su empleo, más de 5 000 mineros de Oruro y de Potosí se declararon en huelga para solicitar que continúe la administración estatal de las minas y protestar contra las medidas gubernamentales de austeridad. En esta situación, el Gobierno declaró el estado de sitio y detuvo a más de 200 organizadores de la huelga de los mineros, la cual, según la FSM, contaba con amplio apoyo de las organizaciones populares y sindicales. La FSM agrega que más de cien de estas personas fueron confinadas a zonas inhóspitas, lo que constituye una restricción a la libertad de movimiento incompatible con el libre ejercicio de los derechos sindicales. La organización sindical menciona, además, que entre los detenidos se encuentran José María Palacios, Aldo Flores y Felipe Tapia, dirigentes de la COB, así como Andrés Soliz Rada, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (FTPB). En opinión de la FSM, el Gobierno declaró el estado de sitio bajo el pretexto de que la huelga de mineros era un plan insurreccional de la extrema izquierda para derrocar el gobierno actual de Víctor Paz Estenssoro. El derecho de huelga y el derecho de asociación fueron abolidos y se suspendió el derecho de inviolabilidad del domicilio.

&htab;132.&htab;En su comunicación de 5 de septiembre de 1986, la CMT subraya por su parte que el Gobierno boliviano instauró el estado de sitio en respuesta a la huelga y a la manifestación pacífica de los miembros del sindicato COB que defendían los intereses legítimos de los trabajadores.

&htab;133.&htab;Adjunto a una comunicación de 22 de septiembre, la CIOSL envió un análisis jurídico de la COB, fechado en enero de 1986, sobre las diferentes transgresiones a las leyes y Constitución Política del Estado cometidas por el Gobierno boliviano, en especial mediante la promulgación de los decretos núms. 21060 y 21137. La CIOSL hace valer que, en la actualidad, alrededor de 1 500 mineros se encuentran en huelga de hambre en protesta por el cierre de varios centros mineros y el despido de centenares de trabajadores. La organización querellante agrega que el estado de sitio limita considerablemente la libertad y los derechos sindicales.

&htab;134.&htab;El 18 de septiembre de 1986, la Misión Permanente de Bolivia en Ginebra transmitió una respuesta del ministro consejero encargado de negocios, a la cual se adjuntaba un acuerdo fechado el 13 de septiembre entre el Gobierno y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). En esta comunicación se indica que el estado de sitio fue decretado el 27 de agosto de 1986 por el Gobierno boliviano en conformidad con las normas constitucionales de excepción, para remediar una situación delicada de conmoción interna que ponía en peligro la vigencia del sistema democrático representativo y pluralista en Bolivia; el 13 de septiembre de 1986 el Gobierno puso en libertad a los 162 dirigentes sindicales que habían sido objeto de medidas precautorias de detención, en el marco jurídico del estado de excepción previsto en la Constitución Política de Bolivia. Se entablaron negociaciones, con la mediación de la más alta jerarquía de la Iglesia católica, entre el Gobierno y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, y se llegó a un acuerdo de base sobre la aplicación de un sistema de descentralización de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), principal empresa autónoma de producción minera en Bolivia.

&htab;135.&htab;En una segunda comunicación fechada el 7 de octubre de 1986, el ministro consejero encargado de negocios proporcionó precisiones complementarias. Indica que se dictó el decreto supremo núm. 21377 de 25 de agosto de 1986 a fin de establecer un sistema de descentralización con participación de los trabajadores mineros, con el objetivo de atenuar los déficit operacionales en la minería estatal. Se hacía necesario salvaguardar la industria minera de Bolivia, inmersa en una crisis estructural agravada por la inestabilidad del mercado internacional del estaño, principal producto minero de exportación del país. Las medidas adoptadas para ello provocaron de parte de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia una reacción violatoria del ordenamiento jurídico nacional, incluso de los Convenios núms. 87 y 98, al organizar una marcha de trabajadores mineros en dirección de La Paz, la cual - siempre según el Gobierno - desde sus inicios excedía claramente los propósitos de legítima protesta sindical para convertirse en un acto destinado a promover una conmoción social susceptible de desestabilizar al Gobierno de Bolivia e interrumpir, en consecuencia, el proceso democrático del país, que desde 1982 ha supuesto tantos sacrificios para el pueblo boliviano. Esta marcha sindical de protesta se transformó en una manifestación anticonstitucional grave contra el orden público y llevó al Gobierno de Bolivia, conforme a la Constitución, a declarar el estado de sitio mediante decreto supremo núm. 21378 de 27 de agosto de 1986. Superada la situación de emergencia, el Gobierno entabló diálogo con la FSTMB, gracias a la mediación de la Conferencia Episcopal Boliviana, y se firmó un acuerdo para proceder a la ordenada descentralización de la empresa estatal de la minería boliviana, la COMIBOL.

&htab;136.&htab;El Comité observa que este caso se refiere principalmente a la declaración, el 27 de agosto de 1986 por el Gobierno boliviano, del estado de sitio, acarreando medidas de excepción que afectan los derechos sindicales de los trabajadores. El Comité toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual el estado de sitio entró en vigor en conformidad a la Constitución, con miras a poner fin a perturbaciones internas. El Comité observa que el Capítulo IV del Título Segundo de la Constitución Política del Estado de Bolivia, relativo a la conservación del orden público, habilita al jefe del poder ejecutivo, con acuerdo del Consejo de Ministros, a declarar el estado de sitio en casos de conmoción interna o guerra internacional, por un período de noventa días (artículo 111). El estado de sitio no entraña la suspensión de hecho de todas las garantías constitucionales, sino permite solamente que las personas fundadamente acusadas de conspirar contra el orden público (artículo 112, párrafo 3) sean detenidas o llevadas a comparecer por un período de 48 horas, o sean confinadas a departamentos donde no exista el riesgo de que puedan perturbar el orden público (artículo 112, párrafo 4).

&htab;137.&htab;Dichas medidas se adoptaron tras una huelga y una manifestación cuyo carácter pacífico señalado por los querellantes no fue impugnado por el Gobierno, organizadas por los trabajadores para defender sus empleos amenazados por la decisión del Gobierno boliviano de cerrar las minas de estaño en seguimiento de las recomendaciones del FMI. El Comité lamenta que estos acontecimientos pacíficos dieran lugar a detenciones de dirigentes sindicales o a su relegación, habida cuenta de que los trabajadores deben poder ejercer libremente sus actividades sindicales. Por lo que se refiere a las detenciones, el Comité observa en todo caso que, según el Gobierno, las personas retenidas o relegadas fueron todas puestas en libertad total.

&htab;138.&htab;Aunque comprueba que las medidas de excepción adoptadas por el Gobierno boliviano con miras a remediar una situación temporal difícil fueron conformes a la Constitución de Bolivia, el Comité subraya que el ejercicio pacífico (huelga y manifestación) de los derechos sindicales por los trabajadores no debería llevar a detenciones y a relegaciones. Sin embargo, el Comité debe reconocer que le es difícil en este caso, en vista de las informaciones de que dispone, forjarse una opinión sobre los objetivos de los trabajadores participantes en la marcha de protesta hacia La Paz; si acaso, como lo afirma el Gobierno, la manifestación tenía por objeto desestabilizar la democracia boliviana y el gobierno del Presidente Paz Estenssoro, o únicamente expresar las reivindicaciones legítimas de los trabajadores decididos a defender su empleo. El Comité recuerda que siempre ha considerado que la detención de dirigentes sindicales por actividades ligadas al ejercicio de sus derechos sindicales es contraria a los principios de la libertad sindical. Sin embargo, el Comité observa que poco después de dichos acontecimientos fue posible llegar a un acuerdo sobre las minas de estaño entre las autoridades de gobierno y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, para arreglar por la negociación los problemas relativos a este sector (cierre de minas, decisiones sobre la administración que podían afectar a los trabajadores, reintegros, cooperativización de las minas, reestructuración del empleo). Según los términos de este acuerdo, se puso fin a la detención y al confinamiento de ciudadanos detenidos o deportados, y la Federación Sindical levantó la orden de huelga general y de huelgas del hambre relacionadas con el conflicto. Al Comité le parece que entre las partes se instaura un clima de negociación que hará posible desactivar las tensiones sociales.

&htab;139.&htab;Si bien no corresponde al Comité pronunciarse sobre las medidas económicas que un gobierno, siguiendo en esto las recomendaciones expresas del Fondo Monetario Internacional, puede juzgar útiles en una situación difícil para el país, el Comité considera, sin embargo, que al adoptar decisiones que acarrean la pérdida de su empleo para un número importante de trabajadores debería consultarse a las organizaciones sindicales interesadas, con el fin de planificar el porvenir profesional de estos trabajadores de acuerdo con las posibilidades del país.

&htab;140.&htab;En estas condiciones, el Comité recomienda al Consejo de Administración que apruebe el presente informe y, en particular, las conclusiones siguientes:

a) En lo que se refiere al estado de sitio, el Comité, aunque deplora la existencia de una tal situación, observa que no debería exceder los 90 días prescritos por la Constitución boliviana.

b) El Comité deplora que, merced a las medidas de excepción previstas por la Constitución, numerosos dirigentes sindicales hayan sido encarcelados o confinados a regiones inhóspitas por haber ejercido pacíficamente actividades sindicales (huelga y marcha de protesta), lo cual es contrario a los principios de libertad sindical. El Comité observa que estas personas disfrutan actualmente de una libertad total.

c) El Comité destaca que se firmó un acuerdo entre las autoridades de gobierno y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, con el fin de arreglar mediante la negociación o la consulta con los trabajadores las dificultades correspondientes a la situación económica del sector minero y de proceder a la descentralización de la COMIBOL.

d) El Comité desea que las negociaciones iniciadas prosigan activamente y que en el caso presente, en el cual se encuentran amenazados numerosos empleos, se consulte a las organizaciones sindicales sobre las posibilidades de solucionar las dificultades en las minas de estaño y de participar en las decisiones económicas que afectan directamente a los trabajadores en su empleo.

&htab;141.&htab;El Comité examinó este caso en sus reuniones de noviembre de 1984 y de 1985, en las que presentó informes provisionales al Consejo de Administración [Véanse 236.° informe del Comité, párrafos 553 a 579, y 241.° informe, párrafos 649 a 687.].

&htab;142.&htab;Con posterioridad al último examen del caso, el Gobierno de Burkina Faso, mediante una comunicación de 14 de abril de 1986, invitó a la OIT a que viniera a comprobar sobre el terreno la situación de las relaciones de trabajo en el país. En su reunión de junio de 1986 el Comité se felicitó de que el Gobierno estuviera dispuesto a aceptar una misión en el país, y decidió aplazar el examen de este caso en espera del resultado de dicha misión [Véase 244.° informe, párrafo 11.].

&htab;143.&htab;Se tomaron, pues, disposiciones para que una misión de contactos directos se desplazara a Burkina Faso hacia finales de septiembre de 1986. El Director General designó al Sr. B. Gernigon, jefe adjunto del Servicio de Libertad Sindical, como representante suyo para realizar esta misión. Esta última permaneció en Ouagadougou del 22 al 30 de septiembre de 1986. Durante la misión de contactos directos el representante del Director General estuvo acompañado por la Sra. A.J. Pouyat, miembro del Servicio de Libertad Sindical. El Sr  A. Malou, consejero regional en normas internacionales del trabajo, había efectuado previamente los contactos necesarios para preparar la misión. El informe de la misión figura en anexo al 246.° informe.

&htab;144.&htab;Desde el regreso de la misión, el Gobierno envió un cablegrama de fecha 1.° de octubre de 1986.

&htab;145.&htab;Burkina Faso ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;146.&htab;Los alegatos se referían por una parte al internamiento administrativo de cuatro dirigentes sindicales del Sindicato Nacional de Personal Docente Africano de Alto Volta (SNEAHV), y por otra al despido de unos 2 600 profesores por haber participado, en marzo de 1984, en una huelga de 48 horas en solidaridad con sus dirigentes encarcelados. Ulteriormente el Gobierno había contratado personal no calificado para reemplazar a los huelguistas y había publicado una circular prohibiendo la contratación de estos últimos en centros privados. Además, según los alegatos, el Gobierno habría suscitado la celebración de un congreso extraordinario del SNEAHV, del 28 al 30 de agosto de 1984, en el curso del cual habría sido elegida una directiva ilegal.

&htab;147.&htab;En sus respuestas escritas el Gobierno, sin negar haber procedido al internamiento administrativo de dirigentes sindicales y al despido de profesores huelguistas, indicaba que las medidas adoptadas habían sido motivadas por las actividades políticas, y no sindicales, de los interesados, y por el carácter golpista y reaccionario de la huelga. Como prueba de ello, adjuntaba copia de una moción del congreso del SNEAHV de 7 de agosto de 1983, en la cual dicho sindicato criticaba duramente la acción del Gobierno.

&htab;148.&htab;En una comunicación de 28 de marzo de 1985 los querellantes indicaban que, si bien el Gobierno había empezado a proceder a la reintegración de un centenar de huelguistas, de entre las 2 600 personas despedidas, los profesores readmitidos habían sido objeto de un control político como condición para su reintegración, como lo probaba la fotocopia adjunta de una solicitud de readmisión en la administración pública burkinabé. En la documentación figuraba también una fotocopia de una carta del Ministerio de Gobernación a los profesores despedidos en la que se les prohibía el ejercicio de toda actividad sindical, ya que habían perdido la calidad de profesor y por consiguiente de miembro del Sindicato de Personal Docente.

&htab;149.&htab;En una comunicación de 29 de mayo de 1985 el Gobierno afirmaba que 500 profesores habían reconocido, en sendas autocríticas, haber sido manipulados por una dirección sindical que mediante presiones o engaños los había movilizado en una lucha política contra la revolución democrática, y que el SNEAHV, reunido en congreso en agosto de 1984, había cambiado de nombre y de dirección, pasando a denominarse Sindicato Nacional de Personal Docente Burkinabés (SNEB), tras haber condenado sus militantes los actos de la antigua dirección.

&htab;150.&htab;En una comunicación ulterior de 18 de julio de 1985, los querellantes anunciaban que dos de los cuatro dirigentes sindicales detenidos habían sido puestos en libertad el 17 de junio de 1985, sin haber sido juzgados y tras 16 meses de detención. En aquella fecha los dos sindicalistas restantes, a saber Jean Pagnimda Bila, secretario general del sindicato querellante, y Batiémoko Komé, secretario responsable de las cuestiones pedagógicas, permanecían todavía detenidos.

&htab;151.&htab;En su último examen del caso el Comité había tomado nota de que dos de los dirigentes internados habían recuperado su libertad y había pedido insistentemente al Gobierno que pusiera en libertad a los otros dos dirigentes sindicales todavía internados administrativamente y que readmitiera a la totalidad de los profesores despedidos. Además, había pedido al Gobierno que restituyera y garantizase a los profesores que participaron en la huelga y que no habían sido todavía readmitidos, así como a los profesores que fueron obligados a firmar declaraciones de lealtad, el derecho de participar plenamente en actividades sindicales para defender sus intereses económicos y sociales. Por último, había pedido al Gobierno que le enviase las actas del congreso extraordinario de agosto de 1984.

&htab;152.&htab;Mediante un cablegrama de 1.° de octubre de 1986 el Gobierno indica que, como consecuencia de la venida de la misión de la OIT, el Consejo de Ministros de 1.° de octubre levantó la prohibición formulada a los centros privados de enseñanza y de otra índole de contratar al personal docente despedido.

&htab;153.&htab;Habida cuenta de que las informaciones obtenidas por el representante del Director General en el curso de la misión figuran en el informe de misión adjunto al presente informe, el Comité se propone formular directamente sus conclusiones sobre los diversos aspectos del caso.

&htab;154.&htab;El Comité estima, ante todo, que el informe detallado del representante del Director General prueba la utilidad de tales misiones para un examen detenido y objetivo de las quejas.

&htab;155.&htab;El Comité se felicita en particular por el espíritu de cooperación que ha demostrado el Gobierno en este asunto y por las facilidades concedidas sin reservas a la misión. El Comité observa en particular con satisfacción que la misión pudo obtener todas las informaciones deseadas y ver todas las personas con quienes deseaba entrevistarse para llevar a cabo su cometido.

&htab;156.&htab;Sobre el fondo de la cuestión, el internamiento administrativo de los cuatro dirigentes del SNEAHV, el Comité observa con interés que todos ellos han recuperado la libertad desde hace más de un año. No por ello es menos cierto que dichos dirigentes permanecieron detenidos en un campamento militar, en Koudougou, o en la comisaría de Ouagadougou, que sus condiciones de detención se agravaron durante los siete meses siguientes a la huelga del personal docente, y que sólo recuperaron la libertad después de 16 ó 18 meses de detención, en junio o en agosto de 1985, según los casos.

&htab;157.&htab;El Comité observa también que el Gobierno declaró a la misión que la detención de dichos dirigentes sindicales estaba motivada por la politización del movimiento sindical y, en particular, del movimiento sindical del personal docente. En efecto, según el Gobierno, cuando el Consejo Nacional de la Revolución tomó el poder el 4 de agosto de 1983, el SNEAHV, reunido en congreso en Bobo Dioulasso, adoptó una moción que condenaba al nuevo gobierno del capitán Sankara, acusándolo de prácticas fascistas y apelando al pueblo voltaico a que se apartase del Consejo Nacional de la Revolución. En cambio, los dirigentes detenidos y actualmente liberados pretenden haber sido detenidos porque en el congreso de Bobo Dioulasso habían obtenido la mayoría frente a una corriente minoritaria favorable al nuevo gobierno, y haber tenido que defenderse públicamente contra los ataques de dicha facción minoritaria mediante octavillas firmadas. El Comité observa, pues, que las versiones del Gobierno y de los querellantes son contradictorias, pero nota al propio tiempo que el Gobierno no ha precisado ningún acto subversivo concreto cometido por los interesados antes de su detención, aun considerando que la huelga de los días 20 y 21 de marzo de 1984, ocurrida después de su detención, tenía un carácter hostil al régimen del Consejo Nacional de la Revolución.

&htab;158.&htab;En estas condiciones, el Comité recuerda que todo inculpado debe gozar de la presunción de inocencia mientras su culpabilidad no haya sido probada, y lamenta la prolongada detención durante meses de dirigentes sindicales contra los cuales no se ha pronunciado acusación alguna.

&htab;159.&htab;Con respecto a las medidas de despido contra los profesores huelguistas, el Comité observa que el Gobierno ha reconocido que 1 380 profesores, cuyos nombres fueron publicados en el diario oficial, fueron despedidos a raíz de la huelga de los días 20 y 21 de marzo de 1984. El Gobierno explicó a la misión que a partir del 13 de febrero de 1985 habían sido readmitidos 100 profesores, y que el 20 de octubre de 1985 el Consejo Nacional de la Revolución anunció nuevas readmisiones en aplicación de un procedimiento de solicitud de reintegración que implicaba una ficha de información sobre el comportamiento social del interesado. Tras la instauración de dicho procedimiento se habían registrado 800 solicitudes de reintegración por parte de los profesores, 250 de las cuales fueron aceptadas el 15 de enero de 1986. El personal así readmitido recuperó su antigua categoría, pero sus salarios han sido equiparados a los que rigen para el personal docente temporal (que son sensiblemente inferiores) durante un período de prueba de tres meses. Por último, unos veinte profesores han sido contratados como correctores en el sector de la información. El Gobierno señaló además que algunos profesores habían encontrado otro empleo y no deseaban ser readmitidos en la enseñanza.

&htab;160.&htab;El Gobierno ha manifestado su intención de seguir readmitiendo a los profesores que así lo soliciten, pero ha recalcado que éstos deberían esforzarse también por enmendarse e integrarse. Además, las autoridades tropiezan con dos importantes problemas: dificultades de índole presupuestaria y la imposibilidad de despedir al personal contratado para reemplazar a los huelguistas despedidos.

&htab;161.&htab;Por último, el Comité toma nota con interés de que, como consecuencia de la misión, el Consejo de Ministros ha levantado la prohibición de contratar a los profesores despedidos en centros privados de enseñanza y de otra índole.

&htab;162.&htab;El Comité observa, sin embargo, que de las informaciones obtenidas por la misión se desprende que un gran número de profesores no han sido todavía readmitidos, y que las readmisiones se efectúan bajo reserva de presentación de una declaración de lealtad, del asentimiento de los comités de defensa de la revolución y en condiciones salariales inferiores durante un período de prueba. Observa asimismo que los profesores despedidos y sus derechohabientes han perdido su derecho a pensión. El Comité, al tomar nota de las garantías ofrecidas por el Gobierno con respecto a sus intenciones en materia de readmisión, espera que el Gobierno proseguirá su esfuerzo con miras a la readmisión total y completa de todos los profesores que deseen recuperar su puesto, e insiste en la importancia que concede a la derogación de las declaraciones de lealtad para lograr la readmisión. El Comité expresa también la firme esperanza de que, como el Gobierno ha declarado, la situación de los profesores despedidos y de sus derechohabientes en materia de derecho a pensión será examinada favorablemente, y pide al Gobierno que le mantenga informado de todos los acontecimientos que ocurran en estas esferas.

&htab;163.&htab;Con respecto al congreso extraordinario del SNEAHV, que se celebró en Ouagadougou del 28 de agosto al 1.° de septiembre de 1984, el Comité observa que a la misión le fueron entregadas sobre el terreno las actas de dicho congreso, en el curso del cual fue criticada la antigua dirección del SNEAHV. Fue elegida una nueva dirección en la que figuraban dos dirigentes de la Mesa nacional del SNEAHV que se habían desolidarizado del movimiento de huelga, y se cambió el nombre del sindicato, que pasó a ser Sindicato Nacional de Personal Docente Burkinabés (SNEB). Los dirigentes del SNEB manifestaron en el congreso su intención de negociar con el Gobierno en favor de la readmisión de los profesores despedidos. Más tarde, el 21 de noviembre de 1984, tuvo lugar la transmisión de servicio entre la nueva dirección del SNEB y la dirección saliente del SNEAHV en presencia de un representante de la Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social.

&htab;164.&htab;Sin embargo, el Comité lamenta tener que observar que, según las informaciones obtenidas durante la misión, sólo un pequeño número de antiguos afiliados al SNEAHV participaron en las labores de este congreso, puesto que los profesores despedidos, a causa de su despido, habían sido privados del derecho de asistir a él. En efecto, de conformidad con los estatutos del SNEAHV, sólo los profesores en activo son miembros del sindicato. Además, desde la apertura del congreso, el Gobierno ya había informado a los profesores despedidos que no podrían realizar actividades sindicales. Es evidente, entonces, que los profesores despedidos ya no podían afiliarse a una organización sindical susceptible de defender y de promover sus intereses. A este respecto el Comité recuerda que la pérdida de la calidad de sindicalista como consecuencia de un despido por motivos de huelga no es conforme a los principios de la libertad sindical. El Comité estima, pues, que todos los miembros y dirigentes del SNEAHV que han perdido su calidad de sindicalista como consecuencia de su despido deberían tener el derecho de afiliarse al sindicato de su libre elección para la defensa de sus intereses.

&htab;165.&htab;A este respecto el Comité toma nota, por otra parte, de que ciertos dirigentes del SNEAHV que habían sido detenidos fueron recibidos por el Ministro de Trabajo, Seguridad Social y Servicio Público y que éste, acogiendo una sugerencia de la misión, había aceptado incluso el principio de una reunión con ellos para discutir medidas concretas en favor de los profesores despedidos.

&htab;166.&htab;En estas condiciones, el Comité recomienda al Consejo de Administración que apruebe el presente informe y en particular las conclusiones siguientes:

a) El Comité se felicita por el espíritu de cooperación que ha demostrado el Gobierno en este asunto y por las facilidades concedidas a la misión, que pudo obtener todas las informaciones que deseaba y ver todas las personas con las cuales deseaba entrevistarse.

b) El Comité toma nota con interés de que los dirigentes sindicales que habían sido internados administrativamente han recuperado la libertad desde hace más de un año. Habida cuenta, sin embargo, de que no han sido acusados de ningún acto subversivo concreto, no puede sino lamentar que los interesados hayan permanecido detenidos durante tantos meses. El Comité señala, pues, a la atención del Gobierno, el principio de que todo inculpado debe gozar de la presunción de inocencia mientras su culpabilidad no haya sido probada.

c) El Comité toma también nota con interés de que las autoridades han declarado públicamente en varias ocasiones su intención de favorecer la readmisión de los profesores despedidos, y en particular de que 350 profesores han sido readmitidos y otros 20 contratados en el sector de la información en 1985 y 1986. Observa asimismo con interés que el Consejo de Ministros acaba de levantar la prohibición de contratar a los profesores despedidos en centros privados de enseñanza y de otra índole. d) El Comité observa, sin embargo, que un gran número de profesores no han sido todavía readmitidos, que las readmisiones se efectúan bajo reserva de declaración De lealtad y en condiciones salariales inferiores durante un período de prueba, y que a los interesados les son denegados los derechos a pensión. El Comité espera que el Gobierno proseguirá su esfuerzo con miras a la readmisión total y completa de todos los profesores que deseen recuperar su puesto, y señala a la atención del Gobierno la importancia que concede a la supresión de las declaraciones de lealtad como condición previa a la readmisión, y a la necesidad de reexaminar favorablemente la situación de los profesores despedidos y de sus derechohabientes en materia de derechos a pensión. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de todos los acontecimientos que ocurran en estas esferas.

e) El Comité lamenta que al congreso de agosto de 1984, que cambió el nombre del SNEAHV por el de SNEB, asistieran sólo un reducido número de antiguos miembros del SNEAHV, ya que los sindicalistas despedidos por motivos de huelga no pudieron participar en dicho congreso. Observando que desde la apertura de este congreso el Gobierno ya había informado a los profesores despedidos que no podrían realizar en lo sucesivo actividades sindicales, el Comité recuerda que todos los miembros y dirigentes del SNEAHV que han perdido su calidad de sindicalista como consecuencia de su despido deberían tener el derecho de afiliarse al sindicato de su libre elección para la defensa de sus intereses.

&htab;167.&htab;En su reunión de mayo de 1986, tras haber dirigido varias notificaciones y un llamamiento urgente al Gobierno para que enviara sus observaciones sobre los alegatos formulados por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, el Comité, de conformidad con su procedimiento, examinó el caso en cuanto al fondo sin haber recibido la respuesta del Gobierno. Sus conclusiones (véase 244. o informe, párrafo 64 a 77) fueron aprobadas por el Consejo de Administración en su 232. a reunión (mayo-junio de 1986).

&htab;168.&htab;Inmediatamente después de que el Comité considerase el caso se recibió la respuesta del Gobierno contenida en una comunicación de 12 de mayo de 1986. Por ello, el Comité decidió examinar nuevamente el caso en su próxima reunión.

&htab;169.&htab;Pakistán ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98); no ha ratificado, en cambio, el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151).

&htab;170.&htab;En su examen anterior del presente caso, el Comité hizo notar que el tema de la queja - prohibición del derecho a constituir sindicatos y llevar a cabo actividades sindicales en la compañía Líneas Aéreas Internacionales del Pakistán (PIA) - ya fue considerado en un caso anterior, en el que se impuso la prohibición en virtud del reglamento de la ley marcial núm. 52 de 1981. El Comité observó, en mayo de 1986, que el Gobierno había revocado el reglamento pero lo había sustituido por una enmienda a la ley sobre la PIA, la cual, al atribuir a los trabajadores de la empresa la condición de funcionarios públicos, tiene el mismo efecto práctico de denegarles determinados derechos sindicales.

&htab;171.&htab;Un nuevo alegato sobre el caso hacía referencia a una disposición contenida en la ordenanza modificatoria de la PIA que faculta a la empresa para despedir a los trabajadores sin alegar razones y sin posible recurso ante los tribunales.

&htab;172.&htab;El Consejo de Administración, por recomendación del Comité, aprobó las siguientes conclusiones en mayo-junio de 1986:

a) El Comité deplora que el Gobierno no haya enviado sus observaciones sobre este caso a pesar de las varias peticiones que formuló en ese sentido. Por consiguiente, el Comité se ha visto obligado a examinar el caso sin disponer de estas observaciones.

b) El Comité estima que la modificación de la ley sobre la compañía Pakistan International Air Lines, que considera a todos los empleados de la misma como funcionarios públicos, privándoles así de todo derecho de constituir sindicatos o llevar a cabo actividades sindicales, viola los artículos 2 y 3 del Convenio núm. 87.

c) El Comité insta al Gobierno a que adopte medidas apropiadas para modificar la ley sobre la compañía PIA de manera que los trabajadores de que se trata puedan establecer sindicatos de su elección funcionando libremente en defensa de los intereses profesionales de sus miembros, así como afiliarse a los mismos.

d) El Comité estima que la modificación de la misma ley que faculta al empleador para despedir o jubilar obligatoriamente a trabajadores de la PIA sin motivar su decisión y sin posibilidad de recurso, es contraria a los artículos 1 y 2 del Convenio núm. 98. e) El Comité insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para que el empleador no pueda despedir a trabajadores por razones sindicales y establezca la posibilidad de interponer recurso ante los tribunales.

f) El Comité señala este caso a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.

&htab;173.&htab;En su comunicación de 12 de mayo de 1986, el Gobierno describe la situación que le llevó a aprobar el reglamento de la ley marcial núm. 52 en 1981 y sus sucesivas ampliaciones hasta el 30 de junio de 1985. El Gobierno señala que se hizo necesario adoptar medidas drásticas para contrarrestar el que una mala administración, unas irregularidades financieras y un sindicalismo militante habían puesto en peligro grave la seguridad, eficacia y rentabilidad de la compañía. Hace notar que, conforme a lo dispuesto por el reglamento núm. 52, la dirección de la PIA pudo despedir al personal excedente liquidándole las prestaciones normales por terminación del contrato y tomar otras medidas a fin de restaurar la disciplina y la eficacia a tal extremo deterioradas que, por ejemplo, se había producido un caso de secuestro aéreo y otro de destrucción de un avión con la connivencia de los trabajadores de la PIA.

&htab;174.&htab;Según el Gobierno, la situación de la PIA fue objeto de continuos exámenes y, cuando se decidió derogar la ley marcial en el país, se consideró que debería crearse un marco legal como alternativa pues las perspectivas para unas actividades sindicales normales en el seno de la PIA eran escasas. La ley sobre la PIA fue, pues, enmendada a fin de atribuir facultades razonables a la dirección para que pudiera poner fin a la relación de empleo de los trabajadores indisciplinados e improductivos y eximir así a la compañía de la aplicación de la ordenanza sobre las relaciones laborales. El Gobierno señala que, si bien los sindicatos se hallan prohibidos bajo la nueva ley, la dirección de la PIA mantiene estrechos contactos con las asociaciones profesionales y organizaciones asistenciales de los trabajadores. En cuanto a la tramitación de las quejas, los empleados tienen derecho a ser escuchados tras una notificación para presentar sus alegatos. La dirección debe asimismo notificar con un mínimo de tres meses de anticipación a los trabajadores antes de dar por concluidos sus contratos. A los trabajadores les queda la posibilidad de recurrir al tribunal del servicio público, y posteriormente al Tribunal Supremo de Pakistán. Así pues, pueden recurrir a dos altos organismos judiciales para que se vean sus quejas.

&htab;175.&htab;En cuanto a la continua prohibición de realizar actividades sindicales en la PIA, desde hace más de cinco años el Gobierno señala que es firme partidario del derecho a la libertad sindical de los trabajadores. Fue precisamente ello lo que le impulsó a ratificar los Convenios núm. 87 y 98. Según el Gobierno, la ley del país - a saber, la ordenanza de relaciones laborales - otorga plena protección a este derecho al señalar que los trabajadores podrán crear asociaciones y afiliarse a ellas, siguiendo los dictados de su voluntad, sin requerir autorización previa. La medida en que se ejerce este derecho por los trabajadores del Pakistán puede verse en el hecho de que, aparte varios sindicatos sin registrar aún, hay en la actualidad 6 170 sindicatos en el país con un total de 860 000 afiliados. Dichos trabajadores participan en actividades sindicales y desempeñan otras funciones institucionales como delegados de los trabajadores, miembros de los comités de empresa y representantes en la negociación colectiva (estos últimos suponen aproximadamente 1 400 personas en distintos establecimientos laborales de todo el país). Del total de más de 6,5 millones de trabajadores de la industria en Pakistán, tan sólo 18 678 integran la actual plantilla de la PIA. Según el Gobierno, de esta cifra unos 12 300 tendrían derecho a participar en actividades sindicales si éstas estuvieran permitidas. El Gobierno subraya que esta situación es debida a los motivos señalados anteriormente de que el derecho de sindicación se ha prohibido con carácter temporal y se han impuesto restricciones a 12 261 trabajadores de la PIA que representa una pequeña minoría de los trabajadores del país. Concluye que, como quiera que es una medida que se ha visto obligado a tomar para defender los intereses supremos nacionales, no debe considerarse que la misma constituye una grave violación del Convenio núm. 87.

&htab;176.&htab;Por otro lado, el Gobierno señala que, a fin de contrarrestar las acciones terroristas, ha adoptado una serie de medidas de seguridad para proteger a los aviones de la PIA de posibles secuestros, entre ellas la creación de un organismo de seguridad llamado Policía de Seguridad de los Aeropuertos, en el que no se permiten las actividades sindicales. Añade que, como quiera que los trabajadores de dichas fuerzas de policía y de la PIA desarrollan su labor en los mismos lugares, la concesión de los derechos sindicales a una organización (esto es, la PIA) y la denegación a la otra (esto es, la Policía de Seguridad de los Aeropuertos) pondría en peligro los esfuerzos del Gobierno para proteger las vidas de los pasajeros y garantizar la seguridad de los aeropuertos y aviones. Tras poner el ejemplo de una reciente explosión causada por una bomba en el aeropuerto de Peshawar, el Gobierno mantiene que no puede eludir su suprema responsabilidad de proteger las vidas de sus ciudadanos en aras de los intereses de unos cuantos miles de trabajadores a los que se les ha negado sus derechos de sindicación sólo temporalmente.

&htab;177.&htab;Por último, el Gobierno alude también a la repercusión financiera y política causada por los más de tres millones de refugiados que han entrado en el país y los actos de sabotaje dirigidos a presionar al Gobierno para que cambie de actitud acerca de determinadas cuestiones políticas. Señala que, habida cuenta de las circunstancias, no sería prudente dejar resquicios en la política seguida por las autoridades para hacer frente a los elementos subversivos.

&htab;178.&htab;En conclusión, el Gobierno confirma que la ley marcial se derogó en enero de 1986 y que el Gobierno civil, integrado por representantes democráticamente elegidos, espera que la disminución de las tensiones externas y la labor de las instituciones democráticas contribuirán a crear una situación en la que la prohibición de actividades sindicales en determinadas organizaciones no tendrá especiales repercusiones. Reafirma que los trabajadores de la PIA podrán disfrutar de plenos derechos sindicales una vez que la situación de la compañía así lo permita.

&htab;179.&htab;El Comité ha tomado debida nota de la explicación detallada del Gobierno y de las razones esgrimidas para mantener en vigor la prohibición de constituir sindicatos y desarrollar actividades sindicales en la compañía Líneas Aéreas Internacionales del Pakistán. En particular, el Comité toma nota de la declaración del Gobierno de que la prohibición, contenida en la ley sobre la PIA tal como quedó enmendada, tiene sólo carácter temporal y se derogará una vez que la situación de la compañía así lo permita.

&htab;180.&htab;En primer lugar, el Comité considera que el Gobierno no ha justificado el argumento que intenta defender, esto es, que los graves problemas que sufre la compañía (entre otros la mala administración, la ineficacia y el sabotaje) se deberían a la existencia de un sindicato o al ejercicio de la actividad sindical. Por tanto, el Comité sólo puede lamentarse de que durante cinco años se haya denegado a los trabajadores de la compañía la posibilidad de ejercer sus derechos sindicales. En su examen anterior del presente caso, el Comité recordó que en un caso anterior sobre la misma cuestión (caso núm. 1075, en el que se llegó a conclusiones definitivas en el 218.° informe, párrafos 273 a 285, noviembre de 1982) consideró similares argumentos esgrimidos por el Gobierno para justificar la llamada prohibición temporal, si bien llegó a la conclusión de que tales restricciones, aun cuando sólo fuesen de carácter temporal, constituyen una infracción a la libertad de sindicación. Se recordó asimismo que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones estimó que esta prohibición bajo la ley marcial era contraria al Convenio núm. 87.

&htab;181.&htab;En estas condiciones, el Comité considera que no se han presentado nuevos hechos que justifiquen un cambio de sus anteriores conclusiones sobre el presente caso, a saber que habida cuenta de lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Convenio núm. 87, en el que se prevé que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción (incluidos todos los funcionarios públicos), tendrán derecho a afiliarse a las organizaciones que estimen convenientes y que dichas organizaciones podrán ejercer sus actividades con plena libertad. En consecuencia, el Comité insta al Gobierno para que adopte las medidas necesarias para enmendar la ley sobre la compañía Líneas Aéreas Internacionales del Pakistán a fin de que se reconozcan de nuevo plenos derechos sindicales a los trabajadores en cuestión y que se permita a las organizaciones que éstos constituyan ejercer libremente sus actividades de defensa y promoción de sus intereses profesionales. Al tiempo que señala este aspecto del caso a la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de las medidas adoptadas para que se reconozcan de nuevo plenos derechos sindicales a los trabajadores de la PIA.

&htab;182.&htab;En cuanto a la disposición recogida en la ley tal como ha quedado enmendada por la que se faculta a la compañía a despedir a los trabajadores sin alegar razones y sin que éstos puedan recurrir ante los tribunales, el Comité dispone ahora de la descripción hecha por el Gobierno del procedimiento de queja. Según lo dispuesto en el nuevo artículo 10, 2) (que se reprodujo en el examen previo del caso), parece que los trabajadores que se vean perjudicados podrán, en su calidad de funcionarios públicos, recurrir ante uno de los tribunales del servicio público que crea el Presidente y están presididos por un juez de un alto tribunal. Si bien la ley de los tribunales del servicio público de 1973 no hace referencia a la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo del Pakistán, el Comité observa que, según el Gobierno, es posible un posterior recurso ante el mismo.

&htab;183.&htab;En tales circunstancias, el Comité recomienda al Consejo de Administración que apruebe el presente informe, y en particular las conclusiones siguientes:

a) El Comité considera que la enmienda hecha a la ley de la compañía Líneas Aéreas Internacionales del Pakistán, por la que se considera a todos los trabajadores de dicha compañía funcionarios del Estado, y les priva de esta manera del derecho a crear sindicatos o realizar actividades sindicales, viola los artículos 2 y 3 del Convenio núm. 87.

b) El Comité insta nuevamente al Gobierno a que adopte las medidas adecuadas para enmendar la ley de la PIA para que los trabajadores de dicha compañía puedan constituir o afiliarse a organizaciones de su propia elección que funcionen con entera libertad para defender y promover los intereses profesionales de sus miembros.

c) El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de las medidas tomadas para que se reconozcan plenos derechos sindicales a los trabajadores de la PIA.

d) El Comité señala este aspecto del caso a la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.

&htab;184.&htab;El Kilusang Mayo Uno (KMU) presentó una queja por violaciones de los derechos sindicales mediante comunicación de 1.° de octubre de 1985. La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y Afines (UITAA) presentó una queja sobre el mismo asunto por carta de 19 de febrero de 1986, en nombre de su afiliada, la Federación Nacional de Trabajadores del Azúcar. El Gobierno envió sus observaciones en sendas comunicaciones de fecha 28 de abril y 22 de septiembre de 1986.

&htab;185.&htab;Las Filipinas han ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;186.&htab;En su comunicación de 1.° de octubre de 1985, el KMU alega que el 20 de septiembre de 1985 en Escalante Town, Provincia de Negros, un nutrido grupo de trajadores del azúcar afiliados a la Federación Nacional de Trabajadores del Azúcar, fueron atacados por una unidad paramilitar de las Fuerzas Armadas. Según alega, 17 cayeron muertos, 30 fueron heridos y 197 desaparecieron. A tenor del querellante, dichos trabajadores habían ejercido sus derechos constitucionales de libertad de expresión, reunión pacífica, derecho de sindicación y derecho a la huelga para conseguir una serie de demandas presentadas al empleador (subsidios de arroz gratuitos, aumentos salariales, etc.). Según el KMU, en el momento de producirse los disparos los trabajadores manifestaban pacíficamente.

&htab;187.&htab;A tenor del informe elaborado por los abogados sindicales que visitaron Escalante para realizar una misión investigadora, cinco días después de producirse la matanza, el 18 de septiembre unas 5 000 personas (trabajadores del azúcar, estudiantes, vendedores ambulantes y otros organizaron una ruidosa manifestación en el centro de la ciudad; ello fue seguido al día siguiente por el levantamiento de varias barricadas humanas que se montaron enfrente del mercado público y a la entrada de la plaza municipal. Según relatos de testigos oculares, dichas barricadas sólo ocupaban un carril y no obstruían la circulación del tráfico. El 20 de septiembre un coche de la policía se dirigió a las barricadas e invitó a los dirigentes a participar en una conferencia negociadora en el Ayuntamiento. Como los líderes no vieran claro el ofrecimiento y pidieran que las negociaciones se llevaran a cabo en los centros de las barricadas, los policías se alejaron del lugar. Esa misma tarde los manifestantes fueron atacados con tanquetas que arrojaban chorros de agua a alta presión, en la que se contenían productos químicos, y bombas lacrimógenas. Cuando algunos manifestantes arrojaron a su vez los botes de humo hacia la plaza vacía, y no en dirección de las tanquetas de agua, las unidades paramilitares de las Fuerzas de Defensa Interior Civil, abrieron fuego. Como la mayoría de los manifestantes se echaran al suelo, recibieron los impactos de las balas en la espalda o en el costado. Al parecer, se había instalado una ametralladora en la torre del Ayuntamiento. Tras dispersarse los manifestantes presos del pánico hacia los campos de caña de azúcar o los canales, las fuerzas militares y paramilitares acordonaron la zona y ordenaron a los presentes que trasladaran a los heridos a los hospitales cercanos.

&htab;188.&htab;En el informe se relacionan los nombres y datos clínicos de los 18 manifestantes que cayeron muertos: Rowena Franco, Clara F. Monares, María Luz Mondejar, Juvelyn Jarbilo, Rogelio, Michael Dayanan, Jahnny Suárez, Loloy Tan, William Alegre, Alex Lobatos, Edgardo Osalili, Nenita Orot, Ronilo Santa Ana, Angelina Lape, Manuel Tan, César Tejones, Norberto Locanilao y Rodolfo Montealto. También se recogen en él los nombres de los 23 manifestantes heridos, junto con sus lesiones: en el Hospital Magadalene, Lucía Ravanes, Eliza Zaraga, Henry Bernal, Félix Almoros, Nelson Cabahug, Celso Seborado, Joel Guiameo, Nono Jarabello, Leones Luvina, Eduardo Latoza, Julio Iwayon, Renato Saratobias; en la Clínica Hinolan, Virginita Mabuyao, Ernesto Caro, Nelly Artigo, Renato Tapel, Magdalene Hemolas; en el Hospital Lopez District Foundation, Hermógenes Elías, Alejandro Bucabal, Abundia Caraat, Federico Dogomeo, Globen Gabrido y Luzinda Genola.

&htab;189.&htab;La UITAA, en su comunicación de 19 de febrero de 1986, describe el mismo incidente sobrevenido el 20 de septiembre de 1985 en Escalante, alegando que en el curso de una manifestación pacífica de los trabajadores del azúcar, éstos fueron atacados por las fuerzas filipinas del orden cayendo muertos 27 manifestantes. Por los recortes de prensa que adjunta a su queja, puede verse que 17 de las 27 personas muertas eran miembros de la Federación Nacional de Trabajadores del Azúcar.

&htab;190.&htab;En su comunicación de 28 de abril de 1986, el Gobierno señala que los recientes acontecimientos políticos en el país han provocado un cambio total del Gobierno en las Filipinas. Hace notar que la promoción de los derechos humanos, la justicia social y unas mejores condiciones de vida y trabajo constituirán en adelante los objetivos prioritarios en la esfera del trabajo y el empleo. La Presidenta de la República ha prometido que la administración hará todos los esfuerzos posibles para mejorar la condición de los trabajadores, siendo inminentes una serie de reformas que tendrán por fin restaurar los otrora restringidos derechos de los trabajadores y de los sindicatos.

&htab;191.&htab;Por lo que se refiere al presente caso en particular, el Gobierno señala que una Comisión Investigadora del Ministerio de Defensa elaboró dos informes, recomendándose en el minoritario, la inclusión en el pliego de cargos de varias autoridades civiles, así como de varios altos mandos militares que habían sido excluidos de la lista de personas inculpadas del informe mayoritario. Señala asimismo que el Ombudsman de la Justicia, Raul González, ha intercedido ya ante la Presidenta y el Ministro de Defensa para que se estudie el caso. Según sus propias palabras, tratará de que se procese a los acusados ante los tribunales civiles si la jurisdicción militar no se declara competente, añadiendo que el depuesto Presidente Marcos había excluido la jurisdicción de los tribunales militares sobre el caso.

&htab;192.&htab;En su posterior comunicación de 22 de septiembre, el Gobierno añade que la Oficina del Tanodbayan (Ombudsman) está llevando a cabo las investigaciones preliminares para la interposición de cargos formales contra las personas responsables de la masacre de Escalante, y señala que la investigación se basará fundamentalmente en los informes mayoritario y minoritario (los cuales adjunta) de la Comisión investigadora creada previamente para examinar el caso.

&htab;193.&htab;El Gobierno prosigue diciendo que espera, asimismo, que a partir de ahora la acción judicial avance más de prisa al ser más los testigos dispuestos a declarar, frente a la negativa general a hacerlo durante la administración previa a causa del miedo reinante. Al mismo tiempo hace notar que las personas acusadas han sido relevadas de sus funciones oficiales, recluidas en cuarteles o bien han sido objeto de otras medidas al efecto.

&htab;194.&htab;El Comité toma nota con interés de la información comunicada por el Gobierno, y en especial de su declaración en la que afirma que, a raíz del cambio completo de gobierno, la promoción de los derechos humanos, la justicia social y unas mejores condiciones de vida y trabajo constituirán los objetivos prioritarios en la esfera del trabajo, así como de que la Presidenta de la República ha prometido que la administración hará todo lo posible por, entre otras cosas, restaurar en un futuro próximo los otrora restringidos derechos de los trabajadores y de los movimientos sindicales. Comoquiera que la realización de esta promesa implica una serie de cambios en la legislación, señala este aspecto del caso a la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.

&htab;195.&htab;El Comité ha tomado nota asimismo de la información sobre las investigaciones preliminares que se llevan a cabo para la interposición de cargos contra las personas responsables de la masacre de Escalante, y que, según parece, tales acciones judiciales van a avanzar a un ritmo más rápido del de la administración anterior. Pide al Gobierno que le mantenga informado de cualquier novedad que se produzca al respecto y, en especial, que le facilite lo antes posible toda información relativa al proceso de las personas presuntamente responsables.

&htab;196.&htab;En estas circunstancias, el Comité recomienda al Consejo de Administración que apruebe el presente informe y, en particular, las conclusiones siguientes:

a) El Comité toma nota con interés de la declaración del Gobierno de que velará por la restauración de los derechos humanos y los derechos sindicales en el país.

b) El Comité señala a la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones la promesa formulada por la Presidenta de la República de los esfuerzos que realizará la administración por, entre otras cosas, conseguir que se restauren en un futuro próximo los otrora restringidos derechos de los trabajadores y de los movimientos sindicales.

c) El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de cualquier novedad que se produzca en relación con la investigación sobre la masacre de Escalante y, en especial, que le facilite lo antes posible toda información relativa al proceso de las personas presuntamente responsables.

&htab;197.&htab;El Comité examinó los casos núms. 1129, 1169 y 1298 por última vez en su reunión de noviembre de 1985 [véase 241.° informe, párrafos 440 a 494, aprobado por el Consejo de Administración en su 231. a reunión (noviembre de 1985)].

&htab;198.&htab;El Comité había examinado ya el caso núm. 1129 (presentado por la Central Latinoamericana de Trabajadores y la Confederación Mundial del Trabajo) en sus reuniones de noviembre de 1982 y febrero de 1984. [Véase 218.° informe, párrafos 467 a 481, y 233. er  informe, párrafos 236 a 242 y 317, aprobados por el Consejo de Administración en sus 221. a y 225. a reuniones, noviembre de 1982 y febrero-marzo de 1984, respectivamente.] Ulteriormente la Confederación Mundial del Trabajo presentó nuevos alegatos por comunicación de 6 de noviembre de 1985.

&htab;199.&htab;El caso núm. 1169 (presentado por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y la Confederación Mundial del Trabajo) había sido examinado ya por el Comité en cuatro ocasiones: marzo de 1983, marzo y junio de 1984 y marzo de 1985. [Véanse 222.°, 233. er , 234.° y 238.° informes del Comité, aprobados por el Consejo de Administración.]

&htab;200.&htab;El caso núm. 1298 (presentado por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres) fue examinado en febrero-marzo de 1985 y fue objeto de un informe provisional, aprobado por el Consejo de Administración. [238.° informe, párrafos 232 a 247.] Ulteriormente, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) presentó nuevos alegatos por comunicaciones de 14 y 23 de enero y 4 y 10 de marzo de 1986.

&htab;201.&htab;Las quejas correspondientes a los casos núms. 1344 y 1351 figuran en comunicaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) de 16 de julio (caso núm. 1344) y 17 de octubre (caso núm. 1351) de 1985. En relación con el primer caso, la OIE envió informaciones complementarias por comunicación de 5 de agosto de 1985.

&htab;202.&htab;El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de 1.° y 7 de noviembre de 1985, 14 de enero, 12 de febrero, 22 y 23 de mayo y 21 de octubre de 1986.

&htab;203.&htab;Nicaragua ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;219.&htab;Los alegatos pendientes en el presente caso se referían a la ocupación de la sede de la Confederación de Unificación Sindical (CUS), en dos ocasiones, una primera vez por un grupo de 20 personas el 18 de agosto de 1984, y una segunda vez después de que ciertos grupos invadieran la sede, el 25 de agosto de 1984. El Gobierno había estimado que se trataba de divergencias en el seno de la CUS en relación a la permanencia o retiro de dicha organización de una agrupación política de oposición. Por el contrario, según los querellantes los hechos habrían sido resultado de la injerencia de funcionarios públicos con miras al retiro de la CUS de dicho movimiento de oposición. En apoyo de sus afirmaciones los querellantes habían facilitado una declaración jurada ante notario de un antiguo asesor jurídico de la CUS en la que deja constancia de las amenazas y presiones de que habría sido objeto para que realizara acciones encaminadas al exterminio de la CUS. El interesado indicaba en dicha declaración que, un funcionario del Ministerio del Interior, le había propuesto que buscara gente afiliada a la CUS para apoyar al grupo de personas no afiliadas a la CUS que habían tomado la sede de esta organización; que fue obligado a desplazarse a la sede de la CUS el 25 de agosto de 1984 con el fin de apoyar a los ocupantes, y que encontró en ella miembros y no miembros de la CUS; que el mismo día se realizó una asamblea y que, al no haber llegado a un acuerdo las partes presentes, varias personas agredieron a los verdaderos afiliados de la CUS, y causaron destrozos en las oficinas centrales. Los querellantes indicaban también que la policía no habría hecho nada por evitar el ataque de ciertos grupos el 25 de agosto, en la sede de la CUS. Por otra parte, los querellantes habían alegado la detención del Sr. José Agustín Téllez, secretario general de FETRACAMCA.

&htab;220.&htab;El Comité lamentó tener que observar que el Gobierno no había respondido a los alegatos, todavía pendientes en este asunto y, reiteró su petición anterior de explicaciones acerca de la ocupación de la sede de la CUS, el 18 de agosto de 1984, encabezada por dos personas que estarían vinculadas con las fuerzas de seguridad del Estado, como lo probaría la declaración ante notario del antiguo asesor jurídico de la CUS. El Comité pidió al Gobierno que respondiera al alegato según el cual, durante la segunda ocupación de la sede de la CUS el 25 de agosto de 1984, la policía no habría hecho nada por evitar el ataque, a pesar de encontrarse en las cercanías de la sede, interviniendo sólo cuando todo estaba consumado. Por último, el Comité pidió al Gobierno que indicara si José Agustín Téllez, secretario general de FETRACAMCA, se hallaba detenido, y en caso afirmativo, que precisara los motivos de su detención [véase el 241.° informe, párrafos 490 a 494].

&htab;221.&htab;En sus comunicaciones de 14 y 23 de enero de 1986, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) alega que el Gobierno impide la publicación de la revista sindical de la Confederación de Unificación Sindical (CUS) "Solidaridad". La decisión inicial del Gobierno de suspender la revista sindical de CUS, "Solidaridad", fue pretextando que por razones de evaluación anual de sus actividades no podían conceder el permiso correspondiente para continuar publicando la revista; luego, en una segunda oportunidad, el 17 de diciembre de 1985, la situaron al margen de la ley. Cabe destacar que la revista tenía más de dos años de existencia y con 19 números publicados, distribuidos desde un comienzo dentro de los mismos organismos del Estado y del Frente Sandinista. La CIOSL envía en anexo una comunicación de la Dirección de Medios de Comunicación, del Ministerio del Interior, en la que se indica que la CUS ha desconocido el decreto núm. 619 y, en concreto las facultades que otorga en materia de concesiones y permisos a la Dirección de Medios de Comunicación.

&htab;222.&htab;La CIOSL añade que se han venido reiterando llamadas y citaciones de Seguridad del Estado a diferentes compañeros sindicalistas pertenecientes a la CUS acompañadas de intimidación y fuertes amenazas. Han sido citadas alrededor de 300 personas en todo el país, entre ellos Xavier Altamirano Pérez (Secretario de Cultura del Comité Ejecutivo de CUS y Presidente de la Federación de Trabajadores de Chinandega). Asimismo, según la CIOSL, durante los meses de noviembre y diciembre de 1985, diferentes organizaciones sindicales afiliadas a la CUS de las zonas norte, sur y occidente del país fueron visitadas por tres personas, que se identificaron como pertenecientes al Ministerio de Trabajo, Seguridad del Estado y al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esta "delegación" se movilizaba en un vehículo blanco con placa POK 03388. En las diferentes visitas efectuadas manifestaron la "seriedad y las consecuencias del Estado Ampliado de Emergencia". dictado el 15 de octubre de 1985, agregando que "no era ningún juego, que si se reunían en el futuro, irían a la cárcel y que esto incluía la no inscripción de ningún nuevo sindicato o federación". Estas "visitas" con los mismos fines, se extendieron inclusive a las escuelas de preparación técnica de costura que mantiene la CUS.

&htab;223.&htab;En sus comunicaciones de 4 y 10 de marzo de 1986, la CIOSL alega la detención de 15 sindicalistas de la CUS en la población de Posoltega (Chinandega), ubicada a 120 kms. de Managua. Se trata de Eduardo Gutiérrez, Porfirio Gutiérrez, Pablo Roberto Gaitán, Juan Gaitán, Antonio Flores, Enrique Flores, Leoncio Flores y Enrique de la Cruz (arrestados el 20 de febrero de 1986), Estanislao Flores, Rodolfo Flores, Alberto Argüello, Gonzalo Avendaño, Antonio Vargas y Tomas Silva (arrestados el 22 de febrero y liberados el 3 de marzo) y Domingo Espinoza Gómez (detenido el 25 de febrero).

&htab;224.&htab;La CIOSL indica que estos arrestos fueron llevados a cabo por miembros de la Policía Nacional Sandinista, vestidos de civil, que irrumpieron en las viviendas de los mencionados sindicalistas en horas de la madrugada. Actualmente se desconoce el lugar donde se encuentran detenidos. La CIOSL añade que durante una entrevista de un representante de la CIOSL con un comandante en Managua, este último indicó que los detenidos estaban acusados de homicidio, asalto y robo de ganado; sin embargo, ese mismo día familiares de los detenidos y vecinos de Posoltega informaron que en esa área no se habían producido homicidios ni robos, por lo que las acusaciones contra los detenidos serían sólo invenciones del Gobierno. Asimismo, hijas, esposas y madres de los detenidos fueron amenazadas de prisión si sus padres o esposos no desistían de su afiliación a la CUS, y son constantemente visitadas por agentes de policía que además de amenazarlas se apropian de sus artículos de limpieza personal y de los comestibles que tienen en sus viviendas.

&htab;225.&htab;En su comunicación de 7 de noviembre de 1985, el Gobierno declara que después de realizarse una minuciosa investigación en los diferentes centros penales del país se logró determinar que no existe registro alguno de la detención de José Agustín Téllez.

&htab;226.&htab;En una comunicación posterior de 14 de enero de 1986, el Gobierno declara, en relación a los alegatos pendientes de los sucesos de la ocupación de la sede de la CUS, que el Gobierno considera haber dado suficientes explicaciones al respecto y no va a responder a detalles tan suspicaces como los que se le solicitan. El Gobierno insiste en que los sucesos acaecidos en la sede de la CUS no fueron sino consecuencia de desaveniencias internas de sus dirigentes y que si la policía intervino fue sólo en el estricto cumplimiento de su deber a como hubiese sido en cualquier parte del mundo. Prueba de todo ello es que la CUS sigue funcionando libremente. No ha sido fin o interés del Gobierno destruir o atentar contra la existencia de ninguna organización sindical. El Gobierno es partidario del pluralismo político y sindical. Esto ha sido comprobado por múltiples organizaciones e importantes personalidades internacionales que han visitado el país y es, y seguirá siendo siempre, la línea de Gobierno. El Gobierno señala que agradecería al Comité de Libertad Sindical que retomara las explicaciones ya dadas en su oportunidad, que considera valederas, suficientes y veraces.

&htab;227.&htab;En su comunicación de 22 de mayo de 1986, el Gobierno declara que el Juez Primero del Distrito del Crimen de Chinandega dictó sentencia interlocutoria para poner en segura y formal prisión, el 19 de marzo de 1986, a los indiciados Porfirio José Gaitán Gutiérrez, Marco Antonio Flores López, Pedro José Gaitán Gutiérrez y Leoncio Eulogio Flores Santeliz, por el delito de abigeato en perjuicio de Raúl Rodríguez Sarria (que perdió alrededor de 60 cabezas de ganado). Por encubridor del mismo delito se puso en segura y formal prisión a Domingo Porfirio Espinoza Gómez. Se sobreseyó definitivamente a Pablo Roberto Gaitán Gutiérrez, Estanislao Francisco Flores López y Enrique de la Cruz Gaitán Gutiérrez. Se dejó abierta la causa contra todos los indiciados mencionados atrás con respecto al delito de abigeato en perjuicio del Sr. Carlos Herdocia Icaza (que perdió alrededor de 40 cabezas de ganado). El Gobierno añade que se puso en segura y formal prisión a Marco Antonio Flores López por el delito de robo con intimidación en perjuicio de Ofilio Peralta Vásquez, y que se sobreseyó definitivamente a todos los indiciados por el delito de abigeato en perjuicio del Sr. Julio Espinales. Los reos fueron asistidos por sus respectivos defensores desde el inicio de la causa y contaron con amplias garantías para su defensa.

&htab;228.&htab;En sus comunicaciones de 16 de julio y 5 de agosto de 1985, la OIE protesta contra las medidas discriminatorias tomadas por el Gobierno con respecto al sector privado en general y a los dirigentes del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) en particular, especialmente su presidente, Sr. Enrique Bolaños.

&htab;229.&htab;Los hechos alegados son los siguientes:

- en 1982, confiscación de los bienes y expulsión del país del Sr. Frank Bendaña, vicepresidete del COSEP y presidente de UPANIC;

- en 1983, confiscación de las tierras pertenecientes al Sr. Ramiro Gurdián, vicepresidente del COSEP y presidente de la UPANIC;

- en 1983, confiscación de las empresas del Sr. Ismael Reyes, vicepresidente del COSEP, presidente de la Cámara de Industria y delegado de los empleadores en la Conferencia Internacional del Trabajo;

- en 1983, encarcelamiento sin juicio y posterior liberación del Sr. Douglas Reyes, hijo del Sr. Ismael Reyes, durante la Conferencia Internacional del Trabajo, en junio de 1983;

- en 1983, confiscación de la explotación agrícola del Sr. Benjamín Lanzas, vicepresidente del COSEP y presidente de la Cámara de la Construcción;

- en 1984, fomento de desórdenes en ausencia de un conflicto social por parte de trabajadores provenientes del exterior, empleados por el Ministerio de Reforma Agraria, el 14 de febrero de 1984, y de trabajadores de las empresas estatales INCA Y CELCALZA, el 16 de febrero del mismo año en la empresa Bolaños-Saimsa. Los trabajadores en cuestión habrían utilizado para este fin vehículos pertenecientes a las fuerzas armadas sandinistas;

- en 1985, confiscación arbitraria, sin respetar las reglas legales previstas por las leyes sobre la reforma agraria, de las tierras del Sr. Bolaños, el 14 de junio de 1985, y afirmaciones difamatorias y calumniosas contra él, por parte del comandante J. Weelock, Ministro de la Reforma Agraria, así como de la radio oficial; - confiscación de hecho el 28 de junio de 1985, sin decreto de expropiación, de la empresa industrial Bolaños-Saimsa y de su equipo;

- prohibición de la Dirección de Medios de Comunicación (Ministerio del Interior) de publicar en la "La Prensa", único órgano de prensa independiente en Nicaragua, una carta abierta dirigida por el COSEP el 29 de diciembre de 1984, al Coordinador de la Junta de Gobierno, que tenía por título "¿Y por qué no probar la libertad?";

- prohibición por parte de la censura de publicar en "La Prensa" las respuestas del Sr. Bolaños al Comandante Weelock. Sólo los periódicos, la radio y la televisión sandinista han podido publicar su versión y sus comentarios sobre la expropiación de tierras del Sr. Bolaños. Los artículos de prensa censurados se referían a la expropiación vejatoria de que había sido víctima el Sr. Bolaños y, donde éste hacía valer que el procedimiento del tribunal competente para examinar una eventual apelación contra la expropiación de sus tierras no daba ninguna garantía de imparcialidad en su caso dado que el presidente de dicho tribunal habría reconocido públicamente que el tribunal fundaba su decisión (decisión sin apelación) en base a la opinión emitida por el Ministerio de la Reforma Agraria, es decir, el órgano autor de las medidas de expropiación;

- detención y tortura por el comandante Lenin Cerda, subordinado del Ministro del Interior, Sr. Tomás Borge, del presidente de la Asociación de Padres cuyas familias acuden a escuelas privadas religiosas, afiliada a la Confederación de Profesiones Independientes (CONAPRO) y miembro del COSEP, por haber expresado públicamente sus opiniones sobre las reformas en la educación preconizadas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

&htab;230.&htab;En su comunicación de 1.° de noviembre de 1985, el Gobierno rechaza enérgicamente el alegato, según el cual, la confiscación de las tierras pertenecientes al Sr. Enrique Bolaños haya tenido motivaciones políticas dirigidas a coartar la libertad sindical y que constituiría una medida discriminatoria por el hecho de pertenecer a una determinada organización.

&htab;231.&htab;El Gobierno explica que la decisión de expropiación del interesado respondió exclusivamente a la necesidad objetiva de dar una respuesta adecuada y urgente a los problemas apremiantes que enfrenta el departamento de mayor densidad poblacional del país, en donde ha existido históricamente una fuerte presión sobre la tierra.

&htab;232.&htab;El Gobierno indica que ante esta situación objetiva, el Ministro de Desarrollo Agropecuario y de Reforma Agraria, Sr. Jaime Weelock, en uso de las facultades legales, emitió el acuerdo núm. 18, que contiene la Declaración de Masaya como zona de desarrollo agropecuario y reforma agraria, reflejando así el propósito fundamental de la Revolución Nicaragüense de garantizar al campesino, la posibilidad de vivir dignamente del trabajo de la tierra y garantizar su plena incorporación a los planes nacionales de desarrollo agropecuario.

&htab;233.&htab;El Gobierno añade que históricamente, en la región de Masaya, las comunidades indígenas fueron objeto de un proceso de desalojo violento que dio como resultado un minifundio precario, marginal, incapaz de asegurar la subsistencia de la familia rural en esa zona, en contraste con grandes extensiones de tierras, concentradas en pocos propietarios.

&htab;234.&htab;El Gobierno añade que el acuerdo núm. 18, señala también que las tierras de la zona afectada, serán asignadas a 1 700 familias campesinas que tendrán la posibilidad de elevar por este medio su nivel de vida. Según el Gobierno, dicho acuerdo produjo la cesión gratuita al campesinado de 2 000 manzanas de fincas bajo administración estatal. Esta medida está en consonancia con el artículo 26 de la Ley de Reforma Agraria que establece lo siguiente: "Dentro de una zona de desarrollo agropecuario y reforma agraria el ministro del ramo podrá emitir regulaciones especiales sobre la tenencia de la tierra y determinar el aprovechamiento y uso adecuado de los suelos y demás recursos naturales vinculados y la explotación agropecuaria de acuerdo a los planes y proyectos específicos que se establezcan para la zona."

&htab;235.&htab;El Gobierno declara asimismo que el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, ratificado por Nicaragua el 12 de mayo de 1980, reconoce en su preámbulo que "con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como sus derechos civiles y políticos". El Gobierno añade que en virtud de su legislación interna, plenamente acorde con los pactos internacionales en materia de promoción y protección de los derechos humanos, afectó legalmente a 15 productores privados quienes accedieron a negociar acuerdos mutuamente satisfactorios.

&htab;236.&htab;Según el Gobierno, el Sr. Bolaños es el propietario que ha recibido por parte del Estado las mejores alternativas de negociación, incluyendo la permuta de sus tierras por otras de igual o mejor calidad, siempre en la región del Pacífico de Nicaragua. La extensión de lo ofrecido al Sr. Bolaños equivale al doble en área de sus antiguas propiedades. Sin embargo, el Sr. Bolaños fue el único que rechazó su derecho a la indemnización por la expropiación de su finca y renunció al derecho de apelación ante el tribunal agrario.

&htab;237.&htab;Finalmente, el Gobierno indica que ratifica una vez más los principios de pluralismo ideológico y economía mixta, que constituyen la base fundamental sobre la cual descansan las acciones del Gobierno, y que ha mantenido en concordancia con estos principios una posición de respeto a la organizaciones de empleadores (como el COSEP) en el marco de la ley, a pesar de la clara identificación de los dirigentes de esta última organización con los planes que impulsa un gobierno extranjero para destruir la revolución nicaragüense.

&htab;238.&htab;El Gobierno facilita en su comunicación de 14 de enero de 1986, el informe del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria sobre este asunto. Este informe ratifica el contenido de las informaciones del Gobierno, precisando que la densidad de población en el Departamento de Masaya se eleva a 280 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que sólo es de 25 habitantes por kilómetro cuadrado en la media del país, que de un total de 13 296 familias, 8 730 necesitan tierras, que más del 50 por ciento de las tierras pertenecen al 2 por ciento de los propietarios, mientras que 8 500 familias están reagrupadas en propiedades muy pequeñas, sin contar las 1 200 familias que no poseen tierras, y que el subempleo en esta zona alcanza el 92 por ciento de la población económicamente activa.

&htab;239.&htab;El informe añade que en base a la ley de reforma agraria, el 14 de junio de 1985, el 50 por ciento de la extensión del Departamento de Masaya, es decir, 323 kilómetros cuadrados, fueron declarados zona de desarrollo agropecuario y de reforma agraria, lo que permite asignar parcelas a 2 000 familias. El Gobierno precisa que las medidas tomadas han sido las siguientes: cesión gratuita de 2 000 parcelas bajo administración del Estado y negociación de propiedades con 15 productores privados. Según el informe, todos los productores habrían participado con sentido patriótico en tales negociaciones, excepto el Sr. Bolaños que ha rechazado la permuta de tierras y la indemnización, y que incluso ha renunciado a su derecho de apelar al tribunal agrario.

&htab;240.&htab;Asimismo, el Gobierno anexa a su comunicación el texto del acuerdo núm. 18, así como un avance de la aplicación del Plan Masaya del 25 de septiembre de 1985. De él se desprende que en un principio el Plan había sido aplicado en un 67 por ciento en lo referente a las tierras y en un 59,5 por ciento, en lo referente a las familias beneficiarias. Sin embargo, si algunas familias habían aceptado negociar, otras debieron ser expropiadas dado que exigían condiciones demasiado onerosas. Se hace referencia también a los problemas de las "invasiones" de algunas tierras durante el período en el que las negociaciones formales no habían concluido. A pesar del breve período pasado desde el principio de la aplicación del Plan, hay que resaltar que ha habido niveles aceptables de ejecución y de organización del Plan, si bien hay que reconocer que las dificultades en las negociaciones han impedido el control de las invasiones imprevistas. Quizá una actitud más combativa las habría impedido. Sin embargo, el tiempo de la siembra ha jugado un papel detonador que ha empujado a actuar al campesino.

&htab;241.&htab;La OIE alega en su comunicación de 17 de octubre de 1985, que el sábado 7 de septiembre de 1985, unos dos mil empleadores debían reunirse en Managua invitados por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Esta reunión, preparada a través de reuniones regionales celebradas semanas anteriores en tres ciudades importantes del país, debía permitir que se definiesen las posturas de la empresa privada en el conjunto de los sectores industrial, comercial y agrícola, en torno a los graves problemas económicos por que atraviesa el país. El COSEP declaró el 7 de septiembre "Día de la empresa privada". El 6 de septiembre, víspera de la reunión, los dirigentes del COSEP fueron obligados, manu militari , a presentarse en el Ministerio del Interior para ser informados de que la reunión estaba prohibida. Al día siguiente, quedaron prohibidos todos los accesos a Managua para el transporte de los delegados que debían participar en el Día de la empresa privada y el presidente del COSEP fue puesto bajo arresto domiciliario. De esta manera, prosigue el querellante, el Gobierno de Nicaragua, una vez más ha violado la libertad de asociación de los empleadores de este país.

&htab;242.&htab;El querellante alega asimismo que el 15 de octubre de 1985, alegando la actitud hostil de la "derecha", de la "izquierda" y de la Iglesia católica, "inspirada por los Estados Unidos de América", el Gobierno ha suspendido o limitado, según el caso, mediante un decreto de una duración de un año, los derechos de reunión, de expresión, de asociación, de huelga, de habeas corpus , la libertad de prensa, el derecho de circular en el país, el derecho de recurso contra el Estado (recurso de amparo) y las garantías judiciales.

&htab;243.&htab;Este decreto legaliza en varios puntos la situación de hecho que originó las quejas formuladas por la OIE y otros querellantes ante el Comité de Libertad Sindical y representa una nueva violación de la libertad de asociación en Nicaragua.

&htab;244.&htab;En relación a los sucesos de los días 6 y 7 de septiembre de 1985, el Gobierno declara en sus comunicaciones de 23 de mayo y 21 de octubre de 1986 que el COSEP ha levantado el nombre de Jorge Salazar, como bandera del Frente Democrático Nicaragüense (FDN), organización contrarrevolucionaria que realiza crímenes atroces y campañas de terror contra la población nicaragüense. En las fechas arriba señaladas el COSEP planeaba realizar un homenaje a la memoria del contrarrevolucionario "Jorge Salazar", muerto en un trasiego de armas para la contrarrevolución. Este homenaje estaba planteado como "el Día de la empresa privada". El Gobierno al tener conocimiento de los planes del COSEP decidió suspender tal actividad y orientó al Ministerio del Interior que informara al COSEP su decisión, lo cual se hizo en el curso de una reunión en la que participaron los principales directivos del COSEP. En el curso de esa reunión, el Ministerio del Interior planteó al COSEP que el Gobierno no podía permitir la honra pública de la memoria de un contrarrevolucionario que con su participación en actividades delictivas e ilegales pretendía por la vía armada derrocar el Gobierno legítimo de Nicaragua. Asimismo, el COSEP fue informado que el Gobierno no tenía ninguna objeción, a que se celebrara el día del empresario en cualquier otra fecha, previo aviso y cumplimiento de los requisitos existentes. En cualquier estado se requiere de la personería jurídica para decidir que un día determinado sea consagrado nacionalmente para homenajear un hecho o persona particular. El COSEP en ningún momento introdujo una solicitud ante los órganos legislativos para la celebración del día del empresario. Finalmente, el Gobierno señala que en esos días no fue arrestada persona alguna, por asuntos que estuviesen relacionados directamente con la situación descrita anteriormente.

&htab;245.&htab;En cuanto al decreto núm. 128, referente al estado de emergencia nacional, el Gobierno declara que en uso de las facultades que le otorga la legislación interna y en concordancia con el derecho que le asiste como Estado soberano de defender su integridad territorial, su independencia y libre determinación, decretó el estado de emergencia nacional. El decreto núm. 128 constituye un instrumento jurídico mediante el cual se adoptan ciertas medidas tendientes a proteger y defender la paz y la seguridad de la nación ante el peligro inminente de que los planes intervencionistas de un gobierno extranjero que además de mantener la agresión externa también intenta subvertir el orden público a través de acciones terroristas, tales como ataques con explosivos a centros productivos, transporte y todo tipo de sabotajes a fin de crear las condiciones necesarias para una intervención directa. Ante esa grave situación, el Gobierno ha necesitado decretar la restricción a un número selectivo y limitado de las garantías ciudadanas, establecidas en el Estatuto Fundamental de Derechos y Garantías de los Nicaragüenses para enfrentar la guerra de agresión externa que le han impuesto a Nicaragua.

&htab;246.&htab;El Gobierno señala que la vigencia del estado de emergencia nacional es estrictamente temporal, mientras duren las condiciones por las cuales fue decretado. En relación a los compromisos internacionales asumidos a través de los diferentes instrumentos jurídicos, Nicaragua los continúa respetando y observando, en la medida de sus posibilidades y de la situación de guerra que afronta. Asimismo, considera que el estado de emergencia no es más que una situación excepcional, utilizada fundamentalmente para proteger la tranquilidad y la estabilidad de los nicaragüenses. Sin embargo, el pueblo y el Gobierno de Nicaragua mucho lamenta que tales circunstancias en lugar de solucionarse se agraven ante la decisión de cierto país de continuar la guerra a niveles cada vez más peligrosos.

&htab;247.&htab;Sobre el alcance del Decreto, el Gobierno proporciona los siguientes detalles:

- Libertad de expresión: las restricciones relativas a la prensa, se ejercerán sobre todas aquellas informaciones que atenten en contra de la estabilidad y seguridad nacional, pero no implica de ninguna manera que los medios de comunicación colectiva dejen de funcionar (circulación de medios de comunicación escrita, funcionamiento de estaciones de radio y televisión, etc.).

- Derecho de reunión y manifestación: en relación a esta limitación, las reuniones al aire libre y las manifestaciones públicas de carácter político, social o religioso no están prohibidas, sino que previo a su realización debe obtenerse el permiso de la autoridad correspondiente, tal como se hace en la mayoría de los países.

- Derecho de asociación y organización: bajo esta disposición toda nueva organización política o asociación de cualquier tipo puede ser inscrita cumpliendo todos los trámites que la ley exige.

- Habeas corpus : esta restricción queda limitada a las acciones que se inicien delante de la Corte Suprema de Justicia por hechos que se derivan de las excepciones decretadas en el estado de emergencia. Los demás procedimientos de amparo por acciones gubernamentales en el ámbito común, quedan en plena vigencia.

- Derecho a huelga: en relación con el ejercicio del derecho de huelga, el espíritu de su ejercicio, está vinculado a la obtención por parte de los trabajadores, de una serie de reivindicaciones que en el orden laboral, aparentemente no tendría otra vía de concesión. En este sentido, los instrumentos jurídicos internacionales que preservan el ejercicio de este derecho, tienen la intención fundamental de reservar para los trabajadores el uso de esta alternativa como medida legítima en defensa de sus intereses. En la situación particular que vive Nicaragua, hay que tomar en cuenta los siguientes factores al valorar la dinámica del ejercicio del derecho a la huelga. Actualmente, Nicaragua atraviesa una situación de crisis económica, derivada fundamentalmente de la guerra de agresión y embargo comercial de que es objeto, la cual ha repercutido en forma directa sobre los costos de producción y demás dificultades que en el orden de la reposición de maquinaria, repuestos e insumos atraviesan las fábricas e industrias. En esta situación, la paralización de actividades en una empresa o rama de actividad, revierte la situación en términos drásticos y negativos, aún en contra de la población entera inclusive de los mismos trabajadores. El Gobierno señala que los trabajadores nicaragüenses, con el triunfo revolucionario, han logrado la suscripción de más de 1 200 convenios colectivos en seis años de revolución, contra 126 en 40 años de dictadura y la formación de 1 300 sindicatos (más que en toda la etapa dictatorial). Todo esto no ha requerido de medidas de presión o fuerza de los trabajadores beneficiados, porque el Gobierno en ningún momento se ha opuesto a las demandas justificadas de los trabajadores. En esta misma perspectiva, aun cuando efectivamente, a partir del mes de octubre de 1985, por la situación de agresión en que se encuentra el país, se suspendieron el ejercicio de una serie de derechos constitucionales vinculados al ejercicio o garantías sindicales, en la práctica su aplicación no ha implicado en ninguna forma, una supresión de los derechos adquiridos por los trabajadores. Prueba de ello, es que a partir de esta fecha, se han inscrito más de siete nuevos sindicatos en las distintas ramas, y se han suscrito, más de 45 nuevos convenios colectivos. Sin embargo, no pueden ser organizadas huelgas que promuevan la desestabilización política del país. Cabe señalar que el derecho a huelga, de acuerdo con las leyes no es algo automático, sino que es la culminación de un proceso legal que cuenta con la participación del Ministerio de Trabajo.

&htab;248.&htab;En lo que respecta al caso núm. 1129, el Comité observa que, según las informaciones facilitadas por el Gobierno, los Sres. Arcadio Ortíz y Ricardo Cervantes Rivo fueron condenados por los Tribunales Populares Antisomocistas por pertenencia a una organización contrarrevolucionaria armada y actividades en favor de la misma. El Comité lamenta que el Gobierno, al referirse a la condena de los sindicalistas Milton Silva Gaitán y Orlando Napoleón Molina Aguilera por los Tribunales Populares Antisomocistas, no haya indicado los hechos concretos que se les imputaron. El Comité deplora que el Gobierno no haya respondido a los alegatos relativos al allanamiento de la sede de la CTN con saqueo de los archivos el 24 de octubre de 1985, a la detención (en algunos casos bajo amenaza de muerte o de torturas) de los sindicalistas Eduardo Aburto, Eric González González, Carlos Herrera, Sergio Rosa y Eugenio Membreño (sobre este último los querellantes habían alegado su detención en octubre de 1985 y el Gobierno ha respondido refiriéndose a la puesta en libertad de este sindicalista en marzo de 1983), y los registros domiciliarios acompañados de amenazas y medidas de intimidación a las familias de estos dos últimos. En estas circunstancias, el Comité insta al Gobierno a que envíe informaciones sobre estos aspectos del caso con toda urgencia, así como el texto de las sentencias dictadas o que puedan dictarse con respecto a los sindicalistas mencionados en este párrafo.

&htab;249.&htab;Observando que los Tribunales Populares Antisomocistas son tribunales creados con carácter personal por un decreto de excepción, en abril de 1983, el Cmité recuerda que siempre ha atribuido una gran importancia a que en todos los casos, incluso en aquellos en que se acusa a sindicalistas de delitos de carácter político o de derecho común, los interesados sean juzgados en el más breve plazo posible por una autoridad judicial imparcial e independiente. El Comité pide al Gobierno que envíe el texto de la legislación que instituye los Tribunales Populares Antisomocistas.

&htab;250.&htab;En cuanto a los alegatos relativos a la negativa del Ministerio del Trabajo de expedir certificados de reconocimiento de las juntas directivas de cuatro sindicatos, el Comité observa que tales alegatos fueron presentados por la CMT por comunicación del 13 de abril de 1984. El Comité toma nota de que según el Gobierno, el Departamento de Asociaciones Sindicales libró certificaciones a las juntas directivas de tres de los sindicatos en cuestión, para el período 1984-1985. El Comité toma nota igualmente de que, con respecto al cuarto sindicato (Sindicato de Trabajadores de Estaciones Gasolineras de Managua), el Gobierno indica que, habiendo surgido dos facciones en conflicto en el seno de dicho Dindicato, el Departamento de Asociaciones Sindicales del Ministerio del Trabajo citó a ambas facciones para coordinar la realización de una asamblea, así como que dicha asamblea tuvo lugar, pero no hubo la asistencia ni la representatividad requerida.

&htab;251.&htab;En lo que respecta al caso núm. 1169, el Comité toma nota del contenido de la sentencia facilitada por el Gobierno en relación con la condena de los sindicalistas José Angel Altamirano, José Mercedes Díaz y Eleazar Marenco, que reitera anteriores declaraciones del Gobierno.

&htab;252.&htab;El Comité toma nota asimismo de las declaraciones del Gobierno sobre ciertos sindicalistas cuya detención había sido alegada. El Comité observa en particular que Máximo Flores Obando fue condenado a tres años de prisión por comisión del delito de asalto a mano armada. El Comité observa también que no existe registro alguno en los centros penales del país sobre la alegada detención de Rito Rivas y de Anastasio y Gabriel Maldonado.

&htab;253.&htab;El Gobierno reconoce en cambio la detención de Iván Blandón, Víctor Ríos, Napoleón Aragón y Juan Ramón Duarte en abril de 1983 señalando que la misma se debió a su relación con una célula contrarrevolucionaria de la agrupación mercenaria "ARDE" y que los interesados fueron puestos en libertad el mismo mes. A este respecto, observando que no ha habido motivos para la inculpación de estos sindicalistas, el Comité señala a la atención del Gobierno el principio de que las medidas privativas de libertad contra dirigentes sindicales y sindicalistas implican un grave riesgo de injerencia en las actividades sindicales y que cuando obedecen a razones sindicales constituyen una violación de los principios de la libertad sindical. [Véase, por ejemplo, 233. er informe, caso núm. 1169, párrafo 292.]

&htab;254.&htab;En lo que respecta al caso núm. 1298, el Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno en relación con las dos ocupaciones de la sede de la CUS en el mes de agosto de 1984, que dieron lugar a agresiones y destrozos en la referida sede. El Comité observa en particular que el Gobierno mantiene que tales sucesos fueron consecuencia de desaveniencias internas entre los dirigentes de la CUS. El Comité deplora sin embargo que, a pesar de varias solicitudes, el Gobierno no se haya referido específicamente a las afirmaciones de una de las organizaciones querellantes que acusaba con pruebas a funcionarios públicos de los sucesos ocurridos así como a la policía que no había hecho nada para evitar la agresión a los miembros de la CUS y el saqueo de su sede. En estas condiciones, el Comité recuerda que las autoridades públicas deben abstenerse de toda injerencia contraria al Convenio núm. 87 en las actividades y en la vida interna de los sindicatos.

&htab;255.&htab;En cuanto a los alegatos de detenciones, el Comité toma nota de que, según el Gobierno, no existe registro alguno de la detención de José Agustín Téllez en los centros penales del país. El Comité toma nota igualmente de que, según el Gobierno, las detenciones de sindicalistas de la CUS en la población de Posaldega durante el mes de febrero de 1986, se enmarcaron en las investigaciones consecuentes a la comisión del delito de abigeato (robo de ganado). El Gobierno indica que la autoridad judicial se ocupa del caso, que algunas de estas personas fueron sobreseidas y que cinco se encuentran en prisión como presuntos autores o encubridores. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de la evolución del proceso actualmente en curso y que envíe sus observaciones sobre los sindicalistas a los que no se ha referido y que, según la CIOSL, estarían detenidos (Eduardo Gutiérrez, Juan Gaitán y Enrique Flores). El Comité pide igualmente al Gobierno que responda al alegato según el cual, hijas, esposas y madres de los sindicalistas detenidos fueron amenazadas de prisión si sus padres o esposos no desistían de su afiliación a la CUS, y son constantemente visitadas por agentes de policía que además de amenazarlas se apropian de sus artículos de limpieza personal y de los comestibles que tienen en sus viviendas.

&htab;256.&htab;Por último, el Comité deplora que el Gobierno no haya respondido a los alegatos contenidos en las comunicaciones de una de las organizaciones querellantes de 14 y 23 de enero de 1986 (suspensión de la revista sindical de la CUS; llamadas y citaciones de la seguridad del Estado a sindicalistas de la CUS, acompañadas de intimidación y amenazas; visitas de una delegación de funcionarios a las organizaciones afiliadas a la CUS de las zonas norte, sur y occidente del país, manifestando que si se reunían en el futuro irían a la cárcel y que esto se extendía a la constitución de nuevas organizaciones sindicales). El Comité urge al Gobierno a que envíe informaciones sobre estos aspectos del caso.

&htab;257.&htab;En relación con el caso núm. 1344, el Comité observa que en la presente queja, la organización querellante ha alegado una serie de medidas discriminatorias del Gobierno en perjuicio de los dirigentes del COSEP, en particular, y del sector privado en general . El Comité observa que el Gobierno sólo ha respondido de manera específica a uno de los alegatos (la confiscación arbitraria y sin respeto de las disposiciones de las leyes sobre reforma agraria, de las tierras del Sr. Enrique Bolaños, dirigente del COSEP), pero sin que la respuesta contenga comentarios sobre cada uno de los puntos señalados por la organización querellante en relación con dicho alegato. Asimismo, dado que todos los alegatos tienen por objeto demostrar una actitud discriminatoria por parte del Gobierno en perjuicio del COSEP, el Comité aplaza el examen del caso y pide al Gobierno que envíe con toda urgencia una respuesta sobre los aspectos del caso a que no se ha referido.

&htab;258.&htab;En relación al caso núm. 1351, el Comité observa que los alegatos se refieren a la prohibición de una reunión de unos 2 000 empleadores en Managua, organizada por el COSEP para el 7 de septiembre de 1985 (declarado "Día de la empresa privada"), al arresto domiciliario del presidente del COSEP el mismo día, y a la suspensión o limitación de ciertos derechos fundamentales por vía de decreto durante un año.

&htab;259.&htab;En lo que respecta a la prohibición de la reunión del 7 de septiembre de 1985, el Comité toma nota de que según el Gobierno, la suspensión de la mencionada reunión se debió: 1) a que habiendo planeado el COSEP para ese día un homenaje a Jorge Salazar planteado como "Día de la empresa privada", el Gobierno no podía permitir la honra pública de la memoria de un contrarrevolucionario que pretendía por la vía armada derrocar el Gobierno legítimo de Nicaragua; 2) el COSEP en ningún momento introdujo una solicitud ante los órganos legislativos para la celebración a nivel nacional del día del empresario. El Comité toma nota asimismo de que el COSEP fue informado de que el Gobierno no tenía ninguna objeción a que se celebrara el día del empresario en cualquier otra fecha, previo aviso y cumplimiento de los requisitos existentes.

&htab;260.&htab;A este respecto, el Comité desea referirse a los principios fundamentales que ha sentado en materia de derecho de reunión de las organizaciones de trabajadores, y que considera aplicables también en el ámbito de las organizaciones de empleadores. El Comité considera en particular que el derecho de las organizaciones profesionales a celebrar reuniones en sus locales para examinar cuestiones profesionales, sin autorización previa y sin injerencia de las autoridades, constituye un elemento fundamental de la libertad de asociación [véase, por ejemplo, 233.° informe, caso núm. 1217 (Chile), párrafos 109 y 110], y las autoridades públicas deberían abstenerse de toda intervención que pueda limitar este derecho u obstaculizar su ejercicio legal, salvo que tal ejercicio altere el orden público o ponga en peligro grave e inminente el mantenimiento del mismo. [Véase, por ejemplo, 211.° informe, caso núm. 1014 (República Dominicana), párrafo 512.]

&htab;261.&htab;Habida cuenta de los principios precedentes, el Comité considera que la cuestión de la determinación del "Día de la empresa privada" por parte de una organización cúpula de empleadores, es una cuestión que debería dejarse al libre arbitrio de la organización profesional considerada, sin que fuera necesaria una disposición de carácter público autorizando dicho tipo de conmemoraciones o fijando su día. El Comité considera asimismo en el caso concreto que, la realización por parte del COSEP de un homenaje a la memoria de un dirigente fallecido de esta organización, entra plenamente en el ámbito de sus actividades como organización de empleadores, siempre y cuando la realización de un homenaje de esta naturaleza en el marco del ejercicio del derecho de reunión no altere el orden público o ponga en peligro grave o inminente el mantenimiento del mismo. En lo relativo a la afirmación del Gobierno de que J. Salazar Argüello, Presidente en funciones del COSEP en el momento de su muerte violenta en noviembre de 1980, era un "contrarrevolucionario" muerto en un ataque dirigido a derribar la revolución, el Comité se remite a las conclusiones que había formulado sobre este asunto. En estas condiciones, el Comité deplora que las autoridades hayan impedido la celebración del "Día de la empresa privada" el 7 de noviembre de 1985, y expresa la esperanza de que en el futuro el COSEP podrá determinar sin injerencia alguna el día y las actividades para la conmemoración del día de la empresa privada.

&htab;262.&htab;El Comité toma nota asimismo de que, según el Gobierno, en los días 6 y 7 de septiembre de 1985 no fue arrestada persona alguna por asuntos que estuviesen relacionados directamente con los alegatos. El Comité solicita del Gobierno que indique expresamente si el presidente del COSEP fue puesto bajo arresto domiciliario el 7 de septiembre de 1985 ("Día de la empresa privada"), como afirma el querellante, y, en caso afirmativo, las razones.

&htab;263.&htab;En lo que respecta a la suspensión o limitación de ciertos derechos fundamentales durante un año, en virtud de los decretos que establecen la vigencia del estado de emergencia nacional (decreto núm. 128 de 15 de octubre de 1985, modificado por el decreto núm. 130 de 31 de octubre de 1985), el Comité toma nota de los motivos invocados por el Gobierno para la declaración del estado de emergencia nacional y de sus explicaciones sobre el alcance en la práctica de las restricciones en el ámbito de las libertades públicas y, en el ejercicio de los derechos sindicales. El Comité observa asimismo que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, en su reunión de marzo de 1986, examinó los mencionados decretos en el marco de la observación que formuló sobre la aplicación del Convenio núm. 87 por parte de Nicaragua. [Véase informe de la Comisión de Expertos, informe III (parte 4A), págs. 182 a 184, CIT, 72. a reunión 1986.] En dicha ocasión, la Comisión de Expertos expresó la esperanza de que el Gobierno levantaría, tan pronto como lo permitieran las circunstancias, las restricciones a las libertades públicas y sindicales dimanantes del estado de emergencia nacional, contenidas en los decretos de 15 y 31 de octubre de 1985. Asimismo, el Comité recuerda que la Comisión de Aplicación de Normas de la 72. a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo lamentó en el párrafo 105 de su informe, que, pese a haberle cursado una invitación al efecto en repetidas ocasiones, el Gobierno de Nicaragua se hubiera abstenido de participar en las discusiones sobre las observaciones de la Comisión de Expertos.

&htab;264.&htab;Habida cuenta de de que la vigencia de tales decretos y del estado de emergencia nacional debía expirar a finales de octubre de 1986, y de la gravedad de las restricciones a los derechos sindicales y a las libertades públicas que comportaba, el Comité expresa la firme esperanza de que tales restricciones no sean nuevamente impuestas, y pide al Gobierno que informe al respecto.

&htab;265.&htab;En estas condiciones, el Comité recomienda al Consejo de Administración que apruebe el presente informe provisional y, en particular, las conclusiones siguientes:

a) En primer lugar, el Comité desea expresar su preocupación ante la gravedad de los alegatos presentados, tanto por organizaciones de empleadores como de trabajadores, y que conciernen en particular la detención y condena de sindicalistas e injerencias de las autoridades en la vida de las organizaciones profesionales.

b) En lo que respecta al caso núm. 1129 , el Comité insta al Gobierno que envíe informaciones sobre algunos aspectos del caso, así como el texto de las sentencias dictadas por los Tribunales Populares Antisomocistas o que puedan dictarse con respecto a los sindicalistas en cuestión, tal como se indica en el párrafo 248. Observando que los Tribunales Populares Antisomocistas son tribunales creados por un decreto de excepción, en abril de 1983, el Comité recuerda que siempre ha atribuido una gran importancia a que en todos los casos, incluso en aquellos en que se acusa a sindicalistas de delitos de carácter político o de derecho común, los interesados sean juzgados en el más breve plazo posible por una autoridad judicial imparcial e independiente. El Comité pide al Gobierno que envíe el texto de la legislación que instituye los Tribunales Populares Antisomocistas.

c) En lo que respecta al caso núm. 1169 , el Comité señala a la atención del Gobierno el principio de que las medidas privativas de libertad contra dirigentes sindicales y sindicalistas implican un grave riesgo de injerencia en las actividades sindicales y que cuando obedecen a razones sindicales constituyen una violación de los principios de la libertad sindical.

d) En lo que respecta al caso núm. 1298 , el Comité deplora que, a pesar de varias solicitudes, el Gobierno no se haya referido específicamente a las afirmaciones de una de las organizaciones querellantes que acusaba con pruebas a funcionarios públicos de los sucesos ocurridos en la sede de la CUS en agosto de 1986, así como a la policía que no había hecho nada para evitar la agresión a los miembros de la CUS y el saqueo de su sede. En estas condiciones, el Comité recuerda que las autoridades públicas deben abstenerse de toda injerencia contraria al Convenio núm. 87 en las actividades y en la vida interna de los sindicatos.

e) El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de la evolución del proceso actualmente en curso contra ciertos sindicalistas por el delito de abigeato (robo de ganado) y que envíe sus observaciones sobre los sindicalistas a los que no se ha referido y que, según la CIOSL, estarían detenidos (Eduardo Gutiérrez, Juan Gaitán y Enrique Flores). El Comité pide igualmente al Gobierno que responda al alegato según el cual, hijas, esposas y madres de los sindicalistas detenidos fueron amenazadas de prisión si sus padres o esposos no desistían de su afiliación a la CUS, y son constantemente visitadas por agentes de policía que les amenazan y se apropian de artículos de limpieza y comestibles. f) Por último, el Comité deplora que el Gobierno no haya respondido a los alegatos contenidos en las comunicaciones de uno de los querellantes de 14 y 23 de enero de 1986 (suspensión de la revista sindical de la CUS; llamadas y citaciones de la seguridad del Estado a sindicalistas de la CUS, acompañadas de intimidación y amenazas; visitas de una delegación de funcionarios a las organizaciones afiliadas a la CUS de las zonas norte, sur y occidente del país, manifestando que si se reúnen en el futuro irían a la cárcel y que esto se extendía a la constitución de nuevas organizaciones sindicales). El Comité urge al Gobierno a que envíe informaciones sobre estos aspectos del caso.

g) En lo que respecta al caso núm. 1344 , el Comité toma nota de que el Gobierno sólo ha enviado ciertas informaciones sobre uno de los numerosos alegatos. Dado que todos los alegatos tienen por objeto demostrar una actitud discriminatoria por parte del Gobierno en perjuicio del COSEP, el Comité aplaza el examen del caso y pide al Gobierno que envíe con toda urgencia una respuesta sobre los aspectos del caso a que no se ha referido.

h) En lo que respecta al caso núm. 1351 , el Comité deplora que las autoridades hayan impedido la celebración del "Día de la empresa privada" el 7 de noviembre de 1985, organizada por el COSEP y expresa la esperanza de que en el futuro esta organización de empleadores podrá determinar sin injerencia alguna el día y las actividades para la conmemoración del día de la empresa privada.

i) El Comité señala a la atención del Gobierno, que el derecho de las organizaciones profesionales a celebrar reuniones en sus locales sin autorización previa y sin injerencia de las autoridades, constituye un elemento fundamental de la libertad de asociación.

j) El Comité toma nota asimismo de que, según el Gobierno, en los días 6 y 7 de septiembre de 1985 no fue arrestada persona alguna por asuntos que estuviesen relacionados directamente con los alegatos. El Comité solicita del Gobierno que indique expresamente si el presidente del COSEP fue puesto bajo arresto domiciliario el 7 de septiembre de 1985 ("Día de la empresa privada"), como afirma el querellante, y, en caso afirmativo, las razones.

k) El Comité observa que la vigencia de los decretos núms. 128 y 130, proclamando el estado de emergencia nacional con las consiguientes restricciones a las libertades públicas y a los derechos sindicales, debía expirar a finales de octubre de 1986. El Comité expresa la firme esperanza de que tales restricciones no sean nuevamente impuestas, y pide al Gobierno que informe al respecto.

&htab;266.&htab;El Comité ha examinado el presente caso en varias ocasiones y, por última vez, en su reunión de mayo de 1986, en la que presentó un informe provisional al Consejo de Administración. [Véase 244.° informe, párrafos 296 a 336, aprobado por el Consejo de Administración en su 233. a reunión (mayo-junio de 1986).]

&htab;267.&htab;Desde entonces, la OIT ha recibido de los querellantes las comunicaciones siguientes: Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL): 14 de mayo y 9 de septiembre de 1986; Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC): 4 de junio de 1986; Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa Compañía de Teléfonos: 11 de junio de 1986; Federación Internacional Sindical de la Enseñanza (FISE): 9 de septiembre de 1986; Sindicato de Empresa Núm. 6 de la Corporación Nacional del Cobre de Chile: 24 de septiembre de 1986; Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Construcción, Maderas, Materiales de Edificación y Actividades Conexas, Confederación de Sindicatos y Federaciones de Trabajadores Metalúrgicos (CONTRAMET), Federación Nacional de Sindicatos Trabajadores Textiles del Vestuario y Actividades Conexas (FENATRATEX), Confederación Minera, Confederación Campesina El Surco, Confederación Gastronómica de Chile: 29 y 30 de septiembre de 1986. El Gobierno, por su parte, ha facilitado sus observaciones en sendas comunicaciones de 22 de mayo y de 2 y 22 de octubre de 1986.

&htab;268.&htab;Chile no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), ni el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;269.&htab;Los alegatos aún pendientes en el presente caso se refieren a la inculpación de dirigentes sindicales a raíz de las jornadas de protesta organizadas en septiembre de 1985, así como a la de dos dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Construcción; la muerte de cuatro personas sobrevenida con ocasión de las manifestaciones de noviembre de 1985; el despido de Manuel Jerez, dirigente sindical del sector portuario; la pérdida de empleo de trabajadores y dirigentes sindicales en el sector de los estibadores; la detención de Juan Bustos Araneda, dirigente de la Central Democrática de Trabajadores; la intervención de fuerzas del orden para impedir la celebración de una conferencia sindical nacional; la transferencia de bienes de organizaciones declaradas ilegales a un organismo estatal, y numerosas detenciones y registros de locales sindicales con motivo de la conmemoración del 1.° de Mayo de 1986.

&htab;270.&htab;En su reunión de mayo-junio de 1986 el Consejo de Administración aprobó, en particular, las conclusiones siguientes del Comité:

- En lo que se refiere a las inculpaciones pronunciadas contra once dirigentes sindicales a raíz de la jornada de la protesta de septiembre de 1985, el Comité pide al Gobierno que facilite informaciones sobre el desarrollo de los procesos en curso y su resultado, en el momento en que se dicten las sentencias.

- El Comité pide asimismo nuevamente al Gobierno que facilite informaciones sobre la muerte de cuatro personas durante las manifestaciones del 5 y 6 de noviembre de 1985.

- En lo que atañe a los despidos de dirigentes sindicales, el Comité pide al Gobierno que facilite informaciones sobre el desarrollo del procedimiento en curso respecto a Manuel Jerez, dirigente sindical del sector portuario.

- Por lo que se refiere a la inculpación de dos dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Construcción, el Comité estima que una toma de posición por una organización sindical a propósito de una decisión judicial sobre un asunto relativo al asesinato de sindicalistas constituye una actividad sindical legítima. No obstante, el Comité recuerda de manera general que, en la expresión de sus opiniones, las organizaciones sindicales no deberían sobrepasar los límites admisibles de la polémica y deberían abstenerse de excesos de lenguaje. El Comité pide al Gobierno que facilite el texto de la carta enviada por la Confederación de Trabajadores de la Construcción a la Corte Suprema, y que le informe del desarrollo del procedimiento incoado contra dos dirigentes de esta Confederación.

- El Comité pide al Gobierno que facilite sus observaciones sobre los alegatos más recientes formulados en el presente caso, a saber: la pérdida de empleo de trabajadores y de dirigentes sindicales en el sector de los estibadores; la detención de Juan Bustos Araneda, dirigente de la Central Democrática de Trabajadores; la intervención de fuerzas del orden para impedir la celebración de una conferencia sindical nacional; la transferencia de bienes de organizaciones declaradas ilegales a un organismo estatal; los numerosos arrestos y registros de locales sindicales con motivo de la conmemoración del 1.° de Mayo de 1986.

&htab;271.&htab;En su comunicación de 14 de mayo de 1986, la CIOSL facilita un informe elaborado por el Centro de Investigación y Asesoría Sindical sobre los hechos acaecidos durante la celebración del 1.° de Mayo de 1986 en Santiago.

&htab;272.&htab;En el informe se indica que el estado de excepción vigente en el país, limita severamente el derecho de reunión consagrado expresamente por la Constitución. Las disposiciones vigentes en la zona metropolitana de Santiago se rigen por los bandos núms. 43 y 44, en virtud de los cuales debe pedirse, con diez días de anticipación, la autorización del jefe de la zona en estado de emergencia para celebrar reuniones en lugares de uso público. El Comando Nacional de Trabajadores (CNT) cumplió los trámites requeridos, pero en ningún momento llegó siquiera a recibir un acuse de recibo. Ante semejante situación, los dirigentes del CNT hicieron un llamamiento a los trabajadores y al pueblo de Santiago para que se reunieran en la Plaza de los Héroes el 1.° de Mayo a las 11 de la mañana.

&htab;273.&htab;En el informe se señala asimismo que el 29 de abril las autoridades impidieron realizar un acto artístico-cultural convocado en un local sindical perteneciente a la Confederación del Cuero y del Calzado, con objeto de conmemorar el 1.° de Mayo.

&htab;274.&htab;El 1.° de Mayo, la ciudad de Santiago amaneció prácticamente ocupada por la policía y los militares. Pese al clima reinante, millares de personas se acercaron al lugar de la convocatoria y, cuando se formaron los primeros grupos, las fuerzas de la policía intervenieron lanzando proyectiles y bombas lacrimógenas. Decenas de personas fueron heridas. Todas las personas y los vehículos que circulaban por el lugar fueron objeto de control, deteniéndose a unas 600 personas, entre ellas Manuel Bustos, vicepresidente del CNT, Jorge Millás, miembro del consejo directivo nacional del CNT, y Humberto Arcos, dirigente de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Metalúrgicos. La mayoría de dichas personas fueron puestas en libertad el mismo día, siendo citadas ante el juzgado de policía local acusadas de provocar alteraciones del orden público.

&htab;275.&htab;Siempre en la mañana del 1.° de Mayo, dos locales sindicales pertenecientes a la Confederación de Trabajadores Textiles y del Vestuario (CONTEVECH) y a la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH) fueron objeto de un allanamiento ilegal, destruyéndose o llevándose una serie de muebles y documentos. Las personas presentes en el local fueron amenazadas, llegando a golpearse a algunas de ellas, y 56 profesores que asistían a una reunión en los locales de la AGECH fueron detenidos, si bien las organizaciones dotadas de personalidad jurídica (como es el caso de la AGECH) no tienen que solicitar autorización para celebrar reuniones en sus propios locales con objeto de tratar cuestiones de su competencia.

&htab;276.&htab;En su comunicación de 4 de junio de 1986, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) alega que, el 23 de abril de 1986, el superintendente general de relaciones industriales de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) notificó el fin de su contrato de trabajo a catorce trabajadores, fundamentando la medida en el artículo 13, f) del decreto-ley núm. 2200. En virtud de esta disposición legal, el empleador puede despedir sin causa justificada a los trabajadores, bien mediando un preaviso de 30 días o pagando al trabajador una indemnización equivalente a la última remuneración mensual. Según la CTC, ello permite, como sucede en el caso presente, que el Gobierno y los empleadores puedan adoptar medidas de discriminación antisindical.

&htab;277.&htab;Según la CTC, todos los trabajadores afectados por la medida eran calificados, tenían una conducta intachable y contaban con una antigüedad en la empresa que iba de ocho a veintinueve años. La única causa posible de su despido fue, pues, su participación activa en las asambleas y actividades sindicales. Por otro lado, cuatro de ellos eran potenciales dirigentes sindicales. La medida iba dirigida asimismo a intimidar a los trabajadores de la empresa, con el propósito de inhibir su acción sindical. Esta presunción, se basa en el hecho de que el mismo día del despido, los dos sindicatos de Salvador, que reúnen el mayor número de afiliados, habían convocado importantes actos sindicales para regularizar su situación, a raíz de la inhabilitación de sus dirigentes, decretada por el Ministerio del Trabajo. En dichas asambleas se rechazaron por unanimidad los despidos y se condenó la medida adoptada por CODELCO. Durante diez días, trece de los trabajadores despedidos llevaron a cabo una huelga de hambre.

&htab;278.&htab;En su comunicación de 11 de junio de 1986, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa Compañía de Teléfonos de Chile declara que, el 17 de abril de 1986, presentó un proyecto de contrato colectivo a la Compañía de Teléfonos de Chile conforme a la legislación en vigor. El empleador respondió el 30 de abril de 1986 formulando una serie de objeciones al proyecto respecto a la situación de las operadoras telefónicas reemplazantes, si bien éstas no figuran entre los trabajadores excluidos de la negociación colectiva, según lo dispuesto por el artículo 5 del decreto-ley 2758. El 28 de mayo de 1986, tras incoarse un procedimiento de arbitraje obligatorio, el director del trabajo emitió una resolución administrativa por la que se decidía excluir de la negociación colectiva la situación de las 475 operadoras reemplazantes afiliadas al sindicato. El sindicato precisa que dichas personas se hallan cubiertas por un contrato de trabajo de carácter indefinido y que su antigüedad en la empresa es de más de ocho años de forma ininterrumpida. Añade que el inspector provincial del trabajo de Santiago emitió, el 9 de mayo de 1986, un dictamen absolutamente distinto, en el que se reconocía a dichas trabajadoras el derecho de negociación colectiva. Por último, el sindicato indica que ha interpuesto recursos ante los tribunales, si bien éstos no se han pronunciado por el momento.

&htab;279.&htab;En su comunicación de 9 de septiembre de 1986, la CIOSL alega que Juan Fernández Reyes, presidente de la Federación Campesina "El Roto Chileno", de Curicó, y su familia, son objeto de amenazas continuas desde el 2 de julio de 1986. En varias ocasiones, civiles armados y enmascarados, han procedido al allanamiento nocturno de su domicilio, destruyendo muebles y otros objetos. El recurso de protección interpuesto por sus abogados ha sido rechazado debido a que, según fuentes de la policía, no hay ninguna orden de detención ni de investigación contra Fernández Reyes. Con posterioridad, su domiclio ha vuelto a ser allanado y su mujer violentamente golpeada.

&htab;280.&htab;En su comunicación de 9 de septiembre de 1986, la FISE se refiere a la detención por los servicios de seguridad de Guillermo Scherping, subsecretario de la Asociación Gremial de Educadores de Chile. La FISE teme que su vida se halle en peligro.

&htab;281.&htab;El Sindicato de Empresa Núm. 6 de la Corporación Nacional del Cobre de Chile declara, en su comunicación de 24 de septiembre de 1986, que el 22 de septiembre se presentó un destacamento de carabineros en la sede del sindicato para desalojar a los seis trabajadores mencionados en una queja precedente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, así como a sus familias que habían organizado una olla común en los locales, tras su despido por parte de la Corporación Nacional del Cobre, mientras que se hallaban bajo la protección del fuero sindical. El oficial de carabineros encargado de llevar a cabo la expulsión no presentó documento alguno emanado de una autoridad competente.

&htab;282.&htab;La Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Construcción, Maderas, Materiales de Edificación y Actividades Conexas menciona la orden de detención lanzada contra su presidente, Sergio Troncoso Cisternas. La organización querellante precisa que a Sr. Sergio Troncoso, que fue detenido previamente en varias ocasiones, fueron a buscarle a su domicilio el 8 de septiembre de 1986 varios individuos vestidos de civil, mientras que se encontraba en la República Democrática Alemana para asistir al Congreso de la Federación Sindical Mundial.

&htab;283.&htab;La CONTRAMET señala que la policía se personó en los domicilios de sus dirigentes José Ramón Avello Soto y Ronaldo Muñez Moreno, al día siguiente de la proclamación del estado de sitio, esto es, el 8 de septiembre de 1986. Por otro lado, un secretario regional de la organización, Humberto Arcos Vera, se halla bajo vigilancia permanente, así como la sede de la Confederación. La organización querellante señala asimismo que la autoridad pública (los carabineros) prohibió la reunión de varios sindicatos de base (Sindicato Eugenio González, Morgan y Fuenzalida) que se hallaban en proceso de negociación.

&htab;284.&htab;La FENATRATEX menciona el despido de tres dirigentes sindicales por parte de la empresa Tintorerías Viña. Según la organización querellante, dichos dirigentes fueron declarados responsables de que 30, de un total de 120 trabajadores que tiene la empresa, no acudieran al trabajo durante la jornada de protesta del 5 de septiembre de 1986, debido a que los mismos carecían de medios de locomoción, se hallaban enfermos o no pudieron salir de su barrio por hallarse ocupado por las fuerzas del orden. Ante semejante situación, la empresa aplicó arbitrariamente el artículo 15, apartados 1 y 4, de la ley núm. 2200 que sanciona los actos ilícitos que impidan al trabajador acudir al trabajo o cumplir con sus obligaciones laborales, y la dirección o participación activa en la interrupción o paralización ilegales de las actividades de la empresa. Los despidos así pronunciados se hicieron sin aviso previo, sin derecho a indemnización alguna y sin respetar el fuero sindical.

&htab;285.&htab;La FENATRATEX indica asimismo que 37 trabajadores de la empresa textil de tejidos San Marino se vieron obligados a correr el riesgo de reunirse en casas particulares para discutir un proyecto de contrato colectivo de trabajo, pues la proclamación del estado de sitio tuvo como consecuencia la prohibición de las reuniones de aquellos sindicatos que carecían de sede propia.

&htab;286.&htab;La Confederación Nacional Minera alega que varios sindicalistas fueron despedidos por haber participado en el proceso de negociación colectiva: en particular, el ex dirigente del Sindicato Núm. 6 de Lota de la Empresa Nacional del Carbón (ENACAR), Fresia Mellado Opazo y diez obreros del Sindicato Núm. 1 de Victoria de Lebu. Por otro lado, se habría inhabilitado al dirigente del sindicato núm. 1 de ENACAR, Juan Carlos Salazar Sierra, y se habría detenido a varios trabajadores de la Empresa Minera Cerro Negro, entre ellos el dirigente sindical Rolando Chacana Ganzúa, por presunta sustracción de explosivos. Por último, en la Mina Agustinas de Copiapó, la empresa Sociedad Minera Agustinas habría decidido de forma unilateral bajar los salarios en 1984 y 1986, mientras se hallaba vigente el contrato colectivo.

&htab;287.&htab;Por último, en una carta común, varias confederaciones nacionales chilenas señalan que los domicilios de los dirigentes de la Confederación Gastronómica y de la Confederación El Surco Campesino, Manuel Caro Castro y Enrique Avendaño Atenas, fueron visitados por personas no identificadas.

&htab;288.&htab;Por lo que se refiere a las inculpaciones pronunciadas contra once dirigentes sindicales a raíz de las jornadas de protesta de septiembre de 1985, el Gobierno indica que los interesados fueron perseguidos judicialmente por infracción de la ley sobre la seguridad del Estado y, más en concreto, por su responsabilidad en los actos de violencia, muertes y daños causados a la propiedad pública y privada que se cometieron o provocaron en dicha ocasión. El 14 de julio de 1986, el magistrado instructor condenó a las once personas en cuestión a 61 días de presidio, con remisión de pena. La remisión de pena significa que ésta se cumple en libertad, debiendo el interesado firmar en un libro cada cierto tiempo. El magistrado estimó cumplida la pena impuesta a Rodolfo Seguel Molina, Manuel Bustos Huerta y Mario Araneda Espinosa. Por otro lado, después de que el Ministerio del Interior desistiera del requerimiento interpuesto contra Eduardo Valencia Saez y Jorge Pávez Urrutia, el magistrado pronunció una resolución de sobreseimiento definitivo en favor de ambas personas.

&htab;289.&htab;En lo que atañe al fallecimiento de cuatro personas sobrevenido durante las manifestaciones de los días 5 y 6 de noviembre de 1985, el Gobierno indica que las cuatro personas en cuestión (José del Tránsito Norambuena Canales, Emilia de las Mercedes Ulloa San Martín, Luis Héctor Peñailillo Vega y Erwin Néstor Iturra González) no eran dirigentes sindicales. Las circunstancias de su muerte son objeto de una investigación por parte de los tribunales criminales o militares, hallándose en la actualidad la investigación en la etapa del sumario, que es una fase secreta del procedimiento. El Gobierno ha reiterado su rechazo a tales movimientos de protesta, debido precisamente a las consecuencias violentas que conllevan y, en muchos casos como éste, a las muertes que acaban provocando.

&htab;290.&htab;En cuanto al despido de Manuel Jerez, dirigente sindical del sector portuario, el Gobierno indica que, la Sociedad Pesquera Viento-Sur interpuso el 10 de octubre de 1985 una demanda ante el Tribunal de Talcahuano para despedir a Manuel Jerez. El Tribunal no estimó procedente la demanda de la empresa, por lo que ésta carecía de autorización para despedir al Sr. Jerez. Ahora bien, como no obstante éste fuese despedido, interpuso un recurso ante el juzgado de Talcahuano, el cual declaró nulo el despido y ordenó la reincorporación al trabajo del interesado y el pago de las remuneraciones debidas. Tras recurrir la empresa, la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la sentencia del juzgado de primera instancia. El 23 de mayo de 1986 el juez ordenó la ejecución de la sentencia, y tres días después, el 26 de mayo, el tribunal accedió a la demanda de Manuel Jerez de reincorporarse a la empresa.

&htab;291.&htab;Sobre la inculpación pronunciada contra dos dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Construcción, el Gobierno declara que dicho procedimiento ha sido abierto de nuevo por la asamblea plenaria de la Corte Suprema tras tomar ésta conocimiento de una carta injuriosa dirigida a varios magistrados de la Corte. El Gobierno reafirma que los tribunales son independientes del poder ejecutivo y que no ha intervenido en el proceso. El magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, competente en el caso, condenó a los interesados con la remisión de penas (pena inferior a la solicitada por el fiscal). Los interesados se hallan, pues, en libertad.

&htab;292.&htab;En cuanto a la situación de los trabajadores portuarios, el Gobierno indica que en septiembre de 1981 se adoptó la ley 18032 por la que se modificaba el régimen de trabajo de los trabajadores marítimos y portuarios. Dicha modificación puso fin, según el Gobierno, a una práctica sumamente negativa para los trabajadores que consistía en el arriendo del permiso de trabajo por parte del titular del mismo a otros trabajadores percibiendo por tal concepto la mitad del salario. Esta ley contó con un gran apoyo entre los trabajadores. Por otro lado, los sindicatos presentaron reivindicaciones suplementarias a fin de obtener otras ventajas sociales, creándose una serie de comisiones tripartitas para examinar dichas reivindicaciones. A raíz de estas discusiones, el 1.° de diciembre de 1985 entró en vigor la ley 18462 aportando diversas modificaciones a la legislación aplicable a los trabajadores portuarios, en especial la creación de un sistema de negociación colectiva y la obligación de concluir los contratos de trabajo por adelantado a fin de evitar que los trabajadores se pongan a disposición del empleador en el último momento y se encuentren así en situación de sobrantes. La ley contenía, por otro lado, importantes mejoras en materia de seguridad social. En opinión del Gobierno, la nueva ley satisface, por tanto, las principales reivindicaciones de las organizaciones sindicales del sector portuario. El Gobierno envía una carta de la Cámara Marítima de Chile en la que se indica que no ha habido huelga en el sector portuario. Unicamente algunas agrupaciones sindicales minoritarias han impedido a sus afiliados postular al llamado de trabajo que hacen los empresarios portuarios.

&htab;293.&htab;En cuanto a la detención de Juan Bustos Araneda, el Gobierno declara que dicha persona, encargada de la limpieza de los locales regionales del ente de hecho denominado Central Democrática de Trabajadores, se personó el 27 de marzo de 1986 ante el juez de lo criminal de Concepción. Juan Bustos expuso al juez en su denuncia que fue secuestrado el 25 de marzo por un grupo de civiles armados que, tras interrogarle sobre la Central Democrática de Trabajadores y determinados dirigentes de la misma, le quemaron el rostro con cigarrillos y finalmente lo dejaron en libertad en un puerto cercano a Concepción. El juez de lo criminal de Concepción ordenó una investigación tras ser interpuesta la denuncia por Juan Bustos. El servicio de policía encargado de las investigaciones informó al juez que no había logrado identificar a los autores del delito. El tribunal ha decretado, pues, la suspensión del procedimiento criminal.

&htab;294.&htab;En cuanto a la intervención de las fuerzas del orden público para impedir la celebración de una conferencia nacional convocada por la Central Democrática de Trabajadores, el Gobierno indica que dicha reunión fue prohibida por la jefatura militar de la zona en estado de emergencia por tratarse de una reunión de índole político-partidista. No obstante, dicha reunión se llevó posteriormente a efecto en un lugar reservado, sin darse publicidad.

&htab;295.&htab;Sobre la cuestión de la transferencia de bienes de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles a un organismo estatal, el Gobierno declara que el inmueble sito en el núm. 453 de la calle Ejército de Santiago perteneció a la Federación FENATRATEX y al Sindicato profesional de empleados particulares y obreros de las industrias textiles y ramos similares de la provincia de Santiago hasta el 20 de octubre de 1978, fecha de promulgación del decreto ley núm. 2346 por el que se declararon ilegales dichas organizaciones. Conforme al artículo 4 de dicho decreto ley, los bienes de dichas organizaciones declaradas ilegales pasan a dominio del Estado, debiendo el Ministerio del Interior precisar por medio de un decreto supremo cuáles son los bienes en cuestión e indicar su devolución, lo que hizo al promulgar el decreto supremo núm. 1360 de 29 de noviembre de 1984. El Gobierno añade que el mencionado Sindicato interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual fue rechazado por sentencia de 15 de abril de 1986, cuya fotocopia adjunta el Gobierno.

&htab;296.&htab;En cuanto a los hechos acaecidos el 1.° de Mayo de 1986, el Gobierno indica que dicho día se produjeron en Santiago cuatro sabotajes por explosión y uno por incendio. Por otro lado, en diversos lugares de la ciudad la circulación se vio interrumpida a causa de incendios, lanzamientos de piedras, etc. El Gobierno no puede en ningún caso considerar estos incidentes como una expresión de la libertad sindical. Las acciones que ha emprendido para prevenirlos o impedirlos no pueden, pues, calificarse como actos de violación de la libertad sindical.

&htab;297.&htab;El Gobierno declara, por otro lado, que la jefatura militar de la región de Santiago ha interpuesto una denuncia por violación de la ley sobre la seguridad del Estado por desórdenes acaecidos en la vía pública, incitación a la interrupción ilegal de las actividades y subversión del orden público, contra 23 personas, entre ellas algunos profesores miembros de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH). Los jueces competentes en el caso ordenaron, el 7 de mayo de 1986, la liberación de 18 de los 23 acusados por falta de pruebas. Las cinco personas restantes, profesores miembros de la AGECH, fueron igualmente liberadas el 9 de mayo de 1986 por falta de pruebas. Por otro lado la AGECH ha interpuesto una denuncia por el registro efectuado en sus locales, y el juez instructor ha adoptado las primeras medidas de investigación acudiendo en persona a la sede de la organización.

&htab;298.&htab;En lo referente al despido de 14 trabajadores efectuado el 23 de abril de 1986 en la división El Salvador de la Corporación Nacional del Cobre, el Gobierno declara que dicha medida se adoptó por razones inherentes al funcionamiento de la empresa. Los seis trabajadores que estaban afiliados al Sindicato Núm. 6 de El Salvador han interpuesto recurso ante el juzgado de El Salvador, demandando la nulidad de los despidos efectuados. Por lo que se refiere a los otros ocho trabajadores despedidos, han tenido lugar diversas reuniones a iniciativa del Ministro de Trabajo entre la dirección de la empresa y los sindicatos. El 4 de julio de 1986 se llegó a un acuerdo con los ocho trabajadores por el que se preveía el pago de indemnizaciones según los años de servicio y de todos los beneficios pactados en el contrato y que determina la legislación laboral vigente. El Gobierno subraya que dichos despidos no constituyen actos de discriminación antisindical, sino que se trataba simplemente de medidas adoptadas por razones administrativas y en uso de las facultades legales en vigor. Ninguno de los trabajadores despedidos desempeña ni ha desempeñado funciones de dirigente sindical.

&htab;299.&htab;A raíz del último examen del caso por el Comité en su reunión de mayo de 1986, los alegatos pendientes se referían a la inculpación de varios dirigentes sindicales tras las jornadas de protesta organizadas en septiembre de 1985; la muerte de cuatro personas sobrevenida con ocasión de las manifestaciones de noviembre de 1985; el despido de Manuel Jerez, dirigente sindical del sector portuario; la inculpación de dos dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Construcción a raíz del envío de una carta considerada injuriosa a varios magistrados de la Corte Suprema; la pérdida de empleo de trabajadores y dirigentes sindicales del sector portuario; la detención de Juan Bustos Araneda, dirigente de la Central Democrática de Trabajadores; la intervención de las fuerzas del orden para impedir la celebración de una conferencia nacional sindical; las transferencias de bienes de organizaciones declaradas ilegales a un organismo estatal, y diversas detenciones y registros de locales sindicales con motivo de la conmemoración del 1.° de Mayo. Desde entonces, se han formulado nuevos alegatos sobre el registro de los locales de la Federación Nacional de Sindicatos Trabajadores Textiles del Vestuario, el despido de 14 trabajadores del sector del cobre, las trabas interpuestas al derecho de negociación colectiva de las operadoras reemplazantes de la Compañía Teléfonos de Chile; la detención de Guillermo Scherping, dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile; allanamientos y registros policiales llevados a cabo en la persona de dirigentes sindicales de los sectores de la construcción, la metalurgia, la gastronomía y la agricultura; despidos efectuados en los sectores del textil y de las minas de carbón; la prohibición de reuniones sindicales de varios sindicatos de base del sector metalúrgico y del textil; la inhabilitación de Juan Carlos Salazar Sierra, dirigente sindical de las minas de carbón; la detención de trabajadores en la Empresa Minera Cerro Negro, y la inobservancia del convenio colectivo por parte de la Sociedad Minera Agustinas.

&htab;300.&htab;En cuanto a las inculpaciones pronunciadas contra 11 dirigentes sindicales, a raíz de las jornadas de protesta de septiembre de 1985, el Comité hace notar que en el caso de dos de ellos la causa se ha sobreseído en tanto que los nueve restantes han sido condenados a 61 días de cárcel, si bien se hallan en libertad por habérseles concedido una remisión de la pena. No obstante, el Comité cree oportuno señalar el peligro que, para el libre ejercicio de los drechos sindicales, representan las condenas pronunciadas contra representantes de los trabajadores en el ejercicio de actividades relacionadas con la defensa de los intereses de sus mandantes.

&htab;301.&htab;Por lo que se refiere a la muerte de cuatro personas sobrevenida con ocasión de las manifestaciones de los días 5 y 6 de noviembre de 1985, el Comité observa que las circunstancias en que se produjeron dichas muertes son objeto de una investigación por parte de los tribunales penales o militares. Pide al Gobierno que le mantenga informado del resultado de dichas investigaciones.

&htab;302.&htab;En lo que atañe al despido de Manuel Jerez, dirigente sindical del sector portuario, el Comité observa con interés que los tribunales competentes en el caso han anulado la medida adoptada por la empresa, ordenando la reincorporación al trabajo del interesado.

&htab;303.&htab;Sobre la inculpación pronunciada contra dos dirigentes de la Confederación Nacional de la Construcción por haber dirigido a varios magistrados de la Corte Suprema una carta calificada de injuriosa acerca del asesinato de sindicalistas, el Comité hace notar que si bien a los interesados se les ha condenado, éstos gozan de una remisión de pena, por lo que se hallan en libertad. El Comité no puede, pues, sino señalar nuevamente que una toma de posición por parte de una organización sindical, a propósito de una decisión judicial sobre un asunto relativo al asesinato de sindicalistas constituye una actividad sindical legítima.

&htab;304.&htab;A propósito de la situación de los trabajadores portuarios, el Comité señala que dichos alegatos se inscriben en el marco de la promulgación de una nueva ley por la que se modifica el régimen de trabajo aplicable a los trabajadores marítimos y portuarios. Considerando que este aspecto del caso concierne, pues, a una esfera que no guarda propiamente relación con los derechos sindicales, el Comité estima que tales alegatos no requieren un examen más detenido.

&htab;305.&htab;En cuanto a los alegatos sobre la detención de Juan Bustos Araneda, el Comité no puede por menos de lamentar que se desconozca la identidad de los individuos vestidos de civil que interrogaron al interesado sobre las actividades de la Central Democrática de Trabajadores. Subraya que tales actos entrañan necesariamente un clima de intimidación y temor que impide el desarrollo normal de las actividades sindicales. El Gobierno debería adoptar las medidas necesarias para impedir que se produzcan actos de semejante naturaleza, para que pueda ponerse fin a las investigaciones que se han emprendido y para hacer que los responsables comparezcan ante los tribunales competentes.

&htab;306.&htab;En lo referente a la prohibición de una reunión sindical de ámbito nacional organizada por el Comando Nacional de Trabajadores, el Comité señala que, según el Gobierno, la reunión presentaba un carácter de política partidista. A la vez que observa que la misma pudo celebrarse con posterioridad, el Comité recuerda que el derecho de los sindicatos a organizar libremente reuniones en los locales sindicales, sin necesidad de autorización previa ni injerencia alguna por parte de las autoridades públicas, constituye un elemento fundamental de la libertad sindical.

&htab;307.&htab;En cuanto a las transferencias de bienes de organizaciones sindicales del sector textil declaradas ilegales a un organismo estatal, el Comité recuerda que ya en 1978 hubo de examinar los alegatos sobre la disolución de dichas organizaciones. Ya entonces señaló que la medida no era conforme al principio según el cual las organizaciones de trabajadores no deben disolverse por vía administrativa. [Véase 187.° informe, caso núm. 823, párrafo 405.] El Comité se ve obligado a precisar ahora que en caso de disolución de una organización sus bienes deben repartirse, en definitiva, entre los miembros de la organización disuelta o transferirse a la organización que la suceda. Por esta expresión debe entenderse aquella organización u organizaciones que persiguen los fines por los que los sindicatos disueltos se constituyeron y lo hacen conforme a un espíritu similar. [Véase, por ejemplo, 230.° informe, caso núm. 1189 (Kenya), párrafo 687.] Evidentemente, en el caso presente, la transferencia de bienes de las organizaciones declaradas ilegales no ha sido conforme al principio en cuestión.

&htab;308.&htab;En lo relativo a los hechos acaecidos el 1.° de Mayo, el Comité observa que los dirigentes sindicales detenidos fueron liberados al cabo de unos días por falta de pruebas. Al respecto, el Comité recuerda que la detención por las autoridades de sindicalistas contra los cuales no hay ninguna base de inculpación puede entrañar restricciones para el ejercicio de la libertad sindical. Los gobiernos deberían adoptar disposiciones a fin de que las autoridades interesadas reciban las instrucciones pertinentes para prevenir el riesgo que para las actividades sindicales comportan las medidas de detención. [Véase, por ejemplo, 211.° informe, caso núm. 1025 (Haití), párrafo 272.]

&htab;309.&htab;El Comité hacer notar, por otro lado, que el registro efectuado con ocasión del 1.° de Mayo de 1986 en los locales de la Asociación Gremial de Educadores de Chile es en la actualidad objeto de una investigación judicial. Pide al Gobierno que le mantenga informado de los resultados de la misma.

&htab;310.&htab;Por lo que se refiere al despido de 14 trabajadores de la Corporación Nacional del Cobre, el Comité señala que, según el Gobierno, dichas medidas se adoptaron por razones administrativas ajenas al ejercicio de las actividades sindicales. Hace notar, asimismo, que ocho de dichos trabajadores llegaron a un acuerdo con la empresa y que los seis restantes han interpuesto recursos ante la justicia. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado del resultado de dichos recursos.

&htab;311.&htab;Por último, el Comité pide al Gobierno que le comunique observaciones exhaustivas sobre los alegatos más recientes formulados en el presente caso, a saber: el allanamiento de los locales de la Federación Nacional de Sindicatos Trabajadores Textiles del Vestuario y Actividades Conexas; las trabas interpuestas al derecho de negociación colectiva de las operadoras reemplazantes de la Compañía Teléfonos de Chile; la detención de Guillermo Scherping, dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile; las investigaciones policiales y registros domiciliarios llevados a cabo en las personas de dirigentes sindicales de los sectores de la construcción, la metalurgia, la gastronomía y la agricultura; los despidos efectuados en los sectores del textil y de las minas de carbón; la prohibición de celebrar reuniones sindicales a varios sindicatos de base del sector metalúrgico y del textil; la inhabilitación de Juan Carlos Salazar Sierra, dirigente sindical de las minas de carbón; la detención de varios trabajadores de la Empresa Minera Cerro Negro, y la inobservancia del convenio colectivo por parte de la Sociedad Minera Agustinas.

&htab;312.&htab;En tales circunstancias, el Comité recomienda al Consejo de Administración que apruebe el presente informe provisional y, en particular, las conclusiones siguientes:

a) En lo que atañe a las inculpaciones pronunciadas contra 11 dirigentes sindicales a raíz de las jornadas de protesta de septiembre de 1985, el Comité observa que en el caso de dos de ellos la causa se ha sobreseído y que los nueve restantes han sido condenados a 61 días de prisión, si bien han quedado en libertad. El Comité señala el peligro que para el libre ejercicio de los derechos sindicales representan las condenas pronunciadas contra representantes de los trabajadores en el ejercicio de actividades relacionadas con la defensa de los intereses de sus mandantes.

b) En cuanto a la muerte de cuatro personas sobrevenida con ocasión de las manifestaciones de los días 5 y 6 de noviembre de 1985, el Comité observa que las circunstancias en que se produjeron dichas muertes son objeto de una investigación por parte de los tribunales penales o militares. Pide al Gobierno que le mantenga informado del resultado de dichas investigaciones.

c) En lo que se refiere al despido de Manuel Jerez, dirigente sindical del sector portuario, el Comité observa con interés que los tribunales competentes en el caso, han anulado la medida adoptada por la empresa y ordenado la reincorporación al trabajo del interesado.

d) En cuanto a la inculpación de dos dirigentes de la Confederación Nacional de la Construcción, el Comité estima que la toma de posición por parte de una organización sindical a propósito de una decisión judicial sobre un asunto relativo al asesinato de sindicalistas constituye una actividad sindical legítima.

e) Considerando que los alegatos relativos a la situación de los trabajadores portuarios conciernen una esfera que no guarda propiamente relación con los derechos sindicales, el Comité estima que este aspecto del caso no requiere un examen más detenido. f) En lo que atañe a la detención de Juan Bustos Araneda, el Comité no puede por menos de lamentar que no se haya podido localizar a los responsables. Subraya que como consecuencia de tales actos se crea un clima de intimidación y temor que impide el desarrollo normal de las actividades sindicales. El Gobierno debería adoptar las medidas necesarias para impedir que se produzcan actos de semejante naturaleza, finalizar las investigaciones que se han emprendido y hacer que los responsables comparezcan ante los tribunales competentes.

g) En lo que se refiere a la prohibición de una reunión sindical de ámbito nacional organizada por el Comando Nacional de Trabajadores, el Comité, al tiempo que observa que dicha reunión pudo celebrarse con posterioridad, recuerda que el derecho de los sindicatos a organizar libremente reuniones en los locales sindicales, sin necesidad de autorización previa ni injerencia alguna por parte de las autoridades públicas, constituye un elemento fundamental de la libertad sindical.

h) Respecto a las transferencias de bienes de organizaciones sindicales declaradas ilegales del sector textil a un organismo estatal, el Comité advierte que dichas medidas no son conformes al principio según el cual los bienes de las organizaciones disueltas deben repartirse, en definitiva, entre sus miembros o transferirse a aquellas organizaciones que la sucedan.

i) En cuanto a las detenciones de dirigentes sindicales llevadas a cabo con ocasión del 1.° de Mayo de 1986, el Comité hacer notar que los interesados fueron liberados al cabo de unos días por falta de pruebas. Al respecto, el Comité recuerda que la detención por las autoridades de sindicalistas contra los cuales no hay ninguna base de inculpación, puede entrañar restricciones para el ejercicio de la libertad sindical. Los gobiernos deberían adoptar disposiciones a fin de que las autoridades interesadas reciban instrucciones apropiadas para prevenir el riesgo que para las actividades sindicales comportan las medidas de detención.

j) El Comité observa que el registro efectuado en los locales de la Asociación Gremial de Educadores de Chile es objeto de una investigación judicial. Pide al Gobierno que le mantenga informado de los resultados de la investigación.

k) En lo que atañe al despido de 14 trabajadores de la Corporación Nacional del Cobre, el Comité señala que, según el Gobierno, dichas medidas se adoptadaron por razones administrativas ajenas al ejercicio de las actividades sindicales. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de la resolución de los recursos judiciales presentados por seis de dichos trabajadores. l) El Comité pide al Gobierno que facilite sus observaciones exhaustivas sobre los alegatos más recientes formulados en el presente caso, a saber: el allanamiento de los locales de la Federación Nacional de Sindicatos Trabajadores Textiles del Vestuario; las trabas interpuestas al derecho de negociación colectiva de las operadoras reemplazantes de la Compañía Teléfonos de Chile; la detención de Guillermo Scherping, dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile; las investigaciones policiales y los registros domiciliarios llevados a cabo en las personas de dirigentes sindicales de los sectores de la construcción, la metalurgia, la gastronomía y la agricultura; los despidos efectuados en los sectores del textil y las minas de carbón; la prohibición de celebrar reuniones sindicales a varios sindicatos de base del sector metalúrgico y del textil; la inhabilitación de Juan Carlos Salazar Sierra, dirigente sindical de las minas de carbón; la detención de varios trabajadores de la Empresa Minera Cerro Negro, y la inobservancia del convenio colectivo por parte de la Sociedad Minera Agustinas.

&htab;313.&htab;En su reunión de febrero de 1986 el Comité examinó este caso, y presentó un informe provisional al Consejo de Administración. [Véase 243.  informe, párrafos 489 a 554, aprobado por el Consejo de Administración en su 232. a reunión (marzo de 1986).]

&htab;314.&htab;Desde entonces, la OIT ha recibido las siguientes comunicaciones de los querellantes: Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza (CMOPE): 13 de marzo, 15 de abril, 28 y 29 de mayo, y 16 de junio de 1986; Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL): 5 de mayo de 1986; Federación Internacional Sindical de la Enseñanza (FISE): 30 de mayo y 18 de junio de 1986. El Gobierno facilitó sus observaciones en comunicaciones de 20 de mayo y 29 de octubre de 1986.

&htab;315.&htab;Túnez ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;316.&htab;El presente caso trata del conflicto surgido entre la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT) y el Gobierno tunecino, acerca de la fijación de los salarios. Posteriormente, el conflicto sobrepasó con mucho el ámbito inicial de este problema de negociación colectiva, y la situación se degradó considerablemente ante las huelgas organizadas por la UGTT y las medidas represivas que, según los querellantes, adoptaron las autoridades: militarización del personal en huelga, utilización de personas ajenas al servicio para sustituir a los huelguistas, despido de éstos, detenciones y condenas de trabajadores a penas de prisión, prohibición de asambleas generales sindicales en las empresas, obstáculos para las reuniones sindicales, suspensión del periódico de la UGTT, supresión de la retención en nómina de las cotizaciones sindicales y de la asignación de permanentes sindicales en los servicios de la UGTT y ocupación de los locales de la UGTT por parte de comités sindicales provisionales con el apoyo de las fuerzas del orden.

&htab;317.&htab;Ante la gravedad del conflicto, y tras un encuentro entre el Ministro de Trabajo y el comité ejecutivo ampliado de la UGTT, se concluyó el 4 de diciembre de 1985 un acuerdo que preveía: 1) la liberación de los sindicalistas detenidos; 2) la reintegración de los trabajadores despedidos; 3) la renovación de las estructuras sindicales, y 4) la reanudación de las negociaciones sobre los puntos debatidos. Sin embargo, los querellantes consideraron que el Gobierno ni siquiera comenzó a aplicar el acuerdo concluido.

&htab;318.&htab;Por último, en nuevos alegatos se hacía referencia a la detención, y ulterior condena a prisión, del Sr. Habib Achour, secretario general de la UGTT, así como de otros seis sindicalistas.

&htab;319.&htab;Además, se informó al Comité de los resultados de la misión de la OIT, dirigida por el Sr. Bertil Bolin, Director General Adjunto, quien se trasladó a Túnez del 16 al 18 de febrero de 1986, para contribuir a la búsqueda de soluciones a los problemas planteados en relación con las quejas formuladas contra ese país.

&htab;320.&htab;En su reunión de marzo de 1986, el Consejo de Administración aprobó las siguientes conclusiones del Comité:

"a) De manera general, el Comité expresa su preocupación ante la gravedad de la tensión social provocada por las medidas que han sido objeto de alegatos; en particular, la ocupación de locales sindicales. Estima que los problemas actuales sólo podrán ser resueltos de forma duradera y eficaz si las organizaciones que participan en el diálogo son fuertes y verdaderamente libres e independientes, lo que supone, en especial, que la UGTT pueda llevar a cabo sus actividades sin restricciones y dentro del respeto de sus estatutos. b) El Comité considera primordial que se reanuden las negociaciones entre las partes del acuerdo del 4 de diciembre de 1985, con el fin de examinar su aplicación rápida y completa. Considera que sería de utilidad, si las partes interesadas lo desean, que la OIT continuara contribuyendo a encontrar una salida al conflicto, en base a los principios de la OIT en materia de libertad sindical, reiterados por el Comité en sus conclusiones.

c) El Comité ruega, por tanto, al Gobierno que estudie la posibilidad de la aplicación de estas recomendaciones y que le facilite informaciones sobre cualquier medida que adopte para favorecer la reintegración de los huelguistas despedidos, la liberación de los sindicalistas detenidos, la amnistía de los trabajadores condenados, el levantamiento de la prohibición de reuniones sindicales y de la suspensión del periódico de la UGTT, así como para examinar de nuevo las cuestiones relativas a la retención en nómina de las cuotas sindicales y a la asignación de permanentes sindicales para trabajar en las organizaciones sindicales.

d) El Comité ruega al Gobierno que transmita sus observaciones sobre la reciente condena de sindicalistas de la UGTT, entre ellos el Sr. Habib Achour, así como sobre las condiciones de detención de los mismos.

e) El Comité ruega al Gobierno que le facilite sus observaciones sobre los alegatos relacionados con la ocupación de los locales de la UGTT."

&htab;321.&htab;En su comunicación de 13 de marzo de 1986, la CMOPE facilita listas de 51 profesores sindicalistas y de 14 directores de escuelas primarias, despedidos, según la Confederación, a raíz de la ocupación de los locales de la UGTT y del Sindicato General de Enseñanza Primaria.

&htab;322.&htab;En su comunicación de 15 de abril de 1986, la CMOPE indica que, al no haberse aplicado todavía el acuerdo de 4 de diciembre de 1985 entre el Gobierno y la UGTT, los locales del Sindicato General de Enseñanza Primaria (SGEP) y del Sindicato General de Enseñanza Superior e Investigación Científica (SNESRS) permanecen ocupados, sin que los miembros de tales sindicatos tengan acceso a los mismos.

&htab;323.&htab;La CMOPE indica asimismo que el 18 de febrero de 1986 fue detenido el Sr. Moncef Ben Slimane, secretario general del SNESRS. Posteriormente, fue sometido a arresto domiciliario, hasta el 1.  de marzo de 1986. Según la CMOPE, antes de la detención, se le despidió de su puesto en la universidad. Además, a raíz de una declaración de huelga en la universidad para protestar contra la detención del secretario general del SNESRS, el Ministro de la Enseñanza Superior, en un comunicado a la prensa, declaró ilegal el citado Sindicato. En consecuencia, no se ha llevado a cabo conversación ni negociación alguna con el SNESRS. Por último, la CMOPE declara que se han prohibido todas las reuniones sindicales en los locales de la universidad.

&htab;324.&htab;La CMOPE acompaña a su comunicación una lista de los profesores de enseñanza secundaria sancionados a causa del conflicto entre el Gobierno y los sindicatos: 12 despedidos, 3 suspendidos, 7 enrolados en el ejército y 5 transferidos.

&htab;325.&htab;En su comunicación de 5 de mayo de 1986, la CIOSL declara que se ha agravado aún más la situación social en Túnez. Así, se ha detenido a varias decenas de sindicalistas de la UGTT, entre los cuales Habib Achour, condenado a dos años más de prisión. Según la CIOSL, centenares de militantes siguen despedidos por actividades de carácter permanente. Los dirigentes legítimos de la UGTT están sometidos a la vigilancia permanente o semipermanente de la policía, y los pasaportes de la mayoría de ellos han sido incautados.

&htab;326.&htab;La CIOSL añade que los días 29 y 30 de abril de 1986 los comité provisionales, opuestos a los dirigentes legítimos de la UGTT, organizaron un congreso extraordinario, usurpando el nombre de la UGTT con el pleno apoyo del Gobierno. Para la CIOSL, la celebración de este congreso, así como el reconocimiento de la nueva dirección por parte de las autoridades, revelan claramente que el Gobierno se ha inmiscuido en los asuntos internos de la UGTT, violando la autonomía de esta organización y los principios de la libertad sindical.

&htab;327.&htab;En su comunicación de 28 de mayo de 1986, la CMOPE alega que el 21 de abril de 1986, el Sr. Moncef Ben Slimane, secretario general del Sindicato Nacional de Enseñanza Superior e Investigación Científica (SNESRS) fue detenido por la policía, permaneciendo en tal situación durante nueve días. El 2 de mayo de 1986, el comité administrativo del Sindicato publicó una declaración condenando las prácticas policiales en la universidad. En la declaración se utilizó la firma del Sr. Ben Slimane, que no estaba presente en la reunión. Tal declaración sustenta la acusación de que fuera objeto el Sr. Ben Slimane el 24 de mayo de 1986, tras haber sido detenido de nuevo el 14 de mayo. Para la CMOPE, se trata de un caso de violación del artículo 1 del Convenio núm. 98, que prevé la protección contra todo acto de discriminación antisindical.

&htab;328.&htab;En su comunicación de 30 de mayo de 1986, la FISE se refiere también a la detención del Sr. Moncef Ben Slimane, y considera que constituye un nuevo episodio de la tentativa del Gobierno por yugular el movimiento sindical independiente.

&htab;329.&htab;En su comunicación de 29 de mayo de 1986, la CMOPE señala que fue el partido en el poder, el Partido Socialista Destur, el que, en reuniones por él convocadas, designó a los delegados al congreso que la UGTT celebró los días 29 y 30 de abril de 1986. La CMOPE adjunta a su carta copia de una convocatoria a una reunión de este tipo, y declara que ningún sindicalista participaba a tales reuniones. También indica que el nuevo secretario general designado durante el congreso era director de una gran empresa, "Les Fonderies réunies" y, por tanto, representante de los empleadores. Alega, por último, que durante el congreso, se modificaron los estatutos de la UGTT, y se suprimió toda referencia a conceptos tales como "justicia", "social", "autonomía", "independiente" y "patriotismo".

&htab;330.&htab;En su comunicación de 16 de junio de 1986, la CMOPE facilita detalles sobre la detención y acusación del Sr. Moncef Ben Slimane. Facilita especialmente el texto de la declaración de la comisión ejecutiva del SNESRS, en la que se basa la acusación. En la declaración se critica la violencia a que recurrió la policía en el recinto universitario, se solicita la investigación sobre dichos actos y la apertura de un diálogo con el Sindicato para encontrar solución a los problemas de la universidad. La CMOPE explica que una delegación del Sindicato presentó esta moción al Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación Científica. La moción no se publicó en la prensa, pero el Ministerio la transmitió directamente a los servicios del Ministerio del Interior y, sobre la base de dicho texto, el Sr. Ben Slimane fue acusado de difamación contra las fuerzas del orden y los organismos oficiales.

&htab;331.&htab;En su comunicación de 18 de junio de 1986, la FISE declara que el Sr. Ben Slimane fue condenado a un año de prisión.

&htab;332.&htab;En su respuesta el 20 de mayo de 1986, el Gobierno recuerda que sus dificultades con la UGTT comenzaron en abril de 1985, a raíz de cierta divergencia de puntos de vista acerca de la interpretación de algunas disposiciones de la legislación relativas a las modalidades de determinación de los salarios. Según el Gobierno, tal divergencia, lejos de ser anormal, constituye algo habitual en un país que ha optado por la negociación colectiva dentro del respeto de los principios de la libertad sindical, y donde las organizaciones sindicales son poderosas y gozan de todas las garantías de autonomía e independencia en el ejercicio de sus actividades. En una nota, el Gobierno pone de relieve los peligros que entrañaría vincular exclusivamente el aumento de los salarios al de los precios, tal como solicitó la UGTT, y, habida cuenta de las circunstancias excepcionales por que atraviesa la economía del país debidas a las repercusiones de la crisis económica internacional, propone que se vincule cualquier aumento salarial, entre otros, a la evolución de la producción y de la productividad. Esta crisis económica debería suscitar normalmente cierta solidaridad entre las partes sociales, aceptando una distribución justa y equitativa de los sacrificios originados por las dificultades económicas por que atraviesa el país.

&htab;333.&htab;Prosigue el Gobierno que, ante esta situación y, a pesar de su voluntad de continuar el diálogo para llegar a un acuerdo sobre los problemas pendientes en unos momentos en que el país, más que nunca, necesita la paz social, ciertos dirigentes de la UGTT rehusaron categóricamente llegar a un acuerdo sobre las propuestas del Gobierno, endurecieron su posición y se obstinaron en reivindicar un aumento salarial incondicional, lo que ha agravado la tensión social.

&htab;334.&htab;Además, ante los problemas originados por la expulsión masiva de trabajadores tunecinos regularmente instalados en Libia, ciertos dirigentes de la UGTT, en vez de suspender la serie de huelgas programadas durante el mes de agosto de 1985, y proseguir la negociación con el Gobierno, endurecieron aún más sus posiciones, e hicieron caso omiso del llamamiento del Gobierno por el que se les invitaba a declarar una tregua coyuntural, para hacer frente a los peligros exteriores que amenazaban al país.

&htab;335.&htab;A pesar de esta actitud negativa de los dirigentes de la UGTT y de la continua agravación de la tensión social, el Gobierno reafirmó su disposición para el diálogo sincero y responsable, y su voluntad de superar las dificultades. Así, el Ministro de Trabajo celebró el 9 de noviembre de 1985 una reunión con el comité ejecutivo de la UGTT. En una atmósfera serena y propicia a la continuidad del diálogo, esta reunión permitió reducir las tensiones, lo que llevó a la liberación de ciertos sindicalistas y a la reintegración de los trabajadores despedidos y, por tanto, a tranquilizar un tanto la situación.

&htab;336.&htab;El Gobierno añade que entre tanto, y en la mayoría de las regiones del país, sindicalistas de la UGTT comenzaron a criticar las posiciones rígidas de sus dirigentes y la excesiva politización de su organización, emprendiendo una vasta acción correctora, que plasmó en la creación de comités sindicales provisionales. Fiel a la tradición de autonomía de las organizaciones sindicales, el Gobierno se ha abstenido de toda injerencia en el asunto, por considerar que reviste un carácter estrictamente interno entre los sindicalistas de la UGTT; ha señalado que incumbe a estos sindicalistas resolver los problemas de su central y decidir acerca de su porvenir, al margen de toda injerencia exterior.

&htab;337.&htab;Prosigue el Gobierno que, a pesar de esta crisis interna, ha continuado dialogando con la UGTT. A tal efecto, el Ministro de Trabajo celebró el 4 de diciembre de 1985 una reunión con el comité ejecutivo de la UGTT, a raíz de la cual se publicó un comunicado. Dicho comunicado, que mereció el beneplácito de todas las partes, constituye una base sólida para encontrar solución a las diferencias mediante un diálogo concreto y responsable. Evidentemente, al aplicar los principios enunciados en dicho comunicado surgieron dificultades. En parte, tales dificultades derivan del contenido del comunicado en sí, que requiere una colaboración estrecha entre todas las partes interesadas para precisar los términos y modalidades de su aplicación. Además, estas dificultades se agravaron por la ausencia de acuerdo en el comité ejecutivo de la UGTT sobre el método a seguir para llegar a la normalización.

&htab;338.&htab;En efecto, según el Gobierno, las divergencias entre los responsables de la UGTT en cuanto a la aplicación de dicho comunicado indujeron a algunos de ellos a impugnar y denunciar el de 4 de diciembre de 1985. Así, la comisión administrativa, en su reunión de 12 de enero de 1986, impugnó la decisión adoptada por el comité ejecutivo ampliado de la UGTT, de sustituir al Sr. Habib Achour en la dirección de la UGTT por el Sr. Sadok Allouche. Este último fue designado secretario general por el comité ejecutivo ampliado, único organismo habilitado para asignar responsabilidades en el comité ejecutivo. Además, esta reunión de 12 de enero de 1986, celebrada en ausencia de ocho miembros del comité ejecutivo de la UGTT, sembró confusión entre los responsables sindicales, cuya mayoría impugnó la decisión de la comisión administrativa.

&htab;339.&htab;A pesar de ello, y durante varias semanas, los contactos no se interrumpieron y prosiguieron las consultas entre las diferentes partes afectadas por la normalización sindical. Sobrepasando el simple problema de la normalización sindical, y con ocasión de la celebración del cuadragésimo aniversario de la fundación de la UGTT (el 20 de enero de 1986), el Presidente de la República, ante la persistencia de las amenazas exteriores y en un arranque de solidaridad, lanzó un llamamiento a todos los trabajadores y sindicalistas, sin distinción de ideologías, para unificar la acción sindical dentro de una organización sólida, reputada y representativa que, al igual que en el pasado, contribuyera con las otras organizaciones nacionales al éxito de la empresa del desarrollo.

&htab;340.&htab;En la misma ocasión el Primer Ministro convocó a todas las organizaciones centrales de trabajadores (Unión Nacional de Trabajadores de Túnez y UGTT), incluidos los miembros del comité ejecutivo de la UGTT, con la finalidad de llegar a un acuerdo nacional en el movimiento sindical, por considerar éste el camino más seguro y mejor adaptado a la realidad tunecina. Los miembros del comité ejecutivo se negaron a asistir a esta reunión. Sin embargo, se entablaron consultas entre los diferentes sectores para la unificación del movimiento sindical tunecino.

&htab;341.&htab;Movido por su deseo de diálogo y de concertación, el Gobierno aceptó las misiones de la Oficina Internacional del Trabajo y de la CIOSL, y les facilitó todas las informaciones pertinentes sobre la realidad de la situación sindical en Túnez, para contribuir a la solución de los problemas pendientes.

&htab;342.&htab;Además, la persistente crisis interna sindical, llevó a los sindicalistas estructurados en comités provisionales a organizar un congreso extraordinario de la UGTT, que se celebró los días 29 y 30 de abril de 1986, y en el que se eligió un nuevo comité ejecutivo de la central sindical.

&htab;343.&htab;El Gobierno añade que sigue decidido a proseguir, al igual que siempre, una política contractual que concilie la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores y los intereses de la nación, en el marco de una concertación constructiva y respetando la autonomía de las organizaciones sindicales. Al respecto, y con motivo de la celebración de la fiesta del trabajo, el Gobierno anunció el 1.  de mayo de 1986 una serie de medidas sociales (revalorización de los subsidios familiares, aumento del SMIG y del SMAG, etc.) para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, pese a la difícil coyuntura por que atraviesa la economía del país. Esto prueba una vez más que la política social de Túnez sigue siendo progresista y profundamente partidaria de la instauración de una paz social duradera a través de un diálogo franco, constructivo y responsable.

&htab;344.&htab;En conclusión, el Gobierno declara que sigue estando en favor de la existencia de organizaciones de trabajadores autónomas y responsables y de la consolidación del diálogo social a todos los niveles y en todos los terrenos.

&htab;345.&htab;En cuanto a los alegatos relativos a la detención de sindicalistas, cuya lista figuraba como anexo al informe anterior del Comité sobre este caso, el Gobierno indica que todos los sindicalistas mencionados en dicha lista están en libertad, y que ninguno de ellos es objeto actualmente de procedimiento penal. Añade que las medidas judiciales que en tales casos se han adoptado, lo han sido por instancias de derecho común y por infracciones de tal tipo, sin relación alguna con el ejercicio del derecho sindical.

&htab;346.&htab;Acerca de las medidas adoptadas contra el personal docente, el Gobierno declara que el consejo de disciplina, de acuerdo con la legislación en vigor relativa al personal docente, adoptó medidas disciplinarias contra aquellos que cometieron infracciones graves de carácter profesional. Añade que algunos de ellos ya se han reintegrado a sus puestos.

&htab;347.&htab;En su comunicación de 29 de octubre de 1986, el Gobierno señala que el Presidente de la República, fiel a los principios de unidad y solidaridad, ha hecho un llamamiento a todos los trabajadores y sindicalistas de las diversas tendencias, para unificar el movimiento sindical en el seno de una organización fuerte, gloriosa y representativa, capaz por sí misma de continuar y lograr la obra de desarrollo. Asimismo, prosigue, es en aras de los principios de justicia y de mejora continua del bienestar del ciudadano tunecino, que el Gobierno ha tomado una serie de medidas sociales destinadas a preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y a mejorar los ingresos de las clases más necesitadas y ello, a pesar de la difícil coyuntura económica por que atraviesa Túnez debido, entre otros, a la crisis económica que afecta al mundo.

&htab;348.&htab;Desde este llamamiento, indica el Gobierno, se han mantenido reuniones y consultas entre las dos centrales sindicales (UGTT y UNTT) y, el 9 de septiembre de 1986, llegaron a la proclamación de la reunificación de las dos organizaciones: la Unión General Tunecina del Trabajo. Este acuerdo demuestra la voluntad de la gran mayoría de la base sindicalista de actuar en el seno de una "Organización Sindical poderosa, unificada e independiente" que reúna todas las fuerzas vivas y todos los sindicalistas de buena voluntad, como lo prueba la preocupación de los sindicalistas de "reunir las condiciones favorables" que permitan a la UGTT consagrar su nueva concepción de la acción sindical fundada en la participación consciente, la búsqueda de la autenticidad y la lealtad hacia los trabajadores y su causa.

&htab;349.&htab;Las dos organizaciones han decidido también celebrar un Congreso Nacional el 20 de enero de 1987 (fecha aniversario de la creación de la UGTT). En el marco de los preparativos de este Congreso, la nueva estructura provisional de la UGTT, compuesta por miembros de los antiguos comités ejecutivos de las dos organizaciones de trabajadores, se ha reunido el 24 de septiembre de 1986 y ha procedido al examen de todos los asuntos concernientes a la concretización de la unidad sindical, la situación sindical general en el país y la elaboración de la Carta Nacional Sindical.

&htab;350.&htab;En cuanto a la condena de Habib Achour, el Gobierno declara que la misma ha sido pronunciada por los tribunales competentes por infracciones de derecho común, debido a una denuncia presentada por el Director de la cooperativa obrera de producción "Cosoup", cuyos locales fueron allanados por efracción por el Sr. Habib Achour y un grupo de sus colaboradores, así como por mala administración, según el artículo 86 del Código de Comercio.

&htab;351.&htab;En lo que respecta al Sr. Moncef Ben Slimane, el Gobierno explica que el interesado fue reclutado como asistente en período de prueba de conformidad con el estatuto de enseñanza superior, y para un período de dos años como mínimo, al término de los cuales podía ser confirmado de manera definitiva pasando a ser permanente, o bien terminar la relación. Durante el período de prueba, el Sr. Ben Slimane cometió un grave acto de insubordinación hacia un alto funcionario del ministerio al que estaba adscrito, el Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación Científica. En consecuencia, el Gobierno estima que los textos legales de Túnez han sido escrupulosamente respetados y que la terminación de su relación es jurídicamente correcta. A pesar de la decisión comunicándole oficialmente la terminación de su relación, el Sr. Ben Slimane ha continuado yendo al campus y a varias instituciones universitarias. Se le han hecho varios llamamientos al orden pero a pesar de ello ha seguido acudiendo a estas instituciones. En el mes de mayo de 1986, se encontró en su posesión planfletos subversivos contra el Gobierno. Al no tener carácter sindical esta actividad, los tribunales competentes condenaron al interesado.

&htab;352.&htab;Ante la respuesta al Gobierno, el Comité debe constatar que, desde el último examen del caso, en febrero de 1986, no ha habido ningún elemento nuevo que pueda propiciar una solución para las dificultades que dieron origen a las quejas formuladas en el presente caso. Aunque el Gobierno indica que los sindicalistas mencionados en las listas facilitadas por los querellantes ya están en libertad y que parte del personal docente sancionado disciplinariamente se ha reintegrado a sus puestos, no cabe duda de que algunas otras medidas constituyen graves obstáculos para la reanudación de un diálogo constructivo y sereno con una parte importante del movimiento sindical; entre ellas la condena a una nueva pena de prisión de Habib Achour y las adoptadas contra el secretario general del Sindicato Nacional de Enseñanza Superior e Investigación Científica, Moncef Ben Slimane.

&htab;353.&htab;En lo que respecta a las mencionadas condenas, el Comité observa que, según el Gobierno, el Sr. Achour fue condenado por delitos de derecho común y el Sr. Ben Slimane por posesión de panfletos subversivos. El Comité debe señalar sin embargo que las mencionadas condenas se produjeron en un momento en que el Gobierno estaba en conflicto con las directivas sindicales a las que pertenecían los interesados, lo cual, según los querellantes, explicaría que hayan sido pronunciadas. El Comité debe señalar igualmente que según las informaciones de que dispone, los hechos que se reprochaban al Sr. Achour en su primera condena remontaban a un período antiguo, y que los panfletos que estaban en poder del Sr. Ben Slimane se limitaban, según los querellantes, a exigir investigaciones sobre las violencias que se habían producido en el recinto universitario. En estas circunstancias el Comité estima que medidas de amnistía en favor de los interesados podrían apaciguar los ánimos.

&htab;354.&htab;Aparte de dichos alegatos, el Comité debe subrayar que, en su opinión, no se puede encontrar solución a los problemas económicos y sociales de un país dejando al margen sectores importantes del movimiento sindical. Por el contrario, es indispensable el desarrollo de organizaciones libres e independientes y la negociación con todos los componentes del entramado social para que un gobierno pueda hacer frente a tales problemas y resolverlos de la mejor manera para los intereses de los trabajadores y de la nación.

&htab;355.&htab;En tal perspectiva, el Comité insiste de nuevo ante el Gobierno para que se haga todo lo posible para aplicar el acuerdo firmado el 4 de diciembre de 1985 entre el comité ejecutivo ampliado de la UGTT y el Ministro de Trabajo, a fin de propiciar las condiciones necesarias para el restablecimiento de una situación sindical acorde a los principios de la libertad sindical. El Comité ruega de nuevo al Gobierno que le facilite informaciones sobre toda medida que se adopte al respecto.

&htab;356.&htab;El Comité observa, por otra parte, que el Gobierno no alude, en su respuesta a los alegatos relativos a la ocupación de los locales de la UGTT, la violación de los estatutos de la UGTT durante la convocatoria y celebración del Congreso de abril de 1986. Por consiguiente, el Comité ruega al Gobierno que transmita sus observaciones al respecto.

&htab;357.&htab;En estas condiciones, el Comité recomienda al Consejo de Administración que apruebe el presente informe provisional y, en particular, las conclusiones siguientes:

a) El Comité, tras constatar que el Gobierno no ha dado respuesta a los alegatos relativos a la ocupación de los locales de la UGTT, la violación de los estatutos de la UGTT con ocasión de la convocatoria y celebración del congreso de abril de 1986, ruega al Gobierno que le facilite observaciones al respecto.

b) El Comité toma nota de las informaciones facilitadas por el Gobierno sobre las condenas de los Sres. Achour y Ben Slimane. Habida cuenta en particular de la contradicción entre las declaraciones del Gobierno y las de los querellantes, el Comité estima que medidas de amnistía en favor de los interesado podrían apaciguar los ánimos.

c) El Comité recuerda que es indispensable el desarrollo de organizaciones libres e independientes y la negociación con el conjunto de los integrantes del entramado social para que un gobierno pueda afrontar los problemas económicos y sociales, y resolverlos de la mejor manera en interés de los trabajadores y de la nación.

d) Por tanto, el Comité insiste ante el Gobierno para que se haga todo lo posible para aplicar el acuerdo firmado el 4 de diciembre de 1985 entre el comité ejecutivo ampliado de la UGTT y el Ministro de Trabajo, a fin de propiciar las condiciones necesarias para el restablecimiento de una situación sindical acorde a los principios de la libertad sindical. El Comité ruega de nuevo al Gobierno que le facilite informaciones sobre cualquier medida que se adopte al respecto.

&htab;358.&htab;El Comité examinó por última vez este caso en su reunión de noviembre de 1985 en la que presentó conclusiones provisionales al Consejo de Administración; [véase 241.° informe, párrafos 822 a 845, aprobado por el Consejo de Administración en su 231. a reunión] en dos ocasiones, concretamente en sus reuniones de febrero y de mayo de 1986, aplazó el examen de este caso. [Véanse 243.° y 244.° informes, párrafo 5.]

&htab;359.&htab;Se recibió información adicional de los querellantes en una comunicación de 23 de diciembre de 1985 y del Gobierno en comunicaciones de fechas 18 de enero, 31 de mayo y 23 de septiembre de 1986.

&htab;360.&htab;Guyana ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). También ha ratificado el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) y el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154).

&htab;361.&htab;Cuando el Comité examinó este caso en noviembre de 1985, hizo las siguientes recomendaciones al Consejo de Administración: [Véase 241.° informe, párrafo 845.]

a) El Comité pide al Gobierno que le facilite una copia del fallo judicial sobre la validez y constitucionalidad de la ley por la que se enmienda la legislación del trabajo en cuanto se haga público, a fin de que pueda llegar a una conclusión sobre este aspecto del caso una vez que disponga de toda la información pertinente.

b) El Comité pide a las organizaciones querellantes que den precisiones sobre los alegatos relativos a la acumulación de funciones gubernamentales y sindicales en ciertos miembros de la ejecutiva del GTUC, indicando en particular las consecuencias que ello comporta para el ejercicio de los derechos sindicales.

c) El Comité señala determinados aspectos del caso relativos a la ley por la que se enmienda la legislación del trabajo a la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. d) El Comité expresa la esperanza de que, por lo que se refiere al reconocimiento de derechos exclusivos de negociación, el Gobierno pueda aplicar el principio de que no es necesariamente incompatible con el Convenio núm. 87 acreditar al sindicato negociador más representativo en un departamento como agente negociador exclusivo, pero que en tales casos deben observarse determinadas garantías, entre las que se incluyen: a) la acreditación por parte de un órgano independiente, y b) la elección de la organización representativa por el voto mayoritario de los trabajadores del departamento en cuestión.

&htab;362.&htab;En una comunicación de 23 de diciembre de 1985, los querellantes afirman que desearían aclarar la repercusión que tiene sobre el GTUC la presencia del Ministro de Trabajo, el Ministro de Silvicultura (anteriormente, Ministro de Hacienda) y el secretario del Parlamento de Asuntos Femeninos y de Vivienda en la ejecutiva de dicha organización.

&htab;363.&htab;Los querellantes señalan que los ministros a los que se ha aludido son miembros de sindicatos afiliados al GTUC, que fueron elegidos para su ejecutiva y eran miembros de la misma en el momento en que se plantearon los conflictos y continúan afirmando que esos ministros participan plenamente en las deliberaciones de la ejecutiva del GTUC sobre todas las cuestiones de relaciones de trabajo y que están al tanto de todas las decisiones adoptadas a nivel del GTUC sobre todas esas cuestiones y, en particular, sobre las negociaciones.

&htab;364.&htab;Los querellantes afirman, además, que alrededor del 85 por ciento de los trabajadores sindicados están empleados en el sector público y que el Gobierno y el GTUC mantienen regularmente discusiones sobre cuestiones de su interés. Se refieren al hecho de que el Ministro de Trabajo está siempre en el equipo de negociación del Gobierno mientras que dispone de toda la información del GTUC con mucha anticipación y alegan que este Ministro asume las tres funciones siguientes: la de Ministro encargado de la conciliación en las relaciones de trabajo, la de miembro del equipo de empleadores (el Gobierno) y la de miembro de la ejecutiva del GTUC. A este respecto, exponen que existe un conflicto claro entre los intereses y las obligaciones, que esto convierte en una burla las negociaciones y que la costumbre y el simple decoro imponen la renuncia al cargo sindical o al ministerial.

&htab;365.&htab;Los querellantes continúan afirmando que todos los ministros gubernamentales acatan el principio de la supremacía del partido en el Gobierno y que los ministros están obligados por juramento a mantener el secreto de lo tratado en el gabinete mientras que esto no se les aplica en sus funciones como miembros de la ejecutiva del GTUC.

&htab;366.&htab;Los querellantes alegan, además, que la presencia de ministros (ya sean los anteriormente mencionados u otros) en la ejecutiva del GTUC impide la libre expresión de opiniones en ese organismo, especialmente por las personas más precavidas.

&htab;367.&htab;Por último, los querellantes expresan la opinión de que se infringe el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva imparcial e independiente o de que, por lo menos, no se puede ejercer debidamente en las circunstancias anteriormente mencionadas.

&htab;368.&htab;En sus comunicaciones de 18 de enero y de 23 de septiembre de 1986, el Gobierno se refiere a las recomendaciones del Comité. En particular, afirma que el fallo judicial sobre la validez y constitucionalidad de la ley núm. 9 por la que se enmienda la legislación del trabajo, de 1984, no ha sido anunciado y que los aspectos del caso relacionados con esta cuestión todavía están, por consiguiente, sub judice ; el Gobierno enviará una copia del fallo tan pronto como disponga del mismo (lo cual todavía no era el caso cuando envió su última comunicación).

&htab;369.&htab;Con respecto a la recomendación relativa a la observancia del principio sobre los derechos exclusivos de negociación, el Gobierno indica que este asunto fue examinado por la Comisión del Código de Trabajo que está compuesta de miembros del Gobierno, el GTUC, la organización de empleadores, los dos partidos políticos y la organización femenina y que, como resultado del informe de la Comisión, se preparó un anteproyecto de ley sobre reconocimiento sindical, en 1979, que dispone lo siguiente: i) el establecimiento de un consejo de reconocimiento y de acreditación sindicales, como órgano independiente; ii) criterios para determinar qué sindicato debe ser reconocido cuando uno o más tratan de obtener ese reconocimiento y iii) acreditación del sindicato reconocido. En la comunicación de 23 de septiembre de 1986, el Gobierno afirma que los representantes de los empleadores y los trabajadores todavía están examinando este proyecto (se adjunta una copia mecanografiada del mismo).

&htab;370.&htab;La comunicación del Gobierno de 31 de mayo de 1986 se refiere a la información suplementaria facilitada por los querellantes el 23 de diciembre y a la que se ha hecho referencia anteriormente. A este respecto, el Gobierno afirma que los querellantes no han enviado los detalles solicitados en las anteriores recomendaciones del Comité y que, en particular, no han indicado las repercusiones sobre los derechos sindicales.

&htab;371.&htab;El Gobierno estima que las protestas formuladas por los querellantes no están justificadas: la presencia de los ministros y del secretario del Parlamento en la ejecutiva del GTUC se debe a que fueron elegidos para esos cargos de forma democrática y constitucional, antes y después de su nombramiento como ministros. A este respecto, el Gobierno vuelve a exponer su anterior argumento de que existen abundantes precedentes en las Indias occidentales de personalidades públicas de esa región que han ocupado puestos ministeriales al tiempo que desempeñaban un alto cargo sindical.

&htab;372.&htab;Afirma, además, que el electorado en las elecciones del GTUC estaba compuesto por los mismos trabajadores cuya causa están defendiendo los querellantes y que éstos estaban en todos los momentos totalmente enterados y eran plenamente conscientes de la práctica mencionada, que contaban con la presencia de los funcionarios en todos los foros pertinentes, tanto industriales como políticos y la aceptaban, y que no se plantea ninguna cuestión de moralidad.

&htab;373.&htab;El Gobierno opina que el alegato de los querellantes relativo al efecto inhibidor sobre la negociación colectiva de la observancia por los ministros del principio de la supremacía del partido en el Gobierno simplemente se trata de una suposición, que no tiene ningún valor, mientras que el relativo al efecto del juramento de mantener el secreto de lo tratado en el gabinete es improcedente y no respalda el argumento de los querellantes.

&htab;374.&htab;El Gobierno afirma que apoya el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva imparcial e independiente como lo demuestran las negociaciones recientemente concluidas respecto de sueldos, salarios y condiciones de trabajo en las que los sindicatos querellantes participaron de forma destacada como parte del equipo de negociación del GTUC mientras que el Ministro estaba entre los representantes del Gobierno.

&htab;375.&htab;Por último, el Gobierno señala que únicamente los seis sindicatos querellantes de un total de 26 sindicatos del GTUC han considerado necesario plantear objeciones con respecto a la constitución de ese órgano.

&htab;376.&htab;El Comité señala que aún no se dispone del fallo sobre la validez y la constitucionalidad de la ley por la que se enmienda la legislación del trabajo y que, por consiguiente, todavía no se pueden considerar totalmente los aspectos de este caso que derivan de esa legislación. Toma nota de que estas cuestiones siguen estando sub judice , como viene sucediendo desde hace más de dos años y expresa la firme esperanza de que se harán todos los esfuerzos necesarios para acelerar este proceso a fin de que pueda llegar a una conclusión a este respecto una vez que disponga de toda la información pertinente.

&htab;377.&htab;El Comité ha tomado nota de la información facilitada por el Gobierno sobre los procedimientos propuestos para el registro y la acreditación de sindicatos, por medio del anteproyecto de ley sobre reconocimiento sindical, de 1979. A este respecto, observa con cierta preocupación el largo período de tiempo que ha transcurrido desde que se presentó esta medida para su examen por las organizaciones de empleadores y de trabajadores y únicamente puede expresar una vez más la esperanza de que, con relación al reconocimiento de los derechos exclusivos de negociación, le será posible al Gobierno observar el principio de que no es necesariamente incompatible con el Convenio núm. 87 reconocer al sindicato negociador más representativo de un departamento como agente negociador único pero que debe contarse con determinadas garantías, entre las que se incluyen: a) la acreditación por parte de un órgano independiente, y b) la elección de la organización representativa por el voto mayoritario de los trabajadores en el departamento en cuestión.

&htab;378.&htab;El Comité también señala estos dos aspectos legislativos del caso a la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.

&htab;379.&htab;Sobre la cuestión de la acumulación de funciones gubernamentales y sindicales de ciertos miembros de la ejecutiva del GTUC, el Comité ha tomado nota de la información suplementaria enviada por los querellantes y de las observaciones a este respecto que figuran en la respuesta del Gobierno. En vista de la ausencia de ejemplos específicos sobre las repercusiones que esta situación puede haber tenido sobre las actividades de los sindicatos o del GTUC, el Comité no se encuentra en condiciones de examinar nuevamente este aspecto del caso. Sin embargo, señala a la atención del Gobierno su anterior decisión según la cual el hecho de que uno de los miembros del Gobierno sea al mismo tiempo dirigente de un sindicato que representa a varias categorías de trabajadores al servicio del Estado podría hacer posible actos de injerencia en violación del artículo 2 del Convenio núm. 98. [Véase 84.° informe del Comité, caso núm. 415 (Reino Unido/San Vicente), párrafo 62; Recopilación de decisiones y principios , tercera edición, párrafo 580.]

&htab;380.&htab;El Comité recomienda al Consejo de Administración que apruebe el presente informe provisional y, en particular, las conclusiones siguientes:

a) El Comité toma nota de que los aspectos del caso relativos a la ley por la que se enmienda la legislación del trabajo continúan estando sub judice , como viene sucediendo desde hace más de dos años y expresa la firme esperanza de que se harán todos los esfuerzos necesarios para acelerar este proceso a fin de que pueda llegar a una conclusión a este respecto una vez que disponga de toda la información pertinente. b) El Comité observa con cierta preocupación el largo período de tiempo que ha transcurrido desde que se presentó el anteproyecto de ley sobre reconocimiento sindical, en 1979, para su examen por las organizaciones de empleadores y de trabajadores y expresa una vez más la esperanza de que, con relación al reconocimiento de los derechos exclusivos de negociación, le será posible al Gobierno observar el principio de que no es necesariamente incompatible con el Convenio núm. 87 reconocer al sindicato negociador más representativo de un departamento como agente negociador único pero que debe contarse con determinadas garantías, entre las que se incluyen: a) la acreditación por parte de un órgano independiente, y b) la elección de la organización representativa por el voto mayoritario de los trabajadores en el departamento en cuestión.

c) El Comité señala los aspectos legislativos anteriormente mencionados de este caso a la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.

d) Sobre la cuestión de la acumulación de funciones gubernamentales y sindicales de ciertos miembros de la ejecutiva del GTUC, el Comité señala a la atención del Gobierno su anterior decisión según la cual el hecho de que uno de los miembros del Gobierno sea al mismo tiempo dirigente de un sindicato que representa a varias categorías de trabajadores al servicio del Estado podría hacer posible actos de injerencia en violación del artículo 2 del Convenio núm. 98.

&htab;381.&htab;El Comité de Libertad Sindical examinó este caso por primera vez en su reunión de febrero de 1986 y presentó un informe provisional al Consejo de Administración (243. er informe, párrafos 570 a 587), el que lo aprobó en su 232. a reunión (febrero-marzo de 1986). Habiendo recibido nuevos alegatos de los querellantes así como también diversas observaciones por parte del Gobierno, el Comité volvió a examinar el caso en su reunión de mayo de 1986 y presentó otro informe provisional (244.° informe, párrafos 357 a 383) al Consejo de Administración. Este lo aprobó en su 233. a reunión (mayo-junio de 1986).

&htab;382.&htab;Los querellantes habían solicitado que una misión de la OIT se desplazara a Colombia y en su reunión de mayo de 1986 el Comité estimó, "habida cuenta de la gravedad de los alegatos formulados en este caso, que sería de la mayor utilidad que se realice una misión al país para la obtención de todas las informaciones necesarias para un examen en profundidad del caso" (244.° informe del Comité, párrafo 383, d)).

&htab;383.&htab;Mediante una comunicación de fecha 12 de junio de 1986, el Ministro del Trabajo y Seguridad Social de Colombia invitó a la OIT a que "envíe una misión para que visite el país y entre en contacto con el Gobierno, con las organizaciones empresarias y de trabajadores democráticos, con el objeto de que se esclarezca debidamente la situación". El 13 de junio el Presidente del Comité se entrevistó con el Ministro de Trabajo de Colombia para discutir sobre el caso en instancia y determinar las modalidades de esta misión.

&htab;384.&htab;El Director General de la OIT designó como representante para llevar a cabo esta misión al Sr. Geraldo von Potobsky, llevándose a cabo la misión en Bogotá del 14 al 18 de julio de 1986. En el transcurso de la misión acompañaron al representante del Director General el Sr. Alberto Odero, miembro del Servicio de Libertad Sindical del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, y el Sr. Luis Zamudio, consejero regional para las normas. El informe de misión figura en anexo II al final del presente informe.

&htab;385.&htab;La misión se entrevistó con el Excmo. Sr. Jorge Carrillo Rojas, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, y con autoridades y altos funcionarios de varios ministerios, así como con representantes de las organizaciones de empleadores y trabajadores.

&htab;386.&htab;Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

* * *

&htab;387.&htab;El Comité desea agradecer al Sr. Geraldo von Potobsky que haya aceptado llevar a cabo la misión de contactos directos, así como su detallado informe sobre el caso, que ha permitido el examen del mismo por parte del Comité. El Comité estima que el informe del representante del Director General muestra la utilidad de las misiones de este tipo en el esclarecimiento de las cuestiones planteadas en los alegatos de las organizaciones querellantes.

&htab;391.&htab;Habida cuenta de que el contenido de los demás alegatos presentados en el marco del presente caso y de las informaciones suministradas por el Gobierno al respecto, así como las informaciones obtenidas por el representante del Director General durante la misión figuran ya en el informe de misión (véase anexo II al final del presente informe), el Comité puede proceder directamente a la formulación de sus conclusiones sobre las distintas cuestiones.

&htab;392.&htab;El Comité toma nota del informe del representante del Director General sobre la misión efectuada del 14 al 18 de julio de 1986 en Bogotá. El Comité toma nota con interés de que el representante del Director General recibió todas las facilidades por parte de las autoridades para el cumplimiento de la misión. El Comité toma nota asimismo de las informaciones escritas facilitadas por el Gobierno con posterioridad a la misión.

&htab;393.&htab;El Comité debe subrayar en primer lugar la gravedad de los alegatos que le han sido sometidos y que se refieren en particular a ataques a la vida y a la seguridad personal de un importante número de dirigentes sindicales y sindicalistas. Diversas personas han señalado al representante del Director General la complejidad de la situación reinante así como el entrecruzamiento de cuestiones sindicales, políticas y subversivas, y a veces relacionadas con el narcotráfico, que conducen a actos de violencia de distinto origen, e inclusive a procedimientos ilegales por parte de ciertos miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía. Según las autoridades, se trataría de comportamientos a título individual. El Comité expresa su preocupación observando que según se desprende del informe de misión, actúan en el país grupos denominados paramilitares y grupos armados a sueldo, así como que los ataques a la vida y a la seguridad personal de sindicalistas afectan mayoritariamente a sindicalistas de una determinada tendencia.

&htab;394.&htab;El Comité observa asimismo con preocupación que en varias partes del informe de misión se deja constancia de la dificultad de determinar los responsables de los delitos y las circunstancias en que se produjeron por el temor que inspiran a los eventuales testigos las posibles represalias que pueden sufrir, particularmente en algunas zonas especialmente conflictivas. El Comité considera que deben adoptarse todas las medidas adecuadas para garantizar que cualquiera que sea la tendencia sindical, los derechos sindicales puedan ejercerse con normalidad, dentro del respeto de los derechos humanos fundamentales y en un clima desprovisto de violencia, presiones, temores y amenazas de toda índole.

&htab;408.&htab;En estas condiciones, el Comité recomienda al Consejo de Administración que apruebe el presente informe provisional y, en particular, las siguientes conclusiones:

Conclusiones generales

a) El Comité toma nota del informe del representante del Director General sobre la misión efectuada del 14 al 18 de julio de 1986 en Bogotá. El Comité toma nota con interés de que el representante del Director General recibió todas las facilidades por parte de las autoridades para el cumplimiento de la misión.

b) El Comité debe subrayar en primer lugar la gravedad de los alegatos que le han sido sometidos y que se refieren en particular a ataques a la vida y a la seguridad personal de un importante número de dirigentes sindicales y sindicalistas. Diversas personas han señalado al representante del Director General la complejidad de la situación reinante así como el entrecruzamiento de cuestiones sindicales, políticas y subversivas, y a veces relacionadas con el narcotráfico, que conducen a actos de violencia de distinto origen, e inclusive a procedimientos ilegales por parte de ciertos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Según las autoridades se trataría de comportamientos a título individual. El Comité expresa su preocupación observando que según se desprende del informe de misión, actúan en el país grupos denominados paramilitares y grupos armados a sueldo, así como que los ataques a la vida y a la seguridad personal de sindicalistas afectan mayoritariamente a sindicalistas de una determinada tendencia.

c) El Comité observa asimismo con preocupación que en varias partes del informe de misión se deja constancia de la dificultad de determinar los responsables de los delitos y las circunstancias en que se produjeron por el temor que inspiran a los eventuales testigos las posibles represalias que pueden sufrir, particularmente en algunas zonas especialmente conflictivas. d) El Comité considera que deben adoptarse todas las medidas adecuadas para garantizar que cualquiera que sea la tendencia sindical, los derechos sindicales puedan ejercerse con normalidad, dentro del respeto de los derechos humanos fundamentales y en un clima desprovisto de violencia, presiones, temores y amenazas de toda índole.

Conclusiones particulares sobre los distintos alegatos

a) El Comité observa que prácticamente en todos los casos alegados de asesinato, secuestro o desaparición de dirigentes sindicales y sindicalistas, se ha abierto una investigación judicial, en consonancia con las recomendaciones del Comité formuladas en sus reuniones de febrero y mayo de 1986. El Comité observa, sin embargo, que el Gobierno señala que precisa informaciones suplementarias de la organización querellante en relación con las alegadas muertes de los sindicalistas agrarios Leonor Marle, Omar Vergara, Solón López y Serafín Herrera y del médico y dirigente gremial Gabriel Anchique Gómez, así como de la desaparición de José Jairo López Cadena. El Comité pide a las organizaciones querellantes que faciliten toda información que esté a su alcance sobre estos alegatos con objeto de que el Gobierno pueda responder con precisión a los mismos.

b) El Comité observa que según se desprende de las informaciones facilitadas algunas muertes de dirigentes sindicales y sindicalistas no tienen relación con la condición o actividad sindical de los interesados, y que se ha dado con el paradero de algunas personas cuya desaparición había sido alegada.

c) En relación con los restantes alegatos de asesinato o desaparición de dirigentes sindicales y sindicalistas (véase anexo al presente caso), el Comité observa que son objeto de una investigación judicial y del correspondiente proceso. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de la evolución de los distintos procesos, y expresa la esperanza de que pronto podrá darse con el paradero de los desaparecidos. El Comité pide al Gobierno que facilite informaciones sobre los recientes alegatos relativos a las amenazas de muerte a varios dirigentes sindicales, y sobre el alegato relativo a la desaparición de setenta trabajadores del Servicio de Erradicación de la Malaria en abril de 1985.

d) El Comité pide al Gobierno que le informe sobre la evolución de los procesos relativos a las lesiones sufridas por los sindicalistas Meyer Rivas y Heriberto Ramírez Rengifo. e) El Comité queda a la espera de las observaciones anunciadas por el Gobierno sobre los alegatos pendientes de injerencia en las actividades sindicales a los que no ha respondido.

f) El Comité ruega al Gobierno que indique si los tres trabajadores de la empresa Vianini Entrecanales mencionados por los querellantes (Sres. Rafael Mauriao Mendoza Aguilar, Pedro Antonio Rodriguez Rojas y Pablo Emilio Leal Cruz) fueron efectivamente despedidos y, en caso afirmativo, los motivos, y los resultados de cualquier acción judicial que hayan podido emprender con miras a su reintegro.

1.&htab;Leonel Roldán 2.&htab;Francisco Javier Correa Muñoz 3.&htab;Dionisio Hernán Calderón 4.&htab;José Luis Ortega 5.&htab;Oscar Salazar 6.&htab;Hernán Yate 7.&htab;Jaime Quintero Cruz 8.&htab;Javier Sanabria Murcia 9.&htab;Rubén Castaño 10.&htab;Carmelo Gelves Ortega 11.&htab;Rogelio Sánchez 12.&htab;Luis Jesús Leal Guerrero 13.&htab;Victor Manuel Leal 14.&htab;Eder Lascarro 15.&htab;Celso Rojas 16.&htab;Jesús Flores 17.&htab;Angel Amable Arroyabe 18.&htab;Juan Alberto Rodas 19.&htab;Pedro Contreras 20.&htab;Faeriel Santana 21.&htab;Jaime Bronstein 22.&htab;José Diomedes Cedeño 23.&htab;Héctor Perdomo Soto 24.&htab;José Rutilio Quintero 25.&htab;Jairo Berrio

1.&htab;Miguel Angel Díaz 2.&htab;Faustino López 3.&htab;Gustavo Alcalde Ospina

&htab;409.&htab;El Comité, tras examinar este caso en su reunión de febrero de 1986, formuló conclusiones provisionales, aprobadas por el Consejo de Administración en su 232. a reunión (marzo de 1986) [véase 243. er informe del Comité, párrafos 588 a 600]. La Federación de Asociaciones de Representantes Médicos y Comerciales (FMRAI) facilitó datos adicionales en carta de 31 de marzo de 1986. En relación con el caso el Gobierno envió comunicaciones el 9 de mayo y el 4 de noviembre de 1986.

&htab;410.&htab;La India no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) ni el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;411.&htab;En su reunión de febrero de 1986, el Comité examinó alegatos sobre discriminación antisindical (33 despidos; creación por la dirección de un sindicato antagonista; coacción de la dirección para afiliarse a dicho sindicato; desde 1983 agresiones contra los dirigentes del sindicato querellante, la organización querellante y sus miembros en la empresa Raptakos, Brett and Co. Ltd). El Comité examinó asimismo la respuesta del Gobierno.

&htab;412.&htab;El Consejo de Administración, por recomendación del Comité, aprobó el informe provisional sobre el caso y, en particular, las siguientes conclusiones:

a) El Comité toma nota de que los alegatos sobre discriminación antisindical en la empresa Raptakos, Brett and Co. Ltd., se han sometido al Tribunal Laboral de Bombay; pide al Gobierno que le envíe una copia de la decisión del Tribunal, tan pronto como ésta se dicte. b) El Comité lamenta observar que 33 trabajadores siguen despedidos de la compañía, aparentemente desde finales de 1983 y, según se alega, a causa de su afiliación sindical; recuerda el principio de que los trabajadores deben beneficiar de adecuada protección contra cualquier acto de discriminación antisindical en su empleo.

c) En cuanto a la firma de un acuerdo entre el empleador y el sindicato antagonista de nueva creación, el Comité expresa la esperanza de que la decisión del Tribunal Laboral pondrá en claro cuál es el carácter del nuevo sindicato y del acuerdo por él firmado.

d) El Comité pide al Gobierno y al querellante que le faciliten datos más detallados sobre los alegatos de violencias físicas contra los funcionarios del sindicato querellante.

&htab;413.&htab;En carta de 31 de marzo de 1986, el sindicato querellante impugna la declaración del Gobierno de que los conflictos en causa se hayan sometido a la decisión del Tribunal Laboral de Bombay. Según el sindicato, el único tema sometido al Tribunal Laboral era la demanda de reintegración de 90 trabajadores, además del pago total de los salarios devengados, sin pérdida de antigüedad; el sindicato facilitó una copia mecanografiada de una orden (de 4 de noviembre de 1985, firmada en nombre del Gobernador de Maharashtra) por la que se somete al Tribunal Laboral un conflicto laboral surgido en la empresa Raptakos Brett. La FMRAI indicó que en la lista de 90 representantes médicos implicados en el caso, no figuraban seis de los 33, cuyos nombres aparecían en el anexo presentado al Comité en el anterior examen del caso.

&htab;414.&htab;En respuesta a la solicitud del Comité de mayores detalles sobre las supuestas agresiones contra los funcionarios del sindicato querellante, la FMRAI indicó que, en el atardecer del 8 de julio de 1984, tres sindicalistas que pacíficamente actuaban como piquetes de huelga en las instalaciones de la compañía en Calcutta, sufrieron el ataque de hampones contratados por la dirección de la Raptakos, Brett Co. Ltd. Según la FMRAI, un sindicalista, el Sr. Arun Roy Choudhury, fue raptado a punta de pistola, acuchillado, golpeado y abandonado inconsciente en la carretera; fue hospitalizado, y se presentó denuncia en la policía contra sus agresores.

&htab;415.&htab;El querellante indicó que, también el 8 de julio de 1984, varios sindicalistas se reunieron frente al hotel Patliputra Ashok, en Patna, en el Estado de Bihar, para presentar un memorándum a dos funcionarios de la compañía, los Sres. Yotirmoy, Roy y Shetty; según se afirma, este último salió del hotel con un grupo de bandidos contratados, que haciendo uso de sus revólveres y otras armas, atacaron a los sindicalistas. El querellante indica que el público rechazó a los bandidos y a los dos ejecutivos.

&htab;416.&htab;El FMRAI alega asimismo que la compañía Raptakos Brett contrató los servicios de varios bandidos para que, bien armados, atacaran a sus afiliados en huelga de hambre frente a las oficinas de la compañía en Ranchi, Estado de Bihar, entre el 30 de abril y el 5 de mayo de 1984; el secretario de la delegación sindical, Sr. Ratan Chakraborty, fue gravemente agredido.

&htab;417.&htab;Por último, el querellante alega que, aunque la policía permaneció inactiva durante las mencionadas agresiones, intervino en defensa de los intereses de la empresa en el Estado de Bihar. Por ejemplo, en Patna, la policía tramitó una denuncia (núm. 1071 (M)84) contra algunos afiliados del sindicato querellante, en la que se alegaba que el sindicato estaba afiliado al Partido Comunista de la India y que, por tanto, había que impedir que ejerciera funciones sindicales. No obstante, la FMRAI sostiene que no está afiliada a ningún partido político ni incluso a ninguna federación sindical. A este respecto, el querellante indica que el sindicato antagonista creado en la empresa por iniciativa de la dirección quedó provisionalmente afiliado al Congreso Sindical Indio en los Estados de Maharashtra y Bihar y en el ámbito central.

&htab;418.&htab;En carta de 9 de mayo de 1986, el Gobierno declara que el Gobierno del Estado de Maharashtra ha confirmado que en dos tandas dio traslado de todos los casos de los 33 representantes médicos despedidos al Tribunal Laboral de Bombay para que se pronunciara, y que no ha habido omisión alguna al respecto. El asunto permanece sub judice . Se esperan ulteriores comentarios del Gobierno estatal acerca de la más reciente de las comunicaciones del querellante. En su última comunicación de 4 de noviembre de 1986, el Gobierno declara que el Tribunal Laboral de Bombay todavía no ha dictado sentencia. Añade que proseguirá activamente con los gobiernos federados concernidos la cuestión de las violencias físicas contra miembros del FMRAI, así como que facilitará informaciones al respecto próximamente.

&htab;419.&htab;El Comité toma nota de que, tras su examen de este caso en febrero de 1986, quedan pendientes dos cuestiones principales: en primer lugar, el resultado de los recursos presentados ante el Tribunal Laboral de Bombay por 33 representantes médicos despedidos; en segundo lugar, la solicitud de más detalles sobre las presuntas agresiones físicas contra funcionarios y miembros del sindicato querellante.

&htab;420.&htab;En cuanto a los procesos en trámite ante el Tribunal Laboral de Bombay, el Comité toma nota de la afirmación del Gobierno de que todos los casos mencionados por el querellante se encuentran pendientes en dicho Tribunal. Una vez más el Comité señala a la atención del Gobierno el principio según el cual los trabajadores deben beneficiar de adecuada protección contra cualquier acto de discriminación antisindical en su empleo, y pide al Gobierno que le mantenga informado del resultado de los recursos y le haga llegar copia del fallo del Tribunal, tan pronto como éste sea dictado.

&htab;421.&htab;En cuanto a las presuntas agresiones físicas contra funcionarios y miembros del sindicato querellante, el Comité toma nota de los datos facilitados por la FMRAI acerca de los incidentes de mayo y julio de 1984 en las ciudades de Ranchi y Patna (en el Estado de Bihar) y Calcutta (en el Estado de Bengala occidental). Toma nota asimismo de que, aunque esta información se transmitió al Gobierno inmediatamente tras recepción en la Oficina, éste no ha facilitado respuesta concreta alguna, aunque haya anunciado que se esperan ulteriores observaciones de los gobiernos federados. Por tanto, el Comité aplaza una vez más el examen de este aspecto del caso, e insta al Gobierno a que envíe sus comentarios con suficiente antelación para que el Comité pueda examinarlos en su próxima reunión.

&htab;422.&htab;En estas circunstancias, el Comité recomienda al Consejo de Administración que apruebe este informe provisional y, en particular, las siguientes conclusiones:

a) El Comité toma nota de la afirmación del Gobierno de que todavía se están tramitando en el Tribunal Laboral de Bombay los casos de los 33 representantes médicos despedidos de la empresa Raptakos, Brett and Co. Ltd., a causa, según se indica, de sus actividades sindicales; señala a la atención del Gobierno el principio de que los trabajadores deben disfrutar de protección adecuada contra las medidas de discriminación antisindical en materia de empleo, y pide al Gobierno que le informe acerca del resultado de estos casos y le envíe una copia del fallo del Tribunal tan pronto como éste sea dictado.

b) El Comité toma nota de que el Gobierno todavía no ha facilitado respuesta concreta alguna a la más reciente comunicación del querellante, en la que se aportan detalles sobre las presuntas violencias físicas que, por instigación de la dirección de la empresa, se cometieron contra funcionarios y afiliados sindicales. Urge al Gobierno para que le envíe sus observaciones sobre este aspecto del caso, con suficiente antelación para que el Comité pueda examinarlas en su próxima reunión.

Ginebra, 11 de noviembre de 1986. Roberto Ago, Presidente.