&htab;21.&htab;La queja figura en una comunicación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de 27 de mayo de 1988. El Gobierno respondió por comunicación de 26 de enero de 1989.

&htab;22.&htab;Venezuela ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), así como el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;23.&htab;El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alega en su comunicación de 27 de mayo de 1988 que el 30 de octubre de 1987 presentó un proyecto de contrato colectivo para regular las relaciones de trabajo entre la empresa "The Daily Journal C.A." y sus trabajadores (a los que representa el SNTP). Cuatro días después, la empresa despidió a las trabajadoras Heather Scott y Beatriz Jaramillo (esta última delegada sindical del SNTP).

&htab;24.&htab;El SNTP añade que el 5 de noviembre de 1987, la Inspectoría de Trabajo citó a las partes a fin de iniciar discusiones conciliatorias pero en esta oportunidad la empresa opuso excepciones. El 7 de enero de 1988 la Inspectoría del Trabajo dictó una resolución administrativa favorable al sindicato, obligando a la empresa a discutir el proyecto de contrato colectivo. El 12 de enero de 1988 la empresa apeló esta resolución y, más tarde, el 25 de febrero de 1988 pidió a la Dirección Nacional del Trabajo una "reinspección", que fue ordenada por decisión de 12 de abril de 1988.

&htab;25.&htab;Según la organización querellante puede constatarse una violación del fuero legal garantizado por la legislación y un entorpecimiento claro de la negociación colectiva, en particular al admitir la autoridad administrativa la utilización de figuras jurídicas inexistentes en la legislación, como es el caso de la "reinspección", para la cual no está facultado ningún órgano.

&htab;26.&htab;El Gobierno declara en su comunicación de 26 de enero de 1989 que en virtud de lo dispuesto en el artículo 369 del reglamento de la ley del trabajo, relativo al fuero sindical, la Inspectoría del Trabajo ordenó la reincorporación de las trabajadoras despedidas.

&htab;27.&htab;El Gobierno añade que el Ministerio del Trabajo mediante resolución núm. 7275 de 1. o de junio de 1988 se pronunció sobre la apelación de la empresa "The Daily Journal C.A." contra la decisión de la Inspectoría del Trabajo que ordenaba a la empresa a que discutiera el proyecto de contrato colectivo. En la mencionada resolución se indica lo siguiente:

"... Por las razones expuestas, este Ministerio en uso de sus atribuciones legales declara sin lugar la apelación interpuesta y confirma la Providencia dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Municipio Libertador del Distrito Federal de fecha 07-01-88 mediante la cual se obligó a la empresa The Daily Journal, C.A. a discutir el proyecto de contrato colectivo de trabajo presentado en fecha 30.10.87 por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (S.N.T.P.)".

&htab;28.&htab;El Comité toma nota con interés de que la Inspectoría del Trabajo ordenó el reintegro de las dos sindicalistas despedidas por la empresa "The Daily Journal C.A." con motivo del inicio del proceso de negociación colectiva por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. El Comité espera que la decisión de la Inspectoría del Trabajo será cumplida en la práctica y que el Comité obtendrá la confirmación del reintegro de los trabajadores concernidos. El Comité toma nota asimismo con interés de que la autoridad administrativa, en segunda instancia, confirmó la orden de que la mencionada empresa discutiera el contrato colectivo de trabajo presentado por el sindicato.

&htab;29.&htab;En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que decida que este caso no requiere un examen más detenido.

&htab;30.&htab;En sendas comunicaciones de fechas 5 y 6 de octubre de 1988, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) presentaron quejas contra el Gobierno de España por violación de la libertad sindical. UGT envió a la OIT nuevos alegatos sobre este asunto en comunicaciones de 6 de octubre y 18 de noviembre de 1988, así como de 10 de marzo de 1989. Por su parte, CCOO envió información complementaria el 7 de noviembre de 1988. El Gobierno presentó sus observaciones en una comunicación de 9 de marzo de 1989.

&htab;31.&htab;España ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), así como el Convenio sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;32.&htab;En su queja inicial, sostiene UGT respecto de un acuerdo suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Unión Democrática de Pensionistas sobre revalorización de pensiones de la seguridad social y otras pensiones públicas para el ejercicio de 1989, que el Gobierno se sirvió de una asociación que no tiene carácter sindical, como lo es la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) para eludir, a través del acuerdo firmado, el debate que se había entablado con los sindicatos más representativos. En opinión de UGT, esto representa un desprecio absoluto por parte del Gobierno de los derechos de representatividad y de negociación colectiva legalmente establecidos.

&htab;33.&htab;Por su parte, CCOO explica que tras el acuerdo suscrito entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO a finales de julio de 1988, el Gobierno había convocado a los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y ELA-STV a finales de septiembre para negociar los aumentos de las pensiones de la seguridad social y otras pensiones públicas para el año 1989. Ahora bien, además de estos sindicatos legalmente constituidos y mayoritarios, el Gobierno convocó a la UDP, organización que no figura inscrita como sindicato y que no ha celebrado elecciones sindicales, siendo en consecuencia imposible determinar su nivel de representatividad. Según informa CCOO, esta organización tiene como fines realizar actividades exclusivamente recreativas y culturales para los pensionistas. En efecto, la legislación sindical española no concede a los pensionistas el derecho de sindicalizarse, otorgándoles tan sólo el derecho de afiliarse a los sindicatos existentes: a tenor del artículo 3 de la ley orgánica de libertad sindical, los trabajadores que hayan cesado en su actividad laboral como consecuencia de su jubilación podrán afiliarse a las organizaciones sindicales constituidas, pero no fundar sindicatos que tengan precisamente por objeto la tutela de sus intereses singulares, sin perjuicio de su capacidad para constituir asociaciones al amparo de la legislación específica. No obstante, pocos días después de iniciarse la negociación, concretamente el 17 de septiembre de 1988, el Gobierno firmó exclusivamente con la UDP un acuerdo sobre los aumentos salariales para 1989, con la oposición de los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y ELA-STV.

&htab;34.&htab;CCOO denuncia la actitud discriminatoria del Gobierno que se desprende de esta actuación, con la cual ha dado representatividad a una asociación no sindical, frente a los sindicatos legalmente constituidos y mayoritarios, contraviniendo las disposiciones del Convenio núm. 98 de la OIT.

&htab;35.&htab;Por su parte, UGT revela las promesas hechas por el Gobierno, el cual se había comprometido a negociar con los interlocutores sociales los aumentos de pensiones de la seguridad social y otras pensiones públicas para el año 1989. Informa en detalle acerca de las propuestas concretas que el Gobierno había hecho a la UGT el 16 de septiembre de 1988 (víspera de la firma del acuerdo del 17 de septiembre de 1988 con la UDP), así como también acerca del acuerdo firmado el 17 de septiembre de 1988 con la UDP:

- propuesta del Gobierno a UGT el 16 de septiembre : pensiones asistenciales: 20 000 pesetas/mes; edad: 66 años; equiparación de la pensión mínima al salario mínimo interprofesional: en dos años; revalorización promedio: 5,45 por ciento;

- acuerdo firmado el 17 de septiembre por UDP : pensiones asistenciales: 19 450 pesetas/mes; edad: 67 años; equiparación de la pensión mínima al salario mínimo interprofesional: en tres años; revalorización promedio: 5,35 por ciento.

&htab;Una vez firmado el acuerdo, informa UGT, el Poder Ejecutivo revisó al alza en dos puntos las previsiones de inflación para 1988 que se habían tomado como referencia para las negociaciones (el 3 por ciento), fijando una nueva previsión para este año de un 5 por ciento, lo que explica la firma precipitada del acuerdo pero, a la vez, pone en duda la buena fe de la Administración y sitúa en grave peligro el poder adquisitivo de los pensionistas.

&htab;36.&htab;UGT también denuncia que la UDP no tiene naturaleza sindical, pues es una asociación de carácter civil cuyos miembros son asociaciones de pensionistas y jubilados y fue creada con la pretensión de ser declarada de utilidad pública a efectos fiscales. Sus estatutos establecen en sus artículos 3, 4 y 5 que la UDP es "totalmente independiente de los poderes públicos, partidos políticos, centrales sindicales", etc., y no está sujeta a la obligación impuesta a los sindicatos por la ley orgánica de libertad sindical de someterse periódicamente a procesos electores de carácter general que acrediten su representatividad en los ámbitos en los que desarrolla la actividad sindical. Además, informa UGT, la UDP depende financieramente de las subvenciones procedentes del Estado que superan el 80 por ciento de todas las actividades de la misma, pues en virtud de sus propios estatutos, las cuotas satisfechas por los asociados representan cantidades simbólicas de una peseta por miembro y por mes y su presupuesto no puede superar las 500 000 pesetas.

&htab;37.&htab;UGT hace una reseña de los antecedentes históricos en que se desarrollaron anteriormente las negociaciones sobre este asunto y explica las disposiciones legislativas que rigen esta materia, es decir, el Real decreto ley 36, de 16 de noviembre de 1978, y el Real decreto 3064, de 22 de diciembre de 1978, sobre gestión institucional de la seguridad social. Conforme a lo dispuesto en el primer decreto, el control y la vigilancia de la gestión del Instituto Nacional de la Salud y del Instituto Nacional de Servicios Sociales se efectuaba gradualmente desde el nivel estatal al local en el seno de órganos que representaban por partes iguales a los distintos sindicatos, a las organizaciones de empleadores y a la Administración Pública. Para regular el control, la segunda normativa instituyó consejos generales en los organismos de seguridad y asistencia sociales integrados por 13 representantes de los sindicatos, en propoción de su representatividad, 13 representantes de las organizaciones de empleadores de más representatividad y 13 representantes de la Administración Pública.

&htab;38.&htab;A esto se añade, prosigue UGT, que en años anteriores el Gobierno o bien ha fijado unilateralmente los incrementos de pensiones de la seguridad social o ha sometido esta materia a un proceso de negociación colectiva. En este último caso, lo ha hecho con los sindicatos más representativos y sólo en los dos últimos años ha convocado a la mesa a la UDP, siendo el presente el primer año que suscribe un acuerdo con la misma. En anteriores ocasiones, tanto en la negociación como en los acuerdos, han sido partes directas los sindicatos más representativos con exclusión de la UDP y de cualquier otra asociación o sindicato. UGT insiste en el hecho de que la UDP nunca debió ser convocada en plano de igualdad con CCOO y la propia UGT, pues aquélla no reúne el requisito de mayor representatividad que distingue a estas organizaciones sindicales.

&htab;39.&htab;Entre la importante documentación con que acompaña su queja, UGT presenta un recorte del periódico "Ya" del 22 de septiembre de 1988, en el que se indica que la UDP es una agrupación de casi 40 asociaciones repartidas por toda España y que cuenta con más de 650 000 afiliados que pagan cuota. Según este mismo artículo, Nicolás Mallo, presidente de la UDP, habría declarado que su asociación había nacido en los años sesenta al amparo de la ley de asociaciones, y fue creada por la inquietud de gente que había militado en los distintos campos políticos y sindicales y que en la actualidad sus actividades eran de tipo cultural, dedicadas al ocio y al tiempo libre.

&htab;40.&htab;Para terminar, en opinión de UGT, el Gobierno está infringiendo el derecho de representación sindical y de negociación colectiva, protegidos por los Convenios núms. 87 y 98. En efecto, afirma UGT, por lo que se refiere al derecho de representación sindical, el Comité de Libertad Sindical ha insistido en numerosos casos en la preeminencia de las organizaciones de trabajadores con respecto a los colectivos no organizados sindicalmente. Cita a tales efectos la Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951 (núm. 91), que da preeminencia, en cuanto a una de las partes de la negociación colectiva, a las organizaciones de trabajadores, refiriéndose a los representantes de los trabajadores no organizados solamente en el caso de ausencia de tales organizaciones. Respecto del derecho de negociación colectiva, sostiene UGT que el Comité de Libertad Sindical ha insistido en numerosos casos sobre la necesidad de proteger este derecho frente a otras asociaciones, indicando que convendría tomar medidas apropiadas para asegurar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio de los derechos sindicales, incluso frente a organizaciones o a terceros.

&htab;41.&htab;En una comunicación ulterior de 18 de noviembre de 1988, informa UGT que ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la jurisdicción nacional contra el acuerdo suscrito por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la UDP, y que mantendrá a la OIT informada acerca del desarrollo de las actuaciones judiciales iniciadas. En otra comunicación de 10 de marzo de 1989, informa UGT que el Tribunal Supremo había decidido con fecha 10 de noviembre de 1988 admitir a trámite el recurso interpuesto.

&htab;42.&htab;Según declaraciones del Gobierno, el acuerdo suscrito el 17 de septiembre de 1988 entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) no es un convenio colectivo ni tampoco expresión del derecho de negociación colectiva. En consecuencia, no cabe afirmar jurídicamente que los sindicatos más representativos hayan visto lesionado con la firma de aquél su derecho de negociación colectiva. En efecto, sostiene el Gobierno, el artículo 4 del Convenio núm. 98 de la OIT, se refiere a la negociación voluntaria de las condiciones de empleo de los trabajadores y no a la consulta-negociación de la política en materia de pensiones.

&htab;43.&htab;Asimismo, en lo que respecta a la representación y defensa de los intereses de los pensionistas, en la legislación interna española existe una doble vía, la de los sindicatos y la de las asociaciones de pensionistas, sin que aquéllos tengan una preeminencia o preferencia sobre éstas.

&htab;44.&htab;Corresponde a los poderes públicos y, principalmente al Gobierno, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, la competencia para la revalorización de pensiones del sistema de la seguridad social y demás pensiones y subsidios públicos.

&htab;45.&htab;Según declaraciones del Gobierno, ni en la Constitución española ni en los tratados y convenios internacionales ratificados por España, especialmente los de la OIT, ni en las leyes internas ordinarias en vigor, se reconoce el derecho de los sindicatos o de otras organizaciones representativas de intereses profesionales o de alcance colectivo, para intervenir, ni siquiera a título consultivo, en la determinación anual de la revalorización de pensiones públicas.

&htab;46.&htab;No obstante, en ocasiones, los sindicatos, sobre todo UGT y CCOO, han sido consultados por el Gobierno a la hora de establecer la revalorización de las pensiones del sistema de la seguridad social y de las pensiones asistenciales. Esta consulta se ha extendido también en algunas ocasiones a la UDP, con la que se ha firmado el acuerdo de 17 de septiembre de 1988.

&htab;47.&htab;El Gobierno explica que la UDP es una asociación legalmente constituida y fuertemente implantada entre el colectivo de pensionistas. En este doble sentido, tiene capacidad y legitimidad jurídicas para representar a los pensionistas e intervenir o participar en la defensa de los intereses privativos de las personas afectadas. En cambio, no tiene ni capacidad ni legitimidad para intervenir en la defensa de los intereses en aquellos supuestos en que la ley haya reservado el papel de interlocutor a las organizaciones sindicales más representativas, lo que no ocurre en el presente caso. Añade el Gobierno que en modo alguno puede tacharse a la UDP de organización amarilla ni acusársele de dependencia del Gobierno. Recuerda, además, que el 16 de septiembre había hecho una propuesta a la UGT, pero que ésta no la había aceptado. En lo tocante al alegato de UGT según el cual el acuerdo suscrito con la UDP sería inferior a la propuesta presentada a UGT, el Gobierno infiere que ésta es una crítica política y no jurídica. Según declara el Gobierno, la propia UGT aclara que esta inferioridad se refiere tan sólo a algunos aspectos, y que la comparación que se lleva a cabo entre la propuesta del Gobierno a UGT del 16 de septiembre y lo firmado el 17 de septiembre con la UDP, confirma que los términos que se han puesto en tela de juicio se refieren sólo a una parte de las claúsulas del acuerdo impugnado.

&htab;48.&htab;Como conclusión afirma el Gobierno que el acuerdo en cuestión no lesiona en absoluto los derechos sindicales tal como éstos están reconocidos en los convenios de la OIT, ni infringe tampoco la legislación española en esta materia, aun cuando la apreciación de este aspecto correspondería a los órganos judiciales españoles. El Gobierno y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social han respetado escrupulosamente en este caso el marco jurídico vigente en materia de revalorización de pensiones y en las consultas y negociaciones que ha mantenido con los sindicatos reclamantes y con la UDP ha actuado, en todo momento, bajo los principios de libertad y buena fe.

&htab;49.&htab;En la voluminosa documentación con que el Gobierno acompaña su respuesta, presenta, entre otros textos, los estatutos de la UDP, de los cuales se infiere efectivamente que ésta no es una organización sindical, además de los antecedentes de su fundación tras la muerte del General Franco, su carácter pluralista, unitario, democrático, libre e independiente, sus objetivos de integración social, económica y política de las personas mayores y de reivindicación de todas aquellas mejoras que contribuyan a eliminar las razones de la marginalización de estas personas, su composición, que abarca a unas 40 federaciones provinciales repartidas en todo el país, y la evolución de su afiliación en el transcurso de los años, que pasó de 200 000 afiliados en 1978 a 633 000 en 1988. Entre los documentos presentados aparece también una relación de las reivindicaciones formuladas por esta asociación desde 1979 en varias esferas conectadas con las condiciones de vida de las personas de edad, así como los numerosos acuerdos, entrevistas y manifestaciones conjuntas que ha celebrado con UGT, CCOO y otras organizaciones sindicales, tanto en el plano nacional como en el europeo.

&htab;50.&htab;El Comité observa que, en el presente caso, los querellantes alegan una violación del derecho de representación sindical y del derecho de negociación colectiva por parte del Gobierno, el cual, a juicio de los primeros, habría suscrito un acuerdo sobre la revalorización de las pensiones de la seguridad social y otras pensiones para el ejercicio de 1989 con una organización no sindical, para eludir, a través del acuerdo firmado, el debate que se había entablado con los sindicatos más representativos.

&htab;51.&htab;Por su parte, observa el Comité que las propias UGT y CCOO admiten haber sido convocadas a la mesa negociadora, al igual que la UDP, y que el Gobierno había presentado una propuesta a UGT con fecha 16 de septiembre de 1988. Tanto el Gobierno como UGT reconocen que UGT no aceptó esta propuesta. En cambio, el Gobierno presentó otra propuesta a la UDP, asociación que, a decir de los propios querellantes, agruparía a más de 600 000 pensionistas afiliados en defensa de los intereses privativos de estos colectivos, que suscribió el día siguiente, es decir, el 17 de septiembre de 1988. El Gobierno desmiente categóricamente que la UDP sea una asociación amarilla que está bajo su dependencia, sosteniendo, en cambio, que esta asociación representativa de los trabajadores jubilados contribuye en gran medida a la defensa de los intereses específicos de los pensionistas, a través de reivindicaciones que no tienen un carácter sindical, puesto que no se trata, efectivamente, de una organización sindical.

&htab;52.&htab;El Comité nota que, consultadas las organizaciones sindicales más representativas con miras a la suscripción de un acuerdo sobre la revalorización de las pensiones de los pensionistas de la seguridad social, y de que el Gobierno ha suscrito un acuerdo con una asociación que representa ampliamente los intereses de los pensionistas, dado que, según la información de que se dispone, esta asociación agrupaba en 1988 a unos 633 000 afiliados. En estas condiciones el Comité estima que no ha habido violación a la libertad sindical en el presente caso.

&htab;53.&htab;En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a decidir que, basándose en la información de que dispone en el momento actual, este caso no requiere un examen más detenido.

&htab;54.&htab;En una comunicación de fecha 18 de octubre de 1988, la Organización Internacional de Empleadores presentó una reclamación en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT, contra el Gobierno de Panamá relativa a la aplicación del Convenio núm. 87. El Gobierno envió sus observaciones en una comunicación remitida a la Oficina en febrero de 1989.

&htab;55.&htab;Panamá ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), así como el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;56.&htab;La OIE alega que el decreto núm. 26 de 28 de marzo de 1988, relativo al derecho de asociación, no respeta las obligaciones derivadas de la ratificación por Panamá del Convenio núm. 87.

&htab;57.&htab;La OIE estima en efecto que este decreto:

- no está en conformidad con los artículos 2 y 7 del Convenio, ya que niega el reconocimiento de una asociación o de una federación de empleadores que agrupare menos del 50 por ciento de las empresas de la rama de actividad de que se trate y prohíbe el registro y toda actividad de una asociación que no hubiera obtenido de antemano el reconocimiento del Ministro del Interior y de Justicia, pudiendo quedar comprometida la responsabilidad penal de las personas que hayan actuado antes de dicha obtención (artículos 3, 14, 29 y 30 del decreto);

- no está en conformidad con el artículo 3, párrafo 1 del Convenio, ya que limita indebidamente el derecho de las organizaciones de empleadores de elaborar sus estatutos, de elegir libremente a sus representantes, de organizar su gestión y su actividad y de formular su programa de acción (artículos 10, 13, 16, 18 y 34, incisos 2 y 3 del decreto);

- no está en conformidad con el artículo 3, párrafo 2 y ni con el artículo 4 del Convenio, ya que dispone el control, en todo momento, de las organizaciones de empleadores (finanzas, documentos, actividades y gestión) por parte del Ministro del Interior y de Justicia y faculta a este último para disolver por vía administrativa toda asociación que él considere que actúa en contra de la ley, del decreto incriminado o los estatutos de la asociación, por ejemplo, si esta última apoya o, al contrario, si reprueba una acción oficial de las autoridades (artículos 24, 34, incisos 2 y 3, 36, 37, 38 y 40 del decreto).

&htab;58.&htab;El Gobierno declara en su comunicación de febrero de 1989 que el artículo 1, inciso 2.° del decreto núm. 26 de 28 de marzo de 1988, establece de manera categórica que "las organizaciones o asociaciones reguladas por leyes especiales, tales como organizaciones laborales, cooperativas, asentamientos campesinos se regirán por sus disposiciones específicas". Ahora bien, dado que los sindicatos o asociaciones, ya sean de trabajadores o de empleadores están regulados por una ley especial - el Código de Trabajo - quedan excluidos del ámbito de aplicación del decreto núm. 26 de 28 de marzo de 1988.

&htab;59.&htab;El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno en las que afirma que el decreto núm. 26 de 28 de marzo de 1988 no se aplica ni a los sindicatos ni a las asociaciones de empleadores, que se rigen por el Código de Trabajo (que contiene disposiciones detalladas al respecto).

&htab;60.&htab;El Comité observa en este sentido que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, al examinar en su reunión de marzo de 1989 el decreto núm. 26, comprobó que su campo de aplicación no se extendía ni a los sindicatos ni a las asociaciones de empleadores. Como hiciera ya la Comisión de Expertos, el Comité concluye que dado que el Convenio núm. 87 sólo se aplica a las organizaciones de empleadores y de trabajadores (y no a las demás asociaciones u organizaciones), este caso no requiere un examen más detenido.

&htab;61.&htab;En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que decida que este caso no requiere un examen más detenido.

&htab;62.&htab;Por comunicación de 26 de agosto de 1987, la Asociación de Internos de Hospital de Dinamarca (AIHD) presentó una queja por violaciones de la libertad sindical contra el Gobierno de Dinamarca. En cartas de 1. o de octubre de 1987, 8 de febrero de 1988 y 13 de febrero de 1989 el querellante envió información adicional y alegatos. El Gobierno remitió sus observaciones en comunicaciones de 10 de diciembre de 1987, 22 de noviembre de 1988 y 17 de abril de 1989.

&htab;63.&htab;Dinamarca ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) y el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151).

&htab;64.&htab;En su comunicación de 26 de agosto de 1987, la AIHD alega que el Gobierno violó los Convenios núms. 87, 98 y 151 cuando el Parlamento danés aprobó, el 8 de mayo de 1987, la ley núm. 246 "sobre cambios en el horario de trabajo para los internos del servicio de salud pública y sobre la renovación y extensión de sus convenios colectivos" (se adjunta una copia de la ley). En la ley se prevé que todos los convenios colectivos suscritos entre la Asociación de los Consejos de los Condados, el ayuntamiento de Copenhague, el ayuntamiento de Frederiksberg y el Ministerio de Finanzas de Dinamarca como empleadores, por un lado, y la AIHD, por otro, extienden su vigencia del 1. o de abril de 1987 hasta el 1. o de abril de 1989, prorrogándose ciertos términos (a saber, la media de horas de trabajo a la semana y los ajustes salariales especiales) hasta el 1. o de abril de 1991. Además, según los artículos 6 y 7 de la ley, el Ministro de Finanzas deberá crear un consejo en el que se hallen representadas por igual las distintas partes con el fin de determinar ciertos aspectos de las condiciones de trabajo (como el trabajo, horarios, remuneración de los médicos que prestan servicio de guardia desde su residencia); el consejo debe decidir sobre dichas cuestiones antes del 1. o de septiembre de 1987, o de lo contrario habrá de nombrar un mediador para que arbitre con carácter coercitivo, en otras palabras, para que dicte una resolución de los conflictos obligatoria para las partes.

&htab;65.&htab;El querellante explica que la ley fue adoptada para impedir una huelga legal que llevaba a cabo la AIHD en algunos departamentos y pabellones de ciertos hospitales públicos. La huelga, que había sido debidamente notificada de acuerdo con la ley, fue en un principio aplazada por el Servicio de Conciliación. Ahora bien, al no conseguir alcanzar el mediador público una solución aceptable para todas las partes, la AIHD decidió ejercitar sus derechos laborales legales y convocó finalmente la huelga proyectada.

&htab;66.&htab;Según el querellante, la huelga, que sólo se autorizó por un período máximo de 22 días, no afectó a los servicios de urgencia y en general no puede decirse que creara una situación de emergencia pública, pues la AIHD mantuvo los servicios de urgencia. En el "acuerdo general entre la Asociación de Consejos de los Condados, el ayuntamiento de Copenhague, el ayuntamiento de Frederiksberg y el Ministerio de Finanzas, por un lado, y la Asociación de Internos de Hospital, por otro" sobre los servicios de urgencia durante el período de huelga legal, suscrito el 9 de marzo de 1987 (se adjunta una copia del mismo), las partes convinieron entre otras cosas lo siguiente: en caso de sobrevenir una catástrofe podrá convocarse a todo el personal médico en huelga; en ocasiones excepcionales o situaciones de urgencia el número de internos de hospital determinado por los convenios locales podrá aumentarse durante un breve período siempre que medie un acuerdo; y los internos de hospital que trabajen podrán realizar aquellos trabajos que sean urgentes , que no puedan aplazarse o que se requieran con el fin de evitar consecuencias perjudiciales para la salud o la capacidad física de las personas. A juicio del querellante el acuerdo muestra que, en aras del interés del público en general y de los pacientes en particular, estimó conveniente no hacer un uso pleno del derecho legal a la huelga que le ampara. Por otro lado, la AIHD añade que una gran mayoría de los médicos de hospital de Dinamarca son funcionarios y que, por tanto, no pueden hacer uso del derecho de huelga; dichos funcionarios podían, pues, pasar a desempeñar los servicios de urgencia durante la huelga convocada por los internos.

&htab;67.&htab;La AIHD estima que el Gobierno danés decidió poner fin a su huelga legal contraviniendo de ese modo las obligaciones recogidas en los instrumentos internacionales de la OIT, no con el fin de ayudar a los pacientes en aquellos casos en que la vida corre riesgo, sino únicamente para aliviar algunas posibles consecuencias a largo plazo de la huelga, en concreto, la posibilidad de que se formen listas de espera de enfermos no graves en espera de recibir asistencia médica.

&htab;68.&htab;El querellante subraya que la renovación y extensión obligatoria de los convenios colectivos de los que era parte fue una medida adoptada unilateralmente por el Gobierno, que de esa forma no deja ninguna posibilidad para ejercer su derecho a negociar, al tiempo que la actual intervención legislativa impide a los internos del hospital ejercer su derecho a la huelga. La AIHD lamenta en particular que no se le consultara antes de producirse la intervención del Gobierno y que no se le dejara ninguna posibilidad de influir sobre la postura del Gobierno.

&htab;69.&htab;Según el querellante, el Gobierno danés cuenta ya con un largo historial de intervención en el proceso de negociación colectiva, habiéndose visto otros sindicatos sometidos a dicha intervención en el curso de 1987. Esta práctica ha suscitado recientemente críticas por parte de la OIT: la AIHD se refiere a las quejas presentadas ante la OIT en 1985 por la Federación Sindical Danesa (LO) y la Confederación de Empleados Asalariados y Funcionarios (FTF) (caso núm. 1338) que dieron origen a críticas sobre la conducta del Gobierno danés respecto de las obligaciones internacionales contraídas de acuerdo con los convenios de la OIT ratificados. Dicho caso constituye la tercera ocasión en que se produce una intervención del Gobierno en asuntos regulados por convenios colectivos en menos de tres años, y, según el querellante, se asemeja mucho a las medidas que se hallan en el origen del presente caso. La AIHD cita el 243. er informe del Comité de Libertad Sindical, que se aprobó por el Consejo de Administración de la OIT en marzo de 1986 (párrafo 246):

El Comité confía en que, en el futuro, no se tomarán tales medidas de injerencia en la libre negociación colectiva o de restricción del derecho de los trabajadores a defender sus intereses económicos y sociales a través de acciones sindicales.

&htab;70.&htab;La AIHD señala que esta decisión del Consejo de Administración de la OIT fue al parecer pasada por alto por el Gobierno, pues éste volvió a intervenir, esta vez en el conflicto de los internos de hospital. Dada la grave y apremiante naturaleza del presente caso, según el querellante, se pide al Comité que considere la posibilidad de enviar un representante de la OIT a Dinamarca para que examine, directamente junto con los interlocutores sociales y el Gobierno, la intervención gubernamental en la libre negociación colectiva.

&htab;71.&htab;El 1. o de octubre de 1987, el querellante suministró nuevas informaciones sobre la vista ante el consejo creado por la ley núm. 246 para decidir sobre determinadas disposiciones conflictivas del convenio colectivo extendido antes del 1. o de septiembre de 1987. Según señala, tras reunirse en diez ocasiones, el consejo resolvió el 31 de agosto que no era posible tomar ninguna decisión, ni tampoco había posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el nombramiento de un árbitro. La ley prevé que en situaciones sin salida como ésta, el Servicio de Conciliación nombre al árbitro. Según la AIHD, el 15 de septiembre se le informó sobre la persona que ejercería las funciones de árbitro, pero hasta la fecha en que efectuó su comunicación la misma no había entrado aún en contacto con la Asociación para tratar las cuestiones pendientes.

&htab;72.&htab;En su comunicación de 8 de febrero de 1988, el querellante impugna las declaraciones contenidas en la respuesta del Gobierno (copia de la cual le había sido enviada por el Gobierno), en particular el hecho de que la huelga fuera responsable de los graves problemas que se plantearon para los pacientes. También impugna la descripción por el Gobierno de los acontecimientos que condujeron a la huelga. En primer lugar, la AIHD declara que, en junio de 1981, los internos de hospital concertaron un acuerdo - esencialmente diferente del convenio colectivo anterior - que reducía la duración de las horas de trabajo, a petición de los empleadores, a las horas trabajadas por los demás funcionarios públicos. Según el querellante, la introducción del nuevo sistema de horas de trabajo planteó varios problemas en una fase de transición, pero al integrarse nuevas disposiciones en los horarios, éstos funcionaron cada vez mejor. En los últimos años, también se había conseguido una cooperación formal entre el Consejo Nacional de Salud, los médicos y los empleadores respecto de la introducción de diferentes experimentos de formación y de la elaboración de nuevos horarios de trabajo. Fue posible conseguir estos cambios dentro del marco del convenio colectivo entonces en vigor.

&htab;73.&htab;En segundo lugar, la AIHD declara que todo problema de esta naturaleza no requiere una intervención por vía legislativa. Como se indica en la respuesta del Gobierno, la intervención entrañó un aumento de los salarios a un nivel correspondiente al que se había fijado para otro personal universitario en el servicio público, una reducción de las horas de trabajo y la presentación de otros asuntos para su solución a un consejo en que estaban representadas en pie de igualdad las partes interesadas. Este consejo - como se ha dicho ya - no consiguió llegar a un acuerdo y, el 30 de diciembre de 1987, un árbitro pronunció un laudo (copia del cual se ha enviado). La AIHD estimó que el laudo atendía globalmente las peticiones de enmienda del convenio colectivo formuladas por los empleadores. Una de sus consecuencias es que los internos de hospital en acto de servicio han de atender más de una sala lo que no puede mejorar de ninguna manera, por ejemplo, la continuidad del tratamiento de los pacientes. El laudo también significa que los empleadores podrán remunerar parte del turno de servicio en efectivo en vez de abonarlo en las horas de trabajo personales, como se había hecho en el pasado. Ello hace ilusoria la reducción de las horas de trabajo.

&htab;74.&htab;Con arreglo al querellante, independientemente de si estas enmiendas pueden considerarse como convenientes, la voluntad del Gobierno de modificar un convenio colectivo no puede garantizar la suspensión de una huelga si esta huelga se ha declarado para prevenir repercusiones muy graves para los pacientes, como se había conseguido expresamente por acuerdos entre los empleadores y la Asociación de Internos de Hospital.

&htab;75.&htab;En una última comunicación, de fecha 13 de febrero de 1989, la AIHD formula observaciones complementarias sobre dos aspectos de su queja: 1) las estrechas atribuciones del consejo creado en virtud de la ley núm. 246 (artículo 6) para decidir sobre ciertas disposiciones conflictivas o, de lo contrario, nombrar un mediador para que arbitre con carácter coercitivo; y 2) las medidas que se tomaron para asegurar los servicios hospitalarios durante la huelga limitada de abril-mayo de 1987.

&htab;76.&htab;En primer lugar, la AIHD subraya que la disposición sobre solución de conflictos que figura en la ley núm. 246 se ajustaba exactamente a las peticiones formuladas por los empleadores durante la negociación colectiva, y que, desgraciadamente, fracasaron todos los intentos llevados a cabo durante la adopción de la ley por ampliar las atribuciones del consejo. El querellante considera, pues, que el consejo no se hallaba en condiciones de entablar negociaciones significativas y que, a pesar de su composición paritaria, era favorable a los empleadores. Por si fuera poco, declara la AIHD, cuando en el consejo no pudo llegarse a un consenso y se nombró a un mediador para que decidiera, éste, en su laudo de 30 de diciembre de 1987, hizo enormes concesiones a los empleadores en lo que atañe a las cuestiones enumeradas en el artículo 6 de la ley. La AIHD afirma que hasta la fecha la mayoría de los empleadores no han aplicado todavía el laudo del mediador en relación, por ejemplo, con la reducción de la carga de trabajo de los internos de hospital.

&htab;77.&htab;En segundo lugar, la AIHD hace resaltar el limitado alcance y condiciones de la huelga que convocó. Explica que, de un total de 8 091 médicos empleados en hospitales daneses, sólo se escogieron 555 para que tomaran parte en la huelga. Repite que el "acuerdo general" de 9 de marzo de 1987 estipulaba servicios mínimos - que debían convenirse con la AIHD - en caso de catástrofes o de situaciones de urgencia , así como la realización de trabajos urgentes que no pudieran aplazarse. En total fueron concluidos 17 acuerdos individuales en hospitales paralizados por huelga, entre los propietarios del hospital y la AIHD, acerca del número de internos designados para prestar servicio durante el paro laboral. El "acuerdo general" estipulaba también que estos servicios mínimos deberían incrementarse si era necesario, y así ocurrió efectivamente en varios hospitales. Según la AIHD, fueron atendidas todas las peticiones de los propietarios de hospitales de que se aumentara el número de médicos en servicio. El querellante añade que, tanto en 1987 como anteriormente, los gobiernos daneses han demostrado que respetan (y ellos mismos utilizan activamente) los derechos del personal y del empleador de tomar medidas en relación con la negociación colectiva. Por ejemplo, en 1987 el Gobierno aceptó la entrada en vigor de la huelga, legítimamente convocada, a pesar de que hubiese podido promulgar inmediatamente una legislación prohibiendo dicha acción. También en 1981 el Gobierno como empleador efectuó cierres patronales que dejaron sin trabajo a casi 1 200 internos de hospital de los 6 600 que entonces había.

&htab;78.&htab;En su comunicación de 10 de diciembre de 1987, el Gobierno describe los hechos que condujeron a la aprobación de la ley núm. 246. Señala que las negociaciones entre la Asociación de Internos de Hospital y sus empleadores (el Ministerio de Finanzas, la Asociación de Consejos de los Condados, el ayuntamiento de Copenhague y el ayuntamiento de Frederiksberg), incluidas las negociaciones a las que asistió el mediador público, no dieron un resultado positivo. Como consecuencia de ello, se declaró una huelga que se prolongó por espacio de 22 días.

&htab;79.&htab;El Gobierno estimó que una huelga prolongada en los hospitales tendría graves consecuencias para los pacientes y para el funcionamiento de los hospitales, como sucedió, por ejemplo, con los pacientes que se hallaban en lista de espera para recibir un tratamiento hospitalario. La consecuencia inevitable de la huelga fue que dichos pacientes, que ya se hallaban en una situación difícil, experimentaron una incertidumbre e inseguridad crecientes y vieron cómo empeoraba el nivel de su asistencia. A tal fin, el Gobierno se refiere a la Recopilación de Decisiones sobre la libertad sindical de la OIT, en la que se incluye el sector hospitalario como un "servicio esencial" y, por tanto, las restricciones al derecho de huelga son aceptables bajo determinadas condiciones.

&htab;80.&htab;El Gobierno observa que el conflicto entre la AIHD y sus empleadores no fue un conflicto sobre cuestiones relativas a la remuneración, sino sobre la reglamentación de la organización del trabajo y del tiempo de trabajo, que normalmente se encuentran en los convenios colectivos. El fondo de la cuestión era que las condiciones sobre la organización del tiempo de trabajo en el sector habían evolucionado negativamente en el curso de los últimos años. Según explica el Gobierno, las disposiciones recogidas en el convenio colectivo (que en un principio habían tenido un contenido formativo) habían pasado a desempeñar - junto con las otras disposiciones del convenio sobre tiempo de trabajo, como las relativas al servicio de guardia - las funciones de estatuto de personal. Con el paso del tiempo se hizo también cada vez más difícil asegurar que los médicos recibían la necesaria y adecuada formación. Por otro lado, un organismo consultivo especializado, el Consejo de Salud Nacional, había declarado que a largo plazo plantearía problemas mantener la calidad del tratamiento de los pacientes, por lo que hizo hincapié en la necesidad de reorientar la situación, tanto por parte del Gobierno como de las autoridades que se hallaban al frente de los hospitales regionales.

&htab;81.&htab;El Gobierno estimó, pues, necesario tratar de resolver dichos problemas de forma que se contemplasen las perspectivas a largo plazo y tanto los médicos como las instituciones hospitalarias pudieran aceptar la solución propuesta, con el fin de que no se suscitasen conflictos respecto de las futuras negociaciones. A partir de tales consideraciones, el Gobierno estimó necesario intervenir en el conflicto adoptando una legislación al respecto. El 5 de mayo de 1987 el Ministro de Trabajo se reunió con representantes de la Asociación de Internos de Hospital a los que presentó el proyecto de ley. La ley adoptada renueva el convenio colectivo en materia de remuneración y otras condiciones de trabajo para los internos de hospital (concluido entre el Ministerio de Finanzas, la Asociación de Consejos de los Condados, el ayuntamiento de Copenhague y el ayuntamiento de Frederiksberg, por un lado, y la AIHD, por otro), y prorroga otros seis convenios concluidos entre las mismas partes que por lo que respecta a determinadas condiciones de remuneración y de trabajo se refieren al convenio colectivo para internos de hospital.

&htab;82.&htab;El Gobierno señala que si bien la parte relativa a la remuneración en los convenios no era objeto de disputa, la reorganización del tiempo de trabajo - basada en las razones anteriormente expuestas - sí lo era. La ley preveía por tanto la creación de un comité mixto para decidir dichas cuestiones, con el fin de que las partes puedan influir en el fallo. Si antes del 1.° de septiembre de 1987 no se alcanzaba por mayoría un convenio sobre todas las cuestiones en juego, se nombraría un árbitro para que emitiese un fallo definitivo. El Gobierno reconoce que, desafortunadamente, el comité no llegó a un acuerdo sobre las cuestiones en conflicto, por lo que el Consejo de Conciliación hubo de nombrar un árbitro. Este celebró una serie de reuniones con las partes interesadas durante las dos últimas semanas de octubre de 1987 con el fin de determinar el procedimiento a seguir.

&htab;83.&htab;A la vista de la información facilitada, el Gobierno estima que no hay necesidad de que una misión de contactos directos visite Dinamarca.

&htab;84.&htab;En su carta de 22 de noviembre de 1988 el Gobierno rechaza en primer lugar el alegato de los querellantes con arreglo al cual la huelga no fue el motivo de la situación grave que afectaba a los pacientes. A ese respecto, envía estadísticas del Ministerio de Salud que demuestran las mejoras conseguidas en los últimos años en materia de admisión en los hospitales, reducción de las listas de espera y disminución del tiempo medio de espera para ciertas operaciones (por ejemplo, cataratas, esterilización y venas varicosas). Según el Gobierno, los resultados de las diversas medidas adoptadas para reducir las listas de espera de los hospitales se vieron gravemente menoscabados por la huelga de la primavera de 1987, ya que fue precisamente en estas esferas que se perjudicó el tratamiento de los pacientes. La intervención por vía legislativa en 1987 era un requisito previo para una evolución positiva. Si bien los acuerdos concertados garantizaban el tratamiento de los pacientes afectados por enfermedades agudas, no cambia el hecho de que una huelga prolongada tendría graves consecuencias para las listas de espera de los mismos. En otras palabras, el hecho de que se concertaran acuerdos entre empleadores y la Asociación de Internos de Hospital en el que se excluían de la huelga ciertas obligaciones tenía poca importancia, puesto que se referían a los servicios de urgencia para el tratamiento de casos agudos y carecían por consiguiente de efectos para la mayoría de los pacientes inscritos en las listas de espera. Los acuerdos concertados no impedían que fuera necesaria una intervención por vía legislativa.

&htab;85.&htab;En segundo lugar, el Gobierno impugna el alegato de la Asociación de Internos de Hospital con arreglo al cual no era necesaria la intervención por vía legislativa para garantizar la calidad del tratamiento de los pacientes y la capacitación de los internos. Según los querellantes, se habían planteado problemas de carácter provisional que se resolvieron mediante una mejor planificación del trabajo y la introducción de innovaciones en la formación de los médicos. Sin embargo, el Gobierno sostiene que la calidad de la formación de los médicos estaba amenazada y, a ese respecto, se refiere el estudio realizado por la Asociación de los Consejos de los Condados de Dinamarca sobre la presencia física media de los internos en las salas de hospital. Este estudio indica que la presencia física media en las salas oscilaba entre 25 y 36 horas por una semana de 39 horas. El Gobierno añade que los médicos están remunerados en todos los casos sobre la base de una semana de trabajo de 39 horas (con arreglo a las disposiciones del acuerdo relativas a la inclusión de las horas de disponibilidad para el servicio de guardia en el cálculo de las horas de trabajo).

&htab;86.&htab;En tercer lugar, en lo que se refiere a las críticas del querellante contra el laudo arbitral de 30 de diciembre de 1987 por considerarlo como "un reconocimiento total de las demandas de los empleadores", el Gobierno estima que es todavía prematuro pronunciarse sobre las consecuencias del laudo. Sin embargo, sobre una base preliminar, el Gobierno indica que a juicio del Ministerio de Salud no se han resuelto los problemas fundamentales relativos a las disposiciones del acuerdo aplicables a los internos. El Ministerio de Hacienda señala que la cuestión de las disposiciones en materia de servicio común para distintas salas es de carácter médico en el sentido de que los equipos de guardia han de cumplir normas médicas adecuadas, pero que no corresponde a los internos sino a la administración de los hospitales tomar una decisión al respecto. Se dice de hecho en el laudo que las autoridades de los hospitales han de consultar - antes de aplicar disposiciones en materia de servicio común en varias salas - con el comité de médicos principales del hospital afectado y ofrecer también a la Asociación de Internos de Hospital la posibilidad de expresar su opinión.

&htab;87.&htab;Ante esas circunstancias el Gobierno sostiene que el conflicto con la Asociación de Internos de Hospital se estancó en un callejón sin salida. No había posibilidad de que la huelga pudiera conducir a la solución de la grave situación que imperaba en los hospitales. La huelga menoscabó la posibilidad de ofrecer un tratamiento a los muchos pacientes que esperaban operaciones. Por consiguiente, estima que su acción se justifica por la necesidad de atender sufrimientos humanos en una situación que de otra manera habría sido imponderable.

&htab;88.&htab;En una última comunicación de fecha 17 de abril de 1989 el Gobierno responde a la carta más reciente del querellante en la que formulaba observaciones complementarias sobre dos aspectos del caso, a saber: 1) las atribuciones del consejo creado en virtud de la ley núm. 246; y 2) el alcance y condiciones de la huelga. El Gobierno declara en primer lugar que la cuestión de la organización del trabajo en hospitales ha sido causa de conflictos durante muchos años, pero que siempre ha sido tratada en los convenios colectivos de los médicos y seguirá siéndolo de esta manera (ya que la decisión del mediador en este caso es parte integrante de los diversos convenios colectivos). El Gobierno pretende que, al elaborar la legislación propuesta, tenía por objeto restringir el ámbito de intervención tanto como fuera posible; así, el artículo 6 de la ley está limitado a tres cuestiones específicas para las cuales una solución era tan importante. El Gobierno se declara sorprendido de que los médicos consideren ahora que la ley debería haber abarcado también otras materias, y recalca que la ley, en sí no estipulaba cómo debían solucionarse estos conflictos, sino que dejaba este cometido a las propias partes; sólo en caso de que éstas no llegaran a un acuerdo incumbía a un árbitro independiente la decisión final. Añade que, desgraciadamente, ni los empleados ni los empleadores aceptaron tal decisión.

&htab;89.&htab;En segundo lugar, el Gobierno declara que, a su juicio, no es de importancia decisiva cuántos médicos participaron en la huelga; lo que importa son sus consecuencias para la salud de la población. Recalca que, en el momento en que el Gobierno decidió intervenir, la huelga duraba ya desde hacía 22 días, y no había perspectiva alguna de que las partes encontraran por cuenta propia una solución. Reconoce el derecho de los médicos a la libre negociación colectiva y a la acción directa colectiva. Subraya que esta intervención particular estaba justificada por las circunstancias concretas del caso, que tuvo limitado alcance y duración, y que era necesaria para poner término a una huelga prolongada que era causa de sufrimientos humanos.

&htab;90.&htab;El Comité observa que no hay litigio en la exposición de los hechos que constituyen el presente caso: tanto el querellante como el Gobierno explican que la ley núm. 246, de 8 de mayo de 1987, "sobre cambios en el horario de trabajo para los internos del servicio de salud pública y sobre la renovación y extensión de sus convenios colectivos" puso fin a una huelga de 22 días en el sector hospitalario y prorrogó determinadas cláusulas relativas al empleo de los internos por un período de dos o cuatro años.

&htab;91.&htab;Ahora bien, los querellantes no están de acuerdo en determinados aspectos de las circunstancias que llevaron a la adopción de la ley núm. 246. En primer lugar, el querellante alega que no se le consultó con anterioridad a la intervención del Gobierno; el Gobierno, por su parte, señala que el 5 de mayo el Ministro de Trabajo se reunió con los representantes de la AIHD para presentarles el proyecto de ley en cuestión.

&htab;92.&htab;El Comité ha dicho en ocasiones anteriores [véase, por ejemplo, 202. o informe, caso núm. 949 (Malta), párrafo 275] que, si bien la negativa a permitir o alentar la participación de organizaciones sindicales en la aplicación de la nueva legislación o reglamento sobre sus propios intereses no constituye necesariamente una violación de los derechos sindicales, debería darse primordial importancia al principio de la consulta y cooperación entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores a nivel del sector de actividad y del país, conforme con las disposiciones de la Recomendación sobre la consulta (ramas de actividad económica y ámbito nacional), 1960 (núm. 113). En el caso presente, el Comité lamenta que sólo hubiese habido una reunión con la organización de trabajadores interesada en la legislación relativa a las condiciones de trabajo de sus afiliados.

&htab;93.&htab;En segundo lugar, el querellante y el Gobierno divergen en cuanto a las consecuencias de la huelga de abril-mayo de 1987; la AIHD alega que sólo 555 médicos, de entre más de 8 000, tomaron parte en ella, que sólo ciertos pabellones o departamentos de determinados hospitales se vieron afectados y que se había previsto plenamente la continuidad de los servicios mínimos y de los servicios de urgencia durante la huelga (en un "acuerdo general" firmado el 9 de marzo de 1987 y en no menos de 17 nuevos acuerdos para diversos hospitales individuales). El Gobierno estaba preocupado por los sufrimientos inmediatos de pacientes aguardando en listas de espera y por las consecuencias a largo plazo de una prolongada huelga de médicos, y deseaba solucionar, de una vez por todas, la cuestión de la organización del tiempo de trabajo, a fin de evitar nuevas acciones directas en futuras negociaciones.

&htab;94.&htab;En otras ocasiones el Comité ha señalado que el derecho de huelga podría restringirse o incluso prohibirse en el caso de funcionarios públicos que actúan como órganos del poder público o en servicios esenciales en el estricto sentido del término, es decir, servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población [véase, por ejemplo, 236. o informe, caso núm. 1140 (Colombia), párrafo 144]. Según este criterio, el Comité ha considerado que el sector hospitalario es un servicio esencial [véase, por ejemplo, 217. o informe, caso núm. 1091 (India), párrafo 443] en el que los órganos de control aceptan que unas medidas gubernamentales puedan limitar o prohibir la huelga.

&htab;95.&htab;El Comité observa que el querellante sostiene que su acuerdo a la disposición sobre amplios servicios de urgencia durante la huelga satisface los criterios de la OIT en materia de servicios mínimos, y deja así a estos hospitales públicos fuera del ámbito de la definición de servicios esenciales. El Comité opina, por el contrario, que el carácter mismo de hospitales públicos no permite derogaciones de este importante principio. El hecho de que algunos médicos, algunas guardias y algunos servicios funcionaran durante la huelga no altera el hecho de que el funcionamiento de otras guardias y servicios quedase comprometido durante un largo período.

&htab;96.&htab;Al propio tiempo, el Comité desea recordar el principio de que en aquellos casos en que el derecho de huelga se restringe o prohíbe en determinadas empresas o servicios esenciales - hospitales en el caso presente - debe prestarse una protección adecuada a los trabajadores en cuestión para compensarlos por la restricción que pesa sobre su derecho de huelga. Es posible, por ejemplo, establecer procedimientos de arbitraje y conciliación adecuados, imparciales y rápidos en los que las partes interesadas puedan participar en las diversas fases y en los que los fallos, una vez adoptados, sean aplicados plenamente y con prontitud [véase, por ejemplo, 236. o  informe, caso núm. 1263 (Japón), párrafo 270]. En el presente caso el Comité observa que la ley núm. 246 (artículo 8) prohíbe las huelgas durante el período de vigencia de los convenios colectivos ampliados y (artículo 9) prevé la resolución de las cuestiones en materia de violación e interpretación de los convenios colectivos prorrogados "de conformidad con los repertorios de recomendaciones prácticas de relaciones laborales tradicionales sobre la materia en cuestión". Para las cuestiones todavía en conflicto cuando se aprobó la ley, en los artículos 5, 6 y 7 se prevé la creación de un comité mixto con representación paritaria que deberá decidir sobre las mismas antes del 1.° de septiembre de 1987, a falta del cual el comité o el Servicio de Conciliación nombrará un árbitro para que decida sobre las cuestiones pendientes.

&htab;97.&htab;El Comité observa que, de acuerdo con las disposiciones antes citadas de la ley núm. 246, durante las últimas semanas de octubre de 1987, un árbitro nombrado por el Servicio de Conciliación (una institución pública de carácter independiente integrada por tres mediadores nombrados por el Ministerio de Trabajo por un período de tres años de conformidad con la ley sobre conciliación en los conflictos laborales modificada en 1934) se reunió con las partes interesadas con el fin de resolver las cuestiones pendientes. Su laudo publicado el 30 de diciembre de 1987 no parece satisfacer completamente a las partes interesadas (los querellantes y ciertos ministerios del Gobierno han manifestado su preocupación). No incumbe al Comité pronunciarse sobre el contenido del laudo (que se refiere a cuestiones técnicas como horarios de trabajo y remuneración de los médicos en horas de disponibilidad para el servicio de guardia). Sin embargo, sí corresponde al Comité averiguar cómo cumple con sus principios la forma en que este tipo de remuneración se excluye del campo de aplicación de las huelgas.

&htab;98.&htab;Según el criterio anteriormente mencionado, el Comité estima que tanto el procedimiento general para la resolución de los conflictos sobre la prórroga de los convenios como el procedimiento específico (comité mixto/árbitro independiente) creado en virtud de los artículos 5 a 7 de la ley núm. 246 son adecuados, imparciales y rápidos e implican la participación de las partes. En cuanto a tales, salvaguardan los intereses de los trabajadores, que están obligados a mantener la paz laboral bajo la legislación en cuestión.

&htab;99.&htab;El tercer aspecto de la queja se centra en el alegato de que la ley núm. 246 es otro ejemplo más de intervención del Gobierno en la negociación colectiva voluntaria. El Comité observa - al igual que hace el querellante - que no es la primera vez en los últimos años que se le ha requerido para examinar la intervención de carácter legislativo que lleva a cabo el Gobierno danés en los procesos de negociación colectiva de los sectores público y privado. Si bien los textos de la legislación en cuestión en el caso presente [véase, por ejemplo, 243. er informe, caso núm. 1338, párrafos 209 a 247, aprobado por el Consejo de Administración en marzo de 1986, seguido de la nota de 1987 sobre la observancia por parte de Dinamarca del Convenio núm. 98 hecha por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y 259. o informe, caso núm. 1443, párrafos 163 a 197, adoptado en noviembre de 1988 y también sometido a esta Comisión de Expertos] no se traen a colación aquí, contenían disposiciones muy similares. El Comité se ve, por tanto, obligado a recordar al Gobierno los mismos principios fundamentales en los que basó las críticas que formuló contra la intervención del Gobierno, a saber: que un aspecto básico de la libertad sindical es el derecho de las organizaciones de trabajadores a negociar libremente con los empleadores y sus organizaciones los salarios y condiciones de empleo, y que cualquier restricción de este derecho debería imponerse a título excepcional y sólo en la medida necesaria, sin exceder de un período razonable; toda restricción debería ir acompañada de garantías adecuadas para proteger el nivel de vida de los trabajadores.

&htab;100.&htab;Además, el Comité desea recordar que el artículo 6 del Convenio núm. 98 permite la exclusión de este derecho básico a "los funcionarios públicos en la administración del Estado", término éste que el Comité ha contemplado a la luz de la distinción que debe trazarse entre los funcionarios empleados en diversas capacidades en los ministerios públicos u organismos similares y otras personas empleadas por el Gobierno, por empresas públicas - como hospitales públicos, en este caso - o por organizaciones públicas independientes [véase, por ejemplo, 236. o informe, caso núm. 1267 (Papua Nueva Guinea), párrafo 596].

&htab;101.&htab;Así pues, en el presente caso el Comité estima que la Asociación de Internos de Hospital había disfrutado legítimamente del derecho de negociar los términos y condiciones de empleo de los internos de hospital por medio de los convenios colectivos hasta que la ley núm. 246 puso fin a toda posibilidad de negociación durante el período de prórroga de los convenios, esto es, hasta abril de 1989 o abril de 1991.

&htab;102.&htab;Ante los hechos del presente caso, el Comité estima que la intervención del Gobierno traspasó los criterios expuestos en el párrafo precedente sobre las restricciones que razonablemente pueden imponerse a la determinación voluntaria de las condiciones de empleo, el método utilizado fue más allá de lo razonable al prorrogar los convenios por dos y, en ciertos casos, cuatro años. Al respecto, el Comité observa que no se adujeron pruebas para mostrar que la economía danesa en general o el sector de los internos de hospital, en particular, se hallaba frente a una situación de emergencia que justificase la intervención del Gobierno en la negociación colectiva voluntaria. El Comité observa además el reconocimiento por el Gobierno del principio de que los médicos tienen derecho a la libre negociación colectiva, aparte esta intervención particular, reconocimiento que fue reiterado en la última comunicación del Gobierno.

&htab;103.&htab;En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:

a) El Comité estima que la renovación y la prórroga por vía legislativa de los convenios colectivos que cubren a los internos del hospital no está en conformidad con el principio de la libre negociación colectiva para la regulación de los términos y condiciones de empleo.

b) En cambio el Comité estima que en las circunstancias del presente caso la intervención legislativa que puso fin a la huelga de los internos de hospital no puede considerarse como una violación de los principios de la OIT sobre el derecho de huelga.

&htab;104.&htab;El Comité ya examinó este caso y presentó conclusiones provisionales al Consejo de Administración que fueron aprobadas en su 241. a  reunión, noviembre de 1988 (véase 259.° informe, párrafos 679-708). El Gobierno envió nuevas informaciones sobre el caso en una comunicación de 16 de febrero de 1989.

&htab;105.&htab;Indonesia no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); sí ha ratificado, en cambio, el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;106.&htab;En su reunión de noviembre de 1988, el Comité observó que el presente caso se refería a un alegato general presentado por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre restricciones de los derechos sindicales en Indonesia basado en las siguientes críticas de la legislación sobre relaciones laborales: 1) prohibición del derecho a organizarse sindicalmente para todos los funcionarios públicos, educadores y empleados de empresas propiedad del Gobierno o controladas por éste; 2) protección insuficiente ante la discriminación antisindical e injerencias en contra de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Convenio núm. 98; 3) restricciones a la negociación colectiva en contra de lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio núm. 98; 4) restricciones al ejercicio del derecho de huelga.

&htab;107.&htab;En cuanto al primer alegato que se refería específicamente a los funcionarios públicos, el Comité tomó nota de la respuesta del Gobierno, según la cual, como las condiciones de empleo para los empleados del sector público vienen determinadas por leyes y reglamentos especiales. También tomó nota de que no cabe el recurso a los convenios colectivos entendido como una función sindical; al mismo tiempo, el Gobierno señaló la existencia de una asociación única de funcionarios públicos, la KORPRI, organismo al que se reconoce un papel negociador entre los funcionarios públicos y su empleador, el Gobierno. Si bien el Comité tomó nota de la afirmación general del Gobierno según la cual los principios de la libertad sindical se hallan recogidos en la legislación indonesia, lamenta que éste no haya facilitado información detallada sobre la KORPRI, en especial sobre el influyente papel que presuntamente desempeñan en la misma las autoridades públicas, evidenciado por el hecho de que el Ministro del Interior ocupa la presidencia de la junta central de la KORPRI.

&htab;108.&htab;De igual modo, por lo que se refiere a la presunta negación del derecho a organizarse sindicalmente de los empleados de las empresas propiedad del Gobierno o controladas por éste, el Comité tomó de nuevo nota de la afirmación general del Gobierno según la cual la libertad sindical está admitida, si bien al parecer las asociaciones existentes no podían perseguir objetivos sindicales.

&htab;109.&htab;En cuanto a los artículos 1 y 2 del Convenio núm. 98, el Comité tomó nota de que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones llevaba ya muchos años pidiendo al Gobierno que refuerce las medidas legislativas contra la discriminación antisindical con objeto de garantizar la protección de los trabajadores, tanto en el momento de su contratación como en el curso del empleo, contra cualesquiera actos perjudiciales realizados por los empleadores o cualquier injerencia por parte de las organizaciones patronales en la creación de organizaciones de trabajadores. A la vez que tomaba nota de la denegación hecha en términos generales por el Gobierno de los alegatos y de su referencia a la filosofía Pancasila en la que descansa el sistema de relaciones laborales del país, el Comité reiteró la petición hecha por la Comisión de Expertos de que se adopten nuevas disposiciones específicas para asegurar la plena conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Convenio núm. 98.

&htab;110.&htab;En cuanto a las presuntas restricciones sobre la negociación colectiva, el Comité tomó nota de la entrega por parte del Gobierno de una serie de estadísticas sobre convenios colectivos y reglamentos de empresa. No obstante, observó con preocupación que, pese a la participación potencial de la KORPRI en las negociaciones, el Gobierno había señalado claramente que los convenios colectivos no eran aplicables a los trabajadores del sector público. El Comité recordó que, según el artículo 6 del Convenio núm. 98, sólo los servicios públicos que participan en la administración del Estado no se hallan sujetos a las disposiciones del Convenio.

&htab;111.&htab;Por último, y por lo que respecta a las presuntas restricciones del derecho de huelga, el Comité tomó nota con preocupación de la lista sumamente extensa de servicios e industrias no esenciales que se recoge en la decisión presidencial núm. 123 de 1963 por la que se prohíben las huelgas (en ella se incluyen ciertas sociedades estatales como hoteles, grandes almacenes y el parque de atracciones Ancol). Si bien tomó nota del alegato del Gobierno según el cual la no prestación de dichos servicios podría resultar perjudicial para la vida humana, por lo que sólo debe recurrirse a la huelga en última instancia, el Comité recordó el principio de que las huelgas sólo pueden restringirse, e incluso prohibirse, en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, es decir, en aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población.

&htab;112.&htab;A este respecto, el Comité observó que el Gobierno no hizo ningún comentario en particular respecto del alegato de la CIOSL de que la ley núm. 22 de 1957 sobre la solución de los conflictos de trabajo creaba un sistema de arbitraje obligatorio que hacía imposible en la práctica las huelgas, aparte de disponer que sólo era admisible el recurso a la huelga en última instancia. El Comité recordó su postura sobre los procedimientos de conciliación y arbitraje cuando ambas partes no están de acuerdo en un conflicto de trabajo, a saber: que la sustitución, por vía legislativa, del derecho de huelga por el arbitraje obligatorio como medio de solución de los conflictos de trabajo sólo podría justificarse en el marco de los servicios esenciales en el sentido estricto del término (esto es, aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población).

&htab;113.&htab;En vista de las conclusiones del Comité hasta aquí resumidas, el Consejo de Administración aprobó las siguientes recomendaciones provisionales:

a) En cuanto a la alegada prohibición del derecho a organizarse sindicalmente aplicable a los funcionarios públicos y empleados estatales que trabajan en empresas propiedad del Gobierno o controladas por éste, así como al personal docente, el Comité recuerda que todos los trabajadores, sin distinción alguna, deben disfrutar del derecho de constituir organizaciones para promover y fomentar sus intereses.

b) Pide al Gobierno que le facilite más información sobre las actividades de la KORPRI (la asociación de funcionarios públicos), la PGRI (la federación del personal docente) y cualesquiera otras asociaciones creadas para proteger los intereses de los funcionarios públicos y paraestatales, por ejemplo, en la negociación colectiva y en los procedimientos de queja.

c) El Comité pide al Gobierno que revise la situación de monopolio legislativo que hace de la KORPRI la única asociación de funcionarios públicos, con el fin de que éstos puedan afiliarse a aquellas organizaciones que estimen convenientes.

d) El Comité reitera las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones sobre las deficiencias legislativas para la plena observancia de los artículos 1 y 2 del Convenio núm. 98 por lo que respecta a los límites impuestos en la negociación colectiva que no se hallan de acuerdo con el artículo 4 de dicho Convenio; al mismo tiempo, señala estos aspectos del presente caso a la atención de la Comisión de Expertos.

e) El Comité pide al Gobierno que proceda a enmendar la decisión presidencial núm. 123 de 1963 en la que se recoge una lista demasiado extensa de servicios que se consideran esenciales, en los que se halla prohibido el recurso a la huelga, si bien exceden ampliamente de lo que el Comité entiende por servicios esenciales.

f) El Comité pide al Gobierno que le facilite informaciones más detalladas respecto del alegato de que la ley núm. 22 de 1957 sobre la solución de los conflictos de trabajo crea un sistema de arbitraje obligatorio que de hecho hace imposible el recurso a la huelga.

&htab;114.&htab;En una comunicación de fecha 16 de febrero de 1989, el Gobierno repite que tanto la libertad sindical como la negociación colectiva en cuestiones laborales se respetan plenamente en Indonesia, pues se hallan recogidas en la Constitución y otras disposiciones legales. Pide que se tome en consideración el hecho de que Indonesia está "actualmente estudiando la forma más adecuada" de aplicar dichos derechos, pues la experiencia histórica ha demostrado que la libertad de expresión, sin la contrapartida de una responsabilidad plena, ha dado lugar a grandes problemas que han puesto en peligro la integridad de Indonesia como Estado.

&htab;115.&htab;Pasando ahora a las recomendaciones específicas hechas por el Comité en noviembre de 1988, el Gobierno señala que por lo que respecta al derecho a organizarse en sindicatos de los funcionarios públicos o de los empleados de empresas públicas, éstos gozan de los mismos derechos que tienen todos los ciudadanos ya sean miembros o no de una organización, sindicatos incluidos. No obstante, todo funcionario público o empleado de empresa pública deberá observar las disposiciones legales existentes, entre las que cabe mencionar el requisito de afiliarse a la KORPRI ("Korps Pegarai Republic Indonesia" o Cuerpo de funcionarios públicos). Según el Gobierno, quienes no deseen afiliarse a la KORPRI deben excluir la posibilidad de ser funcionarios públicos o empleados de empresas públicas. La libertad de elección para ser funcionario de un servicio público o empleado de una empresa estatal es un derecho humano básico de todos los ciudadanos que cuenta con una amplia aceptación en Indonesia. Según el Gobierno, la KORPRI es un "cuerpo" y no una organización de trabajadores o sindicato; asimismo, la Asociación del Personal Docente de la República de Indonesia (PGRI) es una organización profesional entre cuyos fines se encuentran los de desarrollar el nivel de la educación, mejorar el nivel profesional del personal docente y formular ideas para mejorar la educación. De acuerdo con el Gobierno, los miembros de la PGRI pueden ser también miembros de la KORPRI, y a la inversa. De igual modo, hay miembros de la Confederación de Trabajadores de Indonesia (SPSI) que pertenecen también a la KORPRI y la PGRI. Si bien estas dos últimas organizaciones no son sindicatos en el sentido estricto del término, la protección de sus afiliados es su principal finalidad y responsabilidad a tenor de la decisión de la junta central de la KORPRI núm. Kep.50/K-X/PP/84 sobre estructura organizativa y procedimientos de trabajo. Por decisión de la junta central de la KORPRI y sus secretarías regionales se ha creado la Oficina de Relaciones con los Empleados, cuya finalidad es prestar orientación, fomentar las relaciones entre los empleados y resolver los conflictos que puedan suscitarse entre los miembros de la KORPRI en todas las empresas públicas propiedad de los gobiernos central y regionales. La KORPRI ha creado también una Oficina de Asistencia Legal (a tenor de lo dispuesto en la decisión anteriormente mencionada de 1984), que se encarga de prestar la asistencia legal necesaria a los miembros de la KORPRI. La Oficina de Relaciones con los Empleados de la KORPRI ha resuelto satisfactoriamente un gran número de conflictos.

&htab;116.&htab;En cuanto a la situación particular del personal docente, el Gobierno señala que la protección por parte de la PGRI de los derechos e intereses de sus afiliados contra cualquier clase de tratamiento injusto por parte de los superiores se asegura mediante el recurso al principio del entendimiento mutuo (hermandad). La aplicación de este método viene justificada porque la mayoría de los profesores, maestros, inspectores de enseñanza y funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura son miembros de la PGRI. En un determinado caso a varios maestros de enseñanza primaria y un miembro de la junta de la PGRI en Java occidental se les rebajó de grado por decisión del jefe de la oficina provincial del Ministerio de Educación y Cultura, pero posteriormente la PGRI consiguió que se les readmitiera en sus antiguos puestos y niveles. La Oficina de Asistencia Legal de la PGRI actúa siempre en aquellos casos en que se registran injusticias, tratamientos injustos, actos de violencia, etc.

&htab;117.&htab;Al no ser la KORPRI ni la PGRI organizaciones de trabajadores ni sindicatos, no es posible negociar convenios colectivos para los trabajadores afiliados a ellas según el Gobierno. Las condiciones de trabajo y los salarios de los funcionarios públicos se hallan regulados por vía legislativa, y los empleados de las empresas públicas se hallan sujetos a decretos gubernamentales, reglamentos ministeriales o a la reglamentación específica de las empresas en cuestión. Ahora bien, en las discusiones para la elaboración de los reglamentos aplicables a las empresas públicas participan también los representantes de la KORPRI en las diferentes empresas. Por otro lado, numerosos empleados de empresas de propiedad pública, ya sea total o parcial, están afiliados a sindicatos. Por ejemplo, el Acuerdo general sobre el trabajo firmado por las empresas de plantación de Sumatra y la Confederación de Trabajadores de Indonesia (el principal sindicato del sector privado) en la provincia de Sumatra septentrional se aplica igualmente al trabajo en las empresas de plantación que son propiedad del Gobierno. Según señala éste, si un trabajador desea darse de baja en la KORPRI y afiliarse a un sindicato puede hacerlo en aquellas empresas que son propiedad total o parcial del Gobierno. Por ejemplo, los trabajadores de PT. Semen Cibinong se hallan organizados sindicalmente.

&htab;118.&htab;En cuanto a la observación hecha por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, en especial sobre los artículos 1 y 2 del Convenio núm. 98, el Gobierno señala que en Indonesia se observan dichas disposiciones, salvo en el caso de aquellos empleados del Gobierno y de empresas públicas que se afilian a la KORPRI. Según añade, las autoridades indonesias observan plenamente el artículo 4 del Convenio núm. 98, habiendo hecho todo lo posible por fomentar los contratos colectivos y la negociación voluntaria entre los sindicatos y los empleadores sobre las condiciones de empleo. A modo de ejemplo, cita el decreto ministerial núm. 01/MEN/1985 sobre los procedimientos para pactar los convenios colectivos de trabajo. Asimismo, se ha hecho todo lo posible para difundir toda la información relacionada con los convenios colectivos de trabajo en el ámbito empresarial. En realidad, señala el Gobierno, el desarrollo de los convenios colectivos de trabajo a nivel empresarial es uno de los objetivos perseguidos en el campo de la política laboral.

&htab;119.&htab;Por lo que se refiere al decreto presidencial núm. 123 de 1963, que según estima el Comité impide el recurso a la huelga por parte de los sindicatos, el Gobierno señala que fue publicado hace 25 años y no guarda relación alguna con la situación actual de la sociedad indonesia. Según indica el Gobierno, en el decreto se recoge una lista detallada de organismos públicos, empresas y proyectos de desarrollo que se consideraban vitales en aquel momento, si bien muchos de ellos han desaparecido ya. El número de trabajadores empleados en las áreas recogidas en el decreto asciende tan sólo a unas 170 000 personas. En cualquier caso, señala el Gobierno, las relaciones laborales basadas en el espíritu de hermandad no contempla la huelga como una necesidad inmediata.

&htab;120.&htab;Por último, el Gobierno hace notar que el derecho de huelga se halla plenamente garantizado por la ley núm. 22 de 1957 y la ley núm. 14 de 1969, en las que se recoge toda la normativa legal sobre la huelga. En realidad, continuamente se producen huelgas pese a que últimamente parece registrarse un acusado descenso de las mismas. Según el Gobierno, las estadísticas oficiales sobre las huelgas durante los últimos cuatro años son las siguientes: en 1985, 78 huelgas; en 1986, 73 huelgas; en 1987, 37 huelgas; y en 1988, 36 huelgas. Dichas estadísticas demuestran que sigue habiendo huelgas, si bien la situación ha mejorado sustancialmente en los últimos años debido a la práctica de la concertación entre los interlocutores sociales y a que los medios de resolución de conflictos han demostrado ser muy eficaces. El Gobierno sostiene que el arbitraje obligatorio no supone coerción alguna respecto de las partes en conflicto para alcanzar un acuerdo, sino que es más bien un procedimiento para conseguir una solución amistosa basada en las disposiciones y prácticas en vigor. Bajo el actual sistema, las partes enfrentadas en una situación bipartita negociarán con miras a alcanzar un acuerdo y, en el caso de no hallarse una solución tras la intervención de una autoridad arbitral designada por el Gobierno, el conflicto puede llevarse ante un comité nacional o regional para que emita una resolución.

&htab;121.&htab;Sobre la primera cuestión, el Comité lamenta tener que observar que, pese a la continua referencia del Gobierno a textos legales en los que se asegura el derecho de todos los ciudadanos a afiliarse o no a una organización, incluidos los sindicatos, según expone claramente el Gobierno, una gran parte de la fuerza de trabajo de Indonesia no goza de libertad para formar sus propias organizaciones de trabajadores o afiliarse a ellas. En concreto, se trata de los funcionarios públicos y el Gobierno indica que éstos sólo pueden afiliarse a la KORPRI, un organismo "que no puede considerarse una organización de trabajadores o un sindicato" y que cabría traducir al español como "Cuerpo de Funcionarios Públicos". Al mismo tiempo, el Comité observa que, según el Gobierno, los empleados de empresas públicas propiedad o controladas por el Estado, gozan de entera libertad para afiliarse a sindicatos.

&htab;122.&htab;El Comité observa que los textos a que se refiere el Gobierno están redactados en términos muy generales. Por ejemplo, la Constitución de 1945 estipula, en su artículo 28, que "la libertad de asociación y reunión, de expresión oral y escrita y otras similares, serán prescritas por vía legislativa"; en el artículo 11 de la ley núm. 14 de 1969 sobre las normas básicas del trabajo se dice lo siguiente: "1) Todos los trabajadores podrán crear organizaciones laborales y afiliarse a las mismas. 2) Toda creación de organizaciones laborales deberá ajustarse a principios democráticos", y en el artículo 12: "Las organizaciones de trabajadores podrán pactar convenios laborales con los empleadores" ("empleadores" entendido en el sentido de entidades públicas o privadas, según la aclaración que acompaña a la ley núm. 14); asimismo, en el artículo 2 del reglamento ministerial núm. PER-01/MEN/1975 sobre el registro de organizaciones laborales se estipula que "las organizaciones de trabajadores que pueden registrarse en el Ministerio de Trabajo [ ... ] son aquellas que adoptan la forma de una federación de sindicatos tal como se expuso en el artículo 1, c) supra , que cuenten al menos con una representación en 20 provincias y con afiliados pertenecientes a no menos de 15 sindicatos tal como se expuso en el artículo 1, b) supra "; en el artículo 1 se definen los diversos tipos de organizaciones como sigue:

&htab;a) las organizaciones laborales son aquellas organizaciones creadas voluntariamente por los trabajadores y para servirles a ellos como los sindicatos o federaciones de sindicatos;

&htab;b) los sindicatos son aquellas organizaciones creadas voluntariamente por los trabajadores y para servirles a ellos consistentes en unidades que operan dentro de una esfera de la actividad laboral y que están englobadas en un órgano central; &htab;c) las federaciones de sindicatos son aquellas organizaciones de trabajadores cuyos afiliados son los sindicatos citados en b) supra . [Al parecer, desde que hizo su última observación (1989) la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de conformidad con el Convenio núm. 98, el reglamento ministerial núm. PER-01/MEN/1975 ha sido derogado y sustituido por otro reglamento ministerial de 1987 que modifica los procedimientos relativos al registro pero no las definiciones.]

&htab;123.&htab;Está claro, pues, que los textos legislativos a los que se refiere el Gobierno y que ha examinado el Comité no contienen ninguna prohibición específica de la sindicación de los funcionarios públicos (y otros empleados de Gobierno). Ahora bien, la situación en la práctica, según el propio Gobierno, parece ser muy distinta, por lo que supone una violación del principio básico de la libertad sindical según el cual todos los trabajadores, sin ninguna distinción, podrán constituir las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a ellas.

&htab;124.&htab;Dejando aparte de momento la cuestión de la afiliación obligatoria a la KORPRI, el Comité debe examinar la naturaleza de las organizaciones laborales existentes en Indonesia para los funcionarios públicos, ya se les denomine "cuerpos" o "asociaciones", a la luz de decisiones anteriores del Comité en casos similares. En un caso, el Comité decidió que el registro como asociación, según la ley de asociaciones del país en cuestión, de una organización de funcionarios públicos no garantizaba a dichos trabajadores el derecho a estar representados por un órgano que promueva y defienda sus intereses laborales [véase 230.° informe, caso núm. 1189 (Kenya), párrafos 679-688]. En otro caso en que un gobierno prohibió a determinada categoría de trabajadores del servicio público el derecho que éstos venían disfrutando de poder afiliarse a un sindicato, el Comité estimó que la posibilidad que tenían de afiliarse a una asociación de personal ministerial que debía aprobarse por el director de la institución empleadora, no satisfacía el requisito de que los trabajadores pudieran crear sus propias organizaciones y afiliarse a las mismas sin necesidad de autorización previa [véase 234.° informe, caso núm. 1261 (Reino Unido), párrafos 343-371].

&htab;125.&htab;En el caso presente, el Comité observa que, según lo dispuesto en sus estatutos, la KORPRI cumple las siguientes funciones o actividades:

a) fomentar e impulsar la modernización mediante toda clase de actividades y esfuerzos constructivos;

b) impulsar la mejora del rendimiento de los servicios públicos;

c) asesorar y hacer recomendaciones al Gobierno sobre todo lo relacionado con las principales funciones y objetivos de la KORPRI;

d) adaptar, analizar y comunicar los intereses de sus miembros de conformidad con las normas y políticas gubernamentales;

e) organizar todo tipo de actividades encaminadas al logro del bienestar material y espiritual de sus afiliados y sus familias.

El Comité toma nota asimismo de la descripción que hace el Gobierno de la Oficina de Relaciones con los Trabajadores y de la Oficina de Asistencia Legal de la KORPRI, que parecen dedicarse más a la solución de conflictos en general que a la de conflictos laborales. Por otro lado, por lo que se deduce de la información examinada por el Comité, entre las actividades realizadas por la KORPRI con ocasión de su 17.° aniversario se incluía la realización de visitas a hospitales y hospicios, donaciones de sangre, planificación familiar y conferencias contra la drogadicción, actividades deportivas y concursos corales [véase Indonesian Observer del 24 de noviembre de 1988]. El Comité concluye que la KORPRI no cumple con los requisitos del principio según el cual todos los trabajadores deben tener derecho a constituir sus propias organizaciones y a afiliarse a las mismas para defender sus intereses laborales.

&htab;126.&htab;En cuanto a los otros órganos que existen para la protección de los empleados públicos, como es el caso del personal docente, el Comité observa que el Gobierno describe la PGRI como una "organización profesional" y no "un sindicato en cuanto a tal". Por lo que se deduce de la información que obra en poder del Comité, los objetivos de la PGRI tal como se recogen en sus estatutos son los siguientes:

a) lograr plasmar los ideales de la proclamación de independencia de la República de Indonesia efectuada el 17 de agosto de 1945;

b) participar activamente en el desarrollo del país, sobre todo en las esferas de la educación y la cultura, prestando asistencia a la gestión de los programas educativos y culturales de conformidad con la política del Gobierno;

c) elevar el nivel, calidad y actividades de la profesión docente y tratar de conseguir un mayor nivel de bienestar para sus afiliados.

La descripción que hace el Gobierno de las actividades de la PGRI muestra igualmente que esta es una asociación profesional cuyos fines son el desarrollo del nivel de educación, mejorar el nivel profesional del personal docente y formular ideas para mejorar la educación. En consecuencia, el Comité estima que la PGRI no satisface completamente las funciones de una organización sindical cuyos fines son la promoción y defensa de los intereses de sus miembros.

&htab;127.&htab;Volviendo a la situación de monopolio de que goza la KORPRI por lo que respecta a los empleados públicos (en virtud del decreto presidencial núm. 82 de 1971), el Comité observa en la nueva información facilitada por el Gobierno que si bien los funcionarios públicos pueden afiliarse a otras asociaciones deben afiliarse a la KORPRI si desean trabajar en el servicio público. Esto no modifica para nada la postura que adoptó en su anterior examen del presente caso. En noviembre de 1988, el Comité dejó clara constancia de que "una situación en la que se niega a un individuo toda posibilidad de elección entre distintas organizaciones, porque la legislación sólo permite la existencia de una sola en la rama profesional en la que el interesado ejerce su actividad, es incompatible con los principios de la libertad sindical" [párrafo 701]. Los órganos de control de la OIT han reconocido que si bien puede ser ventajoso para los trabajadores y los empleadores evitar la multiplicación del número de organizaciones defensoras de sus intereses, toda situación de monopolio impuesta por vía legal se halla en contradicción con el principio de la libertad de elección de las organizaciones de empleadores y de trabajadores [véase a este respecto Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva , 1983, párrafos 136-138].

&htab;128.&htab;El Comité pide nuevamente al Gobierno que revise el decreto presidencial núm. 82 de 1971 con el fin de posibilitar la creación de organizaciones que representen los intereses laborales de éstos al margen de las estructuras ya establecidas, lo cual no impediría a la KORPRI que continuase desempeñando el papel asistencial que ejerce en la actualidad.

&htab;129.&htab;Segundo, por lo que respecta al artículo 4 del Convenio núm. 98 y al limitado papel negociador que se reconoce a las organizaciones de trabajadores que existen para los funcionarios públicos y empleados de empresas públicas, el Comité toma nota de la nueva descripción que hace el Gobierno sobre cómo se determinan las condiciones de empleo en el sector público. El Comité no puede menos de lamentar que esta información confirma su anterior interpretación de que tanto la legislación como la práctica no guardan conformidad con el Convenio en este punto. Dado que como consecuencia de ello un gran segmento de la población asalariada (más de la mitad según los alegatos de la CIOSL) se ve privado del derecho a negociar colectivamente, el Comité insta al Gobierno a que revise su legislación de manera que se reconozca el derecho a la negociación colectiva a aquellos funcionarios públicos que no participan en la administración del Estado (de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 6 del Convenio núm. 98). Al efectuar la revisión, el Gobierno debería tener especialmente en cuenta la jurisprudencia del Comité que ha mantenido que el personal docente, el personal administrativo de enseñanza nacional, el personal de los institutos nacionales de radio y televisión, los empleados de los servicios de correos y telecomunicaciones y, en general, los empleados de las empresas nacionalizadas deben disfrutar del derecho de negociación colectiva consagrado en el artículo 4 del Convenio [véase Recopilación de Decisiones , 1985, párrafos 599-602 y 597].

&htab;130.&htab;Acerca de una cuestión similar, el Comité observa que en su comentario más reciente sobre el artículo 4 del Convenio, la Comisión de Expertos mantuvo sus críticas sobre el nivel de negociación de que gozan los sindicatos del sector privado [sólo pueden negociar colectivamente las federaciones registradas y el registro requiere que abarquen por lo menos 20 provincias y 15 sindicatos]. Al mismo tiempo, sin embargo, tomó nota de la garantía dada por el Gobierno de que la legislación en cuestión había sido derogada y sustituida por otra. El Comité confía que el Gobierno examinará la situación negociadora respecto de las críticas formuladas por la Comisión de Expertos y que dicho examen recogerá el derecho de los empleados públicos a negociar tal como se precisa en el párrafo anterior.

&htab;131.&htab;Tercero, en cuanto a los artículos 1 y 2 del Convenio núm. 98 el Comité toma nota de que, en contra de la afirmación del Gobierno de que los afiliados a la KORPRI no se hallan protegidos por dichos artículos, la circular del Gobierno núm. Ed.1/DP/1978 de 22 de febrero extiende expresamente la legislación protectora a los empleados de las empresas de propiedad pública controladas por el Gobierno. Asimismo, señala que la Comisión de Expertos, en su último comentario, pidió de nuevo al Gobierno que adoptase más medidas legislativas de protección contra toda clase de actos de discriminación antisindical (artículo 1) y contra los actos de injerencia por parte de los empleadores y sus organizaciones (artículo 2). Como resulta claro de la observación hecha por la Comisión de Expertos que existe una legislación en la que se contemplan diversos aspectos de dichos artículos, lo que a su vez quiere decir que sólo se precisaría incorporar nuevas disposiciones legislativas relativamente simples, el Comité considera que este aspecto del caso debe ser seguido por la Comisión de Expertos.

&htab;132.&htab;Cuarto, el Comité toma nota de que el Gobierno reconoce que el decreto presidencial núm. 123 de 1963 (en el que se recoge una lista muy amplia de empresas y servicios en los que se prohíben las huelgas) es obsoleto y en la actualidad sólo se aplica a unas 170 000 personas. El Gobierno no debe tener por tanto problemas para derogar el texto, o al menos modificar la lista, con el fin de asegurar que sólo se prohíban las huelgas en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población [véase Recopilación de decisiones , párrafo 394, y Estudio general , párrafo 214].

&htab;133.&htab;Por último, el Comité ha examinado detenidamente la nueva información facilitada por el Gobierno acerca de la repercusión de la ley núm. 22 de 1957 sobre la incidencia de las huelgas y de las disposiciones de la ley misma. Entiende que el sistema en vigor para la solución de los conflictos laborales adopta uno de los modelos siguientes:

1) Las dos partes de un conflicto o una de ellas, si el conflicto no se somete a arbitraje, piden por escrito la asistencia de un funcionario de conciliación para resolver el conflicto; en caso de resultado negativo, el funcionario somete la solución del conflicto a un comité regional tripartito; la decisión de éste (que es coercitiva y puede aplicarse mediante el procedimiento judicial normal para los juicios civiles) puede recurrirse por ambas partes ante el comité central tripartito para la solución de los conflictos laborales, cuyas decisiones tienen carácter coercitivo y se aplican en la práctica, salvo que se oponga a ellas o suspenda su aplicación el Ministro de Trabajo alegando "que la medida es necesaria para garantizar el mantenimiento del orden público o proteger los intereses del Estado". 2) Cualquier conflicto entre las partes puede someterse por éstas a un arbitraje voluntario previa recomendación de un funcionario de conciliación o decisión de un comité regional; una vez "legalizado" (aprobado) por el comité central tripartito para la solución de los conflictos, el laudo arbitral puede aplicarse como si se tratase de una decisión del comité central y no cabe recurso contra él. En el arbitraje puede recurrirse a la investigación como procedimiento subsidiario.

&htab;134.&htab;El Comité señala a este respecto que los artículos 13 y 14 de la ley núm. 14 de 1969 estipulan, respectivamente, que "el ejercicio del derecho de huelga, de demostración y de cierre patronal se determinarán por vía legislativa" y "las normas sobre la terminación de la relación de empleo y la solución de los conflictos laborales se determinarán por vía legislativa". Según el artículo 6 de la ley núm. 22 de 1957 sobre la solución de los conflictos laborales, cualquiera de las partes de un conflicto que trate de tomar medidas (así, el recurso al cierre patronal o la huelga) contra la otra debe dar un preaviso a la otra parte (en el que se especifique, entre otras cosas, la falta de cooperación durante más de dos semanas en las negociaciones con el funcionario de conciliación), así como al presidente del comité regional, que debe acusar recibo por escrito dentro de los siete días siguientes a la notificación; hasta que la parte interesada no ha recibido dicha notificación por escrito no puede adoptarse ninguna medida. Por otro lado, según el artículo 23 de la ley, los empleadores y los trabajadores no pueden tomar represalias (o medidas similares) como consecuencia de un conflicto o durante la fase de solución del mismo.

&htab;135.&htab;En vista de lo expuesto anteriormente, el Comité concluye que las huelgas sólo pueden declararse una vez fracasadas las consultas bipartitas y ser informado el comité regional. Dicho período puede prolongarse durante tres semanas, o incluso más si se produce una dilación burocrática entre la presentación del preaviso y su notificación efectiva al presidente del comité regional. Cualquier acción que se lleve a cabo para tratar de eludir este proceso está penalizada con tres meses de prisión o una multa. Además, el Comité reconoce que las partes corren el riesgo de que el ministro rechace el acuerdo de conciliación o que en el arbitraje obligatorio se les imponga una resolución que no sea de su agrado y contra la que no pueden recurrir.

&htab;136.&htab;A juicio del Comité, no obstante, los criterios recogidos en la ley sobre estos dos puntos, la situación está abierta a crítica. En el primer caso, el artículo 17 estipula que el ministro sólo podrá hacer uso de la facultad de invalidar un acuerdo de conciliación tras consultar con los otros ministros cuyos departamentos se hallan representados en el comité central tripartito para la solución de conflictos, aunque de hecho el ministro goza de entera libertad para decidir en última instancia si es necesario mantener el orden público o proteger los intereses del Estado. Esta facultad es demasiado amplia. Segundo, el artículo 19, 3) estipula que en el procedimiento de arbitraje, la elección del árbitro o los miembros de la junta arbitral correrá a cargo de las partes, pero esto no modifica el hecho de que se puede obligar a las partes al arbitraje obligatorio sin que puedan recurrir a la huelga. El Comité, pues, recuerda que acepta limitaciones al recurso a la huelga únicamente en el caso de los funcionarios públicos que actúan en calidad de órganos del poder público, o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término (a saber, aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población) o en casos de crisis nacional grave. Al tiempo que toma nota del hecho de que en el presente caso las huelgas son posibles teóricamente en las primeras fases de la conciliación y aparentemente en la práctica sólo un pequeño número tienen lugar, el Comité pide al Gobierno que reexamine la legislación pertinente de manera que se garantice a las organizaciones de trabajadores el derecho a la huelga como un medio de promover y defender los intereses de sus miembros.

&htab;137.&htab;En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las siguientes recomendaciones:

a) El Comité considera que el Gobierno debe revisar la situación de los funcionarios públicos con el fin de asegurar que dichos trabajadores - al igual que los trabajadores del sector privado y los empleados de empresas públicas - pueden en la práctica crear sus propias organizaciones y afiliarse a aquellas que estimen convenientes.

b) En particular, el Comité pide de nuevo al Gobierno que revise el decreto presidencial núm. 82 de 1971 con el fin de posibilitar a los empleados del sector público la creación de organizaciones que representen sus intereses laborales al margen de las estructuras existentes (KORPRI), que desempeña funciones de carácter sobre todo asistencial.

c) Si bien lamenta las discrepancias existentes entre el artículo 4 del Convenio núm. 98 y la legislación y la práctica sobre la negociación colectiva - en particular las limitaciones impuestas a las negociaciones en el sector público y al nivel de la negociación reconocido a los sindicatos que operan en el sector privado -, el Comité confía que el Gobierno reexaminará la situación negociadora a la luz de las críticas de la Comisión de Expertos ya que el artículo 6 del Convenio sólo permite la exclusión de las garantías recogidas en el mismo a aquellos funcionarios públicos empleados en la administración del Estado. d) El Comité pide al Gobierno que tome medidas para derogar o enmendar el decreto presidencial núm. 123 de 1963 que, a juicio del Gobierno mismo, ya no es apropiado con la situación actual de Indonesia.

e) El Comité pide al Gobierno que examine de nuevo el sistema de arbitraje obligatorio establecido por la ley núm. 22 de 1957, en particular, el problema del recurso a la huelga.

f) El Comité señala este caso a la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.

&htab;138.&htab;En comunicaciones de fecha 15 de junio y 28 de julio de 1988, la Federación Nacional de Campesinos Arrendatarios y Trabajadores Agrícolas y de las Plantaciones (NAFAPAW) presentó una queja contra el Gobierno de Liberia por violación de los derechos sindicales. El Gobierno envió sus observaciones sobre el caso en una comunicación de fecha 13 de febrero de 1989, que la OIT recibió el 20 de marzo de 1989.

&htab;139.&htab;Liberia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), así como el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;140.&htab;En su comunicación inicial de fecha 15 de junio de 1988, que la NAFAPAW declara también presentar en nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas y Similares (NAAWUL) y el Sindicato Nacional de Gente de Mar, Trabajadores Portuarios e Industrias Diversas (NSP/GWUL), el querellante formula los siguientes alegatos:

a) el Ministerio de Trabajo viola continua, intencional y abiertamente los derechos sindicales y las libertades democráticas con efectos desastrosos en la actividad y funcionamiento de la Federación, así como en las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores;

b) en los últimos cinco años, el Ministerio de Trabajo ha seguido una política "ofensiva y peligrosa" incompatible con los derechos fundamentales de los trabajadores, algunos de los cuales, en el sector agrícola, no han sido remunerados por períodos de seis, ocho y hasta dieciséis meses y han de trabajar sin protección sindical;

c) el Ministerio de Trabajo se ha negado a reconocer la NAFAPAW desde el 12 de diciembre de 1986, fecha de su fundación, aunque, según la NAFAPAW, haya sido reconocida en principio por el Gobierno;

d) el Ministerio de Trabajo se ha negado a reconocer el Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas y Similares de Liberia (NAAWUL) y sus dirigentes (el "grupo white"), debidamente elegidos el 18 de enero de 1986 en la segunda asamblea nacional del sindicato. A ese respecto, la NAFAPAW también acusa al Ministerio de reconocer y utilizar a otras personas designadas (el "grupo stanley") como directivos del NAAWUL; según la NAFAPAW, hay actualmente cargos penales pendientes contra estas personas.

&htab;141.&htab;En su nueva comunicación de 28 de julio de 1988, la NAPAPAW alega que el Ministerio de Trabajo recurre a cualquier táctica para convertir los sindicatos miembros de la Federación en organizaciones progubernamentales, con el fin de liquidar la Federación. Por ejemplo, la NAFAPAW declara que una "asamblea" celebrada el 16 de julio de 1988 por personas que se presentaban ellas mismas como miembros del NAAWUL fue de hecho una reunión clandestina y antidemocrática organizada con el apoyo del Ministerio y financiada indirectamente por la Confederación Mundial de Trabajadores (CMT).

&htab;142.&htab;En su respuesta de 13 de febrero de 1989, el Gobierno rechaza todos los alegatos contenidos en la segunda comunicación de la NAFAPAW (de fecha 28 de julio de 1988). El Gobierno declara que nunca ha recurrido a estrategias para liquidar la Federación ni apoyado directivos o ex directivos sindicales de ningún sindicato para celebrar una asamblea. El Gobierno declara además que sólo está enterado de que el NAAWUL eligió su Mesa directiva y que las personas elegidas desempeñan su actividad sindical. El Gobierno añade que no se inmiscuye en las actividades de los sindicatos porque así lo prohíbe el artículo 4100 de la ley sobre prácticas de trabajo.

&htab;143.&htab;El Gobierno rechaza asimismo los alegatos contenidos en la comunicación inicial de la NAFAPAW y añade que ni siquiera está enterado de la constitución o existencia de esta Federación puesto que no ha presentado su reglamento y constitución, como exige el artículo 4100 de la ley sobre prácticas de trabajo. El Gobierno también niega la existencia de toda política "ofensiva y peligrosa" que viole los derechos fundamentales de los trabajadores y manifiesta que no está enterado de que trabajadores agrícolas no hayan sido remunerados durante los períodos alegados por el querellante, ni de que ningún trabajador haya sido obligado a trabajar sin protección sindical. El Gobierno niega la existencia de una explotación de la mano de obra o de trabajo forzoso en Liberia.

&htab;144.&htab;El Gobierno declara que no se ha negado a reconocer el NAAWUL, como señala el querellante, puesto que esta organización ha sido de hecho reconocida por el Gobierno de Liberia cuyo registro contiene, como miembros de la Mesa del NAAWUL, una lista de personas distintas de las que menciona el querellante. El Gobierno añade que la Mesa actual del sindicato está constantemente en contacto con el Ministerio de Trabajo y que un miembro del mencionado sindicato actuó como consejero técnico del delegado de los trabajadores a la 75. a reunión de la Conferencia de la OIT. El Gobierno admite que no ha reconocido al Sr. David White y su grupo como dirigentes del NAAWUL porque la secretaría de este sindicato nunca sometió sus nombres al Ministerio de Trabajo. Por otra parte, el Gobierno niega estar enterado de que dirigentes del NAAWUL fueran elegidos el 18 de enero de 1986 (el "grupo Mooney-white"), y declara que sólo está enterado de la elección celebrada el 14 de julio de 1988; las personas elegidas (el "grupo Stanley") han sido debidamente reconocidas por el Ministerio de Trabajo.

&htab;145.&htab;El Gobierno niega además haber abrigado la intención de liquidar el NAAWUL, o utilizar antiguos dirigentes del sindicato en detrimento de los trabajadores. Finalmente, el Gobierno manifiesta que la NAFAPAW no tiene el derecho de presentar esta queja en nombre del NAAWUL y del NSP/GWUL, puesto que no ha presentado su reglamento ni constitución al Ministerio de Trabajo.

&htab;146.&htab;El Comité toma nota de que los alegatos formulados en este caso pueden dividirse en tres categorías. En primer lugar, el alegato general relativo a la violación de los derechos sindicales (párrafo a) supra ); en segundo lugar, la política "ofensiva y peligrosa" del Gobierno que según se alega ha privado a varios trabajadores agrícolas de su remuneración durante períodos de hasta 16 meses (párrafo b) supra ); y finalmente, el alegato que podría definirse en término generales como cuestión de reconocimiento sindical y/o de rivalidad entre sindicatos (párrafos c) y d) supra ). La segunda comunicación del querellante constituye de hecho una variación sobre este último tema.

&htab;147.&htab;En lo que atañe al primer punto planteado por el querellante, el Comité no puede sino tomar nota de que se trata de un alegato muy general al que el Gobierno también ha respondido en forma general y que carece totalmente de argumentación en las dos comunicaciones sometidas por el querellante, por lo cual este aspecto del caso no requiere un examen más detenido.

&htab;148.&htab;En lo que se refiere al segundo alegato del querellante, a saber, que la política "ofensiva y peligrosa" del Gobierno ha surtido el efecto de privar a los trabajadores agrícolas de su remuneración durante períodos de hasta 16 meses, el Comité advierte que el Gobierno lo rechaza llanamente. También en este caso, el Comité tiene a la vista dos declaraciones completamente contradictorias sin pruebas concretas por lo que desestima este alegato.

&htab;149.&htab;En lo que se refiere a la tercera cuestión, puede decirse que la situación es por lo menos confusa. A juicio del Comité, se infiere de los documentos recibidos que una lucha por el poder se ha desarrollado en el Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas y Similares (NAAWUL) entre dos grupos, uno de los cuales (el "grupo Stanely") ha sido reconocido por el Gobierno y debidamente elegido el 14 de julio de 1988 como Mesa del NAAWUL. La otra facción (el "grupo Mooney-White") declara ser el único representante legítimo de los trabajadores afiliados al NAAWUL; el Gobierno niega estar enterado de su elección y declara que sus nombres nunca se comunicaron al Ministerio de Trabajo. Para complicar el asunto, el Gobierno niega la misma existencia de la NAFAPAW (que presentó la queja), puesto que no ha presentado su reglamento ni su constitución; el Gobierno impugna por la misma razón el derecho de la NAFAPAW a presentar una queja en nombre del NAAWUL y del NSP/GWUL.

&htab;150.&htab;El Comité ha manifestado en muchos casos que no tiene competencia para formular recomendaciones sobre conflictos internos dentro de una organización sindical en la medida en que el Gobierno no interviene de manera que menoscabe el ejercicio de los derechos sindicales y el funcionamiento normal de una organización. [Véase, por ejemplo, 217. o informe, caso núm. 1086 (Grecia), párrafo 93.] En caso de conflicto interno, el Comité ha propuesto varias soluciones para definir jurídicamente estas categorías de situación con miras a resolver los asuntos relativos al carácter representativo de los dirigentes sindicales de que se trata, (votación de los afiliados, procedimientos judiciales). El Comité estima que se deben poner en marcha procedimientos imparciales que permitan a los trabajadores elegir libremente a los representantes de su elección.

&htab;151.&htab;El Comité advierte que varias personas, grupos y/o sindicatos partes en la presente queja tropezaron ya con problemas análogos en los casos núms. 1219 y 1410 (233. er y 259. o informes). En el segundo caso, el Comité estimó que no le correspondía decidir qué grupo había de representar a los afiliados del sindicato de que se trataba, sino examinar si hubo injerencia del Gobierno en la libre elección de su Mesa por los trabajadores. Este criterio se aplica aquí y esta injerencia no se ha comprobado en el presente caso. De hecho, el Comité tiene a la vista dos versiones contradictorias y no tiene la posibilidad de formular conclusiones definitivas sobre este aspecto del caso.

&htab;152.&htab;Sin embargo, el Comité subraya muy especialmente que aquellos que se exponen a perder más en estas situaciones de rivalidad dentro de un sindicato son los trabajadores y que la incertidumbre propia de esas luchas por el poder tendría que resolverse lo más rápidamente posible y de la mejor manera para todas las partes interesadas, en especial los trabajadores.

&htab;153.&htab;En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las siguientes recomendaciones:

a) El Comité estima que los alegatos generales presentados por el querellante no requieren un examen más detenido.

b) El Comité estima que se deben poner en marcha procedimientos imparciales que permitan a los trabajadores elegir libremente a los representantes de su elección.

&htab;154.&htab;La queja figura en una comunicación de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) de 13 de junio de 1988. El Gobierno respondió por comunicación de 9 de febrero de 1989.

&htab;155.&htab;Honduras ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), así como el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;156.&htab;La Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) alega en su comunicación de 13 de junio de 1988 que reiteradamente desde mayo de 1981 ha venido solicitando sin éxito ante las autoridadessu inscripción y reconocimiento de personería jurídica, cumpliendo al efecto todos los requisitos legales. La FUTH subraya que se trata de una evidente violación del Convenio núm. 87 y envía en anexo copia de las solicitudes transmitidas al Ministerio de Trabajo desde 1981.

&htab;157.&htab;El Gobierno declara en su comunicación de 9 de febrero de 1989 que por resolución de 22 de diciembre de 1988 se otorgó personeríajurídica a la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras.

&htab;158.&htab;De las observaciones del Gobierno se desprende lo siguiente: la solicitud de personería jurídica presentada por la FUTH en 1983 adolecía de anomalías que le fueron señaladas, pero esta organización sólo presentó escrito personándose de nuevo en el expediente en enero de 1987. En esta ocasión se constataron también anomalías, que fueron objeto de aceptación y enmienda por parte de la FUTH. El 24 de junio de 1987 el Departamento de Organizaciones Sociales de la Secretaría de Estado del Trabajo emitió dictamen favorable al otorgamiento de la pesonería jurídica, la aprobación de los estatutos y la entrega de la certificación correspondiente. No obstante, dando curso a un dictamen de la asesoría jurídica de la Secretaría de Estado del Trabajo en el marco de la política ministerialtendiente a prevenir conflictos intersindicales, la Secretaría de Estado dictó el 31 de agosto de 1987 una providencia según la cual "con base en lo previsto en el artículo 538 del Código de Trabajo, procédase a la elaboración de un proyecto de norma estatutaria que faculte a la Federación solicitante para resolver de manera definitiva,sin perjuicio del recurso extraordinario de amparo, respecto de las diferencias que ocurran entre dos o más de las organizaciones federadas, así como las que surjan entre facciones internas de una de ellas; para tal efecto, vuelva el expediente al departamento jurídico". El 26 de mayo de 1988 la Secretaría de Estado del Trabajo dictó una nueva providencia para que se entregara a la FUTH copia del "proyecto de normas estatutarias" con objeto de que se pronunciara sobre su aceptación o rechazo. Sólo el 27 de septiembre de 1988, la FUTH se pronunció al respecto considerando acertados los señalamientos hechos por las autoridades.

&htab;159.&htab;El Comité toma nota con interés del otorgamiento de la personería jurídica a la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras por resolución de 22 de diciembre de 1988. El Comité observa sin embargo que esta personería jurídica fue otorgada siete años después de que se solicitara por primera vez; que el Gobierno no ha facilitado observaciones sobre las razones por las que no prosperó la solicitud de personería jurídica presentada por la FUTH en 1981 (de la cual la FUTH ha enviado copia) ya que las explicaciones del Gobierno sólo cubren el período 1983-1988; y que del relato de los hechos presentado por el Gobierno pueden observarse retrasos importantes en la tramitación del expediente, a veces imputables a la FUTH pero también a las autoridades, como es el caso por ejemplo de la sugerencia tendiente a la incorporación de una disposición en los estatutos que permita la solución de conflictos intersindicales, toda vez que el Código de Trabajo no impone - sólo permite - la incorporación de disposiciones de esta naturaleza en los estatutos. Por consiguiente, el Comité lamenta los retrasos que se han producido en la tramitación del expediente de la personería jurídica de la FUTH que sin duda ha impedido a esta organización durante un largo período el ejercicio legal de los derechos sindicales.

&htab;160.&htab;En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:

a) El Comité se felicita de que después de tantos años la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras haya obtenido la personería jurídica.

b) El Comité espera que se tomarán medidas con miras a agilizar el procedimiento relativo al otorgamiento de la personería jurídica de las organizaciones sindicales, de manera que se eviten demoras excesivas.

&htab;161.&htab;En comunicaciones de fecha 27 de julio y 17 de agosto de 1988, la Federación de Sindicatos Cristianos (CNV) sometió una queja por determinadas violaciones de la libertad sindical en los Países Bajos. La Confederación de Movimientos Sindicales de los Países Bajos (FNV) y la Federación de Personal Médico y Superior (MHP) sometieron sendas quejas en sus comunicaciones de 27 de julio y 21 de octubre de 1988 (FNV), y de 28 de julio y 29 de noviembre de 1988 (MHP). Lo esencial de estas quejas se expuso en una carta conjunta de las tres organizaciones enviada a la Oficina el 14 de marzo de 1988 a la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.

&htab;162.&htab;El Gobierno respondió a las quejas en sus cartas de 17 de octubre y 2 de noviembre de 1988, y 16 de enero de 1989.

&htab;163.&htab;En su reunión de febrero de 1989, el Comité decidió aplazar el examen del caso hasta su próxima reunión, en espera de que la Comisión de Expertos examinase la legislación pertinente en su reunión de marzo de 1989 [262. o informe del Comité, aprobado por el Consejo de Administración en su 242. a reunión, febrero-marzo de 1989, párrafo 10].

&htab;164.&htab;Los Países Bajos han ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); no han ratificado el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;177.&htab;En su carta conjunta de 14 de marzo de 1988, los querellantes expresan su preocupación respecto de las disposiciones legislativas bajo cinco epígrafes correlacionados (que se duplican en cierta medida):

- contradicción con el principio de uniformidad de las normas de la OIT;

- denegación de igual protección de los derechos de negociación de los trabajadores en los sectores privado y de las instituciones subvencionadas;

- aplicación práctica de la legislación;

- protección inadecuada de los niveles de vida de los trabajadores en el sector de las instituciones subvencionadas, y

- forma en que el procedimiento consultivo funciona en la práctica.

&htab;187.&htab;En su carta de 17 de octubre de 1988 el Gobierno recuerda que importantes aumentos en el costo de la mano de obra a mediados del decenio de 1970 le obligaron a intervenir en el procedimiento de negociación, tanto en los sectores privado como de instituciones subvencionadas. Reconoce que algunas de estas intervenciones no respetaban plenamente los principios de la OIT. Sin embargo, estima que modificaciones ulteriores de la ley sobre fijación de salarios y la sustitución de la ley "provisional" por la legislación WAGGS permiten ahora que cumpla plenamente estos principios en todos los sectores. En especial, pone de relieve que la ley WAGGS establece un enfoque fundamentalmente distinto de los anteriores. Con arreglo al Gobierno, los querellantes no han tenido suficientemente en consideración este factor al evaluar la nueva legislación.

&htab;188.&htab;El Gobierno prosigue que en lo que se refiere a la adhesión a las normas de la OIT, la ley de 1985 no ha de considerarse solamente en relación con su texto sino con su aplicación práctica. La ley determina las competencias del Gobierno. Al definir lo que es compatible con los principios de la libertad sindical, es necesario examinar la forma en que estas atribuciones se ejercen en la práctica.

&htab;189.&htab;El Gobierno declara que la ley no crea ningún obstáculo para la concertación de acuerdos colectivos en el sector de las instituciones subvencionadas. La intervención del Gobierno se limita principalmente al procedimiento de fijación de parámetros que precede las negociaciones directas entre empleadores y sindicatos. No es infrecuente que los parámetros dentro de los cuales pueden determinarse los aumentos del costo de los salarios se establezcan antes de las negociaciones. Lo mismo ocurre en el sector privado.

&htab;190.&htab;En el momento en que las partes interesadas terminan sus negociaciones, notifican al Gobierno los efectos del acuerdo a que han llegado en los costos. Si los costos permanecen dentro de los límites predeterminados, no se plantea ningún problema. El acuerdo empieza a aplicarse con efecto retroactivo tras un plazo de seis a diez semanas después de su notificación. De hecho, el acuerdo se aplica aun cuando los costos rebasan los límites predeterminados pero, en este caso, el Gobierno puede recurrir al procedimiento de objeción establecido en el artículo 7 y organizar consultas en las que participa con las partes interesadas. En esta fase, las partes interesadas pueden remediar la dificultad reduciendo la tendencia de los costos o demostrando que el exceso en los mismos no perjudica la calidad del servicio prestado o los gastos públicos. Si las partes interesadas deciden defender un acuerdo que no se ajusta a los parámetros predeterminados, el Gobierno está facultado para ordenar una congelación de los gastos de conformidad con los artículos 10 u 11 (según corresponda).

&htab;191.&htab;El Gobierno señala que lo que considera como "último recurso" nunca se ha aplicado, y que su política "ha consistido y consiste en considerar que el instrumento sólo debería utilizarse en la práctica cuando los efectos de un acuerdo puedan ser graves".

&htab;192.&htab;En 1987-1988 el Gobierno realizó un estudio detallado del funcionamiento de la legislación. Lo hizo previa consulta con los empleadores y los sindicatos y una copia del informe se envió a la Oficina en junio de 1988. Con arreglo a este informe, solamente en dos casos el Ministro ha publicado una notificación oficial de objeción con arreglo al párrafo 7 (páginas 139-140 del informe):

La primera, de fecha 5 de marzo de 1986, se refería al convenio colectivo de trabajo de 1985 concertado en el sector de la asistencia de salud. La motivó la previsión de que el movimiento de los salarios entrañaba una reestructuración de los mismos sin que se dispusiera de recursos financieros suficientes. Tras esta objeción, se celebraron consultas con las partes interesadas. Después de que estas últimas hubieran modificado la previsión y creado garantías para prevenir este aumento indebido e inminente, se retiró la notificación de objeción. La segunda se remonta al 17 de diciembre de 1986 y se refiere a la situación de las bibliotecas públicas en 1986. Los costos establecidos con arreglo a este acuerdo rebasaban los límites fijados en más de 0,5 por ciento y creaban un exceso acumulado de 0,3 por ciento en 1985. En consultas con las partes interesadas, se comprobó que el exceso ascendía a un 0,7 por ciento. Este aumento se financió finalmente por las partes interesadas con los recursos disponibles para 1987.

También se registraron varias situaciones en que "el recargo fue muy limitado y ascendió a unos pocos décimos de uno por ciento". En estos casos, se comunicó a las partes una advertencia por escrito a cuyos efectos este recargo no debe crear una "dificultad grave" para el nivel del servicio, advertencia que implicaba que podía "enviarse una notificación de objeción si estos recargos limitados se repetían en el futuro".

&htab;193.&htab;En lo que se refiere al efecto de la legislación sobre el costo de los salarios, el informe de la encuesta estima (página 41) que en mayo de 1985 el porcentaje de disparidad de la remuneración media en el sector de las instituciones subvencionadas en comparación con el sector privado, ascendía a 13 por ciento. En 1986 y 1987, la tendencia de los salarios señalada en los acuerdos concertados en el sector privado era de 2,4 por ciento en comparación con 1,2 por ciento en el sector de las instituciones subvencionadas. En otras palabras, la disparidad acumulada aumentó considerablemente en los dos primeros años de aplicación de la ley. El informe de la encuesta muestra claramente que de no haberse promulgado esta legislación, esta disparidad se habría compensado por lo menos en parte (página 42):

En las consultas, las partes interesadas indicaron en una o más ocasiones que deseaban compensar la disparidad con el sector privado.

&htab;194.&htab;Además de la cuestión de la conformidad con las normas de la OIT, el Gobierno reconoce que los trabajadores en el sector de las instituciones subvencionadas no son "funcionarios públicos" (informe de la encuesta, página 160). Ello significa que sus condiciones de empleo y de trabajo "han de determinarse de manera que se respete el principio de la libertad sindical" ( ibíd .). Sin embargo, añade el Gobierno, su función de tesorero de este sector significa que ha de ( ibíd .): ... señalar los límites financieros. Los fondos que pueden liberarse y el servicio que ha de prestarse. Las condiciones de empleo han de fijarse dentro de estos límites.

El sistema de fijación y revisión de parámetros establecido por la ley de 1985 mantiene un equilibrio adecuado entre estas obligaciones de depositario del tesoro público y los principios de la libre negociación colectiva (informe de la encuesta, página 161):

En resumen, la nueva ley reconoce que hay dos fases: en la primera, el Gobierno, tras haber escuchado a las organizaciones de trabajadores, decide de consuno con los empleadores qué cambio en las condiciones de empleo puede financiarse con fondos públicos. En la segunda fase, los empleadores y los trabajadores entablan negociaciones sobre los cambios en las condiciones de empleo.

Según el Gobierno ( ibíd .):

los tratados internacionales relativos a las negociaciones colectivas se refieren a la segunda fase. La primera fase corresponde a la política financiera y presupuestaria del Gobierno.

&htab;195.&htab;Tanto la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones como el Comité de Libertad Sindical han formulado repetidas veces la opinión de que la aprobación previa del Gobierno como requisito para la concertación y aplicación de un convenio colectivo válido no es compatible con el principio de la libertad sindical [véase Estudio general de la Comisión de Expertos , 1983, párrafo 311, y Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT , 1985, párrafo 635].

&htab;196.&htab;La Comisión y el Comité han reconocido que una legislación "que permite negarse a aprobar un convenio colectivo en razón de errores de pura forma" no es necesariamente incompatible con los principios. Sin embargo, si el registro puede rechazarse por razones de incompatibilidad con la política del gobierno, ello constituiría un requisito de "aprobación previa", y sería incompatible con los principios. De la misma manera, una disposición con arreglo a la cual un gobierno puede invalidar o considerar como nulo un convenio concertado porque es incompatible con la política social o económica del gobierno también se considerará como incompatible con los principios.

&htab;197.&htab;Sin embargo, como se ha dicho más arriba, la Comisión y el Comité han reconocido que puede justificarse cierto grado de intervención del Gobierno en el procedimiento de negociación "por razones mayores de interés económico nacional". Para ser aceptable, esta injerencia sólo debería imponerse con carácter excepcional y solamente en la medida de lo necesario, sin exceder de un período razonable, y debería ir acompañada de garantías adecuadas para proteger el nivel de vida de los trabajadores [ Recopilación... , 1983, párrafo 641]. El Comité subraya además que en el caso en que los términos de convenios colectivos pareciesen contrarios a consideraciones de interés general se podría prever un procedimiento al efecto de señalar tales consideraciones a la atención de las partes, a fin de que procedan a un nuevo examen, quedando entendido que conservarán su libertad en cuanto a la decisión final. El establecimiento de un sistema de este tipo estaría de acuerdo con el principio de que los sindicatos deben tener derecho, mediante negociaciones colectivas, de tratar de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de aquellos a quienes representan, mientras que las autoridades públicas deben abstenerse de intervenir en forma que limite ese derecho [véanse Recopilación, op. cit. , párrafo 643 y Estudio General , op. cit. , párrafo 314.

&htab;198.&htab;La ley de 1985 no supedita la concertación o aplicación de un convenio colectivo en el sector de las instituciones subvencionadas a una aprobación previa del Gobierno. Por consiguiente, a juicio del Comité, no hay incompatibilidad entre la ley y los principios establecidos en la materia.

&htab;199.&htab;El Comité también estima que no hay incompatibilidad entre los principios de la libertad sindical y los artículos 6 y 7 de la ley. Tanto el requisito con arreglo al cual los convenios han de someterse al ministro antes de entrar en vigor como el derecho del ministro a pedir consultas adicionales parecen ser compatibles con el enfoque adoptado por la Comisión de Expertos en el párrafo 643 de la Recopilación .

&htab;200.&htab;Al término de toda consulta celebrada de conformidad con el artículo 7, las partes interesadas pueden elaborar una declaración común a cuyos efectos desean que el convenio entre en vigor a pesar de las preocupaciones expresadas por el ministro. Ello no parece ser incompatible con el enfoque adoptado por la Comisión de Expertos. Sin embargo, aquí no termina el asunto. Los artículos 10 y 11 facultan al ministro para prescindir de esta declaración y congelar la aplicación del convenio. El ministro puede adoptar esta decisión cuando estima que el costo de las condiciones de empleo y de trabajo que entraña el convenio rebasa los parámetros predeterminados y constituye una amenaza para el nivel de servicio existente o impone una carga adicional al tesoro público. El Comité estima que ello equivale a estipular que un acuerdo sólo puede entrar o permanecer en vigor cuando es compatible con la política del Gobierno representada por los parámetros (y por el ejercicio de los poderes discrecionales del ministro). Como se ha dicho, tanto la Comisión de Expertos como el Comité de Libertad Sindical estiman que esta disposición tiene el mismo efecto que un requisito de "aprobación previa". De ello se infiere que los artículos 10 y 11 de la ley de 1985 han de considerarse como incompatibles con los principios establecidos en materia de libertad sindical, salvo si se demuestra que son justificados "por razones mayores de interés económico nacional", y que la legislación contiene las garantías que se consideran esenciales aun cuando es permisible una injerencia en el derecho de negociación.

&htab;201.&htab;El Comité no ha recibido prueba alguna que indique que hay razones mayores de interés económico nacional para justificar una injerencia continuada en el derecho de los trabajadores y de los sindicatos del sector de las instituciones subvencionadas a promover y proteger sus intereses por medio de una negociación colectiva libre. El Comité también quisiera señalar que la legislación no contiene las garantías mencionadas en el párrafo anterior.

&htab;202.&htab;El Comité recuerda que la ley "provisional" que precedió a la ley WAGGS se aplicó durante un período de seis años. El Comité advierte que la legislación de 1985 viene aplicándose ya desde hace tres años y que, en mayo de 1988, el Gobierno anunció que su período de vigencia se prolongaría como mínimo hasta fines de 1992. Una medida de esta naturaleza no puede considerarse como "excepcional", permaneciendo en vigor por un "período razonable", o ser solamente aplicable en la medida de lo necesario para proteger el interés económico nacional.

&htab;203.&htab;El Comité toma nota de que según la encuesta la disparidad en las ganancias entre el sector de las instituciones subvencionadas y el sector privado se amplió considerablemente en el período en que la ley WAGGS había estado en vigor. Ello no puede sino suscitar dudas acerca de si la legislación contiene garantías adecuadas para proteger los niveles de vida de aquellos a quienes se aplica. Los querellantes estiman claramente que no es así. Los empleadores del sector de las instituciones subvencionadas tampoco parecen estar satisfechos de los efectos globales de la legislación, como demuestra la voluntad que han manifestado de reducir la disparidad, si se les permite, entre los salarios de los trabajadores de este sector y los del sector privado.

&htab;204.&htab;La Comisión recuerda que en 1984 la misión de contactos directos expresó la opinión de que (párrafo 52) "los trabajadores del sector no lucrativo tienen derecho a la misma protección en virtud de dicho Convenio (núm. 87) en su derecho a negociar colectivamente que los trabajadores del sector del mercado". El Comité abriga la misma opinión. La ley WAGGS aplica un trato desfavorable a un grupo de trabajadores respecto de los cuales no se prevé tal trato en el Convenio núm. 87 o el Convenio núm. 98, ni en la jurisprudencia de la Comisión de Expertos o del Comité de Libertad Sindical.

&htab;205.&htab;A la luz de estas consideraciones, el Comité pide al Gobierno que modifique la ley de 1985 en particular los artículos 10 y 11 de manera que permita a los trabajadores y los empleadores del sector de las instituciones subvencionadas concertar convenios relativos a sus condiciones de empleo y de trabajo sobre la misma base que el sector del mercado.

&htab;206.&htab;El Comité no está convencido por el argumento del Gobierno según el cual tendría que considerar la forma en que la legislación se aplica en la práctica en lugar del texto de la legislación. Es verdad que el Comité ha de considerar la aplicación en la práctica de la legislación objeto de la queja. Naturalmente, una legislación que parece ser conforme con los requisitos de los principios de la libertad sindical puede aplicarse en una forma incompatible con dichos principios. También es posible, aunque menos probable, que una parte de la legislación que parece discrepar de los principios pueda aplicarse en una forma que sea compatible con los mismos. Esta posibilidad es algo improbable aunque sólo sea por el hecho de que la existencia de una ley supone que ejerce casi inevitablemente cierto efecto normativo, independientemente de la forma en que se aplica.

&htab;207.&htab;En las presentes circunstancias, es evidente que la ley WAGGS no sólo tiene por objeto un efecto normativo sino que ha tenido ese efecto. El hecho de que no haya sido necesario para el Gobierno recurrir al criterio de "última instancia" demuestra claramente que la legislación ha conseguido regular el comportamiento de aquellos a los que se aplica. Así lo demuestra también el hecho de que la "disparidad" entre las ganancias en el sector de las instituciones subvencionadas y el sector privado se ha ampliado considerablemente durante la vigencia de la legislación, a pesar de la voluntad claramente expresada por los empleadores y los sindicatos de reducir esta disparidad en caso de ser posible. De hecho, el Gobierno invoca precisamente esa voluntad de reducir la disparidad para justificar la legislación.

&htab;208.&htab;El Comité también advierte que el Gobierno bien puede tener un interés legítimo en tratar de controlar el costo de los salarios en el sector de las instituciones subvencionadas, de la misma manera que en los sectores público y privado. Como señalaron la misión de contactos directos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, el Gobierno dispone de varios medios que le permiten alcanzar adecuadamente estos objetivos, incluida la ley de 1970 sobre fijación de salarios modificada por la ley del 7 de junio de 1987 que otorga al Gobierno amplios medios para intervenir en el proceso de negociación tanto en los sectores privado como de instituciones subvencionadas por razones perentorias de interés económico nacional.

&htab;209.&htab;En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe la siguiente recomendación:

&htab;El Comité estima que el Gobierno debería adoptar medidas con miras a modificar la ley WAGGS en particular los artículos 10 y 11 de manera que los trabajadores y los empleadores del sector de las instituciones subvencionadas puedan negociar y concertar acuerdos con plena libertad de conformidad con los principios de la libertad sindical.

&htab;210.&htab;La Organización Internacional de Mineros (OIM) presentó una queja contra el Gobierno de Marruecos por violación de la libertad sindical en nombre de su organización afiliada, el Sindicato de Mineros de la Confederación Democrática del Trabajo (CDT), por medio de una comunicación de 17 de febrero de 1989. Ese mismo día, la CDT decidió, después de haber solicitado en varias ocasiones la intervención del Director General de la OIT a propósito del caso, en particular por medio de telegramas enviados los días 27 de diciembre de 1988 y 3 y 24 de enero de 1989, presentar una queja contra el Gobierno por violaciones de los derechos sindicales. Al mismo tiempo, la Federación Sindical Mundial (FSM), por telegrama de 26 de enero de 1989, informaba a la OIT de su honda preocupación respecto del presente caso. Por último, la Organización de la Unidad Sindical Africana (OUSA) envió una comunicación el 22 de marzo de 1989 en la que expresaba su apoyo a la queja presentada por la CDT.

&htab;211.&htab;El Gobierno envió su respuesta sobre el caso por medio de una comunicación de 12 de abril de 1989.

&htab;212.&htab;Marruecos no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); sí ha ratificado, en cambio, el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;213.&htab;Desde el 27 de diciembre de 1988, la OIT tiene ante sí una solicitud de intervención presentada por la CDT a propósito de un grave conflicto laboral que tuvo lugar en las minas de Jerada. Con posterioridad, la OIM y la CDT presentaron una queja contra la Sociedad de Explotaciones Hulleras de Marruecos en Jerada en tanto que socio directamente interesado y contra el Gobierno de Marruecos, al que incumbe la obligación jurídica y moral de velar por el respeto y la aplicación de las leyes y normas internacionales del trabajo, por atentar contra los derechos sindicales y violar los convenios de la OIT durante el mencionado conflicto laboral que opuso los mineros a la Sociedad de Minas de Jerada (provincia de Oujda).

&htab;214.&htab;En concreto, la OIM considera que los Convenios núms. 87, 98, 143 y 155 de la OIT han sido violados por el Gobierno de Marruecos. Según dicha organización, las inhumanas condiciones de trabajo y de vida que padecen los mineros han llevado a éstos ha declarar una huelga que se prolonga desde el 19 de diciembre de 1988. En efecto, según la OIM, los mineros deben pagar de su bolsillo el casco, las herramientas de trabajo e incluso las botas. Las duchas se encuentran a tres kilómetros del lugar de trabajo; para llegar a ellas, los mineros son conducidos en volquetes como se hace con el carbón, sin ninguna protección y sean cuales sean las condiciones climáticas. Son alojados con sus familias en viviendas insalubres, y padecen hambre y frío pues la dotación de carbón de que venían disfrutando ha sido suprimida últimamente por la dirección de la empresa.

&htab;215.&htab;La CDT, por su parte, facilita las precisiones siguientes sobre el presente caso: la Sociedad de Explotaciones Hulleras de Marruecos de Jerada, explica, es una sociedad anónima en la que el Estado posee el 98 por ciento de las acciones. Normalmente, la gestión de la sociedad debería correr a cargo de un consejo de administración bajo la tutela del Ministerio de Energía y Minas; ahora bien, la dirección de la empresa toma unilateralmente todo tipo de decisiones, haciendo caso omiso de cualquier consulta o queja hecha por los representantes de los trabajadores y su sindicato, denegando sistemáticamente toda posibilidad de diálogo, en especial con los responsables de la CDT. Esta actitud intransigente, así como la mala gestión de la empresa, se hallan en el origen del conflicto laboral que se ha desencadenado en la mina; como consecuencia de ello se ha producido un deterioro de la compañía en general y de las condiciones de trabajo, el cual se ha dejado sentir en especial sobre la situación de la plantilla laboral, integrada por unos 7 000 asalariados (5 500 mineros más 1 500 técnicos y personal de dirección).

&htab;216.&htab;La CDT explica las causas del conflicto de la manera siguiente. Por lo que se refiere a las reivindicaciones de los trabajadores, la delegación sindical de la sección de Jerada presentó ya en 1985 un pliego de reivindicaciones ante la dirección, solicitando que se entablara un diálogo sobre las condiciones laborales y de vida de los trabajadores, para tratar en especial:

-&htab;la revisión de los salarios y de las indemnizaciones;

-&htab;mejores alojamientos y medios de transporte;

- la adquisición por la dirección de las herramientas y equipos de los mineros que hasta ahora son sufragados por éstos;

- medidas preventivas en materia de seguridad e higiene, así como curativas contra los accidentes de trabajo y la silicosis, reclamando una medicina del trabajo más humana; -&htab;un litro de leche diario;

- una indemnización más justa en caso de contraer la silicosis (los mineros a los que se diagnostica un 30 por ciento de la enfermedad siguen trabajando);

- el nombramiento de una comisión, en la que participen los delegados de los trabajadores, para gestionar las obras sociales;

-&htab;la revisión del sistema de jubilación;

- el respeto de la dignidad de los trabajadores que son objeto de provocación e intimidaciones por parte de la dirección y de los mandos intermedios, sobre todo si son miembros de la CDT;

- por último, el respeto de los derechos sindicales y el reconocimiento de la CDT como interlocutor social.

&htab;217.&htab;La CDT añade que la dirección ha optado por mantener una actitud obstinada e intransigente en lo que se refiere al reconocimiento del sindicato y la apertura de un diálogo, y que se ha negado a toda clase de negociación sobre las reivindicaciones mencionadas con los responsables sindicales, argumentando que en realidad el diálogo se mantiene abierto en todo momento con los delegados del personal en el seno de las comisiones paritarias; ahora bien, según la CDT, la negociación del pliego de reivindicaciones no es competencia de los delegados del personal en el seno de las comisiones paritarias tal como pretende la dirección, ya que las atribuciones de éstas son las siguientes: velar por la aplicación del estatuto; examinar cualquier reclamación del personal sobre su competencia en materia de contratación; reconocimientos de títulos, ascensos, despidos y sanciones disciplinarias, y tratar de resolver cualesquiera conflictos colectivos que se susciten. Así pues, según la CDT, la negociación del pliego de quejas con la dirección sólo podía llevarse a cabo por el sindicato, única organización con competencia para defender las reivindicaciones de los trabajadores.

&htab;218.&htab;La CDT prosigue señalando que, ante la obstinación de la dirección, los mineros decidieron declarar una huelga preventiva de tres días, del l.° al 3 de diciembre de 1988, que fue seguida por el 98 por ciento de la plantilla. La dirección recurrió entonces a actos de provocación, de intimidación y a amenazas contra los trabajadores huelguistas. El ministerio competente en la materia, el Ministerio de Energía y Minas, hizo otro tanto adoptando la decisión arbitraria de suspender durante tres meses a los tres delegados "cedetistas" de higiene y seguridad, entre ellos el secretario general de la sección de la CDT en Jerada. En su decisión de suspender a los tres delegados, el Ministerio de Energía y Minas hacía referencia al artículo 32 del Estatuto del Minero para sancionar a los delegados que cometieron - según su interpretación - negligencias graves en el ejercicio de sus funciones al negarse a efectuar las rondas reglamentarias durante los días 1, 2 y 3 de diciembre de 1988. Ahora bien, la fecha citada en la decisión (del 1.° al 3 de diciembre de 1988) se correspondía precisamente con los tres días de la huelga convocada por la CDT, al haber seguido los tres delegados la actitud de sus camaradas huelguistas. La CDT estima que el Ministerio de Energía y Minas debería haber tenido el valor de mencionar en su decisión que los delegados eran suspendidos de sus funciones a consecuencia de la huelga.

&htab;219.&htab;Siempre según la CDT, la tensión acabó por generalizarse en las minas de Jerada. El 19 de diciembre de 1988 volvió a declararse una huelga para reclamar la apertura del diálogo sobre el pliego de reivindicaciones propuesto y la reintegración de los delegados suspendidos. La ejecutiva de la CDT decidió no obstante entablar contacto con el ministerio competente, el Ministerio de Energía y Minas, así como con el Ministerio del Interior y de Información y la prefectura de Oujda, con el fin de que intercediesen ante la dirección de la compañía para tratar de hallar una salida al conflicto. A raíz de dicho encuentro, que tuvo lugar el 26 de diciembre de 1988, la CDT pidió la vuelta al trabajo como muestra de buena voluntad, esperando que la dirección hiciera otro tanto para desbloquear la situación y poder así entablar un diálogo. Si bien los trabajadores se reintegraron pacíficamente a sus puestos, fueron hostigados y amenazados violentamente por los mandos intermedios a instancias de la dirección. Ello supuso un grave obstáculo para la reanudación del trabajo y fue la causa de que se produjera un plante colectivo de los mineros en el fondo de las galerías en señal de protesta contra los actos de represión y el cierre de todos los pozos por orden de la dirección. Ante semejante medida, a los trabajadores no les quedaba otra solución que proseguir la huelga.

&htab;220.&htab;El 28 de diciembre de 1988, la dirección llevó a cabo otro acto represivo con la complicidad de las autoridades locales y provinciales: la detención de 14 militantes de la CDT, a los que se inculpó ante el tribunal de primera instancia de Oujda, siendo objeto de acusaciones infundadas y totalmente ficticias. Los cuatro primeros acusados fueron juzgados el 16 de enero de 1989 por distribución de panfletos atentatorios contra el orden público; tres de ellos fueron condenados a tres meses de prisión, mientras el cuarto era absuelto. En cuanto a las otras diez personas perseguidas judicialmente por obstaculizar la libertad del trabajo y acusadas de secuestro, nueve de ellas fueron condenadas a tres meses de prisión y 500 dirhams de multa, mientras la décima era sentenciada a dos meses de prisión y 400 dirhams de multa.

&htab;221.&htab;Por lo que respecta al desarrollo de ambos procesos, la acusación se basó en una disposición legal de 1939 sobre panfletos subversivos para perseguir a cuatro huelguistas cuyo único delito había sido distribuir panfletos sindicales cuyo contenido no atentaba bajo ningún concepto contra el orden público. Se trata, pues, de un caso en que se obstaculiza el ejercicio del derecho sindical. La vista ante el tribunal de Oujda, el 16 de enero de 1989, demostró que el caso fue abierto a instancias de la Sociedad de Explotaciones Hulleras de Jerada, que urdió totalmente la historia del secuestro y de las trabas a la libertad de trabajo. Una de las pretendidas víctimas se hallaba en la sala reservada a los testigos. El primer testigo de la acusación tenía anotado en su mano el número de matrícula de uno de los obreros inculpados, si bien se daba por supuesto que lo conocía y que lo había indicado a la comisaría. La Sociedad de Explotaciones Hulleras reclamó ante el tribunal una indemnización por los perjuicios sufridos a raíz del plante laboral, como si la huelga en sí constituyera una infracción. Por último, las actas del juicio fueron redactadas en francés, lengua que desconocían los acusados.

&htab;222.&htab;La CDT indica asimismo que cuando remitió su comunicación, los mineros seguían en huelga desde el 1.° de diciembre de 1988 para reclamar el respeto de los derechos sindicales y la admisión de su pliego de reivindicaciones. Por otro lado, el Tribunal de Casación, que debía pronunciarse el 13 de febrero de 1989 sobre el caso de los mineros sancionados por el tribunal de primera instancia, aplazó su veredicto hasta el 16 de febrero de 1989.

&htab;223.&htab;Siempre según la CDT, la única reacción oficial de las autoridades competentes fue la convocatoria de una Comisión parlamentaria sobre asuntos económicos, empleo, energía y minas el 9 de febrero de 1989, a instancias de los diputados de la CDT y de la oposición, que se reúne en la Cámara de Representantes. Según dicha Comisión parlamentaria, que consagró una sesión a examinar la situación reinante en Jerada, se había decidido celebrar una reunión el 16 de febrero de 1989 en Oujda, presidida por el director general de minas del ministerio del ramo, a la que asistirían los representantes de la dirección de la Sociedad de Explotaciones Hulleras de Jerada y los delegados sindicales para examinar el pliego de reivindicaciones presentado por los mineros de Jerada.

&htab;224.&htab;A modo de conclusión, la CDT declara que durante el transcurso del conflicto que opuso a los mineros a la dirección de la compañía, se alegaron las violaciones siguientes:

- violación del Convenio núm. 135 y de la Recomendación núm. 143 en lo relativo a la protección de los representantes de los trabajadores por la suspensión de tres delegados de seguridad e higiene;

- violación de los Convenios núms. 87 y 98 por la negativa a entablar un diálogo con la delegación sindical de la CDT, por la detención e inculpación de varios delegados sindicales por distribuir panfletos sindicales de carácter legal y por el cerco a que se sometieron los locales de la CDT de Jerada para impedir a los trabajadores acceder a ellos y poder celebrar reuniones sindicales;

- violación del Convenio núm. 95 y de la Recomendación núm. 85 sobre la protección de los salarios al obligar a los mineros a pagar de su propio bolsillo sus útiles de trabajo (botas, picos, cascos, lámparas); - violación del Convenio y la Recomendación núms. 111 sobre la discriminación, por seguirse una política discriminatoria contra los trabajadores afiliados a la CDT:

- violación de la Recomendación núm. 102, en especial por no asegurarse medios de transporte convenientes para los mineros (los trabajadores son transportados en volquetes);

- violación de la Recomendación núm. 115 sobre la vivienda de los trabajadores (la mayoría de las viviendas de los mineros no satisfacen las normas mínimas de habitabilidad, actualmente 13 m 2 para un matrimonio con cuatro hijos);

- violación del Convenio núm. 155 y de las Recomendaciones núms. 97 y 112, al no asegurarse los medios de protección y de seguridad y salud de los trabajadores ni los servicios requeridos de medicina del trabajo.

&htab;225.&htab;En su respuesta de 12 de abril de 1989, el Gobierno confirma que el 24 de marzo de 1988, el Sindicato de trabajadores de la mina de Jerada, afiliado a la CDT, presentó ante la dirección de la Sociedad de Explotaciones Hulleras de Marruecos un pliego de reivindicaciones en el que se recogían 23 puntos que se referían básicamente al aumento de los salarios (20 por ciento) y otras indemnizaciones, la adopción de un nuevo horario de trabajo, la creación de un comité de obras sociales, la mejora de las prestaciones médicas y de las condiciones de trabajo, etc.

&htab;226.&htab;Según el Gobierno, la dirección de la compañía estimó necesario que la Comisión del estatuto y del personal examinase dichas reivindicaciones, de conformidad con el artículo 3 del dahir núm. 1-60-007 de 5 Rejeb de 1380 (24 de diciembre de 1960) sobre el estatuto del personal de las empresas mineras (Estatuto del Minero). Esta decisión fue comunicada a la CDT por intermedio del servicio de personal, pero el sindicato, que no se halla representado en la mencionada Comisión, ha seguido reclamando un diálogo directo con la empresa.

&htab;227.&htab;El Gobierno indica que, con objeto de apoyar sus reivindicaciones, la CDT declaró una huelga de 72 horas a partir del 1.° de diciembre de 1988, la cual afectó exclusivamente al personal que trabaja en las galerías (alrededor del 45 por ciento de la plantilla). Durante el plante laboral, el jefe del servicio regional de minas de Oujda debía efectuar una serie de visitas de control para comprobar las medidas de seguridad en las galerías. Como de costumbre, pidió a los delegados de seguridad que lo acompañasen hasta los lugares de trabajo. Con gran sorpresa por su parte, los tres delegados se negaron a acatar la orden, incumpliendo en consecuencia sus obligaciones profesionales y su condición de auxiliares de la administración, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 del Estatuto del Minero. Ante semejante actitud considerada como una negligencia grave, los interesados fueron sancionados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Estatuto del Minero. En el mismo se estipula la aplicación de una sanción en tales casos, optándose por la menos severa, a saber: la suspensión de las funciones de delegado de seguridad durante un período de tres meses a partir del 8 de diciembre de 1989.

&htab;228.&htab;Siempre según el Gobierno, tras una breve reanudación del trabajo del 5 al 13 de diciembre de 1988, el 14 de diciembre se suscitó un incidente cuando un grupo de 150 obreros ocupó una galería de acceso a la mina en el pozo núm. V durante siete horas impidiendo a los demás trabajadores integrarse a sus puestos. La situación acabó, empero, por normalizarse tras la intervención del servicio de minas y el trabajo se reanudó hasta el 19 de diciembre de 1988, fecha en que se declaró una nueva huelga de seis días de duración. El 26 de diciembre de 1988, al reanudarse el trabajo, la situación parecía normal en la cuenca norte y en el pozo núm. IV, si bien en el pozo núm. V, tras el descenso de los mineros, un grupo de trabajadores ocupó el fondo de la galería de la mina. En la segunda cuenca, los otros pozos registraron una situación similar. Así pues, durante 24 horas un total de 445 huelguistas permanecieron en el fondo de los pozos. Todas las tentativas llevadas a cabo para que remontaran a la superficie resultaron fallidas. Además, los huelguistas causaron destrozos en las líneas telefónicas y tuvieron secuestrados a cinco capataces y maquinistas encargados del transporte del personal. La ocupación del fondo de los pozos se prolongó hasta las 17 h. 30 del 27 de diciembre de 1988. Ante semejante escalada de la tensión, y con el fin de salvaguardar la seguridad de la explotación y del personal, las autoridades provinciales aconsejaron a la compañía que suspendiera las actividades de explotación del 28 de diciembre de 1988 al 7 de enero de 1989. Al reanudarse el trabajo, sólo acudió un 53 por ciento de la plantilla laboral. La huelga afectó fundamentalmente a los perforadores y picadores, paralizando en consecuencia la producción.

&htab;229.&htab;El Gobierno prosigue diciendo que, no obstante, se entabló un diálogo, gracias al cual se logró un desenlace de este conflicto social. En efecto, el 27 de diciembre de 1988 el Ministro de Energía y Minas recibió a los miembros de la ejecutiva nacional de la CDT, quienes le pidieron que se anulase la suspensión dictada contra tres delegados sindicales. En el curso de la entrevista, el Ministro insistió en la necesidad de apaciguar la atmósfera social reinante en Jerada, tras lo cual trataría de atenderse la demanda presentada. Por su parte, el gobernador de la provincia de Oujda recibió a los interesados el 3 de enero de 1989 y les invitó a colaborar para apaciguar la tensión reinante en Jerada. El Gobierno confirma las indicaciones de los querellantes indicando que, con objeto de elevar el nivel de los debates en lo que se refiere a las reivindicaciones planteadas por los sindicatos, la Comisión de asuntos económicos de la Cámara de Representantes se reunió el 9 de febrero de 1989 en presencia del Ministro de Energía y Minas. En el curso de los debates, pudo apreciarse claramente la situación financiera de la Sociedad de Explotaciones Hulleras y la importancia de las inversiones que se llevan a cabo en esta compañía que arrastra un grave déficit. Se demostró asimismo, por medio de números, que el mantenimiento de esta actividad tiene un objetivo fundamentalmente social. No obstante, y con el fin de responder a las quejas planteadas por los trabajadores y a la proposición hecha al Ministro, los miembros de la Comisión de asuntos económicos de la Cámara de Representantes decidieron proseguir el diálogo en Oujda, creando a tal fin una comisión que sería presidida por el director general de minas y en la que estarían representados los responsables de la compañía, así como los de diferentes sindicatos (Unión de Trabajadores de Marruecos (UMT), Unión General de Trabajadores de Marruecos (UGTM), Confederación Democrática de Trabajadores (CDT) y Unión Nacional de Trabajadores de Marruecos (UNTM)).

&htab;230.&htab;Las labores de la Comisión finalizaron con la firma de sendos protocolos de acuerdo entre las diferentes partes del conflicto en los que se estipulaba la vuelta al trabajo a partir del 18 de febrero de 1989, explica el Gobierno. Según los protocolos, el personal se beneficia de un aumento salarial del 5 por ciento, un 50 por ciento más en concepto de indemnización por vivienda, un 10 por ciento más de indemnización de transporte durante las vacaciones y un 133 por ciento de préstamos para Aïd Al Adha. Además, se adoptaron otras decisiones sobre la participación de los trabajadores en la gestión de las obras sociales, el aumento del número de peregrinos (de seis a diez), etc. Por su parte, los representantes del personal aseguraron a los responsables de la compañía que harían todo lo posible por que se recuperase el retraso de la producción registrado, tomando a tal fin medidas para mejorar la productividad y disminuir el absentismo.

&htab;231.&htab;En cuanto a la libertad sindical y a las diligencias judiciales, el Gobierno desea hacer una serie de precisiones. Según él, a raíz de demandas individuales interpuestas por los empleados secuestrados en el fondo de los pozos el 26 de diciembre de 1988, diez trabajadores fueron interpelados judicialmente y, tras ser condenados, fueron puestos en libertad provisional. Otras cuatro detenciones tuvieron lugar por atentar contra la libertad de trabajo, siendo tres de los detenidos condenados a un mes de prisión y el cuarto puesto en libertad. Por último, el secretario general local de la CDT de Jerada jamás fue detenido; al contrario, ejerció su actividad durante todo el transcurso del conflicto. Tampoco es cierto que se clausurasen los locales de la CDT.

&htab;232.&htab;El Comité observa que el presente caso se refiere a las medidas de represalia antisindical adoptadas por la Sociedad de Explotaciones Hulleras de Marruecos de Jerada y el Gobierno de Marruecos a raíz del conflicto laboral que se declaró en la compañía, conflicto que se prolongó desde diciembre de 1988 a enero de 1989. En esencia, se trata de la negativa de la Sociedad de Explotaciones Hulleras de Marruecos de Jerada a negociar con el sindicato querellante, el sindicato de mineros afiliado a la Confederación Democrática del Trabajo (CDT), y de diversas acciones represivas adoptadas tras declararse en huelga los mineros, en particular: la suspensión durante tres meses de tres delegados de la seguridad e higiene de la CDT (uno de los cuales era el secretario general de la sección de la CDT de Jerada), diversos actos de violencia cometidos por los mandos intermedios de la empresa que respondió a la huelga con un cierre patronal impidiendo con métodos violentos la reanudación del trabajo y la detención de 14 militantes de la CDT que participaron en la huelga (a cuatro se les acusó de distribución de panfletos atentatorios contra el orden público, condenándose a tres de ellos a tres meses de prisión y absolviéndose al cuarto; los diez restantes fueron procesados por atentar contra la libertad de trabajo y cometer un delito de secuestro, siendo nueve de ellos condenados a tres meses de prisión y el décimo a dos meses). Por otro lado, los querellantes denuncian igualmente la violación de varias normas internacionales del trabajo que no tienen que ver exactamente con la observancia de la libertad sindical.

&htab;233.&htab;Las versiones de los querellantes y del Gobierno sobre el caso difieren en varios aspectos. No obstante, a la luz de las informaciones disponibles parece que, a raíz de las diversas demandas de intervención efectuadas ante la OIT y de la presentación de quejas formales por violación de la libertad sindical, el Ministro de Energía y Minas recibió el 27 de diciembre de 1988 a los miembros de la ejecutiva nacional de la CDT para tratar de encontrar una salida negociada; ahora bien, la entrevista no dio resultados pues 14 mineros huelguistas fueron condenados. No obstante, tanto los querellantes como el Gobierno señalan que a partir del 9 de febrero de 1989, y en presencia del Ministro de Energía y Minas, se reunió una Comisión parlamentaria sobre asuntos económicos, empleo, energía y minas de la Cámara de Representantes para examinar la situación planteada en la mina de Jerada. Según la CDT, la Comisión se convocó a instancias de los diputados de la CDT y de la oposición y decidió mantener una reunión el 16 de febrero de 1989, en Oujda, la cual sería presidida por el director general de minas del Ministerio en cuestión, participando en ella representantes de la dirección de la Sociedad de Explotaciones Hulleras de Jerada y representantes sindicales, con el fin de examinar el pliego de reivindicaciones presentado por los mineros de Jerada. Según el Gobierno, en cambio, la iniciativa de la reunión fue suya, convocándose la mencionada Comisión con el fin de que los debates sobre las reivindicaciones planteadas por los sindicatos alcanzaran un mayor nivel. Durante los debates en el seno de la Comisión, se puso claramente de manifiesto la situación financiera de la compañía y la importancia de las inversiones que actualmente se llevan a cabo en la empresa, la cual arrastra un grave déficit. Se demostró, por medio de números, que el mantenimiento de esta actividad tiene un objetivo fundamentalmente social. No obstante, el Gobierno admite que con el fin de responder a las quejas planteadas por los trabajadores y a la proposición del Ministro, los miembros de la mencionada Comisión parlamentaria decidieron proseguir el diálogo en Oujda, para lo que se creó una comisión presidida por el director general de minas en la que participaban representantes de la compañía y de los diferentes sindicatos.

&htab;234.&htab;Según el Gobierno, los trabajos de la mencionada Comisión dieron por resultado la firma de sendos protocolos de acuerdo entre las diferentes partes y la reanudación del trabajo a partir del 18 de febrero de 1989.

&htab;235.&htab;En cuanto a las represalias antisindicales perpetradas contra los trabajadores huelguistas y los delegados de seguridad e higiene, el Gobierno señala que, a raíz de las demandas individuales presentadas por los empleados secuestrados en el fondo de los pozos el 26 de diciembre de 1988, diez trabajadores fueron interpelados judicialmente y, tras ser condenados, fueron puestos en libertad provisional. Por otro lado, afirma que se produjeron otras cuatro detenciones por atentar contra la libertad de trabajo, siendo tres de los inculpados condenados a un mes de prisión y el cuarto absuelto. Por último, niega formalmente que al secretario general local de la CDT de Jerada se le haya detenido jamás; al contrario, afirma, ejerció sus actividades durante todo el transcurso del conflicto. Asimismo, y según el Gobierno, los locales de la CDT no fueron clausurados.

&htab;236.&htab;En tales condiciones, el Comité recuerda la importancia que atribuye al principio según el cual la huelga es uno de los medios legítimos de que deben poder disponer los trabajadores para hacer valer sus intereses económicos y sociales.

&htab;237.&htab;El Comité nota con preocupación que, en el presente caso, varios delegados sindicales fueron suspendidos de sus funciones y que una serie de trabajadores huelguistas han sido procesados judicialmente, siendo condenados varios de ellos a un mes de prisión y acusándose a otros de distribuir panfletos atentatorios contra el orden público. A este respecto, al Comité no le cabe sino insistir en el hecho de que uno de los principios fundamentales de la libertad sindical es que los trabajadores deben beneficiarse de una protección adecuada contra cualesquiera actos de discriminación que atenten contra la libertad sindical en materia de empleo - despidos, traslados, descensos de nivel o cualesquiera otros actos perjudiciales -, y que dicha protección es especialmente deseable en el caso de los delegados sindicales, pues para que éstos puedan cumplir sus funciones sindicales con absoluta independencia deben tener la garantía de que no se verán perjudicados como consecuencia del mandato sindical que ostentan. El Comité ha estimado que la garantía de semejante protección, por lo que se refiere a los dirigentes sindicales, es asimismo necesaria para asegurar el respeto del principio fundamental según el cual las organizaciones de trabajadores tienen derecho a elegir libremente a sus representantes.

&htab;238.&htab;En cuanto a la libertad de expresión de los sindicalistas, el Comité recuerda que el pleno ejercicio de los derechos sindicales exige la libre circulación de las informaciones, y por consiguiente la distribución de panfletos llegado el caso, y que tanto los trabajadores y los empleadores como sus organizaciones deberían gozar de la libertad de opinión y de expresión en sus publicaciones y cualesquiera otras actividades sindicales.

&htab;239.&htab;Por lo que respecta a las penas de prisión dictadas contra varios sindicalistas por participar en una huelga, el Comité recuerda que el mantenimiento de unas relaciones laborales armoniosas puede verse comprometido por una actitud inflexible al aplicar a los trabajadores sanciones severas, en especial sanciones penales, por participar en huelgas. En consecuencia, cualquier sanción que se imponga contra actividades ilegítimas relacionadas a huelgas debería ser proporcional al delito cometido. Por otro lado, al entrañar las detenciones de huelguistas graves riesgos de abuso y serios peligros para la libertad sindical, las autoridades competentes deberían recibir instrucciones adecuadas para prevenir los riesgos que dichas detenciones puedan suponer para la libertad sindical. Las autoridades públicas no deberían recurrir a medidas de encarcelamiento contra quienes organizan o participan en una huelga pacífica.

&htab;240.&htab;El Comité se congratula de que, al parecer, este conflicto social haya encontrado finalmente una solución satisfactoria para todas las partes interesadas.

&htab;241.&htab;En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:

a) El Comité recuerda la importancia que atribuye al principio según el cual la huelga es uno de los medios legítimos de que deberían poder disponer los trabajadores para hacer valer sus intereses económicos y sociales.

b) El Comité recuerda igualmente que cualquier sanción impuesta contra actividades ilegítimas relacionadas con huelgas debería ser proporcional al delito cometido y, que las autoridades deberían excluir el recurso a medidas de encarcelamiento contra quienes organizan o participan en una huelga pacífica.

&htab;242.&htab;El Comité ha examinado ya el presente caso en cinco ocasiones anteriores, la mayoría de las veces junto con otros casos sobre incidentes similares, siendo la última de ellas en su 256.° informe, párrafos 238 a 254 (aprobado por el Consejo de Administración en su 240. a  reunión, mayo-junio de 1988).

&htab;243.&htab;En su reunión de febrero de 1989, el Comité dirigió un llamamiento urgente al Gobierno para que hiciera nuevos comentarios y observaciones sobre el caso o, de lo contrario, de conformidad con el procedimiento establecido, presentaría un informe sobre los alegatos aun cuando la respuesta del Gobierno no se recibiese a tiempo.

&htab;244.&htab;Hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna del Gobierno.

&htab;245.&htab;El Salvador no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), ni el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;246.&htab;El presente caso se originó a partir de un telegrama de la Federación Sindical Mundial (FSM) de fecha 26 de octubre de 1982, sobre la detención y desaparición violentas de varios dirigentes sindicales a los que se citaba por su nombre. En su reunión de marzo de 1983 el Comité se vio obligado a señalar que, pese al tiempo transcurrido desde que los alegatos se transmitieron al Gobierno, no se había recibido respuesta alguna, por lo que hizo un llamamiento urgente para que se atendieran sus observaciones. El Gobierno envió una comunicación el 14 de mayo de 1983. La FSM, por su parte, enviaba el 10 de mayo de 1983 otra lista de dirigentes y militantes sindicales presuntamente encarcelados o secuestrados en un intento de reprimir el movimiento sindical. En el primer examen del caso efectuado por el Comité (226.° informe, párrafos 124 a 131, aprobado en mayo de 1983), éste expresó su preocupación ante las detenciones e instó al Gobierno a que tomara medidas para que se pusiera en libertad o juzgase a los dirigentes sindicales; pidió asimismo que se le facilitaran informaciones detalladas sobre los cargos específicos que se les imputaban, los hechos concretos de que se les acusaba, las sentencias de los fallos emitidos contra los acusados y cualquier tipo de precisiones sobre la suerte de las personas que se hallaban en paradero desconocido.

&htab;247.&htab;Con posterioridad, el Gobierno envió una serie de breves comunicaciones en las que se señalaba la liberación de varios dirigentes sindicales en aplicación de la ley de amnistía de 16 de mayo de 1983 y se indicaba que por lo general pesaban cargos criminales contra los acusados, con penas que en algunos casos llegaban hasta más de cuatro años de cárcel. En el segundo examen del caso efectuado por el Comité (234.° informe, párrafos 385 a 417 y anexo en el que se recoge una lista con 34 nombres, aprobado en mayo de 1984), éste tomó nota de la liberación de los detenidos pero reiteró su preocupación por el hecho de que numerosos sindicalistas habían permanecido en prisión desde 1982 en espera de su procesamiento por delitos cuyas penas eran superiores a cuatro años de prisión o se hallaban en paradero desconocido. Instó nuevamente al Gobierno a que le facilitara información precisa sobre las acusaciones formuladas contra tales personas, así como sobre las sentencias que sobre las mismas recaían y a que le facilitase datos acerca del paradero de las personas desaparecidas.

&htab;248.&htab;En febrero de 1985, el Comité observó con interés que el Gobierno de El Salvador estaba dispuesto a aceptar una misión de contactos directos para examinar los diversos aspectos de los casos en instancia (238.° informe, párrafo 21). En su 239.° informe de mayo de 1985, el Comité tomó nota de que, a raíz de una visita oficial efectuada por el Director General a El Salvador, el Gobierno estaba dispuesto a aceptar una misión de contactos directos para examinar los diversos aspectos de los casos (núms. 953, 973, 1150, 1168, 1233, 1258, 1269, 1273 y 1281).

&htab;249.&htab;La misión tuvo lugar en enero de 1986 y, en febrero de ese mismo año, el Comité tomó nota del informe elaborado por la misma con ocasión de su tercer examen del caso núm. 1168 (243. er informe, párrafos 366 a 408). Entre otras cosas, señalaba que si bien era consciente de los graves problemas a los que tenía que hacer frente El Salvador, pedía al Gobierno que adoptara las medidas adecuadas para garantizar el ejercicio normal de los derechos sindicales; ahora bien, ello sólo sería posible si se respetaban los derechos humanos fundamentales y se instauraba una atmósfera libre de toda clase de violencia, presiones y amenazas. En cuanto al caso núm. 1168 en particular, el Comité pidió al Gobierno que llevara a cabo una investigación para determinar el paradero de los dirigentes sindicales Elsy Márquez y José Sánchez Gallegos, y que le mantuviera informado del resultado de la misma; hizo notar que algunos de los sindicalistas mencionados por los querellantes se encontraban en libertad y seguía esperando la información prometida por el Gobierno sobre otros 18 sindicalistas citados por su nombre cuya detención había sido alegada (respecto a estos 18 sindicalistas, el Gobierno informaba que ninguno de ellos se hallaba encarcelado en los centros de reclusión del país, si bien se trataría de averiguar si se encontraban detenidos en alguna dependencia judicial).

&htab;250.&htab;Al no recibirse ninguna otra información, en su reunión de febrero de 1987 (235.° informe, párrafo 12) el Comité dirigió un llamamiento urgente al Gobierno para que enviara una respuesta. A raíz de ello el Gobierno envió una nueva comunicación, procediendo el Comité al cuarto examen del caso en su reunión de mayo de 1987 (251. er informe, párrafos 334 a 356). El Comité señalaba que era consciente de la difícil situación por la que atravesaba el país, si bien estimaba necesario pedir al Gobierno nuevas informaciones para poder elaborar conclusiones con pleno conocimiento de causa y a la luz de la situación reinante en el país. Pidió al Gobierno que se procediera a una investigación judicial sobre la desaparición de Elsy Márquez y José Sánchez Gallegos, a la vez que solicitaba informaciones complementarias sobre los 18 sindicalistas mencionados que, al parecer, continuaban detenidos a la espera de un proceso.

&htab;251.&htab;Al no recibirse ninguna nueva información, en su reunión de febrero de 1988 (254.° informe, párrafo 13), el Comité dirigió un llamamiento urgente - el tercero que hacía - al Gobierno para que respondiera a las peticiones formuladas. Ello dio origen a una nueva comunicación del Gobierno y al quinto examen del caso por parte del Comité (256.° informe, párrafos 238 a 254). A la luz de las conclusiones provisionales del Comité, el Consejo de Administración aprobó las siguientes recomendaciones en su reunión de mayo-junio de 1988:

a) El Comité debe nuevamente lamentar vivamente que el Gobierno no haya enviado todas las informaciones solicitadas sobre los alegatos aún pendientes.

b) El Comité urge al Gobierno una vez más a que se proceda a una investigación judicial sobre la desaparición de Elsy Márquez y José Sánchez Gallegos y expresa la esperanza de que se podrá deslindar la suerte corrida por estos dirigentes sindicales en un futuro próximo.

c) Sobre la detención y/o procesamiento de los sindicalistas Raúl Baires, Francisco Gómez Calles, José Vidal Cortez, Luis Adalberto Díaz, Héctor Fernández, Héctor Hernández, Jorge Hernández, Carlos Bonilla Ortíz, Silvestre Ortíz, Maximiliano Montoya Pineda, Raúl Alfaro Pleitez, Roberto Portillo, Antonio Quintanilla, Santos Serrano, Auricio Alejandro Valenzuela, René Pompillo Vásquez, Manuel de la Paz Villalta y José Alfredo Cruz Vivas, el Comité pide al Gobierno que facilite informaciones complementarias sobre estas detenciones, precisando los motivos completos de las mismas, la evolución de los procesos y si dichos sindicalistas se encuentran o no actualmente detenidos.

&htab;252.&htab;Al mismo tiempo, se pedía al Gobierno que facilitara información sobre los alegatos contenidos en el caso núm. 1273 contra El Salvador, que era el último caso pendiente de examen junto con el presente caso desde que se efectuó la misión de contactos directos en 1986 (en la que se consideraron diez casos).

&htab;253.&htab;Al no recibirse ninguna información, el Comité dirigió al Gobierno su cuarto llamamiento urgente sobre el caso en su reunión de febrero de 1989 (262.° informe, párrafo 12).

&htab;254.&htab;Antes de proceder a examinar el fondo del caso, el Comité estima necesario recordar, como lo ha hecho en diversas ocasiones previas al considerar casos contra el Gobierno de El Salvador, los criterios que expresó en su primer informe [párrafo 31]: el objeto de todo el procedimiento es fomentar el respeto de los derechos sindicales de jure y de facto , y el Comité abriga la certeza de que, si el procedimiento protege a los gobiernos contra acusaciones infundadas, los gobiernos deben reconocer la importancia que tiene enviar respuestas precisas a los alegatos formulados por las organizaciones querellantes para examen objetivo. El Comité desea resaltar que, en todos los casos presentados ante él desde su creación, ha considerado siempre que las respuestas de los gobiernos contra los que se formulan quejas no deben limitarse a observaciones de carácter general.

&htab;255.&htab;El Comité lamenta profundamente que, desde el inicio mismo del caso en octubre de 1982, el Gobierno no haya enviado todas las precisiones que se le habían solicitado a pesar de numerosos aplazamientos, notificaciones oficiales y requerimientos. Esta actitud ha culminado ahora, pues a la vista del tiempo transcurrido, el Comité ha tenido que considerar el caso sin tener acceso a ninguna información o precisiones recientes, las cuales, según ha señalado expresamente, eran necesarias para un completo examen del caso.

&htab;256.&htab;El Comité recuerda que durante la misión de contactos directos de 1986, que recibió toda clase de facilidades y cooperación para desarrollar la labor informativa que le había asignado el Comité, se consiguió un cierto volumen de información sobre el caso. La misión hizo notar que El Salvador atravesaba una situación difícil debido al conflicto armado que libraban el Gobierno y la guerrilla, si bien desde las elecciones de 1984 se observaba cierta evolución positiva. El Comité ha mostrado mucha paciencia y comprensión en relación con la situación por la que atraviesa El Salvador, como atestiguan su informe sobre el caso tras la misión de contactos directos y el 251. er informe (mayo de 1987). Ahora bien, lo cierto es que no se ha recibido ninguna información de interés respecto de las 20 personas citadas. Dos de ellas se consideraban desaparecidas en circunstancias sospechosas según la carta de la FSM de mayo de 1983, mientras se investigaba el posible paradero de las otras 18, si bien sus nombres no aparecían en los registros de la Dirección General de Centros Penales y Rehabilitación, podrían encontrarse detenidas en alguna dependencia policial (el Ministerio de Seguridad Pública no ha facilitado ninguna respuesta a este respecto, pese a las demandas formuladas por la misión de contactos directos: véase 243. er informe del Comité, párrafo 392). El Comité considera inaceptable que un Estado Miembro no facilite respuestas completas y detalladas cuando se hallan en juego la vida y la libertad de dirigentes y militantes sindicales como sucede en el caso presente.

&htab;257.&htab;Al Comité no le cabe sino señalar a la atención del Gobierno la gran importancia que atribuye al principio de que todo clima de violencia que da lugar al asesinato o a la desaparición de dirigentes sindicales constituye un grave obstáculo para el ejercicio de los derechos sindicales; tales actos exigen medidas severas por parte de las autoridades [véase, por ejemplo, Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical , 1985, párrafo 76]. El Comité es decidido defensor igualmente del principio de que toda detención de sindicalistas puede constituir un grave entorpecimiento del ejercicio de los derechos sindicales y dada la importancia de que se efectúe un juicio equitativo, los gobiernos deben someter a juicio a los detenidos en todos los casos sin demora, cualesquiera que sean las razones alegadas para prolongar la detención [véase Recopilación , párrafo 95].

&htab;258.&htab;El Comité considera que es tarea ineludible del Gobierno abrir una investigación judicial independiente para averiguar el paradero de los 20 sindicalistas mencionados en anexo, tal como han hecho otros gobiernos que no han podido obtener datos sobre el paradero de personas desaparecidas y ruega al Gobierno que le mantenga informado del resultado de tales investigaciones.

&htab;259.&htab;En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:

a) El Comité lamenta profundamente que, desde que la apertura del presente caso en octubre de 1982, el Gobierno no haya enviado todas las precisiones que se le habían solicitado a pesar de numerosos aplazamientos, notificaciones oficiales y requerimientos. Como consecuencia de ello, ha tenido que examinar el caso sin disponer de ninguna comunicación reciente del Gobierno.

b) Si bien recuerda que durante la misión de contactos directos de 1986 se consiguió cierta información sobre el presente caso, el Comité considera inaceptable que un Estado Miembro no facilite respuestas completas y detalladas cuando se hallan en juego la vida y la libertad de dirigentes y militantes sindicales.

c) El Comité señala a la atención del Gobierno la gran importancia que atribuye a los principios sobre las medidas que deben adoptarse en caso de desaparición de dirigentes sindicales y sobre el juicio o la liberación rápidos de sindicalistas detenidos, tal como se expone en los párrafos precedentes.

d) El Comité insta al Gobierno a que abra una investigación judicial independiente sobre el paradero de los 20 sindicalistas cuyos nombres se recogen en el anexo del presente caso. El Comité ruega al Gobierno que le mantenga informado del resultado de estas investigaciones

&htab;262.&htab;Cuando en noviembre de 1988 examinó el presente caso, el Comité observó que la Federación de Empleadores de Nueva Zelandia (FENZ) se oponía a los cambios en el sistema de registro de sindicatos que se recogían en la nueva ley sobre relaciones de trabajo, que entró en vigor el 1.° de agosto de 1987. La FENZ alegaba que la concesión de amplios derechos exclusivos a los sindicatos en virtud del registro, suprimía la libertad de elección sindical de los trabajadores y que la vigencia de lo que equivale a disposiciones de afiliación sindical obligatoria y menoscababa también la libre elección por los trabajadores de una organización que los represente. El querellante alegaba asimismo que el requisito excesivamente elevado de afiliación mínima (1 000 miembros) era un obstáculo para la creación de sindicatos.

&htab;263.&htab;El Comité tomó nota de la denegación por parte del Gobierno de los alegatos de injerencia de las autoridades públicas en la libre elección por los trabajadores de un sindicato que los represente. En particular, el Gobierno argumentaba que dicha posibilidad era real pues podían crearse libremente sindicatos no registrados que representarían a los trabajadores que optaran por afiliarse a los mismos; los sindicatos no registrados eran legales y las actividades sindicales llevadas a cabo por ellos, como la negociación colectiva, no se hallaban proscritas por la ley. Por lo que se refiere al requisito de una afiliación de al menos 1 000 miembros, el Gobierno explica que la medida sólo se aplicaba a aquellas organizaciones que desearan registrarse legalmente, lo que estaba de acuerdo con los objetivos que perseguía la ley de evitar toda posible fragmentación institucional, promoviendo al respecto el registro de sindicatos eficientes. En cuanto a las importantes ventajas reconocidas a aquellos sindicatos registrados según la nueva ley (el derecho de huelga al negociar un convenio; el derecho de registrar convenios colectivos que posteriormente pueda refrendar el Tribunal del Trabajo; el derecho de los miembros de votar o de negociar con el empleador la cuestión de la afiliación obligatoria), el Gobierno señaló que esta situación de agente negociador exclusivo podía verse modificada tras someterse a votación de los afiliados sindicales.

&htab;264.&htab;En vista de las conclusiones del Comité, el Consejo de Administración aprobó las recomendaciones siguientes:

a) El Comité considera que el sistema de registro introducido por la ley sobre relaciones de trabajo de 1987, que otorga el derecho exclusivo de negociación a los sindicatos registrados, no sería incompatible con los principios de la libertad sindical siempre que el registro se base en criterios objetivos y preestablecidos.

b) El Comité estima, sin embargo, que el requisito de un mínimo de 1 000 miembros establecido por la ley para ser registrado entraña el riesgo de privar a los trabajadores de las unidades de negociación que agrupan a un número restringido de trabajadores del derecho a constituir organizaciones que podrían ejercer plenamente sus actividades, contrariamente a los principios de la libertad sindical. El Comité pide al Gobierno que indique si el Gobernador General ha utilizado la facultad que le concede el artículo 6, 2) de la ley para fijar otro número mínimo de afiliados necesarios para el registro de un sindicato. c) Aún admitiendo que la legislación en vigor, según la cual se otorgan derechos exclusivos a los sindicatos registrados, respeta los criterios fijados por los órganos de control de la OIT en lo que concierne a la determinación de las organizaciones con estatuto de exclusividad, el Comité es consciente, sin embargo, de que la constitución de otros sindicatos podría verse gravemente obstaculizada en la medida en que la libertad de elección de los trabajadores sería limitada o éstos se verían inclinados a afiliarse a las organizaciones de derechos más amplios. Ruega, pues, al Gobierno que facilite informaciones sobre la aplicación práctica de la legislación y, en particular, sobre la evolución del número de sindicatos no registrados y sobre el tipo de actividades que ejercen.

d) El Comité pide también al Gobierno que indique si el artículo 218 de la ley permite a un trabajador no eximido de afiliación sindical que pertenezca a un sindicato no registrado tener acceso al Tribunal del Trabajo - por ejemplo, en caso de despido injustificado - y, si no, que precise si otros recursos están abiertos a tales trabajadores.

&htab;265.&htab;En una comunicación de 14 de febrero de 1989, el Gobierno señala que, por lo que se refiere al número y actividades de organizaciones sin registrar en Nueva Zelandia, al no estar registrados tales sindicatos no puede facilitar ninguna información al Comité respecto de su número ni de las actividades que realizan. No obstante, varios convenios pactados bajo la ley sobre relaciones de trabajo han sido negociados por sindicatos que si bien están registrados en la actualidad cuentan con menos de 1 000 afiliados. El Gobierno señala que es posible que tales sindicatos deseen desarrollar su actividad al margen de la ley sobre relaciones de trabajo una vez cancelado su registro. A este respecto, indica que los sindicatos disponen de un año desde el momento en que se verifica que cuentan con menos de 1 000 afiliados según el censo anual para tratar de conseguir dicho mínimo o fusionarse con otro sindicato. Para mediados de 1989 la mayoría de los sindicatos deberá contar con 1 000 afiliados como mínimo (salvo los nuevos sindicatos que tienen un registro de carácter provisional) o, de lo contrario, verán cancelado su registro. No obstante, en estos momentos se desconoce cuántos de los sindicatos que se vean privados del registro seguirán desarrollando su actividad al margen de la ley.

&htab;266.&htab;El Gobierno toma nota asimismo de la preocupación expresada por el Comité sobre si los trabajadores no exentos afiliados a sindicatos no registrados tienen acceso al Tribunal del Trabajo de acuerdo con la ley, por lo que pidió al Gobierno que especificase que otras alternativas se ofrecen a dichos trabajadores. En respuesta a esta pregunta, el Gobierno señala que la observancia de los contratos de empleo en Nueva Zelandia se rige de acuerdo con un sistema doble. En la ley sobre relaciones de trabajo se estipulan los procedimientos de aplicación para los contratos de los trabajadores sindicados, esto es, aproximadamente dos tercios de la fuerza de trabajo. Para los trabajadores que no están sindicados o pertenecen a sindicatos sin registrar, los contratos pueden hacerse valer ante los tribunales de la jurisdicción civil conforme a lo dispuesto en la ley sobre los contratos.

&htab;267.&htab;Si bien de acuerdo con la ley sobre relaciones de trabajo los trabajadores no exentos afiliados a sindicatos no registrados no pueden acceder a la jurisdicción laboral, el Gobierno explica que puede recurrirse a la mediación de las autoridades laborales para resolver los conflictos que se suscitan entre los empleadores y los sindicatos sin registrar, siendo ejecutorios los contratos pactados entre estos sindicatos y los empleadores, si bien se sustancian ante la jurisdicción civil de conformidad con la ley sobre los contratos, y no ante los tribunales de trabajo.

&htab;268.&htab;En relación con el requisito de un mínimo de 1 000 miembros, el Gobierno recuerda que de acuerdo con la ley sobre relaciones de trabajo el registro no es obligatorio y que pueden constituirse grupos de trabajadores que no puedan, o no quieran, cumplir este requisito. Ahora bien, en cuanto a la preocupación mostrada por el Comité acerca de dicho mínimo, el Gobierno señala que el cumplimiento de este requisito para que los sindicatos puedan registrarse es un componente esencial de la política del Gobierno con el fin de fomentar sindicatos que sean eficientes.

&htab;269.&htab;El Gobierno reconoce que el artículo 6, 2) de la ley sobre relaciones de trabajo faculta al Gobernador General para fijar un mínimo de miembros distinto para que un sindicato pueda registrarse, el cual se aplicará a todos los sindicatos y no a un solo sindicato o categoría de trabajadores determinada. Puede solicitarse formalmente al Gobierno la reducción del mínimo de 1 000 miembros, si bien hasta el momento no se ha invocado nunca el artículo 6, 2).

&htab;270.&htab;Por último, el Gobierno señala que con la ley sobre relaciones de trabajo se intenta establecer un marco a través del cual los sindicatos puedan prestar más eficaz y competentemente a sus afiliados los servicios que éstos precisan. El Gobierno ha tratado de asegurar en todo momento que los trabajadores puedan constituir sus propios sindicatos y afiliarse a aquellas organizaciones que estimen convenientes. Ello se garantiza gracias a la posibilidad de alterar a través de procesos democráticos la cobertura sindical, en el caso de que así lo deseen los miembros, y de permitir que se constituyan, desarrollen su actividad y negocien sindicatos no registrados si así lo desean.

&htab;271.&htab;El Comité lamenta que el Gobierno no haya podido facilitar la información acerca de los puntos específicos sobre la cuestión principal del presente caso, que se le pidió al examinarse por última vez los alegatos. Esta falta de detalle sobre la situación existente bajo la ley sobre relaciones de trabajo de 1988 hace que el Comité tenga que volver a plantearse la misma cuestión que en la ocasión precedente: ¿existe realmente la libertad de elección de un sindicato en este sistema particular que favorece las organizaciones registradas y les confiere amplias ventajas exclusivas sobre los sindicatos sin registrar?

&htab;272.&htab;El Gobierno ha basado su argumentación en dos principios fundamentales, a saber: que el sistema es opcional, por lo que se puede elegir a ese nivel; y que, una vez que los trabajadores han optado por el sistema que desean pueden, mediante un proceso democrático, cambiar la cobertura sindical. Lamentablemente, el Gobierno no ha facilitado datos sobre la validez de su primer argumento (si bien el Comité observa que se han pactado varios convenios por sindicatos que, aunque registrados en la actualidad, pueden perder esa condición y decidir funcionar al margen de lo dispuesto en la ley). Ello no hace sino confirmar la anterior interpretación del Comité según la cual la constitución de otros sindicatos al margen del sistema de registro puede verse seriamente obstaculizada en la medida en que los trabajadores tiendan a afiliarse sólo a aquellas organizaciones que disfrutan de derechos más amplios.

&htab;273.&htab;En efecto, en uno de sus primeros casos [6.° informe, caso núm. 11 (Brasil), párrafos 92 a 96], el Comité consideró un sistema opcional para la "autorización" de sindicatos y se preguntó si, debido a que los sindicatos reconocidos gozan, con exclusión de las demás organizaciones, de privilegios de importancia capital para la defensa de los intereses profesionales, los asalariados no se encuentran indirectamente constreñidos a adherirse a dichos sindicatos. Señaló que en algunos países el legislador confiere, sin espíritu de discriminación, a los sindicatos reconocidos - que de hecho son los más representativos - ciertos privilegios en lo tocante a la defensa de los intereses profesionales, que son los únicos que pueden ejercerse útilmente. Resaltó, no obstante, que la concesión de tales privilegios no puede verse subordinada a condiciones tales que las garantías fundamentales de la libertad sindical puedan verse en peligro por semejante causa.

&htab;274.&htab;En vista de la falta de pruebas sobre la existencia de otras organizaciones sin registrar, el Comité considera que en el caso presente las condiciones atribuidas a la concesión del registro ponen indirectamente en tela de juicio el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones y afiliarse a aquellas que estimen convenientes, pues ejercen una influencia indebida sobre la elección.

&htab;275.&htab;El Gobierno tampoco explica en detalle el segundo tipo de opción existente, a saber, el derecho que asiste a los trabajadores de modificar el requisito del mínimo de miembros. En su anterior examen del caso el Comité había, empero, observado (en el párrafo 535 de su 259.° informe) la descripción que hacía el Gobierno según la cual "los trabajadores que están descontentos del sindicato registrado del que son actualmente miembros pueden transferir su afiliación a otro sindicato registrado. Este traslado se hace democráticamente después de proceder a una votación que debe ser ganada por una mayoría, mientras que al mismo tiempo el sindicato al que esos trabajadores decidan afiliarse debe consultar a sus miembros para verificar si la mayoría acepta a los nuevos miembros".

&htab;276.&htab;Tal como el Comité hizo notar anteriormente, los órganos de control de la OIT han reconocido que numerosos sistemas de relaciones laborales han creado procedimientos para el registro de organizaciones de trabajadores y para el reconocimiento del sindicato o sindicatos representativos en la negociación colectiva. En numerosos países la legislación confiere el derecho exclusivo de negociar en nombre de una categoría determinada de trabajadores a la organización que representa a cierta proporción o a una mayoría relativa o absoluta de los trabajadores, representatividad que se suele determinar bien por el número de afiliados (verificación de listas), bien por votación secreta (verificación por votación). A este respecto, la Comisión de Expertos ha señalado [ Estudio general , párrafo 295] que, en aquellos sistemas en que se estipula que el sindicato más representativo goce de derechos preferenciales exclusivos de negociación, es menester que dicho sindicato sea determinado según criterios objetivos y preestablecidos, para evitar toda parcialidad o abuso.

&htab;277.&htab;El Comité tiene que repetir lo que ya ha señalado en otros casos anteriores, a saber que cuando la legislación nacional estipula un procedimiento para registrar o certificar sindicatos como agentes exclusivos de las negociaciones deberían preverse ciertas salvaguardias, a saber: a)  que la certificación se lleve a cabo por un órgano independiente; b)  que la organización representativa sea elegida por el voto mayoritario de los trabajadores de la unidad en cuestión; c)  que se reconozca el derecho de toda organización que no logre conseguir un número suficientemente amplio de votos a pedir que se organice una nueva elección tras un determinado período; d)  que se reconozca el derecho de las organizaciones que no han recibido la certificación a pedir que se efectúe una nueva elección una vez transcurrido un período razonable de tiempo. [Véase, por ejemplo, 109.° informe, caso núm. 533 (India), párrafo 101.]

&htab;278.&htab;En su examen anterior del presente caso, el Comité no criticó el procedimiento recogido en la ley de 1987 por el que la condición de exclusividad de registro de un sindicato puede impugnarse ante el Tribunal del Trabajo por otro de los sindicatos existentes registrados que reclaman una protección similar de los trabajadores interesados (párrafo 543 del 259.° informe). Ninguna información se ha señalado a la atención del Comité en la que se demuestre que, en los casi dos años de vigencia de la ley, este procedimiento ha impedido a los trabajadores ejercer su libertad de elegir una organización dentro del sistema que represente sus intereses. En consecuencia, el Comité llega a la misma conclusión que en la ocasión precedente, a saber: que el sistema de registro introducido por la ley sobre relaciones de trabajo de 1987, que otorga el derecho exclusivo de negociación a los sindicatos registrados, no es incompatible con los principios de la libertad sindical siempre que el registro se base en criterios objetivos y preestablecidos.

&htab;279.&htab;En cuanto al segundo alegato del presente caso, que el requisito de contar con un mínimo de 1 000 miembros resulta excesivo, el Comité toma nota de la respuesta del Gobierno en la cual todavía no se ha invocado la flexibilidad para reducir (o aumentar) este número en virtud del artículo 6, 2) de la ley, si bien el Gobierno se compromete a considerar cualquier petición formal que se le haga en tal sentido. El Comité toma asimismo nota de la observación que vuelve a hacer el Gobierno de que este requisito es un componente esencial de su política con el fin de fomentar el desarrollo de sindicatos eficientes.

&htab;280.&htab;Atendiendo a la conclusión del Comité expuesta anteriormente respecto de la presión indirecta ejercida sobre los trabajadores para que opten por el sistema de registro establecido por la ley de 1987, y dadas las dificultades a que hay que hacer frente en muchas zonas geográficas y pequeñas industrias o empresas para reunir 1 000 miembros, el Comité expresa su preocupación de que aquellos trabajadores que se encuentran en tales situaciones puedan verse privados del derecho a constituir organizaciones que puedan ejercer plenamente las actividades sindicales, lo que iría en contra de los principios de la libertad sindical. El Comité pide, por tanto, al Gobierno que reconsidere este requisito de una afiliación mínima demasiado alta con el fin de reducirlo a proporciones razonables o permitir una flexibilidad a la hora de aplicarlo. Pide al Gobierno que le mantenga informado de las medidas que adopte al respecto.

&htab;281.&htab;En cuanto a la última cuestión pendiente del caso, a saber, si las disposiciones protectoras recogidas en el artículo 218 de la ley de 1987 pueden alegarse por los trabajadores afiliados a sindicatos no registrados, el Comité toma nota de la respuesta clarificadora del Gobierno en el sentido de que el artículo 218 no contempla el caso de tales trabajadores. Observa asimismo que, según el Gobierno, en tales casos la protección debe buscarse en el marco de la jurisdicción civil.

&htab;282.&htab;En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:

a) Atendiendo a la información facilitada, el Comité estima que la constitución de otros sindicatos al margen del sistema de registro establecido por la ley sobre relaciones de trabajo de 1987 podría verse seriamente obstaculizada, en la medida en que los trabajadores podrían ser inducidos a afiliarse sólo a aquellas organizaciones registradas dado que tales organizaciones gozan de derechos más amplios, en cuyo caso el sistema pondría indirectamente en cuestión el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones y afiliarse a aquellas que estimen convenientes.

b) El Comité estima que el requisito de un mínimo de 1 000 miembros estipulado por la ley de 1987 puede privar a los trabajadores pertenecientes a pequeñas unidades de negociación, o que se hallan dispersos por amplias zonas geográficas, del derecho a constituir organizaciones que puedan ejercer plenamente las actividades sindicales, todo ello contrario a los principios de la libertad sindical.

c) En consecuencia, el Comité pide al Gobierno que reexamine el sistema establecido por la ley de 1987 a la luz de los principios de libertad sindical y de las recomendaciones arriba mencionadas. Pide asimismo al Gobierno que le mantenga informado de las medidas que tome a este respecto.

&htab;283.&htab;El Comité ha examinado este caso en dos ocasiones y por última vez en su reunión de febrero-marzo de 1989. [Véase 262.° informe del Comité de Libertad Sindical, párrafos 230 a 244, aprobado por el Consejo de Administración en su 242. a  reunión.]

&htab;284.&htab;Desde entonces, el Gobierno ha enviado comunicaciones el 7 de febrero y 14 de abril de 1989 en respuesta a los alegatos todavía pendientes relacionados con el presente caso.

&htab;285.&htab;El Brasil no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), pero ha ratificado el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;286.&htab;Los alegatos pendientes que han dado origen a esta queja estaban relacionados con el hecho de que el Gobierno, a través de fuerzas militares y de policía había impedido en los puertos y en las refinerías de petróleo la realización de huelgas por reivindicaciones salariales, en virtud del decreto-ley núm. 1632, de 4 de agosto de 1978, así como con el asesinato, el 4 de septiembre de 1987, de Mauro Pires, dirigente del Sindicato de Conductores de Vehículos y Anexos de San Andrés, con el atentado de que fue objeto el dirigente sindical José Barbosa dos Santos perpetrado por dos personas que dispararon desde un automóvil, y con las llamadas telefónicas amenazando de muerte al dirigente Paulo Pereira. Otros alegatos más recientes de diciembre de 1988 y de enero de 1989 estaban relacionados con el asesinato, el 22 de diciembre de 1988, de Francisco Alves Mendes Filho, dirigente sindical de los trabajadores rurales de Xapuri, en el Estado de Acre, en la región de Amazonia, que era presidente del Sindicato del Caucho (SERINGA) y dirigente nacional de la CUT.

&htab;287.&htab;Para la reunión de febrero-marzo de 1989, el Gobierno no había enviado respuesta alguna respecto de la mayoría de estos alegatos. No obstante, en lo que se refiere a las huelgas realizadas en marzo de 1987 en los sectores portuario, marítimo y petrolero, el Gobierno había indicado que la nueva Constitución brasileña promulgada el 5 de octubre de 1988 no prohibía la huelga en las actividades esenciales, pero que preveía que la ley definiría los servicios o actividades esenciales y dispondría sobre las necesidades inaplazables de la población.

&htab;288.&htab;En su reunión de febrero-marzo de 1989, el Comité había adoptado las recomendaciones siguientes:

a) El Comité lamenta vivamente una vez más que el Gobierno no haya enviado todas las informaciones sobre los alegatos pendientes: sobre el asesinato del dirigente sindical Mauro Pires el 4 de septiembre de 1987 y del dirigente sindical Francisco Alves Mendes Filho, el 22 de diciembre de 1988, sobre el atentado de que fue objeto el dirigente José Barbosa dos Santos y sobre las amenazas de muerte contra el dirigente Paulo Pereira. El Comité insta al Gobierno a que envíe informaciones al respecto.

b) El Comité, al tiempo que toma nota de las disposiciones contenidas en la nueva Constitución en lo referente al derecho de huelga y los servicios esenciales, pide al Gobierno que le mantenga informado de cualquier legislación que se adopte definiendo o enumerando los servicios esenciales así como de cualquier abrogación o enmienda al decreto-ley núm. 1632/78.

&htab;289.&htab;El Gobierno indicó en una primera respuesta de 17 de febrero de 1989 que llegó a la Oficina una vez terminada la reunión de febrero-marzo del Comité y que estaba relacionada con el asesinato de Francisco Alves Mendes Filho ocurrido en la noche del 22 de diciembre de 1988, que al enterarse de las amenazas de que era objeto este dirigente sindical el Gobernador del Estado de Acre había determinado la designación de miembros de la policía militar para proteger la integridad física del interesado. Cuando se cometió este acto lamentable, la secretaría de seguridad pública, es decir, el órgano de investigación, encargó a un delegado especial que realizase las indagaciones necesarias y reforzó los contingentes de policía civil y militar a fin de esclarecer lo ocurrido. Este delegado policial diligenció una investigación el 23 de diciembre de 1988. Al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia también decidió que la policía federal se uniese a la investigación en el Estado de Acre. Además, un equipo de expertos de Sao Paulo fue enviado al lugar de lo hechos a fin de reforzar los medios a disposición de los investigadores. La Facultad de Medicina de Sao Paulo efectuó investigaciones con el material recogido en el momento de la exhumación del cadáver, lo cual permitió señalar a varios sospechosos. Después de la fase policial, este asunto se remitió a la justicia local. El fiscal decidió perseguir judicialmente a los Sres. Darcy Alves Pereira, Darly Alves da Silva y Jardey Pereira. Los dos primeros fueron detenidos y confesaron su crimen y el tercero se dio a la fuga. El Gobierno afirmó que la secretaría de seguridad pública despliega todos sus esfuerzos para conseguir la captura del fugitivo y aseguró que ha adoptado todas las medidas necesarias para elucidar los hechos criminales a fin de castigar a los responsables.

&htab;290.&htab;En una respuesta ulterior de 14 de abril de 1989 relativa a la intervención de las fuerzas armadas en las huelgas que se habían realizado en los puertos y las refinerías de petróleo en marzo de 1987, el Gobierno declara que la huelga en estas actividades estaba en esa época prohibida dado que se consideraban esenciales en la medida en que se trataba del suministro de combustible y de productos alimenticios así como debido al carácter de seguridad pública de las actividades marítimas y portuarias. La presencia del ejército en Petrobrás tenía como objetivo preservar el patrimonio público de una empresa de economía mixta perteneciente a la administración pública y garantizar a los interesados el libre acceso al trabajo. Según el Gobierno, no se había producido ningún incidente con los huelguistas ni con los dirigentes sindicales. Por último, en lo que se refiere a los marinos, el Gobierno ha especificado que a raíz de acuerdos aislados existentes con ciertas empresas se había llamado como refuerzo a la marina de guerra para garantizar el libre acceso al trabajo y para preservar las instalaciones portuarias. No se había producido ningún acto de violencia pero la huelga había sido declarada ilegal por la justicia del trabajo.

&htab;291.&htab;Respecto del asesinato de Mauro Pires, en Diadema, en 1987, y de Sebastiao Teixeira do Carmo, en Mauá, en julio de 1988, según el Gobierno las investigaciones policiales se han acabado y los sumarios se han remitido a la justicia.

&htab;292.&htab;Respecto de los atentados de que habrían sido víctimas José Barbosa dos Santos, Paulo Pereira y Oswaldo Cruz, el Sindicato de Chóferes Particulares de Vehículos al que pertenecen los interesados habría declarado por medio de su abogado que no se había adoptado ninguna medida respecto de estas supuestas amenazas por falta de pruebas. El Gobierno ha añadido que, en efecto, estos hechos no figuran en los registros de la policía.

&htab;293.&htab;Por último, volviendo a la cuestión del asesinato de Francisco Alves Mendes, el Gobierno repite que una acción conjunta del Gobernador del Estado de Acre y de la policía federal y militar ha permitido aclarar los hechos y castigar a los culpables. A continuación, reitera las informaciones detalladas que había facilitado anteriormente a este respecto y añade que se ha abierto una investigación complementaria con el fin de descubrir a las demás personas que, de manera directa o indirecta, habrían participado en este homicidio.

&htab;294.&htab;Antes de abordar el fondo de este asunto, el Comité desea expresar su satisfacción por el hecho de que, contrariamente a lo que había sucedido anteriormente, el Gobierno ha enviado de manera específica respuestas a los diversos alegatos pendientes relacionados con el presente caso.

&htab;295.&htab;El Comité lamenta, no obstante, respecto de la intervención de las fuerzas armadas para poner fin a las huelgas en los puertos y en las refinerías de petróleo que el Gobierno se contente con indicar que estas actividades que afectaban al suministro de combustible y de productos alimenticios tenían conforme a la ley brasileña de entonces un carácter esencial y que, por consiguiente, la huelga se declaró ilegal.

&htab;296.&htab;A este respecto, el Comité debe recordar que siempre ha estimado que la huelga es uno de los medios esenciales del que deben poder disponer los trabajadores y sus organizaciones para fomentar y defender sus reivindicaciones económicas y sociales y que las legislaciones nacionales sólo deberían permitir la suspensión o la prohibición del recurso a la huelga en los casos en los que la interrupción del trabajo como consecuencia de la huelga podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda la población o en parte de ella.

&htab;297.&htab;En cuanto a los alegatos relativos a los atentados que se habrían cometido contra la integridad física de sindicalistas del Sindicato de Chóferes Particulares de Vehículos, el Comité toma nota de que según el Gobierno la policía no ha abierto ningún sumario sobre estos asuntos. En estas condiciones, el Comité estima que no procede continuar el examen de este aspecto del caso.

&htab;298.&htab;El Comité deplora enérgicamente el asesinato de los dirigentes sindicales Mauro Pires, en 1987, y Sebastiao Teixeira do Carmo y Francisco Alves Mendes Filho en 1988. El Comité, si bien toma nota de las indicaciones facilitadas por el Gobierno según las cuales las investigaciones policiales permitieron la inculpación de tres personas, de las cuales dos fueron detenidas mientras que la tercera se dio a la fuga, de que se ha iniciado una investigación complementaria a fin de descubrir a todas las demás personas que, de manera directa o indirecta, hubieran participado en el homicidio de Francisco Alves Mendes Filho, y de que estos tres asuntos están ahora ante la justicia, debe insistir en el hecho de que como ha declarado en muchas ocasiones, un clima de violencia que da lugar al asesinato de dirigentes sindicales constituye un grave obstáculo para el ejercicio de los derechos sindicales y de que tales actos exigen medidas severas por parte de las autoridades. [Véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, párr. 76.]

&htab;299.&htab;En consecuencia, el Comité pide encarecidamente al Gobierno que despliegue todos los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad personal de los dirigentes sindicales. Además, le pide que envíe el texto de las sentencias de los autores de los actos anteriormente mencionados.

&htab;300.&htab;En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a aprobar las recomendaciones siguientes:

a) El Comité se felicita de que, contrariamente a lo que sucedía anteriormente, en el presente caso el Gobierno ha cooperado en el procedimiento facilitando informaciones detalladas en respuesta a los alegatos de los querellantes.

b) Respecto de la intervención de las fuerzas armadas en 1987 para poner fin a las huelgas en los puertos y en las refinerías de petróleo, el Comité deplora vivamente esta acción del Gobierno que el Comité estima contraria a los principios de la libertad sindical. En efecto, el Comité recuerda que la huelga es uno de los medios esenciales del que deben poder disponer los trabajadores y sus organizaciones para fomentar y defender sus reivindicaciones económicas y sociales y que la suspensión o la prohibición del derecho de recurrir a la huelga sólo se puede aceptar cuando la interrupción del trabajo como consecuencia de la huelga podría poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas en toda la población o en parte de ella. c) En cuanto al asesinato de los tres dirigentes sindicales especialmente designados por los querellantes, es decir, de Mauro Pires, Sebastiao Teixeira do Carmo y Francisco Alves Mendes Filho, el Comité deplora enérgicamente la realización de tales actos, y recuerda con firmeza que un ambiente de violencia tal como el que refleja el asesinato de dirigentes sindicales constituye un obstáculo muy grave al ejercicio de los derechos sindicales. En consecuencia, hace un llamamiento al Gobierno para que despliegue todos los esfuerzos necesarios a fin de garantizar la seguridad personal de los dirigentes sindicales.

d) El Comité pide también al Gobierno que le envíe el texto de las sentencias de los autores de estos actos.

&htab;301.&htab;Las quejas presentadas por los querellantes respecto de estos dos casos figuraban en las comunicaciones que se enumeran a continuación: las de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de fechas 17 de junio y 14 de noviembre de 1988 y 5 de enero de 1989, la de la Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza (CMOPE), de 9 de noviembre de 1988, y la de la Federación Sindical Mundial (FSM), de 15 de noviembre de 1988. Respondiendo a dichas quejas, el Gobierno remitió sus observaciones e informaciones en sendas comunicaciones de 9 de febrero y 14 de abril de 1989.

&htab;302.&htab;Brasil no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), pero sí ha ratificado el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;303.&htab;En su queja inicial de 17 de junio de 1988, explica la CIOSL que los trabajadores al servicio del Estado iniciaron, en el mes de abril de este año, varias movilizaciones y actividades de carácter nacional en protesta por la imposición del decreto gubernamental núm. 2425/88 que congela los salarios de los funcionarios públicos federales y de los trabajadores de las empresas estatales durante dos meses (abril y mayo). Ante la falta de diálogo y consulta con los sindicatos de parte del Gobierno, las organizaciones sindicales del sector público y de empresas estatales decidieron hacer efectiva una huelga de 48 horas, los días 3 y 4 de mayo. Ante esta decisión, el Gobierno declaró que el funcionario público no puede hacer huelgas, que las huelgas eventuales serían tratadas con todo el rigor de la ley y que en caso de huelgas ilegales habría despidos (declaración pública pronunciada por el Ministro de Economía el 8 de abril de 1988).

&htab;304.&htab;La huelga, prosigue la CIOSL, realizada bajo la convocatoria de 163 organizaciones sindicales que representan alrededor de un millón y medio de trabajadores, paralizó total o parcialmente a todos los sectores afectados por el decreto, es decir, los sectores industriales del petróleo, metalúrgicos, portuarios, eléctricos, químicos, bancarios, ferroviarios, mineros y telefónicos. Las organizaciones sindicales involucradas en la huelga nombraron un organismo unitario llamado Coordinadora Nacional de los Trabajadores de las Empresas Estatales y Servidores Públicos. El 4 de mayo, este organismo solicitó entrevistarse con los Ministros de Trabajo y de Economía. El primero no se interesó en iniciar las negociaciones y el segundo se negó a recibir a los representantes de los trabajadores.

&htab;305.&htab;El Gobierno movilizó a las fuerzas armadas para reprimir a los trabajadores en huelga. Las refinerías de petróleo Petrobras y Duque de Caxias, en el Estado de Río de Janeiro, fueron ocupadas por tropas militares. En la refinería de Cubatao, en Sâo Paulo, los militares obligaron a 400 trabajadores a cumplir doble turno, a dormir y a alimentarse dentro de la empresa.

&htab;306.&htab;En la empresa aeronáutica EMBRAER, situada en Sâo José dos Campos, Estado de Sâo Paulo, fueron despedidos 242 trabajadores, entre los que se encontraban los integrantes del comité de empresa y dirigentes sindicales. La policía de Aeronáutica obligó a los huelguistas, a punta de bayoneta, a volver a la empresa para hacerla producir.

&htab;307.&htab;En las minas de cobre de Jaguariri, Estado de Bahía, fueron despedidos 68 trabajadores, entre los que se encuentran 18 dirigentes sindicales, ocho miembros del comité de empresa y diez directores de la Asociación de Funcionarios.

&htab;308.&htab;También en el sector minero, en Carajás, Estado de Pará, 17 dirigentes sindicales de la asociación local fueron despedidos y echados de sus casas (propiedad de la empresa), otorgándoseles plazo hasta el 26 de mayo para desalojarlas. También fueron despedidos 12 trabajadores del Puerto de Santos.

&htab;309.&htab;En una comunicación ulterior de 14 de noviembre de 1988, añade la CIOSL que desde el 7 de noviembre de 1988 los 2 000 trabajadores del Sindicato de la Metalurgia de la Compañía Siderúrgica Nacional de Volta Redonda están en huelga y ocupan la fábrica para obtener lo siguiente: aumentos salariales, en razón de la disminución del poder adquisitivo salarial en un 26 por ciento; un reajuste salarial de 17,68 por ciento en el mes de julio; la readmisión de 70 compañeros despedidos por participar en una huelga anterior; la jornada de trabajo de seis horas para los trabajadores de los tres turnos.

&htab;310.&htab;El 9 de noviembre de 1988, prosigue la CIOSL, a las 17 horas, las fuerzas de la policía y del ejército irrumpieron violentamente en la fábrica utilizando gases lacrimógenos y armas de fuego y dejando un balance de cinco trabajadores muertos y decenas de heridos graves. Los sindicalistas asesinados eran: Joao Carlos Barroso, William Fernandes Leita, Wladimir Freitas Monteiro, Victor Adriano y Vicente da Silva. La fábrica, prosigue la CIOSL, sigue estando ocupada por más de un millar de soldados armados y rodeada por tanques.

&htab;311.&htab;En su queja de 15 de noviembre de 1988, la FSM denuncia los hechos ocurridos en Volta Redonda y pretende que 20 000 trabajadores fueron a la huelga y, además de los cinco trabajadores muertos (los nombres que cita coinciden con los de la CIOSL), hubo cuatro desaparecidos: Mauricio Plata, José de Almeyda, Osvaldino Gómez y Marcelino Alvez, y 43 heridos. Añade la FSM que el 11 de noviembre de 1988, 700 trabajadores de la Compañía Siderúrgica Nacional de Río de Janeiro, conjuntamente con los trabajadores de la Compañía Minera de Casa Piedra, Estado de Minas Gerais, realizaron una huelga de solidaridad con los trabajadores de Volta Redonda y que cinco trabajadores resultaron heridos en enfrentamientos con el ejército.

&htab;312.&htab;La CIOSL, en cambio, hace una rectificación en su comunicación de 5 de enero de 1989. En efecto, durante los acontecimientos ocurridos en Volta Redonda, no fueron cinco los trabajadores muertos, sino tres, los Sres. Fernandez Filho y Freitas Monteiro, muertos por heridas de bala, y Barroso, muerto como consecuencia del hundimiento de la bóveda craneana, producido por los golpes recibidos.

&htab;313.&htab;En comunicación de 9 de noviembre de 1988, la CMOPE denuncia la violenta intervención de la policía que, el 27 de octubre de 1988, dispersó con gases lacrimógenos y cargas de tropas de caballería a los estudiantes que manifestaban pacíficamente ante el Palacio Bandeirantes, sede del Gobernador del Estado de Sâo Paulo. Según declaraciones de la CMOPE, diez manifestantes habrían resultado heridos. Esta organización explica que el cuerpo docente y los empleados de tres universidades de Sâo Paulo, miembros de la Asociación de los Andes, estaban en huelga desde el mes de septiembre de 1988 reclamando ajustes salariales que tuviesen en cuenta la inflación galopante.

&htab;314.&htab;En una primera respuesta remitida el 9 de febrero de 1989, el Gobierno facilita información y observaciones respecto a las quejas de la CMOPE relativas a las represalias antisindicales de que habrían sido objeto el 27 de octubre de 1988 los profesores, estudiantes y funcionarios de la Universidad de Sâo Paulo, durante una manifestación por reivindicaciones salariales. Informa el Gobierno que al consultar la Delegación Regional del Trabajo de Sâo Paulo sobre este particular, ésta respondió que los funcionarios de la universidad habían efectivamente iniciado una campaña ante la sede del Gobernador del Estado con el fin de obtener mejoras salariales en el marco de la campaña para las elecciones municipales de 1988. Confirma que los interesados hicieron varias manifestaciones públicas, pero, según sus declaraciones, ninguna se desarrolló en las cercanías del Palacio del Gobernador, lugar donde se habría producido un conflicto con la policía militar del Estado. El Gobierno precisa que los órganos competentes del Gobierno del Estado de Sâo Paulo están estudiando actualmente los hechos y las responsabilidades relativos a este caso.

&htab;315.&htab;En otra respuesta de 14 de abril de 1989 referente a las quejas formuladas por la CIOSL sobre las medidas de represalia antisindical que habrían afectado a los empleados de la administración pública y a los trabajadores de las empresas estatales, a raíz de una huelga de 48 horas por reivindicaciones salariales celebrada en mayo de 1988, sostiene el Gobierno que el Ministerio de Trabajo había intentado negociar con los huelguistas, pero que tuvo que suspenderlo a causa de la intransigencia de los huelguistas, quienes se negaban a evacuar los locales de las fábricas.

&htab;316.&htab;El Gobierno prosigue explicando que los militares se habían hecho presentes en la refinería de Duque de Caxias para salvaguardar el patrimonio público y evitar así que se cometieran depredaciones o daños graves a los bienes, lo que contribuyó a que la huelga mantuviera un carácter pacífico.

&htab;317.&htab;Siguiendo con las declaraciones del Gobierno, todos los trabajadores que habían sido despedidos del Puerto de Santos fueron reintegrados en sus puestos de trabajo como resultado de las negociaciones entabladas.

&htab;318.&htab;El Gobierno afirma que la denuncia de lo ocurrido en la empresa EMBRAER no es exacta. Según su versión de los hechos, el 9 y 10 de agosto de 1988, los trabajadores de esta empresa se habían declarado en huelga para reivindicar un reajuste salarial del 30 por ciento con apoyo del Sindicato de la Metalurgia, que había permanecido en el interior de la empresa el día 9, con la ocupación de la fábrica por parte de los huelguistas. El día 10, una vez conocido el fracaso de las negociaciones, los huelguistas se retiraron de la empresa, quedando en el interior de la fábrica un grupo de aproximadamente 155 trabajadores, quienes fueron expulsados en cumplimiento de la orden emitida por el Ministerio de Aeronáutica, el cual asume la tutela de dicha empresa. El Gobierno prosigue explicando que la empresa dispersó a estos 155 trabajadores e inició una investigación para determinar las responsabilidades. Como resultado de esta investigación, 119 trabajadores quedaron despedidos, medida que fue confirmada por el propio Sindicato de la Metalurgia.

&htab;319.&htab;Por lo que se refiere al despido de los tres dirigentes sindicales, Benedito Carlos de Sousa, Francisco Assis de Souza y Joâo Pedro Pires, se instituyó un sumario ante el Consejo de Conciliación y Sentencia de Sâo José dos Campos para comprobar que se había cometido una falta grave que era justa causa de despido. Con motivo del recurso interpuesto por los dirigentes despedidos, la empresa propuso un acuerdo, que fue posteriormente ratificado, de modo que los dirigentes obtuvieron garantías de que se mantendrían sus derechos como si no hubiesen sido despedidos por justa causa. Este acuerdo fue ratificado por el Tribunal Regional de Trabajo de la segunda región de Sâo Paulo.

&htab;320.&htab;En cuanto a los 155 trabajadores cuyo despido había sido confirmado por el sindicato, 33 fueron reintegrados en sus funciones dentro de la empresa.

&htab;321.&htab;El Gobierno finaliza aclarando que la huelga de que se trata había sido juzgada ilegal por el Tribunal de Trabajo de Sâo Paulo, lo que, en ese momento, había permitido caracterizar la falta grave cometida por los trabajadores. Al mismo tiempo, alega el Gobierno, no se había presentado ningún caso de despido por causa injustificada.

&htab;322.&htab;Por otra parte, el Gobierno desmiente las quejas formuladas sobre el despido de 17 dirigentes sindicales en Carajás, Estado de Pará.

&htab;323.&htab;Por lo que se refiere al congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos federales y de los trabajadores de las empresas estatales en los meses de abril y mayo de 1988, aclara el Gobierno que en virtud del decreto-ley núm. 2453/88, los ajustes salariales correspondientes al mes de agosto de 1988 se habían fijado en un 16,19 por ciento con respecto al costo de vida registrado en el mes de abril de 1988 y que la ley núm. 7686/88 había fijado los ajustes salariales correspondientes al mes de noviembre de 1988 en un 17,68 por ciento con respecto al costo de vida registrado en el mes de mayo de 1988.

&htab;324.&htab;Por último, en lo tocante a las quejas presentadas por la CIOSL y la FSM sobre el conflicto social que se desarrolló en noviembre de 1988 en la Compañía Siderúrgica Nacional situada en Volta Redonda, Estado de Río de Janeiro, el Gobierno replica, en otra comunicación de 4 de abril de 1989, que esta empresa de economía mixta es una de las más importantes empresas siderúrgicas del país y que genera millares de empleos y de divisas. Confirma que el 7 de noviembre de 1988 se declaró una huelga entre los 20 000 trabajadores de esta empresa, tal como relata la FSM, y no entre 2 000 trabajadores, como indica la CIOSL. Confirma asimismo que los huelguistas reivindicaban aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo, así como la reintegración de los trabajadores despedidos por haber participado en una huelga anterior. El Gobierno añade que los huelguistas ocuparon las fundiciones de acero, sector vital de la fábrica, en el que funcionan los altos hornos.

&htab;325.&htab;A juicio del Gobierno, tanto el clima de agresividad que se había creado desde que se desató el conflicto y que hizo que llegaran a un punto muerto las negociaciones entabladas con el fin de dar satisfacción a las reivindicaciones planteadas, así como las averías provocadas a las máquinas e instalaciones de la fábrica siderúrgica, fue lo que dio motivo a que la empresa intentara preservar los bienes del Estado y a que se designara a un juez, el Sr. Moisés Cohen, con la misión de impedir que se cometieran nuevas averías a los bienes de propiedad de la empresa. Frente a las dificultades encontradas por el funcionario judicial designado por el juez para ejercer su mandato, el juez anteriormente nombrado decidió que los hechos exigían que se tomaran medidas enérgicas para garantizar la integridad de los bienes y de las personas que se hallaban oficialmente en la empresa. Por consiguiente, movilizó al 220.° batallón de infantería destacado en Barra Mansa, el cual exigió que abandonaran los locales de la empresa todas las personas que allí se encontraban ilícitamente, para poder garantizar la integridad de los bienes de propiedad de dicha empresa.

&htab;326.&htab;Según las declaraciones del Gobierno, la exasperación y la agresividad de los huelguistas y el fracaso de las negociaciones entabladas para lograr la evacuación pacífica de la fábrica desembocaron en un enfrentamiento directo entre militares y trabajadores que tuvo como saldo la muerte de tres personas, y no de cinco como constaba en las primeras quejas de los querellantes.

&htab;327.&htab;Con el fin de aclarar los hechos y determinar las responsabilidades en estos delitos, se entablaron los siguientes procedimientos: 1) una investigación policial por homicidio el 11 de noviembre de 1988 con motivo de la muerte de William Fernandes Leita y Wladimir Freitas Monteiro, obreros de la Compañía Siderúrgica Nacional; a raíz de esta investigación se inició un procedimiento judicial por infracción del artículo 121 del Código Penal ante el Tribunal Penal de Volta Redonda; 2) se inició una segunda investigación policial por homicidio con motivo de la muerte de Carlos Augusto Barroso, obrero de dicha empresa, a raíz de la cual también se entabló un procedimiento judicial; 3) por último, se instruyeron tres investigaciones policiales por las heridas infligidas a Víctor Adriano, Vicente da Silva, Antonio da Silva Nascimiento, Gleidson Costa de Sousa y José Luis Torres Botelho. A raíz de estas tres investigaciones se entablaron procesos penales contra los soldados del ejército por infracción del artículo 129 del Código Penal. Según informa el Gobierno, la primera víctima era un transeúnte totalmente ajeno a la huelga.

&htab;328.&htab;Asimismo, el Gobierno indica que los registros de la policía de Volta Redonda no mencionan desaparición alguna de personas y que no se ha presentado queja alguna en este sentido ante otros órganos.

&htab;329.&htab;El Comité observa con preocupación que estos dos casos se refieren a medidas de represión contra huelguistas, de especial gravedad, puesto que el propio Gobierno no desmiente que, como consecuencia de las medidas de reivindicación salarial, haya habido casos de despido, personas heridas y muertes violentas entre los trabajadores de la administración pública y de las empresas estatales. En efecto, el Gobierno reconoce que movilizó al ejército y a la policía, para asegurar el mantenimiento del orden. Según los querellantes, en ciertos casos se recurrió al ejército y a la policía con el fin de evacuar a los trabajadores que ocupaban los locales de las fábricas. El Gobierno indica, no obstante, que algunos dirigentes o militantes sindicales despedidos habían sido reincorporados a sus empleos.

&htab;330.&htab;El Gobierno indica también que eran ilegales las huelgas y manifestaciones de lucha contra el decreto gubernamental núm. 2425/88 sobre los salarios de estas categorías profesionales, cuya progresión, según el ritmo de la inflación, quedaba limitada durante dos meses (abril y mayo de 1988), porque habían sido declaradas por trabajadores de la administración pública y de las empresas estatales que no tienen derecho de huelga.

&htab;331.&htab;El Comité deplora que se haya despedido a un elevado número de trabajadores que participaron en las huelgas, que muchos no hayan sido reintegrados a sus puestos de trabajo, y que la intervención del ejército para evacuar a los huelguistas que ocupaban las fábricas haya tenido por resultado que algunas personas hayan sido muertas y otras heridas.

&htab;332.&htab;En lo que respecta a las muertes violentas y a las personas heridas, el Comité observa que se han abierto investigaciones policiales para aclarar los hechos y castigar a los culpables y que se hallan en curso procesos destinados a juzgar a los militares autores de homicidios, y de heridas contra los sindicalistas. El Comité, sin prejuzgar los procesos en curso, reitera que los derechos sindicales sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los sindicalistas y que incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de estos principios (véase el párrafo 70 de la Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical ). En efecto, en la resolución sobre los derechos sindicales y su relación con las libertades civiles, la Conferencia Internacional del Trabajo subrayaba que el concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido cuando no existen las libertades civiles y que los derechos conferidos a las organizaciones de trabajadores y de empleadores se basan en el respeto de las libertades civiles. El Comité ha suscrito plenamente a este principio en reiteradas ocasiones.

&htab;333.&htab;Por consiguiente, el Comité pide encarecidamente a las autoridades que tomen medidas eficaces para restablecer la situación y que envíen información sobre el resultado de los procesos que actualmente se están llevando a cabo con respecto a los homicidios y a las heridas infligidas a los sindicalistas.

&htab;334.&htab;En cuanto a la represión militar y policial de que fueron objeto numerosas categorías de huelguistas, sobre todo en Sâo Paulo y en Volta Redonda, que el Gobierno de Brasil considera como funcionarios o trabajadores de las empresas estatales a los cuales les está prohibido ejercer el derecho de huelga por reivindicaciones salariales, el Comité no puede sino reiterar una vez más la importancia que concede a la huelga como medio legítimo de reivindicación, del cual deberían estar en condiciones de gozar los trabajadores y sus organizaciones en defensa de sus intereses profesionales. Reitera asimismo el principio emitido a este respecto por los órganos de control de la OIT, es decir, que es posible limitar e incluso prohibir el derecho de huelga en la administración pública o en los servicios esenciales, ya sean públicos, semipúblicos o privados, pero que estas limitaciones o prohibiciones perderían todo su sentido si la legislación diese una definición demasiado amplia de la administración pública o de los servicios esenciales. Por consiguiente, el Comité ha señalado en reiteradas ocasiones que la prohibición de la huelga debería limitarse a los funcionarios que actúan en calidad de órganos del poder público o en los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población.

&htab;335.&htab;En opinión del Comité, en las presentes circunstancias no debería negarse el derecho de huelga a los trabajadores de los sectores de que se trata en el presente caso, ya que las huelgas de los trabajadores de estos sectores no ponen en peligro la vida, la seguridad ni la salud de las personas.

&htab;336.&htab;Por consiguiente, el Comité pide al Gobierno que le informe acerca de todas las medidas que tiene pensado tomar para ajustar su legislación a los principios mencionados anteriormente.

&htab;337.&htab;Asimismo, el Comité exhorta al Gobierno que haga todo lo posible por reintegrar en sus puestos de trabajo a los trabajadores despedidos como consecuencia de los conflictos laborales mencionados por los querellantes en el presente caso.

&htab;338.&htab;En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:

a) El Comité deplora la violencia antisindical que resultó en muertes violentas y personas heridas en el curso de enfrentamientos con las fuerzas militares y policiales, las cuales expulsaron a los huelguistas de sectores que el Gobierno considera sin fundamento como esenciales.

b) El Comité pide al Gobierno que tome medidas eficaces para restablecer la situación y que informe acerca del resultado de los procesos que se están llevando a cabo actualmente con respecto a los autores de heridas y homicidios perpetrados contra sindicalistas, sobre todo en Volta Rendonda.

c) El Comité estima que en las circunstancias particulares no debería negarse el derecho de huelga a los trabajadores de los sectores considerados en el presente caso ya que las huelgas declaradas por los trabajadores de estos sectores no ponían en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas. Por consiguiente, el Comité pide al Gobierno que le informe acerca de todas las medidas que considera tomar para poner su legislación en materia de huelga en conformidad con estos principios.

d) El Comité exhorta asimismo al Gobierno que haga todo lo posible para reintegrar en sus puestos de trabajo a los trabajadores despedidos como consecuencia de los conflictos laborales mencionados por los querellantes, sobre todo en la empresa EMBRAER de la industria aeronáutica de Sâo José dos Campos, y que le mantenga informado acerca de la evolución de la situación a este respecto.

&htab;339.&htab;La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) presentó una queja por violación de los derechos sindicales en el Brasil en una comunicación del 23 de enero de 1989. El Gobierno ha transmitido sus observaciones en respuesta a dicha queja en sendas comunicaciones de 3 y 17 de abril de 1989.

&htab;340.&htab;Brasil no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); sí ha ratificado, en cambio, el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;341.&htab;La CIOSL expresa su preocupación ante las disposiciones que se recogen en la nueva Constitución del Brasil de 5 de octubre de 1988, en la que se siguen incluyendo diversos aspectos de la antigua legislación sindical que, según ella, se hallan en contradicción con el Convenio núm. 87 de la OIT.

&htab;342.&htab;La CIOSL reconoce que en la nueva Constitución se han introducido varias disposiciones nuevas para garantizar a los sindicatos una mayor libertad respecto del Estado. No obstante, lamenta comprobar que los dos principios rectores de la estructura corporativista del sindicalismo brasileño siguen siendo los mismos, a saber: la unicidad y los impuestos sindicales.

&htab;343.&htab;En este sentido, en el texto constitucional se establece, de manera contradictoria, que "no se constituirá más de una organización sindical, cualquiera que sea su grado, que represente a la misma categoría profesional o económica sobre una misma base territorial", a la vez que se prohíbe cualquier tipo de intervención de los poderes públicos en los sindicatos y se suprime la necesidad de la autorización del Estado para crear sindicatos. Por otro lado, se determina que la base territorial será definida por los trabajadores, si bien no podrá ser inferior al área de un municipio.

&htab;344.&htab;Por otro lado, al disponerse que "la asamblea general fijará la contribución que, para una categoría profesional dada, se descontará de la paga para financiar el sistema confederal con independencia de la contribución prevista por la ley", el texto constitucional establece no sólo una contribución definida por la asamblea sindical que contemple también las federaciones y confederaciones (al contrario de lo que antes acontecía, en que la contribución asistencial se restringía en su mayor parte a la financiación de los sindicatos), sino que además mantiene la contribución sindical prevista por la ley.

&htab;345.&htab;La CIOSL entiende que el texto constitucional deroga la legislación sindical existente, comprendidos los aspectos relativos a la negociación colectiva, el registro de las organizaciones sindicales y el mantenimiento de la contribución sindical obligatoria.

&htab;346.&htab;Entiende igualmente que la libertad de organización sindical debe estar garantizada y que debe haber una legislación que defina los órganos competentes del registro de las organizaciones sindicales, correspondiendo a los trabajadores la decisión en el caso de existir duplicidad de representación, así como en los casos de definición de la base territorial de la organización sindical ya previstos en el texto constitucional.

&htab;347.&htab;Sin embargo, la CIOSL tiene serias dudas de que ello llegue a ser una realidad en el Brasil por ciertos hechos que se produjeron a raíz de promulgarse la nueva Constitución. Así, explica la CIOSL, el 6 de octubre de 1988, una de las centrales sindicales del Brasil, la Central Unica de Trabajadores (CUT), solicitó al Ministerio de Trabajo el registro y archivo de sus estatutos. Al mismo tiempo, solicitó su registro en el "archivo de títulos y documentos". La CUT sigue este doble procedimiento por tener que constituirse en entidad jurídica y debido a la falta de un órgano competente para su registro.

&htab;348.&htab;Ahora bien, por esas mismas fechas el Ministro de Trabajo a la sazón promulgaba un decreto por el que se reglamentaba provisionalmente el registro de las nuevas organizaciones sindicales, estableciendo un procedimiento a partir de las normas constitucionales que sin duda favorecía la existencia legal de las centrales sindicales.

&htab;349.&htab;No obstante, unos días más tarde, otro Ministro de Trabajo nombrado posteriormente se reunió con la casi totalidad de las confederaciones de empleadores y de trabajadores para discutir sobre la repartición del 20 por ciento de la contribución sindical, que anteriormente se destinaba al Ministerio de Trabajo, y la competencia en materia de registro de nuevas organizaciones sindicales.

&htab;350.&htab;A raíz de dicha reunión, prosigue la CIOSL, el 1.° de noviembre de 1988, el segundo Ministro de Trabajo revocó el decreto ministerial núm. 3280 de su predecesor, difundiéndose a través de varios periódicos del país la convocatoria de un "Consejo nacional de los sistemas confederales de representación sindical", que debía tratar de las cuestiones anteriormente mencionadas del registro de las organizaciones y de la contribución sindical.

&htab;351.&htab;Estos hechos hacen suponer a la CIOSL que, con el apoyo y el acuerdo del Gobierno, se trata de crear una situación en la que se impongan restricciones a la libertad sindical y se creen las condiciones para que la futura legislación mantenga ciertos aspectos de la antigua ley.

&htab;352.&htab;La CIOSL añade que la solicitud de una de las centrales existentes "de hecho" para constituirse en una central sindical "de derecho" no ha recibido aún respuesta alguna por parte de los poderes públicos, lo que no hace sino confirmar la gravedad de la situación actual. Teme, pues, que se esté creando una situación de hecho irreversible, incompatible con los principios de la libertad y la autonomía sindicales.

&htab;353.&htab;En su primera respuesta de 3 de abril de 1989, el Gobierno declara que, bajo la égida de la nueva Constitución, el país vive un período delicado de transición, comprendido todo lo que se refiere a las relaciones político-jurídico-sindicales. Ahora bien, parece que se registra una evolución satisfactoria de las relaciones directas entre los dirigentes empleadores y trabajadores, deseosos tanto unos como otros de superar cualesquiera divergencias eventuales relativas al orden económico y social.

&htab;354.&htab;El Gobierno afirma que debe quedar claro que, en el marco de esta nueva experiencia de las relaciones obreropatronales, el Ministerio de Trabajo actúa de simple árbitro y, necesariamente, de mediador de cualquier debate que pueda suscitarse.

&htab;355.&htab;Habitualmente, prosigue el Gobierno, los interlocutores sociales eran los dirigentes de las confederaciones de empleadores y de trabajadores y los dirigentes que representaban a sectores importantes de la economía nacional. Por eso se ha convocado a las centrales sindicales para que participen en dichos debates, con objeto sobre todo de dar una mayor autenticidad a las negociaciones y a los aspectos generales de interés común.

&htab;356.&htab;El Gobierno asegura que la nueva legislación regulará todos los aspectos de las relaciones políticosindicales y de las relaciones de trabajo manteniendo amplias consultas con las bases con el fin de preservar los principios que se recogen en la Constitución, a saber: el sistema confederal, la preeminencia del sindicato único dentro de una misma zona de actividad, la especificidad de representación de las categorías económicas y profesionales (por sectores: industria, comercio, servicios, etc.), así como de las profesiones autónomas y liberales, y la gestión de la contribución sindical - tal como se prevé en la legislación en vigor - para garantizar el mantenimiento de los servicios y programas de las organizaciones de clase.

&htab;357.&htab;En efecto, según el Gobierno la Constitución federal consagra los principios de la libertad y la autonomía sindicales como el eje de la nueva organización sindical, atribuyendo a sus dirigentes la exclusividad de la gestión de su propio destino, ya se trate de acciones política o de clase o bien de la gestión de carácter interno, comprendida la gestión financiera y patrimonial. La Constitución garantiza, según el Gobierno, la no injerencia y la no intervención de los poderes públicos en la organización sindical, la indisolubilidad de los sindicatos salvo en el caso de fallo judicial en contrario, la afiliación sindical libre y espontánea y, por último, la no necesidad de contar con la autorización del Estado para constituir nuevos sindicatos.

&htab;358.&htab;No obstante, precisa el Gobierno, la Constitución reserva la necesidad del registro de los actos jurídicos para la creación de sindicatos al órgano competente. Esta atribución corresponderá lógicamente al Ministerio de Trabajo en virtud de una tradición que se remonta a hace casi medio siglo y según la cual el tratamiento de estas cuestiones compete a la Secretaría de Relaciones de Trabajo así como a sus delegaciones regionales y estatales, que seguirán garantizando una fiel observancia de los principios constitucionales anteriormente mencionados.

&htab;359.&htab;Por lo que respecta a las huelgas, el Gobierno declara que respetará el principio constitucional, limitándose a garantizar a los huelguistas el derecho a participar pacíficamente en las huelgas con el fin de evitar los accidentes que pudieran resultar como consecuencia de cualquier posible acaloramiento de los ánimos.

&htab;360.&htab;El Gobierno indica, por último, que todas las observaciones de los querellantes serán tomadas debidamente en consideración para que se mantengan unas buenas y fructuosas relaciones con la Central Unica de Trabajadores (CUT).

&htab;361.&htab;En una segunda comunicación de 17 de abril de 1989, el Gobierno añade que los debates que han dado lugar a la adopción de la nueva Constitución se han desarrollado de manera democrática y en una atmósfera de total libertad de expresión. Las partes y los grupos políticos representativos de las distintas tendencias de la sociedad han podido expresar sus puntos de vista, al igual que lo han hecho la opinión pública y el Congreso. La Constitución no ha podido evidentemente recoger todas las opiniones que se han manifestado, las cuales eran forzosamente divergentes y contradictorias pues traducían innumerables aspiraciones procedentes de los sectores más diversos de la sociedad. No obstante, se logró alcanzar un consenso de las opiniones manifestadas durante los meses que precedieron a su promulgación, fusionándolas en el deseo común de promover unas nuevas condiciones sociales, políticas y económicas para el país.

&htab;362.&htab;El Gobierno prosigue enumerando las disposiciones constitucionales contenidas en el capítulo II sobre los derechos sociales (artículos 6 a 9) las cuales reflejan, según afirma, los principios democráticos que han presidido la elaboración de la Constitución, a saber: los derechos sociales a la educación, a la salud, al trabajo, al tiempo libre, a la seguridad, a la previsión social, a la protección de la maternidad y de la infancia y a la asistencia a los más desfavorecidos (artículo 6).

&htab;363.&htab;La Constitución proclama que los derechos de los trabajadores, ya sean del campo o de la ciudad, suponen en particular: la protección contra el despido arbitrario y sin motivo justificado y contra el desempleo, la garantía de un salario mínimo fijado por la ley - unificado en el plano nacional y que permita hacer frente a las necesidades vitales esenciales -, una remuneración del trabajo nocturno superior a la del diurno, la participación en los resultados de la empresa, la noción del salario familiar para quienes tienen personas a cargo, la duración del trabajo normal de ocho horas al día y 44 horas a la semana, la jornada de seis horas para el trabajo en equipo, el descanso semanal remunerado y preferentemente el domingo, las horas extraordinarias remuneradas en un 50 por ciento más, el derecho a las vacaciones anuales remuneradas un tercio por encima del salario normal, la licencia de maternidad sin pérdida de salario durante 120 días, una licencia de paternidad que deberá establecerse por ley, la protección del trabajo de las mujeres mediante la concesión de determinados incentivos, un período de preaviso de despido proporcional al tiempo de trabajo que deberá establecerse por ley pero en ningún caso podrá ser inferior a 30 días, la reducción de los riesgos inherentes al trabajo mediante la adopción de normas mejores en materia de salud, seguridad e higiene, la gratuidad de las guarderías y otros establecimientos preescolares hasta la edad de seis años, el reconocimiento a los convenios y acuerdos colectivos de trabajo, la protección de la ley frente a la automación, la asunción por el empleador del seguro contra accidentes - además de la indemnización que deberá abonar en caso de dolo o falta -, la prohibición de diferencias salariales por un trabajo igual por motivos de sexo, edad o estado civil, la prohibición de toda clase de discriminación que afecte al salario, la prohibición de toda discriminación entre los trabajadores manuales, técnicos o intelectuales o entre las profesiones respectivas, la prohibición del trabajo nocturno, peligroso o insalubre para los menores de 18 años y de todo tipo de trabajo para los menos de 14 años, salvo que sean aprendices (artículo 7).

&htab;364.&htab;El Gobierno prosigue explicando que la Constitución ha consagrado igualmente la libertad de asociación laboral y sindical al disponer, entre otras cosas, que la ley no podrá exigir la autorización gubernativa para crear sindicatos, que el registro de los mismos quedará reservado al órgano competente y que prohibirá a los poderes públicos toda clase de injerencia o intervención en la organización sindical. En ella se estipula asimismo que se prohíbe la creación de más de una organización sindical, cualquiera que sea su grado, para representar una categoría profesional o económica sobre una misma base territorial que se definirá por los trabajadores y empleadores interesados, y que dicha base no será inferior al área de un municipio. La Constitución estipula asimismo que corresponde a los sindicatos la defensa de los derechos e intereses colectivos o individuales de su categoría, comprendidas las cuestiones de carácter judicial o administrativo, que la asamblea general será la que se encargue de fijar la contribución que, para una categoría profesional dada, se descontará de la paga para financiar el sistema confederal, con independencia de la contribución prevista por la ley, y que nadie se verá obligado afiliarse a un sindicato o a permanecer en sus filas. Además, proclama que los sindicatos se someten a la obligación de participar en las negociaciones colectivas de trabajo, a los afiliados se les reconoce el derecho a votar y a ser elegidos como representantes en las organizaciones sindicales, y se prohíbe despedir a cualquier trabajador sindicado tras presentar su candidatura para un cargo de dirección o de responsabilidad sindical o en el caso de ser elegido, incluso como suplente, hasta transcurrido un año de la finalización de su mandato, salvo en el caso de que haya cometido una falta calificada como grave por la ley. Todas estas disposiciones se aplican igualmente a la organización de los sindicatos de agricultura y pesca (artículo 8).

&htab;365.&htab;Por último, concluye el Gobierno, la Constitución consagra el reconocimiento del derecho de huelga y estipula que compete a los trabajadores decidir sobre el ejercicio de dicho derecho y sobre los intereses que podrán defenderse al respecto. En ella se estipula, además, que la ley definirá los servicios o actividades esenciales y regulará el mantenimiento de aquellos que se estimen imprescindibles para la comunidad. Los responsables de cualquier abuso que se cometa quedarán sujetos a las penas previstas por la ley (artículo 9).

&htab;366.&htab;El Comité observa que los alegatos de la CIOSL se refieren esencialmente a la posibilidad de que se impongan restricciones a la libertad sindical de acuerdo con ciertas disposiciones de la Constitución del Brasil recientemente adoptada el 5 de octubre de 1988, aun cuando el texto contiene numerosas mejoras en la materia, y a las dificultades con que ha tropezado una central sindical, la CUT, para ser registrada.

&htab;367.&htab;El Comité toma nota de las garantías dadas por el Gobierno a propósito de la cuestión del registro de la CUT, y en particular de que todas las observaciones de los querellantes se tomarán debidamente en cuenta para mantener con la CUT unas buenas y fructuosas relaciones.

&htab;368.&htab;El Comité entiende, no obstante, que la CUT será registrada en fecha próxima y que, conforme a los principios de la libertad y la autonomía sindicales, disfrutará de todas las prerrogativas de las organizaciones sindicales para la defensa y la promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores afiliados a ella, comprendidos en materia de negociación colectiva las condiciones de empleo y el ejercicio de derecho de huelga.

&htab;369.&htab;El Comité pide, en consecuencia, al Gobierno que le indique si la CUT se halla debidamente registrada y que le mantenga informado de cualquier novedad que se produzca respecto a los principios mencionados en el párrafo precedente.

&htab;370.&htab;Por lo que se refiere a los aspectos de derecho, y en particular a las cuestiones de la unicidad sindical por categoría profesional sobre una base territorial elegida por los trabajadores y los empleadores y de la financiación del sistema confederal, el Comité observa que las opiniones de los querellantes y del Gobierno no concuerdan.

&htab;371.&htab;Por lo que respecta a la primera cuestión, el Comité observa que en el artículo 8 de la Constitución se estipula en efecto: I) que la ley no podrá exigir autorización para crear un sindicato, que reserva el registro a la autoridad competente y prohíbe a los poderes públicos toda clase de injerencia o intervención en la organización sindical. No obstante, en el artículo 8 se estipula igualmente: II) que se prohíbe crear más de un sindicato, cualquiera que sea su grado, para representar a la misma categoría profesional o económica sobre una base territorial que se definirá por los trabajadores y los empleadores interesados, la cual no podrá ser inferior al área de un municipio. En otras palabras, la Constitución misma impone la unicidad sindical por categoría profesional cualquiera que sea el grado de la organización. El Comité estima, por tanto, que esta disposición constitucional no es compatible con los principios de la libertad sindical.

&htab;372.&htab;Por lo que se refiere a la financiación del sistema confederal, el Comité observa que en el artículo 8 de la Constitución se dispone que la asamblea general del sindicato determinará la contribución que, para una categoría profesional determinada, se descontará de la paga para la financiación del sistema confederal, con independencia de la contribución prevista por la ley. Observa igualmente que nadie se verá obligado a afiliarse a un sindicato o a mantener su afiliación. Si bien la Constitución no impone la afiliación obligatoria a un sindicato ni tampoco designa la confederación beneficiaria, impone el pago de lo que los querellantes denominan "impuesto sindical", es decir, el descuento de una contribución sindical de la paga de los trabajadores de las distintas categorías profesionales para financiar el mantenimiento del sistema confederal de representación sindical, si bien reserva a la asamblea general del sindicato la determinación del montante. Por lo demás, mantiene igualmente el principio de la contribución sindical previsto por la ley.

&htab;373.&htab;El Comité estima que las cuestiones relativas a la financiación de las organizaciones sindicales, tanto por lo que respecta a sus propios presupuestos como a los de las federaciones y confederaciones, deberían regularse por los estatutos de los sindicatos, federaciones y confederaciones, por lo que la imposición de cotizaciones por medio de la Constitución o por vía legal no es conforme con los principios de la libertad sindical.

&htab;374.&htab;En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración que apruebe las recomendaciones siguientes:

a) En lo que respecta a la Central Unica de Trabajadores (CUT), el Comité entiende que dicha Central será debidamente registrada en fecha próxima y que disfrutará de todas las prerrogativas de las organizaciones sindicales para la defensa y la promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores afiliados a ella, comprendidos los derechos en materia de negociación colectiva y de huelga.

b) El Comité pide al Gobierno que le indique si la CUT ha sido debidamente registrada y que le mantenga informado de cualquier novedad que se produzca al respecto.

c) El Comité, a la vez que observa con interés que gracias a varias disposiciones de la nueva Constitución se ha introducido una mayor libertad de los sindicatos respecto del Estado, estima que las disposiciones del artículo 8 de la Constitución del Brasil de 5 de octubre de 1988, relativas a la prohibición de crear más de un sindicato por categoría profesional o económica, cualquiera que sea el grado de la organización, sobre una base territorial dada que no podrá ser inferior al área de un municipio, y a la financiación del sistema confederal, no están en conformidad con los principios de la libertad sindical.

d) El Comité entiende que una legislación sindical conforme a los principios contenidos en el convenio, en particular el derecho de los trabajadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes, tanto por categorías profesionales como a nivel de empresa, y del derecho de las organizaciones de trabajadores a elaborar libremente sus propios estatutos y organizar su gestión, sobre todo en materia de financiación del sistema confederal, se adoptará en plazo breve.

e) El Comité recuerda que la OIT está a la disposición del Gobierno, si éste lo desea, para prestar su asistencia a la preparación de dicha legislación.

&htab;375.&htab;La queja del Congreso del Trabajo del Canadá (CLC), que figura en una comunicación de fecha 15 de febrero de 1988, se presenta en nombre de nueve organizaciones sindicales afiliadas a los Sindicatos Asociados de Ferrocarriles (ARU). El Gobierno envió sus observaciones en una carta recibida el 29 de noviembre de 1988. El 31 de enero de 1989, el Congreso del Trabajo del Canadá pidió un aplazamiento con el fin de someter una respuesta a las observaciones del Gobierno. Sin embargo, en otra comunicación de 5 de mayo de 1989, el querellante indicó que no presentaría una respuesta y pidió que el Comité examine el caso.

&htab;376.&htab;El Canadá ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); no ha ratificado el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;377.&htab;En su queja, el CLC alega que el Gobierno violó el Convenio núm. 87 al promulgar la ley de 1987 sobre mantenimiento de los servicios de ferrocarril con miras a terminar una huelga legal de los Sindicatos Asociados de Ferrocarriles (ARU) en un sector de servicios no esenciales que no ponía en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de toda o parte de la población canadiense y que el Gobierno declara plenamente conforme con el Código de Trabajo del Canadá. El CLC estima que la intervención del Gobierno constituye una injerencia innecesaria e injustificada en la libre negociación colectiva que privaba a los sindicatos de ferrocarriles de su único medio de presión económica. En anexo a la queja del CLC acompaña un documento con los antecedentes de la situación y describiendo cronológicamente los hechos conducentes a la adopción de la ley de 1987 sobre mantenimiento de los servicios de ferrocarriles.

&htab;378.&htab;En su respuesta detallada el Gobierno pone primero de relieve la importancia histórica, social, económica y política de los ferrocarriles en el Canadá, principalmente en razón de factores geográficos (grandes distancias, baja densidad de población, y diversas condiciones de carácter topográfico y de clima riguroso). Según el Gobierno, la historia del Canadá es en gran parte la historia de su servicio de ferrocarriles y añade que: "sin ferrocarriles no habría ni podría haber habido Canadá".

&htab;379.&htab;El Gobierno especifica luego el contenido de la legislación federal del trabajo aplicable en virtud de la Constitución a los servicios de ferrocarriles. El procedimiento jurídico relativo a la renovación de los convenios colectivos se establece en el Código de Trabajo del Canadá. Dentro de un plazo de tres meses antes de que expire un convenio, una de las partes en el mismo puede notificar su deseo de entablar negociaciones colectivas. Después de un período de negociaciones directas (que permite firmar entre 25 y 35 por ciento de los convenios) una de las partes puede notificar la existencia de un conflicto al Ministro de Trabajo, que a su vez puede elegir entre varias opciones pero que suele designar a un conciliador para prestar asistencia a las partes interesadas. Si éstas no consiguen llegar a un acuerdo en esta fase del procedimiento, el Ministro puede ampliar el procedimiento de conciliación y designar a un comisionado o una junta encargada de la conciliación, o terminar la conciliación dando la posibilidad a los interesados de declarar legalmente una huelga o un cierre patronal. Estos tienen el derecho de declarar una huelga o un cierre dentro de un plazo de siete días después de la terminación de la conciliación. El Ministro puede entonces, con carácter discrecional, designar en cualquier momento a un mediador para prestar asistencia a las partes interesadas y así lo hace normalmente cuando éstas indican que una mediación contribuiría a la solución de sus negociaciones.

&htab;380.&htab;Muchos de los conflictos se resuelven en la fase de conciliación por medio de una negociación colectiva libre, y la intervención del Gobierno para imponer soluciones es relativamente poco frecuente. Según el Gobierno, así ocurre solamente cuando se han agotado los recursos de solución de un conflicto y cuando la continuación de este último puede tener consecuencias graves para los intereses nacionales, en cuyo caso el Gobierno examina la posibilidad de promulgar una legislación especial de urgencia. Cuando se produce un caso de esta naturaleza, el objetivo de la legislación no sólo es terminar el paro, sino establecer un mecanismo que permita una solución final de todos los conflictos pendientes.

&htab;381.&htab;El Gobierno pone de relieve las circunstancias por las cuales la economía del Canadá depende tanto de los transportes por ferrocarril: extensa superficie del país; pautas de desarrollo económico y de industrialización; dispersión geográfica de los recursos; baja densidad demográfica; condiciones climáticas rigurosas; y, en muchos casos, ausencia virtual de otras posibilidades económicas viables para sustituir el transporte por ferrocarril. El Gobierno sostiene que por todas estas razones la economía del Canadá depende más que la mayor parte de las naciones industrializadas de una infraestructura extensiva de transportes en la que los ferrocarriles son un factor clave. Una huelga en los ferrocarriles tiene un efecto casi inmediato en la continuación de las actividades de una amplia gama de industrias y de empleadores.

&htab;382.&htab;Tal vez el sector que mejor ilustre estas consecuencias de gran alcance sea el de la producción de grano, cuya exportación produce ingresos de 3 900 millones de dólares. La venta de grano depende de un sistema integrado de transportes y de manipulación del mismo: ferrocarriles, camiones, operaciones de izado, almacenamiento en granjas, puertos, elevadores en el punto de embarque y transporte marítimo, incluida la ruta marítima del San Lorenzo en el Este. La interrupción de una de estas actividades repercute en el desarrollo de las actividades y la eficiencia económicas y, por ende, en la viabilidad y la situación del empleo en otros medios de transporte. Los miles de productores de grano en las provincias de llanuras y también en Ontario y Quebec que trabajan para el mercado interno y las exportaciones se ven perjudicados por un cierre de la red de transportes por ferrocarril. Las principales terminales de almacenamiento de grano para las exportaciones, en Prince Rupert y Vancouver, en la costa occidental, así como en Thunder Bay, en que funciona una de las principales instalaciones de manipulación de granos del mundo occidental, dependen exclusivamente del transporte por ferrocarril, de la misma manera que 2 000 instalaciones de almacenamiento primario en las provincias de llanuras. Muchos puntos de almacenamieto a lo largo de la ruta marítima del San Lorenzo y de las provincias atlánticas forman parte del sistema de exportación de grano. Se utilizan unos 7 000 vagones por semana para el transporte de grano de las llanuras; en un año reciente de cosecha las exportaciones de grano y cereales alcanzaron 30,2 millones de toneladas.

&htab;383.&htab;La industria de grano es un ejemplo de la importancia que los ferrocarriles representan para la economía del Canadá. Las instalaciones de carga a granel, que son un componente principal del comercio exterior, representan un 50 por ciento del tonelaje transportado por ferrocarril; las exportaciones por ferrocarril representan 20 por ciento del valor de las exportaciones. En último término, la interrupción del tráfico ferroviario menoscaba la capacidad del Canadá como abastecedor de recursos y bienes, y la misma viabilidad económica de la industria del ferrocarril se ve también amenazada en cuanto a si podrá cumplir el papel esencial que le corresponde y del que tanto depende la economía del Canadá. Una huelga en esta industria conduce a pérdidas de empleo y pérdidas de ingresos importantes, y la parte que esta industria representa en el mercado y que ya ha disminuido puede verse gravemente perjudicada si los usuarios del ferrocarril buscan otros medios de transporte de bienes y productos, lo cual entraña una pérdida de tráfico que a veces es irreversible.

&htab;384.&htab;En lo que se refiere más concretamente a las negociaciones celebradas en 1986 y 1987, el Gobierno pone de relieve la estructura especialmente compleja de las negociaciones en aquel entonces. Por parte de los empleadores, dos empresas importantes, Canadian National (CN) y Canadian Pacific (CP), decidieron participar conjuntamente en las negociaciones, pero también negociaron en nombre de sus filiales. Por parte de los sindicatos, ARU defendió los intereses del personal de trenes (mecánicos, conductores y empleados), los trabajadores ocupados en oficinas, almacenes, operaciones de mantenimiento de las vías y empleados de señales, así como de dos sindicatos de servicios afines (camioneros y electricistas). Para complicar el asunto, sólo siete de los nueve sindicatos afiliados negociaron con ambas empresas por conducto de ARU; los otros dos sindicatos participaron en las negociaciones de ARU con una empresa de ferrocarriles y por separado con la otra. Según el Gobierno, esta fragmentación por parte de los sindicatos creó dificultades evidentes para la negociación. El funcionario de conciliación designado por el Ministro de Trabajo estimó que la negociación era más compleja de lo habitual, en parte debido a la estructura de la negociación y en parte a los puntos de vista diametralmente opuestos de las partes en la negociación.

&htab;385.&htab;Al comprobarse que el funcionario de conciliación no podía ayudar a las partes a llegar a un acuerdo, el Ministro, teniendo presente la importancia de la industria del ferrocarril para la economía del Canadá, designó a un comisionado de conciliación que también llegó a la conclusión de que la estructura de la negociación agravaba la solución de los temas esenciales. En su informe, publicado el 10 de agosto de 1987, consideró todos los componentes principales del conflicto y recomendó un convenio de dos años con aumentos de 3 por ciento cada año. Durante este período, al mismo tiempo que aumentaba la inquietud en el país, los medios de comunicación publicaban abundantes noticias sobre una huelga inminente, y la situación se agravó con la publicación del informe del comisionado de conciliación sobre los conflictos con otras unidades de negociación de los ferrocarriles y su adquisición del derecho de huelga.

&htab;386.&htab;A petición de las partes interesadas, el Ministro designó a un mediador el 14 de agosto de 1987. Piquetes de huelga empezaron a funcionar en algunos lugares el 18 de agosto y ARU declaró una huelga nacional el 23 de agosto, después de la interrupción de las negociaciones a pesar de la intervención del mediador. En el primer día de la huelga, el Ministro envió un telegrama a las partes en el conflicto notificándoles que el Gobierno no podía ni quería tolerar el cierre del principal sistema de transportes del país y pidiendo que las comisiones de negociación reanudaran su actividad con asistencia de su Viceministro adjunto como último intento de mediación.

&htab;387.&htab;Las reuniones empezaron en medio de lo que el Gobierno considera como "un diluvio de demandas en el país" y cita varios ejemplos de las mismas. El 27 de agosto, poco después de que el mediador anunciara que no podía llegarse a un acuerdo, el Ministro promulgó una legislación sobre reanudación del trabajo en forma de ley de 1987 sobre mantenimiento de los servicios de ferrocarril (proyecto de ley C-85), que la Cámara de Diputados adoptó a las 2 de la mañana del 28 de agosto.

&htab;388.&htab;El proyecto de ley C-85 disponía que al entrar en vigor la parte I de la ley (la única relacionada con esta queja) las empresas ferrocarrileras tenían que reanudar su actividad, y los trabajadores sindicados en huelga se obligaban a reasumir las obligaciones de su empleo. Los convenios colectivos que habían expirado se prolongaron hasta el 31 de diciembre de 1988 para que los trabajadores continuaran teniendo derecho a las prestaciones y garantías que ofrecían, y se designó un árbitro para resolver las cuestiones en conflicto entre las partes. La ley disponía además que las partes tenían derecho a ponerse de acuerdo para modificar toda disposición del convenio colectivo (distinta de su fecha de expiración) incluso una que había recomendado el árbitro. Se fijaban sanciones económicas para los casos de violación de la ley, aplicables tanto a los empleadores como a los sindicatos.

&htab;389.&htab;Después de la adopción del proyecto de ley C-85, las dificultades que entorpecían las negociaciones desde un principio continuaron menoscabando un diálogo constructivo y, finalmente, a pesar de que la legislación hubiera previsto que el procedimiento de arbitraje duraría solamente 60 días en total, se precisaron casi 11 meses para resolver los problemas creados por el estancamiento original de la negociación. En el momento en que se publicó el laudo final, la vigencia del convenio colectivo en vigor sólo era de cinco meses y medio y las partes en el mismo tenían que reanudar las negociaciones en un plazo inferior a tres meses. Es imposible determinar si el período que fue necesario para resolver estas seis cuestiones debe atribuirse a su complejidad o a la incapacidad de las partes para hacer un esfuerzo sincero y resolverlas antes de recurrir a la huelga. Sin embargo, es evidente que de no haber intervenido el Gobierno las partes estaban dispuestas a imponer a la población del país los efectos devastadores de una huelga prolongada en razón de sus divergencias personales.

&htab;390.&htab;Finalmente, el Gobierno estima que los ferrocarriles siempre han sido y continúan siendo muy importantes para el bienestar de la población del Canadá. La existencia de muchas comunidades pequeñas depende de los ferrocarriles. Los productores de varios bienes esenciales, como los productores de grano de la zona occidental, sólo tienen esta posibilidad para asegurar el transporte de sus productos a los mercados. En los grandes centros urbanos, los servicios de transporte entre el lugar de trabajo y el de residencia son esenciales para muchas personas. En razón de la interdependencia de la red de transportes canadienses, el empleo de trabajadores en otras industrias depende del buen funcionamiento de los ferrocarriles. Las pérdidas de ingresos personales a que se exponen estas personas como consecuencia de una huelga de los ferrocarriles no pueden recuperarse fácilmente cuando termina el conflicto. Por consiguiente, una huelga en los ferrocarriles tiene efectos de gran alcance en la vida de otros muchos canadienses.

&htab;391.&htab;El Gobierno ha hecho lo posible por conseguir una solución negociada designando a un funcionario de conciliación, un comisionado de conciliación y un mediador. Por otra parte, el Ministro dió a las partes en la negociación una última oportunidad de resolver sus divergencias mediante la negociación al ofrecerles la asistencia de su Viceministro adjunto, pero nada indica que una de las partes estuviera dispuesta a modificar su punto de vista por larga que fuera la duración de la huelga.

&htab;392.&htab;El Gobierno siempre ha abogado y continúa abogando por una negociación colectiva libre, pero se vio obligado a intervenir en el derecho de las partes a negociar libremente sus convenios colectivos por consideraciones de bienestar general de los demás miembros de la sociedad y de su derecho a una vida normal. Habida cuenta de las pruebas existentes, era improbable que las partes consiguieran llegar a una solución negociada en un futuro previsible y el Gobierno se vio obligado a intervenir en defensa del interés público. La ley de 1987 sobre mantenimiento de los servicios de ferrocarril se elaboró de manera que interviniera lo menos posible en las relaciones entre las partes interesadas. El derecho de huelga sólo se suspendió temporalmente y los convenios colectivos se prolongaron solamente hasta el 31 de diciembre de 1988, es decir, por un período de unos 16 meses. Las partes tuvieron derecho a presentar peticiones de negociación para su renovación en cualquier momento después del 1.° de octubre de 1988. Se designó a un árbitro para resolver los asuntos pendientes en el conflicto entre las partes, y sus laudos sobre varias cuestiones se publicaron entre febrero y julio de 1988. Incluso durante la vigencia de la prolongación de los convenios colectivos, las partes tuvieron la posibilidad de ponerse mutuamente de acuerdo para modificar cualesquiera de sus disposiciones.

&htab;393.&htab;El Gobierno reconoce que la ley de 1987 sobre mantenimiento de los servicios de ferrocarril limita temporalmente el derecho de huelga de los Sindicatos Asociados de Ferrocarriles. Sin embargo, estima que estos límites se ajustaban y se ajustan a los principios generales, ratificados por el Canadá, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). La única finalidad del Gobierno al promulgar esta legislación fue proteger el bienestar de amplios estratos de la población del Canadá contra los efectos perjudiciales graves de un conflicto que las partes en el mismo habían demostrado ser incapaces de resolver por sí mismas.

&htab;394.&htab;El querellante alega que el Gobierno ha violado el derecho de huelga de los trabajadores de ferrocarriles del Canadá al adoptar la ley de 1987 sobre mantenimiento de los servicios de ferrocarril. Por su parte, el Gobierno subraya los efectos devastadores que tendría una huelga general prolongada en muchos sectores esenciales de la economía del Canadá: declara que su único objetivo era proteger el bienestar de amplios estratos de la población y que se vio obligado a actuar para el bien público.

&htab;395.&htab;El Comité toma nota de que el querellante y el Gobierno están en general de acuerdo sobre los acontecimientos que condujeron en agosto de 1987 a la declaración de la huelga y a la adopción de una legislación sobre reanudación del trabajo, aunque el Gobierno critique a las partes interesadas por su actitud intransigente y su incapacidad para negociar un acuerdo, así como, en menor grado, la complejidad de la estructura de las negociaciones. El Comité advierte que el Gobierno utilizó todos los medios legales de que disponía para promover una solución negociada pero que no lo consiguió. Sean cuales fueren los motivos subyacentes inmediatos del conflicto, el Comité toma nota de que ARU, plenamente de conformidad con el Código de Trabajo del Canadá, declaró el 24 de agosto de 1987 una huelga legal que duró cinco días hasta que el proyecto de ley sobre mantenimiento de los servicios de ferrocarril se convirtió en ley.

&htab;396.&htab;Hace ya mucho tiempo que el Comité estableció el principio de que el derecho de huelga es uno de los medios legítimos y esenciales al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones en defensa de sus intereses económicos y sociales [ Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT , tercera edición, párrafos 362 y 363, y casos citados].

&htab;397.&htab;También se ha establecido firmemente que la imposición por vía legislativa del arbitraje obligatorio en sustitución de la huelga como medio de solución de los conflictos de trabajo sólo podría justificarse en el marco de un número limitado de situaciones: funcionarios públicos o trabajadores de los servicios esenciales en el sentido estricto del término, es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población [ Recopilación , loc. cit. , párrafo 387], a reserva de que estos trabajadores tengan acceso a procedimientos adecuados, como la conciliación y el arbitraje, en los que las partes interesadas puedan participar en todas las etapas y en que los fallos sean de obligado cumplimiento para ambas partes y se cumplan plena y prontamente [202.° informe, caso núm. 971, párrafo 210, Canadá].

&htab;398.&htab;El Comité ya ha tenido que examinar si una actividad o empresa dada constituye un servicio esencial con arreglo al criterio arriba mencionado. No hay ni puede haber una norma rígida e inmediata que permita determinarlo: lo que se entiende por servicios esenciales en el sentido estricto de la palabra depende en gran medida de las condiciones propias de cada país. Por otra parte, este concepto no es absoluto puesto que un servicio no esencial puede convertirse en servicio esencial cuando la duración de una huelga rebasa cierto período o cierto alcance y pone así en peligro la vida, la seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población. El Comité ha declarado ya en el pasado que las huelgas pueden limitarse e incluso prohibirse en la función pública, los servicios esenciales o un sector clave para la economía del país, porque - y en la medida en que - un paro de trabajo puede provocar graves perjuicios para la colectividad nacional [194.° informe, caso núm. 893, párrafo 114, Canadá, Alberta]. Más recientemente, el Comité ha reiterado en los términos siguientes este principio fundamental, en un caso relativo a Colombia Británica: cuando la suspensión total y prolongada del trabajo de un sector importante de la economía pueda provocar una situación que ponga en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población, podría ser legítimo impartir a determinada categoría de personal la orden de reanudar el trabajo si, por su magnitud y duración, la huelga pudiera provocar dicha situación. En cambio, exigir que se reanude el trabajo en los casos no comprendidos bajo esta condición es contrario a los principios de la libertad sindical (caso núm. 1430, 256.° informe, párrafo 189). El Comité también recuerda que en varias ocasiones ha llegado a la conclusión de que los transportes no pueden, en general, incluirse en la categoría de los servicios esenciales [ Recopilación , párrafo 407, y casos citados].

&htab;399.&htab;En este caso, los argumentos del Gobierno se basan esencialmente en consideraciones económicas. Reconoce abiertamente que la ley de 1987 sobre mantenimiento de los servicios de ferrocarril limita temporalmente el derecho de huelga que se reconoce a los miembros de los Sindicatos Asociados de Ferrocarriles, pero aduce que se vio obligado a actuar para el bien público. Es indudable que fuertes presiones del público obligaron al Gobierno a adoptar la legislación sobre reanudación del trabajo, pero el Comité recuerda que rechazó argumentos económicos análogos en casos comparables aunque no idénticos [217.° informe, caso núm. 1099, párrafo 470; 234.° informe, caso núm. 1255, párrafo 190, Noruega] y en un caso relativo al serviciode correos del Canadá [202.° informe, caso núm. 931, párrafo 211].

&htab;400.&htab;Por otra parte, en el presente caso sólo se permitió que la huelga durara cinco días antes de que el Gobierno decidiera adoptar una legislación sobre reanudación del trabajo. La ley limitó con carácter inmediato una huelga declarada de conformidad con la legislación, a saber, el derecho de huelga garantizado a los trabajadores de los servicios de ferrocarriles por la legislación federal. En todo caso, y a pesar del período de casi once meses que fue necesario después de la promulgación de la ley para resolver los problemas creados por el callejón sin salida a que se había llegado en un principio, la ley de 1987 sobre mantenimiento de los servicios de ferrocarril no parece contribuir al establecimiento de relaciones de trabajo armoniosas, que deberían basarse en un marco legislativo estable y seguro que respete los principios de la libertad sindical.

&htab;401.&htab;El Comité comprende, dada la situación especial de los transportes por ferrocarril en el Canadá, que una suspensión total y prolongada de los servicios de ferrocarril puede conducir a una situación de grave urgencia nacional que puede poner en peligro el bienestar de la población y, en determinadas circunstancias, justificarla intervención del Gobierno, por ejemplo mediante el establecimiento de un servicio mínimo. A ese respecto, tanto el Comité como la Comisiónde Expertos han estimado en ocasiones anteriores que parece legítimo que un servicio mínimo pueda establecerse en casos de huelgas cuya extensión y duración pudieran provocar una situación de crisis nacional aguda tal que las condiciones normales de existencia de la población podrían estar en peligro. Para ser aceptable, un servicio mínimo debería limitarse a las operaciones estrictamente necesarias para no comprometer la vida o las condiciones normales de existencia de toda o parte de la población y debería posibilitar, por otra parte, en lo que se refiere a su determinación, la participación de las organizaciones de trabajadores así como de los empleadores y de las autoridades públicas [ Recopilación , loc. cit. , párrafo 415; Estudio general de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones "Libertad Sindical y Negociación Colectiva", OIT, 1983, párrafo 215]. Como el Comité ha puesto de relieve en un caso reciente, la participación de los empleadores y de los trabajadores en la definición de los servicios esenciales no sólo permite un intercambio detenido de puntos de vista sobre lo que en una situación concreta puede considerarse como servicios mínimos limitados a lo estrictamente indispensable, sino que también contribuye a garantizar que el alcance de los servicios mínimos no tenga por resultado que la huelga sea inoperante en la práctica en razón de su escaso impacto, así como disipar posibles impresiones de las organizaciones sindicales en el sentido de que una acción de huelga se ha visto frustrada en razón de servicios mínimos concedidos demasiado ampliamente y fijados unilateralmente [caso núm. 1392, España, 244.° informe, párrafo 154].

&htab;402.&htab;En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las siguientes recomendaciones:

a) El Comité toma nota de que la huelga de agosto de 1987 en el sector de los ferrocarriles se declaró en plena conformidad con el Código de Trabajo del Canadá y de que la ley de 1987 sobre mantenimiento de los servicios de ferrocarril, que puso término a esta huelga, se adoptó según el Gobierno con el fin de ordenar la reanudación del trabajo en los ferrocarriles con miras a prevenir graves perjuicios para la comunidad, en vista de que todos los mecanismos existentes de conciliación y mediación no habían permitido una solución negociada.

b) El Comité toma nota de que la ley de 1987 sobre mantenimiento de los servicios de ferrocarril prolongó el convenio colectivo por un período de 16 meses, e impuso una solución de ese conflicto complejo mediante un procedimiento de conciliación y arbitraje, y señala a la atención del Gobierno las consideraciones formuladas más arriba sobre el mantenimiento de relaciones de trabajo armoniosas.

c) El Comité estima que no están en conformidad con los principios de la libertad sindical las disposiciones de la ley de 1987 sobre mantenimiento de los servicios de ferrocarril que ordenan la reanudación del trabajo en los ferrocarriles cinco días después del comienzo de una huelga e instituye un arbitraje obligatorio en circunstancias que no ponen en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población del Canadá.

d) El Comité pide al Gobierno que tenga a bien mantenerle informado de la situación de las relaciones de trabajo en el sector de los transportes por ferrocarril después de la promulgación de la ley de 1987 sobre mantenimiento de los servicios de ferrocarril.

&htab;403.&htab;El Comité de Libertad Sindical ha examinado el presente caso en varias ocasiones y por última vez en su reunión de noviembre de 1988, en la que presentó un informe provisional al Consejo de Administración [véase 259.° informe, párrafos 360 a 425, aprobado por el Consejo de Administración en su 241. a reunión (noviembre 1988)].

&htab;404.&htab;Desde entonces la OIT ha recibido de los querellantes las comunicaciones siguientes: Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL): 5 de octubre de 1988, 31 de enero, 24 de abril y 11 de mayo de 1989; Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza (CMOPE): 27 de febrero de 1989; Sindicatos de Trabajadores de Empresa Compañía de Seguros Generales S.A. y Vida S.A.: 13 de diciembre de 1988 y Federación Sindical Mundial: 25 de abril de 1989. El Gobierno ha enviado sus observaciones en comunicaciones de: 2 de febrero, 21 de marzo, 12 y 24 de mayo de 1989.

&htab;405.&htab;Chile no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), ni el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;406.&htab;En su 241. a reunión de noviembre de 1988, el Consejo de Administración aprobó las recomendaciones siguientes:

- en cuanto a la prohibición de entrar al país que pesaba sobre varios sindicalistas, y a la luz del decreto supremo exento núm. 303, que puso término a las prohibiciones de entrada al país de orden administrativo, el Comité pedía al Gobierno que le informase si los sindicalistas Rolando Calderón Aránguiz, Hernán del Canto Riquelme y Mario Navarro han podido beneficiarse de las disposiciones de dicho decreto, y sobre la evolución del proceso de readquisición de la nacionalidad chilena del sindicalista Luis Meneses Aranda;

- el Comité tomaba nota con preocupación de la condena a penas de relegación y a pena remitida de los dirigentes sindicales Manuel Bustos, Arturo Martínez y Moisés Labraña y enfatizaba que la detención y condena de los dirigentes sindicales por actividades relacionadas con la defensa de los intereses de sus mandantes atenta contra el libre ejercicio de los derechos sindicales; pedía al Gobierno que le mantenga informado de cualquier cambio que se produjese en la situación judicial de estos dirigentes sindicales;

- en cuanto a la detención del periodista Juan Pablo Cárdenas, el Comité tomaba nota de que el Sr. Cárdenas fue liberado el 30 de mayo de 1988, después de cumplido el plazo legal de detención, pedía al Gobierno que le informase de la situación judicial actual del Sr. Cárdenas, en particular sobre si se seguirá un proceso judicial por los supuestos hechos que motivaron su detención; - en cuanto a los incidentes ocurridos en las ciudades de Valparaíso e Iquique con motivo de las celebraciones del Primero de Mayo, el Comité expresaba su preocupación por la manera en que se desvirtuaron las celebraciones del Día Internacional del Trabajo en ambas ciudades; asimismo tomaba nota de las contradicciones existentes entre los alegatos de los querellantes y las observaciones facilitadas por el Gobierno sobre los acontecimientos ocurridos en ambas ciudades; el Comité pedía al Gobierno que le informase sobre el juicio que se le seguía al dirigente Florencio Valenzuela y sobre los procesos judiciales iniciados por el Colegio de Profesores de Iquique y por la Policía de Carabineros respectivamente, que se ventilan en la Fiscalía Militar;

- en cuanto a las alegadas amenazas y persecuciones de que serían objeto los trabajadores de la empresa Curtiembre Interamericana que se encontraban incorporados al proceso de negociación colectiva, el Comité observaba que dichos trabajadores no habían presentado denuncias sobre estos supuestos hechos ante las autoridades del trabajo; el Comité pedía al Gobierno que le informase sobre la evolución del proceso de negociación colectiva;

- en cuanto a los diferentes alegatos presentados por la CTGACH, el Comité, al tiempo que tomaba nota de las detalladas informaciones enviadas por el Gobierno sobre estos alegatos, solicitaba observaciones específicas sobre las alegadas prácticas antisindicales en el sector, tales como presiones de los empleadores para impedir la sindicalización, alegadas prácticas desleales cuando se trata de entablar un proceso de negociación colectiva y sobre el despido masivo de trabajadores en el sector cuando intentan organizarse; asimismo en cuanto al despido de los dirigentes sindicales Luis Benítez del Sindicato Interempresa de Trabajadores del Arte Culinario, del Sr. Angel Catalán del Sindicato de Trabajadores de la empresa COPASIN y del Sr. Juan Montalbán dirigente del Sindicato Interempresa de Trabajadores de la Industria Gastronómica y Hotelera de la Región Metropolitana, el Comité pedía al Gobierno que le mantuviera informado de la evolución de los procesos judiciales en reintegro interpuestos por dichos dirigentes;

- en cuanto a los despidos de un número de trabajadores y de 17 dirigentes sindicales en la empresa estatal de ferrocarriles después de la realización de una huelga, el Comité, al tiempo que tomaba nota de las observaciones del Gobierno de que el 1. o de agosto de 1988 se habían recontratado 39 trabajadores de los 101 despedidos, solicitaba al Gobierno informaciones sobre la evolución de la demanda judicial en reintegro emprendida por los trabajadores despedidos y sobre las posibilidades de reintegro de los 17 dirigentes sindicales despedidos.

&htab;407.&htab;La CIOSL, en comunicación de fecha 5 de octubre de 1988, adjunta una carta enviada por los dirigentes del Sindicato Interempresa Funcionarios de Educación de la Quinta Región (SIFE), quienes alegan prácticas desleales y divisorias ejercidas por la Corporación Municipal de Viña del Mar al crear un organismo paralelo, designando a sus dirigentes y presionando al personal no docente para que se desafilien del Sindicato. Además se obstaculiza el descuento de las cuotas sindicales por planilla de los nuevos afiliados. El SIFE expresa que ha denunciado estos hechos y que presentará un recurso de protección ante los tribunales, en favor de la organización y del personal no docente.

&htab;408.&htab;En otra comunicación de fecha 31 de enero de 1989, la CIOSL alega que el Ministerio de Economía intenta inhabilitar a los máximos dirigentes del Colegio de Profesores, Sres. Osvaldo Verdugo y Jorge Pavez, presidente y secretario respectivamente; además de ser consejeros nacionales de la CUT. El querellante sostiene que la inhabilitación se pretende a través de leyes inconsultas que están en conflicto con los principios de la libertad sindical ya que se impide al profesorado sindicalizarse obligándolos a constituir una asociación gremial, con lo que se pretende separar al Colegio de Profesores de la CUT.

&htab;409.&htab;En comunicación de fecha 24 de abril de 1989, la CIOSL denuncia que con motivo de una convocación de huelga general hecha por la CUT el 18 de abril, con el fin de solicitar el término de las relegaciones de los dirigentes Bustos y Martínez, término a las privatizaciones de las empresas del Estado y respuesta a un pliego de peticiones, el Ministerio del Interior procedió a requerir judicialmente a los dirigentes de la CUT por infringir la ley de seguridad interior del Estado al convocar dicha huelga. Los dirigentes requeridos son: Diego Olivares, presidente subrogante, Nicanor Araya, secretario general y Moisés Labraña, Sergio Aguirre y Manuel Jiménez, consejeros. La CUT, y particularmente los dirigentes afectados han rechazado reiteradamente la violencia antes y durante el desarrollo de la huelga.

&htab;410.&htab;En comunicación de fecha 11 de mayo de 1989, la CIOSL envía informaciones complementarias referentes a los cinco dirigentes sindicales nacionales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que han sido requeridos por el Ministerio del Interior por convocar una huelga nacional el 18 de abril, quienes se han presentando en dos oportunidades a declarar ante el Ministro sumariante. El Tribunal decidió dejar sin efectos dos de las tres figuras delictivas que invocaba el Ministerio del Interior y la encargatoria de reo a tres de los cinco dirigentes: Diego Olivares, Nicanor Araya y Sergio Aguirre, quienes ya han sido notificados por el Tribunal.

&htab;411.&htab;La Federación Sindical Mundial, en comunicación de fecha 25 de abril de 1989, denuncia asimismo que con motivo de la Convocación del Día Nacional de Protesta por la CUT, el 18 de abril de 1989, el Gobierno suprimió violentamente dicha manifestación y detuvo a los dirigentes sindicales de la CUT, Sres. Diego Olivares, Nicanor Araya, Sergio Aguirre, Moisés Labraña y Manuel Jiménez. Los dirigentes detenidos serán llevados ante los tribunales.

&htab;412.&htab;El Sindicato de Trabajadores de Empresa Compañía de Seguros La Previsión, en comunicación de fecha 13 de diciembre de 1988, señala que el directorio de la empresa está compuesto por trabajadores que representan a los trabajadores del Banco del Estado de Chile, quienes ostentan representación sindical, y designan al gerente de la compañía. El querellante expresa que el producto de todas las transgresiones a los derechos de los trabajadores, el sindicato resolvió hacer pública una protesta dirigiéndose al Banco Estatal de Chile. Por otra parte el querellante señala que el 13 de septiembre de 1988, encontrándose el trabajador Luis Morales Cruz en las puertas del citado Banco, fue increpado por el director de la empresa en representación de los trabajadores del Banco del Estado, señalándole que debería atenerse a las consecuencias; así el día 15 de septiembre el Sr. Morales Cruz fue notificado de desahucio patronal. Los motivos del desahucio fue el haber desarrollado labores sindicales.

&htab;413.&htab;El querellante señala además que la empresa desconoce lo pactado desde 1981 en relación al reconocimiento de la antigüedad en el servicio, a fin de que al término de la relación laboral se pagase íntegramente esta prestación. Por otra parte, el querellante alega el traslado del director del sindicato, Sr. Gerardo Araya Ramírez, a un puesto sin funciones específicas, impidiéndosele el cumplimiento de sus labores habituales. Se hizo un reclamo de tal situación ante la Inspección Provincial del Trabajo, y la Empresa ha continuado con dicha práctica.

&htab;414.&htab;En comunicación de fecha 27 de febrero de 1989, la CMOPE alega que el Gobierno a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, trata de invalidar la elección de los dirigentes del Colegio de Profesores, Sres. Osvaldo Verdugo y Jorge Pavez, presidente y secretario general respectivamente, solicitando, en base a la resolución núm. 19 del 17 de enero de 1989, que dichos dirigentes sean reemplazados en un plazo de 30 días a menos que presenten un certificado de antecedentes (certificación de que no han violado ninguna ley). Los dirigentes docentes habían sido acusados en virtud del artículo 11 de la ley núm. 12927 (ley de seguridad del Estado), de haber organizado un día de protesta pacífica el 2 y 3 de julio de 1986 en favor de la "Asamblea de la Civilidad", organización de la cual el AGECH era miembro. Esta acusación, sin duda, será mencionada en sus certificados de antecedentes.

&htab;415.&htab;En comunicación de fecha 2 de febrero de 1989, el Gobierno envía observaciones sobre la queja presentada por la CTGACH, en particular sobre el despido del dirigente del Sindicato Interempresa de Trabajadores del Arte Culinario de la Región Metropolitana, Sr. Luis Benítez Galaz, quien había interpuesto una demanda ejecutiva el 26 de agosto de 1986 con el objeto de cobrar prestaciones ordenadas a pagar a su favor por el 24 juzgado civil de Santiago mediante sentencia del 31 de octubre de 1985. Dicho juicio ejecutivo se encuentra actualmente con un recurso de queja pendiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En cuanto a los otros procesos (Sres. Angel Catalán y Juan Montalbán), éstos continúan su tramitación y no existen nuevos antecedentes que proporcionar.

&htab;416.&htab;En la misma comunicación el Gobierno informa que el Sindicato Interempresas Funcionarios de Educación de la Quinta Región, que se compone, en su mayoría, por auxiliares de diversos establecimientos, municipales y privados, ha pretendido, entrar en negociación colectiva con la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social. Esta petición no ha sido aceptada por dicha Corporación, en virtud de las siguientes consideraciones:

a) Mediante reiterados dictámenes jurídicos, la Contraloría General de la República ha negado el carácter de "Empresa" a las Corporaciones de Desarrollo Social como la de Viña del Mar, por lo que no es posible aplicar la normativa que rige a las empresas del sector privado que persiguen lucro.

b) Además de lo expresado, es necesario considerar que el artículo 281 del Código del Trabajo dispone que no puede existir negociación colectiva en las instituciones públicas o empresas privadas cuyos presupuestos en cualquiera de los dos últimos años calendarios hayan sido financiados en más de un 50 por ciento por el Estado, situación en la que se encuentra la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social.

c) Por otra parte el artículo 282 del Código del Trabajo prohíbe absolutamente la negociación de un empleador, o más, con trabajadores de más de una empresa. Confirmando lo expuesto, la Dirección del Trabajo, interpretando esta norma, ha dictaminado que los sindicatos interempresas no están facultados para negociar colectivamente en forma alguna.

&htab;417.&htab;En consecuencia, la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, no tiene suficiencia económica ni autorización legal para negociar colectivamente, pues además, la ley lo prohíbe. El hecho de darle cumplimiento a una ley vigente de hace más de 10 años, no puede estimarse como una práctica desleal. El Sindicato Interempresas a continuación, acusa a la Corporación de práctica desleal ya que habría negociado colectivamente con una "Asociación Gremial de Auxiliares", y que, según expresan textualmente, "... al parecer habría sido formada a instancias de la Corporación". Al respecto, es necesario precisar que: a) no existe constancia de la existencia de esa organización; b) tampoco ha sido posible verificar la existencia de un "petitorio" de la supuesta organización sindical paralela. Finalmente, la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, expresa que ha tenido siempre y mantiene excelentes relaciones con todo el personal que labora bajo su dirección. Aún más, la Corporación colabora y ha colaborado con toda organización de los trabajadores, con los que existe diálogo y buen entendimiento.

&htab;418.&htab;El Gobierno informa además que, el ex Ministro de Agricultura, Sr. Rolando Calderón Aranguiz, ingresó al país el 3 de septiembre de 1988. El ex Ministro del Interior, Sr. Hernán del Canto Riquelme ingresó al país el 9 de septiembre de 1988 y el Sr. Mario Navarro Castro ingresó al país el 8 de septiembre de 1988. El Gobierno expresa que estas personas se encuentran residiendo en el país, al que ingresaron conforme a lo dispuesto por el decreto supremo (E) núm. 303, de 1.° de septiembre de 1988, que puso término al exilio. En relación al dirigente sindical Luis Meneses Aranda, el Gobierno informa que en conformidad con el artículo 11, inciso final de la Constitución Política de la República, los que hubieran perdido la nacionalidad chilena pueden ser rehabilitados mediante una ley. El Gobierno no tiene conocimiento que el Sr. Meneses Aranda haya iniciado alguna tramitación destinada a dicho fin.

&htab;419.&htab;En cuanto a un eventual proceso que se le seguiría al periodista Juan Pablo Cárdenas, el Gobierno precisa que el Sr. Cárdenas no es parte en ningún proceso y no sido declarado reo.

&htab;420.&htab;El Gobierno informa, en relación a los sucesos ocurridos el Primero de Mayo de 1988 en Valparaíso e Iquique y sobre el juicio que se le seguía al dirigente Florencia Valenzuela, que ante la Fiscalía Militar de la Intendencia de la I Región de Tarapacá se tramita la causa Rol núm. 140/88 interpuesta en contra de Carabineros de Chile por el Colegio de Profesores de Iquique, por presuntos daños, lesiones y allanamiento y que dicha causa fue acumulada al proceso Rol núm. 139/88, seguido ante la misma Fiscalía, por los delitos de maltrato de obra a carabineros de servicio, con ocasión de los hechos ocurridos en esa ciudad el Primero de Mayo de 1988. Con fecha 11 de enero de 1989 el tribunal dictó sobreseimiento temporal, resolución que se encuentra en trámite de consulta ante la I Corte de Apelaciones de Iquique. En cuanto al supuesto juicio que se le seguiría al presunto dirigente Florencio Valenzuela, el Gobierno informa que no existe ningún juicio en contra de ninguna persona denominada Florencio Valenzuela; tampoco ha sido posible determinar el cargo sindical que detendría el Sr. Valenzuela. El Gobierno señala, además, que al parecer la información enviada al Comité, el 20 de septiembre de 1988 no fue suficientemente clara y precisa, ya que en efecto se había informado que el Tercer Juzgado de Policía Local de Valparaíso, condenó a las personas detenidas al pago de multas y amonestaciones y que fueron puestas en libertad el mismo día de su detención en la unidad policial. Entre los detenidos se hallaba el Sr. Florencio Valenzuela, quien junto con los demás detenidos fue condenado al pago de una multa y dejado en libertad el mismo día; en consecuencia, no existe juicio pendiente ante el Juzgado de Policía Local en contra del Sr. Florencio Valenzuela.

&htab;421.&htab;En cuanto a los juicios en reintegro iniciado por trabajadores despedidos de la empresa estatal de ferrocarriles y de 17 dirigentes sindicales de dicha empresa, el Gobierno informa que la paralización parcial de actividades que afectó a la empresa de los ferrocarriles del Estado durante el mes de abril de 1988, tuvo un carácter netamente ilegal, toda vez que, por una parte no existía ningún problema laboral pendiente de solución y, por la otra, el procedimiento adoptado vulneró en forma abierta el ordenamiento legal vigente. En lo que respecta al estado de los juicios iniciados contra la empresa, ellos se encuentran en tramitación, conforme al procedimiento previsto en el Código de Trabajo. Se han rendido las pruebas testimoniales y documentales solicitadas. En uno de los juicios, 48 trabajadores desistieron de la acción deducida, con acuerdo de la empresa. En el juicio seguido por los Sres. José Ortega Fuentes y José Morales Hernández, éstos también desistieron de la demanda, con la aprobación de la empresa. A lo anterior hay que agregar que los Sres. Andrés Hugo Salinas y Guillermo Munizaga fueron recontratados por la empresa de los ferrocarriles del Estado.

&htab;422.&htab;El Gobierno envía informaciones sobre el proceso de negociación colectiva en la empresa Curtiembre Interamericana y al respecto observa que el proceso de negociación colectiva desarrollado en la empresa Curtiembre Interamericana S.A., terminó con fecha 24 de mayo de 1988, con la aceptación por los trabajadores involucrados en dicho proceso de la última oferta del empleador. Esta empresa fue sancionada con fecha 3 de mayo de 1988, con una multa administrativa equivalente a diez unidades tributarias mensuales, por infracción al artículo 347 del Código de Trabajo, en relación con el artículo 348 del mismo cuerpo legal. Esta fue reclamada judicialmente por la empresa ante el segundo juzgado de letras del trabajo, de Santiago, dando origen a la causa caratulada "Curtiembre Interamericana S.A. con Dirección del Trabajo", Rol 6697, la que fue fallada con fecha 30 de septiembre de 1988, por la juez titular quien dejó sin efecto la sanción administrativa aplicada, por estimar que no existía infracción a las normas laborales citadas. Dicha sentencia se encuentra actualmente ejecutoriada.

&htab;423.&htab;En su comunicación de fecha 21 de marzo de 1989, el Gobierno se refiere a los alegatos presentados por la CIOSL y la CMOPE sobre la presunta inhabilitación que había dictado el Ministerio de Economía, en contra de los Sres. Osvaldo Verdugo y Jorge Pavez, dirigentes del Colegio de Profesores A.G. e informa al respecto que con fecha 31 de agosto de 1987, la asociación gremial denominada Colegio de Profesores informó al Ministerio de Economía acerca de la elección y constitución de un nuevo directorio. Con fecha 10 de septiembre de 1987, mediante oficio núm. 4602, el Ministerio de Economía solicitó la documentación necesaria para proceder al trámite de inscripción de dicho directorio en el Registro de Directorios de Asociaciones Gremiales que lleva el referido Ministerio por mandato legal. De conformidad con el artículo 10, del decreto ley núm. 2757 de 1979, que establece normas sobre asociaciones gremiales, para ser director de una asociación gremial se requiere, entre otros requisitos, no haber sido condenado ni hallarse actualmente procesado por crimen o simple delito. Para cumplir con esta obligación legal, el Ministerio de Economía, mediante oficio núm. 5334 de 19 de octubre de 1987, solicitó la presentación del certificado de antecedentes de los 15 miembros del directorio del Colegio de Profesores. De los 15 miembros del directorio, 13 dieron cumplimiento a las obligaciones que establece la legalidad vigente. Sin embargo, los otros dos miembros del directorio, Sres. Osvaldo Verdugo y Jorge Pavez, en lugar de respetar la legalidad, tal como lo habían hecho los 13 miembros restantes del directorio, se limitaron a dar las siguientes respuestas:

a) con fecha 3 de noviembre de 1987, expresan que las múltiples ocupaciones no le permiten solicitar el certificado de antecedentes;

b) un año después, el 24 de noviembre de 1988, expresan que han estado permanentemente fuera de la ciudad en cumplimiento de sus actividades, por cuyo motivo no han podido obtener el certificado de antecedentes;

c) mediante carta de fecha 6 de enero de 1989, manifiestan que sus múltiples ocupaciones no le dejan tiempo para solicitar el certificado de antecedentes.

&htab;424.&htab;El Ministerio de Economía, en el interim, sólo se limitó a reiterar, por dos veces, durante el año 1988 (oficios 6944 y 7757), la petición de que los Sres. Verdugo y Pavez respetaran la legalidad. En consideración a que los Sres. Osvaldo Verdugo y Jorge Pavez se han negado reiteradamente y sin motivo a cumplir con una obligación que establece la ley, el Ministerio de Economía decidió sancionar la contumacia, para lo cual, mediante resolución ministerial exenta núm. 19, de fecha 17 de enero de 1989, aplicó una multa en dinero a beneficio fiscal, a los directores del Colegio de Profesores A.G., Sres. Osvaldo Verdugo Peña y Jorge Pavez Urrutia. En consecuencia, no ha habido inhabilitación por parte del Ministerio de Economía respecto de los directores del Colegio de Profesores, Sres. Verdugo Peña y Pavez Urrutia. Además, el Ministerio de Economía no tiene facultad para declarar la inhabilitación de un dirigente gremial por resolución administrativa.

&htab;425.&htab;En comunicación de fecha 21 de marzo de 1989, el Gobierno envía sus observaciones sobre los alegatos presentados por el Sindicato de Trabajadores de Empresa Compañía de Seguros La Previsión Generales S.A. y Vida S.A., y anexa una comunicación de los gerentes de ambas compañías de seguros de fecha 15 de febrero de 1989 que, según el Gobierno, da respuesta a la reclamación de los directores del sindicato. Dicha comunicación de los gerentes, manifiesta que la empresa ha debido enfrentar la tarea de racionalizar sus funciones, con el consiguiente despido de personal, producto de la difícil situación financiera que ha enfrentado, y sin la cual, difícilmente puede continuar prestando servicios en un mercado tan competitivo y fluctuante como es el de las compañías de seguro. Lo anterior es un esfuerzo importante de la empresa para mantener las fuentes de trabajo de sus empleados, por lo que les ha sido difícil entender la posición tomada por los trabajadores que han interpretado dicho proceso como contrario a sus intereses, y sin presentar, en el documento enviado al Comité, información cualitativa y cuantitativa fidedigna que permita hacer una evaluación racional del problema. La comunicación precisa que la propiedad de ambas compañías pertenecen en un 66,57 por ciento a la Fundación Asistencial y de Salud Trabajadores del Banco del Estado, en un 25,87 por ciento al Banco del Estado de Chile y el saldo a accionistas diversos.

&htab;426.&htab;La comunicación de los gerentes de ambas compañías, enviada por el Gobierno como parte de sus observaciones, se refiere también al despido del Sr. Morales Cruz y al respecto señala que éste fue despedido por voluntad de la empresa, haciendo uso de la facultad legal contemplada en la letra f) del artículo 155 del Código del Trabajo, pagándosele a dicho trabajador su indemnización legal y sus beneficios contractuales; despido que no fue contravertido judicialmente por el afectado ya que carecía de motivos para alegar en contra de la decisión de la empresa. En cuanto al alegato de que la empresa había desconocido lo pactado en relación a la indemnización por años de servicio, la comunicación señala que el tema está siendo ampliamente discutido en diversos procesos judiciales, en donde los tribunales de justicia deberán precisar e interpretar el alcance de las normas contenidas en los contratos de trabajo suscritos en octubre de 1981. Igualmente la comunicación se refiere al traslado del dirigente sindical Sr. Araya, e indica que ha obedecido a un problema de ya muy largo arrastre con su jefe directo. No es en ningún caso, según el mismo Sr. Araya puede ratificar un problema creado con esta administración, pero aún así la empresa está realizando sus mejores esfuerzos, por subsanar esta situación, habiéndose incluso ofrecido al Sr. Araya un cambio en sus labores, si él lo estimase conveniente.

&htab;427.&htab;En comunicación de fecha 12 de mayo de 1989 el Gobierno informa, en relación a los requerimientos judiciales a los sindicalistas de la CUT, Sres. Diego Olivares, Sergio Aguirre, Nicanor Araya, Manuel Jiménez y Moisés Labraña, que en efecto, para el día 18 de abril de 1989, estas personas instigaron, convocaron y llamaron a una paralización total de las actividades de la producción, del transporte, de la industria, de la agricultura, del comercio, de los servicios públicos y de utilidad pública, de los hospitales, escuelas y universidades, instruyendo además para que no se enviaran los niños a las escuelas, que las dueñas de casa no realizaran compras ni se hicieran trámites de ninguna especie, que a las 21 horas de ese día se golpearan ollas y utensilios de cocina provocando ruido ensordecedor e innecesario, además de no concurrir al trabajo y el retiro de todo el mundo a sus casas a las 14 horas, dejando calles, avenidas y plazas despobladas. El pretexto para producir este descalabro en las actividades nacionales tenía por objeto:

a) Exigir que la Corte Suprema de Justicia dejara sin efecto una sentencia judicial, dictada dentro de las reglas del debido proceso y que se encuentra pasada en autoridad de cosa juzgada, que condenó a los Sres. Manuel Bustos y Arturo Martínez a cumplir penas de relegación por cometer delitos establecidos en una ley aprobada en el año 1958. b) Exigir que el Gobierno obligue a todos los empleadores del país a pagar un salario mínimo aumentado en el 100 por ciento del que se encuentra vigente.

c) Exigir que se obligue a todos los empleadores a pagar una asignación de locomoción equivalente a dos pasajes diarios, además de una asignación por concepto de alimentación.

d) Exigir que se aumente el monto de la asignación por tener hijos a cargo.

e) Exigir que el Gobierno ponga término al sistema de venta de acciones de las empresas que tienen capitales fiscales.

f) Exigir que el Gobierno ponga término al sistema de reajustabilidad de pensiones, depósitos y ahorros denominado "Unidad de Fomento". Este sistema de reajuste ha permitido mantener el poder adquisitivo de las pensiones, depósitos y ahorros.

&htab;428.&htab;La comunicación del Gobierno continúa expresando que, en los primeros días de febrero de 1989, la entidad de hecho denominada Central Unica de Trabajadores (CUT) empezó a preparar la paralización total de las actividades nacionales que impulsaría el día 18 de abril de 1989. Así en fecha 9 de marzo de 1989, un grupo de personas pertenecientes a la Central Unica de Trabajadores, "aprobaron por aclamación" convocar a una paralización ilegal de las actividades nacionales, sin efectuar votación alguna y sin discusión previa, según lo informó el Sr. Nicanor Araya, secretario general de dicha entidad de hecho. Sin embargo, esta paralización ilegal fue rechazada y no contó con la adhesión de varias organizaciones sindicales importantes. El día 18 de abril con ocasión de este llamado a paralizar las actividades nacionales se produjeron hechos de violencia, tales como la destrucción de un carro de transporte del ferrocarril subterráneo, ataque a un conductor de un vehículo de transporte colectivo de pasajeros quien resultó herido de bala, ataques a balazos contra agentes policiales efectuado por dos personas que portaban explosivos en la Comuna de Quinta Normal, y robo, saqueo y destrucción de un consultorio médico en la población "Jôao Goulart" de la Comuna La Granja, explosión en la municipalidad de San Bernardo causando severos daños, cortes de energía eléctrica por el derribamiento de once torres transportadoras de cables de alta tensión, asalto, robo y saqueo de mercaderías del local comercial "San Miguel" en la Comuna La Granja por un grupo de 200 personas que destrozaron las ventanas de dicho establecimiento, asalto, apedreamiento e intento de saqueo de una carnicería, de una botellería y una panadería en la Comuna de San Miguel; en Avenida Central con calle Las Industrias, un grupo de 150 personas, capitaneadas por cinco sujetos que cubrían sus rostros con capuchones y se encontraban fuertemente armados, irrumpieron a las 23 h. 45 en el referido consultorio de salud, de propiedad de la municipalidad y luego de derribar una muralla e intimidar a los guardias, procedieron a robar la leche que se entrega a las embarazadas y madres de lactantes, sacos de arroz y otros alimentos que entrega el Municipio a indigentes y personas de escasos recursos, medicamentos que se entregan gratuitamente a los pacientes y el instrumental médico, además de destruir puertas, ventanas y vidrios. Los daños causados a la propiedad privada, edificios públicos y a las personas, superan a los 600 millones de pesos (2,5 millones de dólares), sin contar los 100 millones de pesos que significan los daños sufridos por el derribamiento de once torres e instalaciones de distribución eléctrica.

&htab;429.&htab;La comunicación del Gobierno señala que en consideración a la situación de alarma pública producida por los cuantiosos daños a la propiedad privada y fiscal, los daños a las personas, y el deber del Gobierno de resguardar el orden público y la tranquilidad ciudadana, gravemente conculcados por la actuación de los requeridos, determinaron que la autoridad pública de Gobierno interior, presentara un requerimiento ante los tribunales de justicia en contra de los Sres. Diego Olivares, Sergio Aguirre, Nicanor Araya, Manuel Jiménez y Moisés Labraña, por la responsabilidad que puedan tener al incitar, inducir y fomentar todo tipo de actuaciones destinadas a la interrupción y suspensión colectiva, al paro y a la huelga de los servicios públicos, de las actividades de la producción, del transporte y del comercio, sin sujeción a las leyes. Esto constituiría el delito tipificado en el artículo 11, inciso 2.° de la ley núm. 12927, sobre seguridad del Estado, aprobada en el año 1958, bajo el Gobierno del Sr. Carlos Ibañez del Campo. Este requerimiento fue presentado con fecha 19 de abril de 1989 en la Secretaría en lo Criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago. La Corte de Apelaciones designó a un Ministro sumariante, quien interrogó y tomó declaraciones a los requeridos y procedió, el día 8 de mayo de 1989, a dictar un autoencargatoria de reo para los Sres. Diego Olivares, Sergio Aguirre y Nicanor Araya, por estimar que hay presunciones fundadas de su participación como autores en el delito tipificado en el artículo 11 de la ley núm. 12927. Conjuntamente procedió a otorgarles la libertad bajo fianza por un monto ascendente a 5 000 pesos (equivalente a 20 dólares de los Estados Unidos, aproximadamente). Los Sres. Moisés Labraña y Manuel Jiménez fueron dejados en libertad incondicional. Los abogados defensores de los inculpados expresaron que apelarán de la resolución del magistrado que los encargó reos, para lo cual disponen del plazo de cinco días para presentar ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el recurso de apelación destinado a enmendar la referida resolución. En contra de la sentencia de la Corte de Alzada que recaiga en el recurso de apelación, las partes afectadas disponen del Recurso de Queja para corregir las faltas o abusos cometidos por los jueces y modificar la sentencia. Este recurso de queja se interpone y es fallado por la Corte Suprema.

&htab;430.&htab;En su comunicación de fecha 24 de mayo de 1989 el Gobierno informa sobre la situación judicial actual de los sindicalistas Manuel Bustos y Arturo Martínez, y al respecto señala que en el curso del presente mes de mayo los abogados de la defensa de los Sres. Bustos y Martínez presentaron una solicitud al Ministro Sumariante de la Corte de Apelaciones, pidiendo el término a la pena de relegación, el traslado de los sindicalistas a Santiago y que se les concediera el régimen de reclusión nocturna por el resto del tiempo que les queda por cumplir la pena impuesta. El Ministro Sumariante rechazó dicha petición por considerarla extemporánea e improcedente. Los abogados de la defensa presentaron un Recurso de Apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual, en fecha 16 de mayo, ratificó, por unanimidad, la resolución denegatoria del Ministro Sumariante. En consecuencia, expresa el Gobierno, han sido los tribunales de justicia los que han reafirmado las sanciones impuestas a estas personas. El Gobierno informa además que ni los Sres. Bustos y Martínez ni sus abogados defensores han presentado ninguna petición ante el Presidente de la República o el Ministro de Justicia solicitando la concesión de un Indulto Presidencial mediante el cual se les remitiría el resto de la pena que les queda por cumplir. El Gobierno agrega que esta actitud llama la atención ya que para conceder o denegar un beneficio es necesario solicitarlo previamente, y no puede otorgarse o denegarse algo que los interesados y directamente beneficiados no quieren.

&htab;431.&htab;En cuanto a la prohibición de entrar al país de los Sres. Rolando Calderón Aranguiz, Hernando del Canto Riquelme y Mario Navarro, el Comité nota con interés que dichos señores ingresaron al país en septiembre de 1988 donde se encuentran residiendo; en cuanto al dirigente sindical Luis Meneses Aranda, el Comité observa que el Gobierno señala que en virtud del artículo 11 de la Constitución Política, aquellas personas que hubieran perdido la nacionalidad chilena pueden ser rehabilitadas mediante una ley y que el Sr. Meneses Aranda no ha iniciado ninguna tramitación al respecto. En relación a este punto el Comité desea solicitar al Gobierno que le mantenga informado de cualquier tramitación de reintregración de nacionalidad que inicie dicho dirigente sindical, al tiempo que solicita al querellante que le informe precisamente sobre la situación actual del dirigente Meneses Aranda.

&htab;432.&htab;En cuanto a la situación judicial de los dirigentes sindicales Manuel Bustos y Arturo Martínez condenados a penas de relegación, el Comité observa que no se han producido cambios en su situación jurídica. Por consiguiente, desea reiterar que la detención y condena de dirigentes sindicales por actividades relacionadas con la defensa de los intereses de sus mandantes atenta contra el libre ejercicio de los derechos sindicales. Teniendo en cuenta las últimas informaciones del Gobierno, el Comité insta al Gobierno a que tome medidas para levantar las penas de relegación que pesan contra los dirigentes Bustos y Martínez.

&htab;433.&htab;En cuanto a los alegatos relativos al periodista Juan Pablo Cárdenas, el Comité toma nota de las informaciones del Gobierno en el sentido de que el Sr. Cárdenas no es parte de ningún proceso y no ha sido declarado reo.

&htab;434.&htab;En cuanto al alegato sobre el proceso que se le seguiría al dirigente Florencio Valenzuela, el Comité toma nota de que el Sr. Valenzuela fue condenado al pago de una multa junto a otros detenidos y fue dejado en libertad el mismo día de su detención por el tercer juzgado de policía local de Valparaíso y de que no existe juicio pendiente en su contra; asimismo el Comité toma nota de que los procesos iniciados por el Colegio de Profesores de Iquique y por la policía de carabineros, respectivamente, que se ventilan ante la Fiscalía Militar, con ocasión de los hechos ocurridos durante la celebración del Día Internacional del Trabajo en 1988, se encuentran en trámite de consulta ante la I Corte de Apelaciones de Iquique. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de la evolución de dichos procesos judiciales.

&htab;435.&htab;En cuanto al proceso de negociación colectiva en la empresa Curtiembre Interamericana S.A., el Comité toma nota de las informaciones del Gobierno en el sentido de que dicho proceso terminó el 24 de octubre de 1988 con la aceptación, por los trabajadores involucrados en dicho proceso, de la última oferta del empleador.

&htab;436.&htab;En cuanto a los diversos alegatos presentados por la Confederación Nacional de Federaciones y Sindicatos de Trabajadores de la Alimentación, la Gastronomía, la Hotelería y Actividades Conexas (CTGACH), el Comité toma debida nota de las informaciones detalladas del Gobierno, en particular sobre el juicio que se ventila ante la corte de apelaciones iniciado por el dirigente del sindicato Interempresa de Trabajadores del Arte Culinario, Sr. Luis Benítez Galaz, en contra de su ex empleador con el objeto de cobrar las prestciones ordenadas a pagar a su favor; asimismo, el Comité observa que, según las informaciones del Gobierno, los procesos en reintegro iniciados por los dirigentes Sres. Angel Catalán y Juan Montalbán se encuentran aún en trámite; el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de la evolución de dichos procesos.

&htab;437.&htab;En relación a los juicios en reintegro iniciados por un grupo de trabajadores y dirigentes sindicales despedidos por una paralización de labores que afectó a la empresa de los Ferrocarriles del Estado, el Comité toma nota de que en uno de los juicios 48 trabajadores desistieron de la acción con acuerdo de la empresa y de que los sindicalistas José Ortega y José Morales también desistieron de la demanda con la aprobación de la empresa; asimismo toma nota de que los sindicalistas Andrés Salinas y Guillermo Munizaga fueron recontratados. El Comité pide al Gobierno que le informe sobre los juicios iniciados por los demás sindicalistas despedidos, a saber: José Criado, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Ferroviarios; Germán Díaz, secretario de la Federación Nacional de Trabajadores Ferroviarios; Miguel Muñoz, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Ferroviarios; Ceferino Barra, presidente del Sindicato Número 1; Juan Díaz, secretario del Sindicato Número 1; Rafael Rivera, tesorero del Sindicato Número 1; René Vilches, director del Sindicato Número 1 de San Bernardo; Oscar Cabello, director del Sindicato Número 1 de San Bernardo; Tito Ramírez, secretario del Sindicato Número 4 de Santiago; Juan Contreras, presidente del Sindicato Número 5 Tracción; Orlando Gahona, tesorero del Sindicato Número 5 Tracción; Iván Orellana, director del Sindicato Número 5 Tracción y Luis Pradenas, director del Sindicato Número 5 Tracción.

&htab;438.&htab;En cuanto a los alegatos presentados por la CIOSL en relación a las alegadas prácticas desleales ejercidas por la Corporación Municipal de Viña del Mar en contra del Sindicato Interempresa Funcionarios de Educación de la Quinta Región (SIFE), el Comité toma nota de las informaciones facilitadas por el Gobierno. El Comité solicita de los querellantes el envío de informaciones más precisas sobre los puntos señalados en su comunicación.

&htab;439.&htab;En cuanto a los alegatos presentados por la CIOSL y la CMOPE sobre el intento, por parte del Ministerio de Economía, de inhabilitar a los dirigentes del Colegio de Profesores, Sres. Osvaldo Verdugo y Jorge Pavez, el Comité toma nota de las informaciones del Gobierno en el sentido de que de conformidad con el artículo 10 del decreto ley núm. 2757 de 1979 (que establece que para ser director de una asociación gremial se requiere no haber sido condenado ni hallarse procesado por crimen o delito), se solicitó la presentación del certificado de antecedentes a los 15 miembros del directorio del Colegio de Profesores, y 13 de ellos cumplieron con este requisito, excepto los Sres. Verdugo y Pavez, lo que dio lugar a que se les impusiera una multa y no a la inhabilitación ya que el Ministerio de Economía no tiene facultad para inhabilitar a un dirigente gremial por resolución administrativa. Por otra parte, el Comité observa que, según el querellante, los Sres. Verdugo y Pavez habrían sido acusados, en virtud de la ley de seguridad del Estado, por haber organizado una manifestación en julio de 1986. Al respecto el Comité desea subrayar que la condena por actividades vinculadas al ejercicio de los derechos sindicales no debería justificar la inhabilitación para un cargo sindical, y que una legislación que establezca inhabilitaciones de esta naturaleza por este tipo de delitos puede ser considerada como incompatible con los principios de la libertad sindical.

&htab;440.&htab;En cuanto a los alegatos presentados por el Sindicato de Trabajadores de Empresa Compañía de Seguros La Previsión, el Comité toma nota de las informaciones suministradas por el Gobierno, en particular de que el Sr. Morales Cruz fue despedido en virtud de disposiciones legales, pagándosele todas las prestaciones a las que tenía derecho y que dicho señor no ha hecho oposición judicial a tal decisión; asimismo, toma nota de que se está ventilando en los tribunales el alegato según el cual la empresa había desconocido lo pactado en 1981 en relación a la indemnización por años de servicio. En relación al traslado del dirigente sindical, Sr. Araya el Comité observa que la empresa le ha ofrecido un cambio en sus labores si él lo estimase conveniente. Al respecto, el Comité solicita el Gobierno que le informe de la evolución de los procesos en curso en relación a los contratos pactados en 1981.

&htab;441.&htab;En cuanto al requerimiento judicial hecho por el Ministerio del Interior en contra de los dirigentes de la CUT, Sres. Diego Olivares, Nicanor Araya, Moisés Labraña, Sergio Aguirre y Manuel Jiménez por infringir la ley de seguridad interior del Estado al convocar una huelga general el 18 de abril con el objeto de solicitar el término de las relegaciones de los dirigentes Bustos y Martínez, término a las privatizaciones de las empresas del Estado y respuesta a un pliego de peticiones, el Comité al tiempo que toma nota de estos alegatos presentados por la CIOSL y la FSM toma nota asimismo de las observaciones del Gobierno sobre los cuantiosos daños a la propiedad pública y privada y sobre las personas que resultaron heridas debido a los disturbios que se produjeron el día 18 de abril de 1989. Observa además que los sindicalistas Moisés Labraña y Manuel Jiménez fueron dejados en libertad incondicional. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre la evolución del proceso judicial iniciado en contra de los sindicalistas Diego Olivares, Nicanor Araya y Sergio Aguirre, quienes se encuentran en libertad bajo fianza, y de que envíe el texto de la sentencia a fin de que pueda pronunciarse con pleno conocimiento de causa.

&htab;442.&htab;En vista de las conclusiones provisionales que preceden el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:

a) El Comité observa que el Gobierno ha enviado informaciones detalladas sobre la mayoría de los alegatos pendientes en este caso.

b) El Comité toma nota con interés de que los Sres. Rolando Calderón Aránguiz, Hernán del Canto Riquelme y Mario Navarro ingresaron al país en septiembre de 1988 donde se encuentran residiendo desde entonces; el Comité desea solicitar al Gobierno que le mantenga informado de cualquier trámite que inicie el dirigente sindical Luis Meneses Aranda, a fin de obtener la reintegración de su nacionalidad y solicita del querellante que le informe precisamente sobre la situación actual de dicho sindicalista.

c) En cuanto a los dirigentes sindicales Manuel Bustos y Arturo Martínez, el Comité observa que no se han producido cambios en su situación jurídica, y recuerda que la detención y condena de dirigentes sindicales por actividades relacionadas con la defensa de los intereses de sus mandantes atenta contra el libre ejercicio de los derechos sindicales. Teniendo en cuenta las últimas informaciones del Gobierno, el Comité insta al Gobierno a que tome medidas para levantar las penas de relegación que pesan contra los dirigentes Bustos y Martínez. d) El Comité toma nota de que el periodista Juan Pablo Cárdenas no es parte de ningún proceso y no ha sido declarado reo; asimismo toma nota de que el Sr. Florencio Valenzuela había sido dejado en libertad el mismo día de su detención, tras el pago de una multa y de que no existe ningún proceso judicial en su contra.

e) En cuanto a los procesos judiciales incoados por el Colegio de Profesores de Iquique y por la Policía de Carabineros, respectivamente, con ocasión de los sucesos ocurridos en esa ciudad el 1.° de mayo de 1988, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de la evolución de dichos procesos.

f) En cuanto al proceso de negociación colectiva en la empresa Curtiembre Interamericana S.A., el Comité toma nota que dicho proceso terminó el 24 de octubre de 1988 con la aceptación por los trabajadores de la última oferta del empleador.

g) En cuanto a los alegatos presentados por la CTGACH el Comité al tiempo que toma debida nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno solicita que le mantenga informado de la evolución de los procesos judiciales en reintegro iniciados por los sindicalistas Angel Catalán y Juan Montalbán.

h) En cuanto a los juicios iniciados por varios trabajadores despedidos y de un número de dirigentes sindicales de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, el Comité al tiempo que observa que 48 trabajadores desistieron de la acción, junto con los sindicalistas José Ortega y José Morales y de que los sindicalistas Andrés Salinas y Pedro Munizaga fueron recontratados, pide al Gobierno que le informe sobre los juicios iniciados por los demás sindicalistas despedidos.

i) En relación a los alegatos de prácticas desleales ejercidos por la Corporación Municipal de Viña del Mar en contra del Sindicato Interempresa de Funcionarios de Educación de la Quinta Región, el Comité toma nota de las informaciones específicas facilitadas por el Gobierno. Pide a los querellantes el envío de informaciones más precisas sobre los puntos señalados en su comunicación.

j) En cuanto a los alegatos sobre la inhabilitación de los dirigentes del Colegio de Profesores Sres. Osvaldo Verdugo y Jorge Pavez, el Comité toma nota de las informaciones del Gobierno en el sentido de que el Ministerio de Economía no tiene facultad para inhabilitar a un dirigente gremial por resolución administrativa y de que el certificado de antecedentes se solicita en virtud de una ley y que ya ha sido presentado por 13 de los 15 dirigentes del directorio del Colegio de Profesores. Al respecto el Comité subraya que la condena por actividades vinculadas al ejercicio de los derechos sindicales no debería justificar la inhabilitación para un cargo sindical y que una legislación que establezca inhabilitaciones de esta naturaleza por este tipo de delitos puede ser considerada como incompatible con los principios de la libertad sindical.

k) En relación a los alegatos presentados por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Compañía de Seguros La Previsión, el Comité al tiempo de que toma nota de los alegatos y de la respuesta del Gobierno pide al Gobierno que le informe sobre la evolución de los procesos judiciales relacionados sobre los contratos pactados en 1981.

l) Finalmente, en cuanto al requerimiento judicial del Ministerio del Interior en contra de varios dirigentes de la CUT por haber convocado una huelga general el 18 de abril de 1989, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre la evolución del proceso judicial iniciado en contra de los sindicalistas Diego Olivares, Nicanor Araya y Sergio Aguirre y de que le envíe el texto de la sentencia a fin de que pueda pronunciarse con pleno conocimiento de causa.

&htab;443.&htab;El Comité examinó este caso en sus reuniones de noviembre de 1987, mayo de 1988 y febrero de 1989, presentando un informe provisional al Consejo de Administración en las tres ocasiones [véanse 253. er  informe, párrafos 392 a 424, 256.° informe, párrafos 361 a 382, y 262.° informe, párrafos 245 a 267, aprobados por el Consejo de Administración en sus 238. a , 240. a y 242. a  reuniones (noviembre de 1987, mayo-junio de 1988 y febrero-marzo de 1989)]. Ulteriormente, el Gobierno transmitió ciertas observaciones por comunicaciones de 20 de febrero y 25 de abril de 1989.

&htab;444.&htab;Panamá ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;445.&htab;Cuando el Comité examinó el caso en su reunión de febrero de 1989, formuló las siguientes recomendaciones sobre los alegatos que quedaron pendientes [véase 262.° informe, párrafo 267]:

a) El Comité toma nota con preocupación de que la situación de las organizaciones de empleadores y de sus dirigentes en Panamá continúa agravándose, incluyendo el procesamiento de 10 dirigentes empleadores, la detención de uno de ellos [Sr. Alberto Conte], la continuada ocupación de los locales de la Cámara de Comercio y del Sindicato de Industriales de Panamá, y la clausura de importantes medios de comunicación utilizados regularmente por las organizaciones de empleadores.

b) Deplorando la falta de informaciones detalladas por parte del Gobierno sobre los hechos concretos que, caso por caso, motivaron el procesamiento de los 10 dirigentes empleadores [Sres. Eduardo Vallarino, Aurelio Barria, Gilberto Mallol, César Tribaldos, Rafael Zúñiga, Roberto Brenes, Carlos Ernesto de la Lastra, Kaiser Dominador Bazán, Alberto Boyd y Alberto Conte], así como sobre la evolución de los correspondientes procesos, el Comité insiste al Gobierno en que envíe tales informaciones con toda urgencia. El Comité subraya que el respeto de las garantías procesales no es incompatible con un proceso equitativo rápido.

c) El Comité pide encarecidamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se ponga fin de manera inmediata a la continuada ocupación de la Cámara de Comercio y del Sindicato de Industriales de Panamá.

d) Observando que la clausura de importantes medios de comunicación persiste después de meses, el Comité subraya que el derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores a expresar sus opiniones a través de la prensa o en otros medios de comunicación social es uno de los elementos fundamentales de los derechos sindicales y que las autoridades deberían abstenerse de obstaculizar indebidamente su ejercicio legal. El Comité expresa la esperanza de que los medios de comunicación clausurados podrán volver a funcionar con normalidad en breve plazo y pide al Gobierno que informe sobre cualquier evolución que se produzca al respecto.

e) El Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones sobre los alegatos a los que no ha respondido, a saber, el registro y confiscación de los bienes y cierre de la empresa del dirigente empleador Alberto Conte; la deportación del dirigente empleador Sr. Roberto Brenes; la detención y condena a multa del periodista Alcides Rodríguez, y violencias contra dirigentes de la Cámara de Comercio y sus empresas.

&htab;446.&htab;El Gobierno declara en su comunicación de 20 de febrero de 1989 que el día 22 de septiembre de 1988, la Fiscalía Auxiliar de la República al tener conocimiento de que el lugar donde se encontraban ubicadas las oficinas de "A.B. Conte Latino-americana de Publicidad" estaba siendo utilizado como centro de edición y publicación de material que hacía llamadas a la alteración del orden público, cuyo objetivo primordial consistía en atentar contra la estabilidad de los poderes legalmente constituidos del Estado, procedió a iniciar la investigación respectiva. Mediante providencia de esa misma fecha, se ordenó la detención preventiva del Sr. Alberto Bolívar Conte y se ordenó el decomiso de la documentación y equipo utilizados para perpetrar el hecho delictivo contemplado en el artículo 301 del Código Penal. Las normas que fundamentan la detención preventiva, el allanamiento y el aseguramiento de los instrumentos utilizados para la comisión del delito se encuentran contenidas en los artículos 2148, 2149, 2159 y 2185 del Código Judicial. Posteriormente, los abogados del Sr. Conte interpusieron recurso de Habeas Corpus ante la Corte Suprema de Justicia por considerar que existía ilegalidad respecto a la detención ordenada por el funcionario instructor. Mediante sentencia de 27 de septiembre de 1988, la Corte Suprema de Justicia declaró la legalidad de la detención. El día 28 de septiembre, los abogados del Sr. Conte solicitaron fianza de excarcelación al Juzgado Tercero del Circuito de Panamá quien la negó en virtud de que el Sr. Conte se encontraba excluido del derecho a excarcelación bajo fianza de acuerdo con el artículo 2181 del Código Judicial, que niega este derecho en caso de delitos sancionados con cinco años de prisión. Cabe señalar que el Sr. Conte fue puesto en libertad provisional desde el 23 de diciembre de 1988, fecha en que el Fiscal IV del Primer Circuito Judicial de Panamá así lo dispuso por razones humanitarias en providencia de esa misma fecha. El Gobierno señala sin embargo que el Sr. Alberto Bolívar Conte abandonó voluntariamente el país el día 23 de diciembre y no sólo puede sino que debe regresar al país, pues tiene procesos judiciales pendientes, así como que la Fiscalía Cuarta del Primer Circuito Judicial de Panamá ha emitido nueva orden de detención contra el Sr. Conte en el marco de la investigación que se sigue.

&htab;447.&htab;En lo que respecta al Sr. Roberto Brenes, el Gobierno declara en su primera comunicación (20 de febrero de 1989) que fue detenido el día 20 de diciembre en horas de la noche para rendir indagatoria, ya que existían serios indicios de su participación en actividades en contra de la seguridad interna del Estado. Su detención duró menos de 12 horas. Contra el Sr. Brenes no existe ningún proceso penal pendiente en la actualidad. En su segunda comunicación (25 de abril de 1989) el Gobierno declara que aun cuando el Sr. Brenes se estaba dedicando al desarrollo de actividades contra la seguridad interna del Estado, no se había ordenado su detención y se encontraba en libertad en el momento en que decidió voluntariamente salir del país (21 de diciembre de 1988).

&htab;448.&htab;El Gobierno subraya que ninguna de las personas aludidas en el caso núm. 1419 se encuentran en la actualidad detenida, y que no se ha producido ninguna detención adicional. Asimismo el Gobierno reitera la opinión de que la organización querellante continúa considerando insistentemente como supuestas violaciones al derecho de libertad sindical circunstancias de delito común tipificadas en el ordenamiento jurídico panameño. Por último, el Gobierno deja constancia de su interés en mantener abierto el diálogo con el Comité de Libertad Sindical y con la OIT y su disposición de aportar las informaciones requeridas para el pronto esclarecimiento del presente caso.

&htab;449.&htab;En su comunicación de 25 de abril de 1989, el Gobierno declara que lamenta que las decisiones adoptadas por el Comité persistan en conceder el carácter de violaciones a la libertad sindical, a las acciones penales tomadas por el ministerio público que han sido motivadas por la reiterada comisión de hechos delictivos por parte de personas que se dedicaban a dirigir movimientos atentatorios contra la seguridad interna del Estado, la economía nacional, así como la paralización del proceso electoral que debe culminar con las elecciones del 7 de mayo del presente año. En este sentido, llama poderosamente la atención en primer lugar, la opinión emitida por el Comité de Libertad Sindical en cuanto que se procura atribuirse un carácter de ilegalidad y arbitrariedad a las acciones de aprehensión provisional de bienes y custodia de algunos locales de organizaciones empresariales que fuera ordenada por las autoridades que están instruyendo los sumarios iniciados en virtud de la comisión de hechos delictivos cometidos por los dirigentes de las mismas. Tal es el caso de los locales donde funcionaban la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, y el Sindicato de Industriales de Panamá, en donde al efectuarse diligencia de allanamiento y registro por parte del ministerio público, se encontró gran cantidad de maquinarias, material impreso y otros efectos que se utilizaban para atentar contra la seguridad del Estado, lo cual no corresponde a los fines que en beneficio de sus asociados y de la colectividad debe buscar una entidad gremial o, este caso, una asociación empresarial. Por otro lado, debe señalarse que la situación jurídica existente con respecto a los locales de la Cámara de Comercio y el Sindicato de Industriales de Panamá, debe ser considerada dentro del marco de procesos penales que aún no han concluido y que, por consiguiente, cualquier decisión con respecto a la misma debe producirse en el momento procesal que corresponda de acuerdo a las normas de procedimiento.

&htab;450.&htab;En cuanto a las conclusiones del Comité en torno a la evolución los procesos penales y administrativos que se adelantan en contra de medios de comunicación escrita y radial, el Gobierno declara que fueron utilizados para la difusión y publicación de noticias falsas contra la economía nacional y la seguridad interna del Estado y llamado a la subversión del orden público y la desobediencia civil. Tales procesos se han desarrollado con total sujeción a las normas penales, procesales y administrativas vigentes dependiendo el avance de los mismos en gran medida al uso, por parte de los interesados, de los recursos legales que la ley contempla. El Gobierno resalta que la aprehensión provisional de que han sido objeto los efectos empleados en la comisión de delitos, que en el caso de los medios de comunicación escrita corresponden entre otros a los efectos utilizados para su publicación, no impide en modo alguno el desarrollo de las actividades de comunicación de ningún gremio, ni impide el libre ejercicio de la libertad de expresión, toda vez que existen otros medios de comunicación escrita, radial y televisada a los que el acceso por parte de cualquier persona o gremio que desea hacer uso del mismo es ilimitado siempre y cuando no se incurra en la comisión de alguna de las conductas tipificadas en la ley penal.

&htab;451.&htab;El Comité toma nota de que el Gobierno lamenta las recomendaciones que el Comité adoptó en su último informe ya que, según el Gobierno, en dicho informe el Comité persiste en conceder el carácter de violaciones a la libertad sindical a las acciones penales tomadas por el Ministerio Público (ocupación de los locales de dos organizaciones de empleadores, decomiso de sus bienes y clausura de medios de comunicación utilizados por las organizaciones de empleadores) que han sido motivadas por la reiterada comisión de hechos delictivos por parte de personas que se dedicaban a dirigir movimientos atentatorios contra la seguridad interna del Estado, la economía nacional, así como la paralización del proceso electoral que debe culminar con las elecciones del 7 de mayo de 1989.

&htab;452.&htab;A este respecto, el Comité debe subrayar que al examinar los alegatos presentados en el marco de este caso ha actuado siempre con la máxima prudencia y objetividad teniendo plenamente en cuenta las declaraciones del Gobierno, especialmente cuando insistía en que las medidas objetadas por los alegatos se habían producido dentro de una investigación criminal. En este sentido, el Comité recuerda que en lo que respecta al procesamiento de 10 dirigentes empleadores el Comité se ha limitado a pedir informaciones sobre los hechos concretos que se imputan a cada uno de los interesados y a expresar su preocupación ante la gravedad de la situación precisamente con objeto de pronunciarse al respecto con suficientes elementos de apreciación. El Comité deplora que a pesar de sus reiteradas solicitudes dichas informaciones no hayan sido recibidas y que el Gobierno continúe limitándose a hacer declaraciones generales. Por consiguiente, como hiciera en su anterior reunión, el Comité reitera su solicitud de información y subraya que el respeto de las garantías procesales no es incompatible con un proceso equitativo rápido y que por el contrario un excesivo retraso puede tener un efecto intimidatorio en los dirigentes empleadores concernidos, que repercuta en el ejercicio de sus actividades. En cuanto a la continuada ocupación de la Cámara de Comercio y del Sindicato de Industriales de Panamá y al decomiso de sus bienes, el Comité subraya que estas organizaciones se hallan privadas de sus locales desde hace más de un año y considera que el hecho de que algunos dirigentes empleadores de estas organizaciones estén procesados no justifica que las mismas y sus afiliados se vean privados de un medio fundamental para ejercer sus funciones con normalidad. Por último, en cuanto a la clausura de importantes medios de comunicación utilizados regularmente por las organizaciones de empleadores, el Comité no puede aceptar la declaración del Gobierno en el sentido de que tales organizaciones pueden utilizar otros medios de comunicación que existen en el país ya que cabe preguntarse si las organizaciones de empleadores comparten la orientación de los medios de comunicación existentes en la actualidad y si tendrían idénticas facilidades de acceso a las que tenían con los que han sido clausurados. El Comité mantiene pues sus anteriores conclusiones y recomendaciones sobre todos estos puntos.

&htab;453.&htab;En lo que respecta a la alegada detención arbitraria del dirigente empleador Sr. Alberto Conte, al allanamiento, registro y cierre de su empresa, y al decomiso de sus bienes, el Comité toma nota de que según el Gobierno tales acciones se hallan contempladas en la legislación procesal y se produjeron en el marco de una investigación criminal al tener conocimiento el Ministerio Fiscal de que las oficinas de la empresa del Sr. Conte estaban siendo utilizadas como centro de edición y publicación de material que hacía llamadas a la alteración del orden público para atentar contra la estabilidad de los poderes del Estado, conducta punible de conformidad con el artículo 301 del Código Penal. El Comité toma nota de que al Sr. Conte se le concedió la libertad provisional el 23 de diciembre de 1988 y de que abandonó el país el mismo día, pero observa que posteriormente se dictó una nueva orden de detención contra él. A fin de pronunciarse sobre los alegatos con suficientes elementos de apreciación, el Comité pide al Gobierno que envíe copia de las publicaciones encontradas en la empresa del Sr. Conte y que le informe de la evolución del proceso seguido contra el mismo.

&htab;454.&htab;En cuanto a la alegada deportación del dirigente empleador Sr. Brenes a Miami el 20 de diciembre de 1988 so pretexto de haber realizado actividades subversivas y que habría sido presentada por las autoridades como un exilio voluntario [véase 262.° informe, caso núm. 1419, párrafo 253], el Comité toma nota de que el Gobierno declara que el 20 de diciembre de 1988, el Sr. Brenes fue detenido por un período inferior a 12 horas, para rendir indagatoria ya que existían serios indicios de su participación en contra de la seguridad interna del Estado. Según el Gobierno, no existe ningún proceso penal pendiente contra el Sr. Brenes. No habiéndose retenido elementos de inculpación contra el Sr. Brenes, el Comité debe lamentar que haya permanecido detenido casi 12 horas y subraya que tales medidas pueden crear un clima de intimidación y de temor que impida el desenvolvimiento normal de las actividades de las organizaciones profesionales en la forma prevista por el Convenio núm. 87. Por otra parte, el Comité observa que el Gobierno ha negado el alegato según el cual después de su detención el dirigente empleador Sr. Brenes había sido obligado por la fuerza a tomar un avión con destino a Miami.

&htab;455.&htab;Por último, el Comité deplora que el Gobierno no haya respondido a los demás alegatos pendientes (detención y condena a multa del periodista Alcides Rodríguez, y violencias contra dirigentes de la Cámara de Comercio y sus empresas). Por consiguiente, el Comité reitera sus anteriores conclusiones y recomendaciones al respecto.

&htab;456.&htab;En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:

a) El Comité observa con preocupación que desde la última reunión del Comité no ha habido mejoras fundamentales en la situación de las organizaciones de empleadores y de sus dirigentes en Panamá, situación que incluye el procesamiento de 10 dirigentes empleadores, la continuada ocupación de los locales de la Cámara de Comercio y del Sindicato de Industriales de Panamá, y la clausura de importantes medios de comunicación utilizados regularmente por las organizaciones de empleadores.

b) Deplorando la falta de informaciones detalladas por parte del Gobierno sobre los hechos concretos que, caso por caso, motivaron el procesamiento de 9 de los 10 dirigentes empleadores [Sres. Eduardo Vallarino, Aurelio Barria, Gilberto Mallol, César Tribaldos, Rafael Zúñiga, Roberto Brenes, Carlos Ernesto de la Lastra, Kaiser Dominador Bazán y Alberto Boyd], así como sobre la evolución de los correspondientes procesos, el Comité insiste al Gobierno en que envíe tales informaciones con toda urgencia, así como que envíe copia de las publicaciones (subversivas según el Gobierno) producidas y encontradas en la empresa del dirigente empleador Sr. Alberto Conte e informaciones sobre la evolución del proceso que se sigue contra este dirigente. El Comité subraya que el respeto de las garantías procesales no es incompatible con un proceso equitativo rápido.

c) El Comité pide encarecidamente al Gobierno una vez más que tome las medidas necesarias para que se ponga fin de manera inmediata a la continuada ocupación de la Cámara de Comercio y del Sindicato de Industriales de Panamá.

d) Observando que la clausura de importantes medios de comunicación persiste después de meses, el Comité subraya que el derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores a expresar sus opiniones a través de la prensa o en otros medios de comunicación social es uno de los elementos fundamentales de los derechos sindicales y que las autoridades deberían abstenerse de obstaculizar indebidamente su ejercicio legal. El Comité expresa una vez más la esperanza de que los medios de comunicación clausurados podrán volver a funcionar con normalidad en breve plazo y pide al Gobierno que informe sobre cualquier evolución que se produzca al respecto.

e) El Comité lamenta que el dirigente empleador Sr. Roberto Brenes haya permanecido 12 horas detenido. No habiéndose retenido elementos de inculpación, el Comité subraya que este tipo de medidas atenta contra los derechos reconocidos en el Convenio núm. 87 y pueden crear un clima de intimidación y de temor que impida el desenvolvimiento normal de las actividades de las organizaciones profesionales. f) El Comité pide una vez más al Gobierno que envíe sus observaciones sobre los alegatos relativos a la detención y condena a multa del periodista Alcides Rodríguez, y a violencias contra dirigentes de la Cámara de Comercio y sus empresas.

&htab;457.&htab;La queja figura en una comunicación de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de 17 de octubre de 1988 y en una comunicación de la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) de 25 de enero de 1989 apoyada por la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) en comunicación de 30 de enero de 1989. El Gobierno respondió por comunicaciones de 2 de febrero y 24 de abril de 1989.

&htab;458.&htab;Panamá ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;459.&htab;La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) alega en su comunicación de 17 de octubre de 1988 que el 19 de septiembre fueron arrestados tres miembros del comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) considerados como subversivos por ejercer sucesivas huelgas para obtener mejoras económicas y mejores condiciones de trabajo. Los sindicalistas afectados por tan arbitraria medida son Fernando del Río Gaona (supervisor líneas de transmisión, secretario de organización y ex secretario general del Sindicato), Luis Enrique Hurtado Jaramillo (ingeniero civil y secretario de prensa y propaganda del Sindicato) y Angel Julio Corvalán Sánchez (subsecretario de defensa y trabajo del Sindicato).

&htab;460.&htab;La CIOSL añade que anteriormente, el 16 de agosto de 1988, había sido detenido el Sr. Isaac Rodríguez, secretario general del mismo Sindicato (SITIRHE) quien fue duramente golpeado durante su detención.

&htab;461.&htab;Por otra parte, en relación con los mismos hechos, la CLAT y la CMT alegan en sus comunicaciones de 25 y 30 de enero de 1989 que a raíz de las legítimas reivindicaciones decididas democráticamente por los trabajadores agrupados en el Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE), las autoridades intervinieron. Fue así que los locales del Sindicato fueron allanados y clausurados por la guardia nacional y los fondos sindicales confiscados; unos 350 trabajadores y 50 dirigentes fueron despedidos arbitrariamente y más de 80 miembros del Sindicato fueron detenidos. Se ha instaurado una persecución permanente de los dirigentes y el secretario general de la organización está exiliado en España desde noviembre de 1988. La CMT y la CLAT señalan que los dirigentes sindicales Sres. del Río, Hurtado y Corvalán fueron detenidos y posteriormente liberados.

&htab;462.&htab;El Gobierno declara en su comunicación de 28 de febrero de 1989 que las alegaciones relativas a la detención de los dirigentes sindicales antes mencionados carecen de toda veracidad, por cuanto las mismas pretenden desvirtuar la vinculación de estas personas en la comisión de hechos delictivos que pusieron en grave peligro la seguridad colectiva y la personalidad interna del Estado. Estos hechos se produjeron en el marco de acciones violentas provocadas fundamentalmente por organizaciones de carácter político en su afán de producir un cambio, en el orden constitucional establecido.

&htab;463.&htab;El Gobierno precisa que la magnitud de las consecuencias de la conducta delictiva se manifestó en la total interrupción del servicio de suministro de energía eléctrica a toda la República por un período de más de 24 horas, producido por actos criminales de sabotaje, y que ocasionaron perjuicios irresarcibles, inclusive la pérdida de vidas humanas. La respectiva investigación determinó que a la comisión de estos delitos, se encontraban vinculados inequívocamente los Sres. Rodríguez, del Río, Hurtado y Corvalán, y ello motivó que el funcionario de instrucción ordenara su detención preventiva, en atención a las normas del Código de procesamiento penal. Entre las normas penales infringidas se encuentra el artículo 235 del Código Penal que establece que "el que dañe o inutilice canales, represas y otras obras destinadas a la irrigación, conducción de agua y producción o conducción de energía eléctrica o sustancias energéticas, será sancionado con prisión de tres a ocho años. Si como consecuencia de la comisión de los hechos antes descritos se produce la muerte de una o varias personas se aplicará la sanción prevista en el numeral o del artículo 232".

&htab;464.&htab;Por otro lado, añade el Gobierno, los Sres. Rodríguez, del Río, Hurtado y Corvalán, haciendo uso de su calidad de dirigentes sindicales, incurrieron en la promoción y dirección de actividades políticas, en contravención de los fines que deben procurar en beneficio del gremio trabajador e incurrieron en la comisión de delitos en contra de la personalidad interna del Estado. Sin embargo, declara el Gobierno, el funcionario de instrucción que en la actualidad tiene a su cargo la investigación concedió el beneficio de la libertad provisional a estas personas, aun cuando la misma no ha concluido.

&htab;465.&htab;En su comunicación de 24 de abril de 1989, el Gobierno relata los hechos en la siguiente forma: el 16 de marzo de 1988 el Sr. Isaac Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) ordenó a través de la radio del Instituto, junto con otros directivos sindicales y afiliados, que se paralizaran todos los centros de producción de energía eléctrica, dejándose sin energía eléctrica a todo el territorio nacional durante 24 horas. Al día siguiente se realizó una reunión tripartita en la que el SITIRHE acordó dar la orden para el restablecimiento del sistema eléctrico pero este acuerdo no fue cumplido por lo que tuvo que hacerse a través de personal técnico que no labora en los centros de producción de energía eléctrica, lo cual produjo en algunos casos una demora de hasta 54 horas dado que la orden del Sr. Isaac Rodríguez incluía no sólo el corte de electricidad sino también la colocación de trampas y dejar sin funcionamiento los mecanismos que permitían el pronto restablecimiento del sistema. La acción ejecutada por los directivos del SITIRHE el 16 de marzo de 1988 coincide con un intento de golpe militar encabezado por un coronel que tenía contactos permanentes con el Sr. Isaac Rodríguez y que incluso se había reunido con él el 15 de marzo de 1988. Asimismo, el 16 de marzo de 1988 se realizó una manifestación en la ciudad de Panamá que contó con la masiva participación de trabajadores convocados por el SITIRHE, sobre la que existen pruebas testimoniales de que el Sr. Isaac Rodríguez y otros directivos sindicales repartían armas. Se ordenó la detención de Isaac Rodríguez por su participación en los actos del 16 de marzo de 1988, bajo los cargos de cometer delitos que pusieron en peligro la seguridad colectiva y la personalidad interna del Estado, si bien, la detención no se llevó a cabo ya que el interesado permaneció oculto más de dos meses. También, la Procuraduría General de la Nación ordenó la detención de Fernando del Río, Luis Enrique Hurtado Jaramillo, Angel Julio Corvalán, y otros directivos y militantes sindicales en base a los hechos del 16 de marzo. Estas detenciones tampoco pudieron hacerse efectivas al mantenerse en la clandestinidad los interesados. Según la documentación enviada por el Gobierno, el número total de órdenes de detención se elevó a 84.

&htab;466.&htab;El 16 de agosto de 1988 el Sr. Isaac Rodríguez comandó un contingente de trabajadores que por iniciativa propia, sin mediar aviso previo o autorización alguna, procedió a cortar el suministro de energía eléctrica a Televisora Nacional Canal 2, S.A. (ERSA) con importantes daños materiales, produciéndose en esa fecha alteraciones del orden público y obstrucción de la vía pública, mediante el uso de vehículos de la Institución. Por ello, el Sr. Rodríguez como los otros trabajadores fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad. Ninguno presentó señas de haber sido golpeado, lo cual en el caso particular de Rodríguez queda acreditado en el informe de medicatura forense.

&htab;467.&htab;En el mes de septiembre continuó la campaña de desprestigio a las autoridades del IRHE y al Gobierno Nacional. Los directivos sindicales, Sres. del Río, Hurtado y Corvalán hicieron llamados a la comunidad, a través de hojas volantes y la radio, a la desobediencia en el pago de los cargos por servicios eléctricos, y el día 19 de septiembre organizaron reuniones en los centros de trabajo de Poli, Las Tablas y Torremolinos, y conminaron a los trabajadores a que suspendiesen injustificadamente sus labores, contraviniendo disposiciones contenidas en los decretos de Gabinete 6 y 23, del mes de marzo de 1988, los cuales declaran al IRHE, entre otras instituciones de servicio público, empresa de seguridad nacional, y faculta a las fuerzas de defensa a intervenir en ellas cuando se violen las disposiciones consagradas en dichos textos legales. En esta situación se procede a la detención de los señores del Río Gaona, Hurtado Jaramillo y Corvalán Sánchez con fundamento en los mencionados decretos de Gabinete y en la orden de detención expedida a raíz de los incidentes del 16 de marzo de 1988. El Sr. Rodríguez Armuelles se refugió en la Sede de la Nunciatura Apostólica hasta la fecha en que salió del país hacia España en calidad de refugiado político con la anuencia de las autoridades, quienes a pesar de existir una orden de detención en su contra y acusaciones por los delitos a que se ha hecho referencia, le extendieron un salvoconducto. Los Sres. del Río, Hurtado y Corvalán fueron puestos en libertad en el mes de noviembre de 1988 el primero, y en el mes de diciembre los otros dos y el proceso en su contra continúa. Todos ellos se hallan sindicados por el delito contra la seguridad colectiva, contra la personalidad jurídica del Estado, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, usurpación de funciones públicas y contra la autoridad pública, y más concretamente por violación de los artículos 235, 287, 301, 305, 306, 338, 343 y 344 del Código Penal.

&htab;468.&htab;Por otra parte se promovió un proceso de autorización para despedir al Sr. Rodríguez quien se encuentra amparado de fuero en su calidad de directivo sindical, habiendo el Tribunal Superior de Trabajo autorizado su despido con fundamento en su participación de los hechos del 16 de marzo de 1988.

&htab;469.&htab;El Gobierno concluye señalando que las acciones judiciales emprendidas no fueron motivadas en ningún momento por acciones vinculadas a la actividad sindical de los interesados sino por graves delitos contra la seguridad del Estado, por lo que no puede hablarse de violación de los convenios en materia de libertad sindical.

&htab;470.&htab;En la presente queja las organizaciones querellantes han alegado que con motivo de huelgas realizadas en el sector de la electricidad para obtener mejoras económicas y laborales, las autoridades detuvieron a cuatro dirigentes y 80 afiliados al Sindicato del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE), allanaron y clausuraron los locales sindicales, confiscaron los fondos sindicales y se despidió arbitrariamente a 50 dirigentes y 350 trabajadores.

&htab;471.&htab;En lo que respecta a la detención de cuatro dirigentes sindicales y 80 sindicalistas, el Comité observa que existe contradicción entre las versiones del Gobierno y la de los querellantes sobre los motivos de las mismas. En efecto, de la respuesta del Gobierno se desprende que las detenciones se debieron a la comisión de delitos de derecho común, y principalmente a la interrupción por sorpresa en todo el país durante 24 horas del suministro de energía eléctrica y que esta acción incluyó actos de sabotaje y había tenido finalidades políticas toda vez que el mismo día se produjo un intento de golpe militar a cargo de un coronel que estaba en contacto permanente con el secretario general del SITIRHE. Las organizaciones querellantes por el contrario han alegado que las detenciones de dirigentes sindicales y sindicalistas del sector de la electricidad se debieron a su participación en acciones de huelga para obtener mejoras económicas y laborales. Por otra parte se plantean ciertas cuestiones sobre las posibilidades de ejercicio legal de la huelga en el sector de la electricidad en la fecha que tuvo lugar la interrupción del suministro de energía eléctrica ya que si bien el Código de Trabajo permite la huelga en el sector de la electricidad subordinándola a un preaviso y al mantenimiento de un servicio mínimo (artículos 486 y 487), el Gobierno ha puesto de relieve que el 6 y el 23 de marzo de 1988 se dictaron decretos de Gabinete que tendrían como resultado la prohibición de la huelga en dicho sector. No obstante, el Gobierno no ha enviado copia de tales decretos, ni ha facilitado informaciones sobre las razones por las que el régimen general de la huelga fue alterado con respecto al sector de la electricidad.

&htab;472.&htab;Teniendo en cuenta las contradiciones apuntadas entre los alegatos y la respuesta del Gobierno y la carencia de información sobre algunos puntos, el Comité considera que no se halla en condiciones de pronunciarse con suficientes elementos de apreciación sobre los alegatos relativos a la detención de dirigentes sindicales y sindicalistas. Por consiguiente, observando que los cuatro dirigentes sindicales en cuestión obtuvieron la libertad provinsional (uno de ellos se exilió a un país extranjero) y se hallan actualmente procesados, el Comité pide al Gobierno que envíe el texto de la sentencia que se dicte sobre este asunto. El Comité pide igualmente al Gobierno que facilite precisiones sobre la situación procesal de los otros 80 sindicalistas que habían sido detenidos, que indique si fueron puestos en libertad y que facilite el texto de las sentencias que puedan dictarse sobre los mismos.

&htab;473.&htab;Por último, el Comité lamenta observar que el Gobierno no haya respondido a los demás alegatos (allanamiento y clausura de los locales del SITIRHE, confiscación de sus fondos y despido arbitrario de 50 dirigentes - el Gobierno sólo se ha referido al despido del dirigente Isaac Rodríguez - y de 350 trabajadores). Por consiguiente, el Comité pide al Gobierno que responda a estos alegatos.

&htab;474.&htab;En vista de las condiciones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:

a) El Comité pide al Gobierno que envíe el texto de la sentencia que se dicte sobre los cuatro dirigentes sindicales (actualmente en libertad provisional) y 80 sindicalistas acusados de haber provocado la interrupción del suministro de energía eléctrica en todo el país durante 24 horas a través de actos de sabotaje, y de la comisión de otros delitos. El Comité pide igualmente al Gobierno que informe sobre la evolución de los correspondientes procesos y que indique si los 80 sindicalistas que habían sido detenidos fueron puestos en libertad.

b) El Comité lamenta que el Gobierno no haya respondido a los alegatos relativos al allanamiento y clausura de los locales del SITIRHE, a la confiscación de sus bienes y al despido arbitrario de 50 dirigentes y 350 trabajadores. El Comité insta al Gobierno a que responda con rapidez a estos alegatos.

&htab;475.&htab;Las quejas correspondientes al caso núm. 1434 fueron examinadas por el Comité en su reunión de noviembre de 1988 presentando un informe provisional al Consejo de Administración, que se basó en gran parte en el informe de la misión de contactos directos efectuada por el profesor Philippe Cahier del 31 de agosto al 7 de septiembre de 1988 en Colombia. [Véase 259. o  informe del Comité, párrafos 589 a 678 (y anexos), aprobado por el Consejo de Administración en su 241. a  reunión (noviembre de 1988)]. Estas quejas fueron presentadas por las siguientes organizaciones: Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza (CMOPE) y Federación Sindical Mundial (FSM). Ulteriormente, el Gobierno envió nuevas observaciones por comunicaciones de 14 de marzo y 17 de mayo de 1989.

&htab;476.&htab;Las quejas correspondientes al caso núm. 1477 figuran en comunicaciones de la CUT (26 y 28 de octubre y 3 y 16 de noviembre de 1988; 23 y 24 de febrero, 29 de marzo y 7 de abril de 1989), la CIOSL (28 de octubre y 8 de noviembre de 1988; y 3 de febrero y 6 de marzo de 1989), la FSM (10 de noviembre de 1988 y 17 de marzo de 1989), la CMOPE (23 de noviembre de 1988; y 20 de febrero, 31 de marzo y 14 de abril de 1989), y la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de Servicios Públicos y Similares (2 y 20 de marzo de 1989). El Gobierno envió sus respuestas en comunicaciones de 26 y 31 de octubre, y 14 de diciembre de 1988 y de 4 de abril y 24 de mayo de 1989.

&htab;477.&htab;Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;478.&htab;Cuando el Comité examinó este caso en su reunión de noviembre de 1988, formuló las siguientes recomendaciones sobre los alegatos que quedaron pendientes [véase 259. o  informe, párrafo 678]:

&htab;"El Comité está vivamente preocupado por la dramática situación de violencia que afronta Colombia que de manera general hace imposible las condiciones normales de existencia de la población e impide el pleno ejercicio de las actividades sindicales.

&htab;En lo que respecta al caso núm. 1434, el Comité expresa su consternación ante el elevadísimo número de asesinatos y desapariciones y expresa su particular preocupación ante el elevado número de víctimas que son dirigentes sindicales o sindicalistas (más de 200 desde 1986), la mayoría de los cuales están vinculados a la CUT, central más representativa del país. El Comité toma nota de una serie de medidas positivas del Gobierno para poner freno a la violencia pero observa que no han logrado alcanzar el resultado esperado. &htab;El Comité pide al Gobierno que adopte medidas vigorosas a escala nacional y emplee todos sus esfuerzos para desarticular los denominados grupos paramilitares que actúan en el país, que según se desprende del informe de misión son autores - junto con los asesinos a sueldo - de la mayoría de los asesinatos de sindicalistas. El Comité confía en que a tales grupos y a aquellos que los financian se les aplicará lo antes posible todo el rigor de la ley penal y ruega al Gobierno que le informe sobre todos estos puntos. El Comité pide asimismo al Gobierno que comunique los resultados de la investigación realizada por el procurador delegado para las fuerzas militares sobre los grupos paramilitares.

&htab;El Comité pide al Gobierno que facilite todo tipo de precisiones sobre la existencia y contenido de disposiciones en vigor sobre los denominados "comités de autodefensa" de la población civil (formados por civiles de localidades donde opera la guerrilla, con funciones de autodefensa y de colaboración con el ejército) y sobre el control que pueda existir sobre sus acciones y las eventuales condenas que se hayan dictado en caso de abuso de poder.

&htab;Habida cuenta del elevado grado de impunidad de que gozan de hecho los responsables de la mayoría de los asesinatos de sindicalistas, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para un reforzamiento radical de los efectivos y de los medios de que dispone el poder judicial, y que le informe al respecto.

&htab;El Comité pide al Gobierno que envíe observaciones sobre el alegado asesinato de los 32 sindicalistas sobre lo que no ha respondido (véase anexo I al 259. o  informe) y que le mantenga informado de la evolución de las investigaciones judiciales en curso sobre el asesinato de los demás sindicalistas a los que se ha referido en sus respuestas.

&htab;En lo que respecta a la desaparición de sindicalistas, el Comité toma nota de que no existe constancia de la desaparición de Jaime Casas Rojas y de que se han abierto investigaciones judiciales, si bien no parece que haya resultados por ahora, sobre la desaparición de Marlene Medina Gómez, Luis Alberto Builes, Alvaro Usuga, Marina Elvia Díaz, Marcial Alonso González y Christian Roa. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de la evolución de dichas investigaciones judiciales y que envíe sus observaciones sobre la desaparición de los sindicalistas Luis Villadiego, Gabriel Holguin y Lucio Serrano Luna. &htab;El Comité pide a las organizaciones querellantes que faciliten informaciones complementarias sobre el alegado asesinato de Aníbal Díaz, la desaparición de Jaime Casas Rojas y la detención de Leonardo Chacón y Blanca Vera, ya que, según el Gobierno, no existe constancia de tales hechos."

b) &htab;Respuesta del Gobierno

&htab;479.&htab;En su comunicación de 14 de marzo de 1989, el Gobierno facilita las informaciones siguientes en relación con algunos sumarios:

- Melba Amariles Hernández, Arturo Salazar, Gustavo de Jesús Callejas, Héctor Alonso Loaiza, Pablo Emilio Córdoba, Alonso Miguel Lozano, José Lilealdo Herrera Cano, Hamet Consuegra Llorente, Juan José Hernández D. y Luis Antonio Martínez D. No se ha identificado a los responsables de los asesinatos de estas personas.

- En relación con el homicidio de Domitila Cigue, la investigación cursa en el Juzgado 17 de Instrucción Criminal de Santa Rosa de Viterbo (Bogotá) y se ha dictado una medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva de ciertas personas cuyo nombre se mantiene bajo reserva sumarial.

- En relación con el homicidio de Asdrúbal Jiménez Vacca, asesor de SINTAGRO, se recibieron declaraciones de la hermana del occiso, con el fin de obtener nuevos informes sobre el delito.

&htab;480.&htab;En su comunicación de 17 de mayo de 1989, el Gobierno envía el texto de tres decretos del Presidente de la República (núms. 813, 814 y 815) dictados el 14 de abril de 1989, en los que se prevé: 1) la creación de una comisión asesora y coordinadora de las acciones contra los escuadrones de la muerte y otros grupos de sicarios o de justicia privada; esta comisión está integrada por los Ministros de Gobierno, de Defensa y de Justicia, el jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, el Comandante General de las Fuerzas Armadas y el Director General de la Policía Nacional; 2) la creación de un cuerpo especial armado integrado por mil efectivos de la policía nacional encargado de cumplir misiones de orden público contra los escuadrones de la muerte y otros grupos de sicarios o de "justicia privada"; 3) la limitación de la colaboración de la población civil con las fuerzas armadas a actividades no agresivas, prohibiéndose en particular la entrega de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, el porte de las mismas o su utilización.

&htab;481.&htab;Las organizaciones querellantes alegan que ante la difícil situación por la que atraviesa Colombia, especialmente la clase trabajadora, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), presentó el día 18 de mayo de 1988, un pliego de peticiones al Gobierno, en el que se incluía entre otros puntos que el Gobierno se comprometiera en una política de seguridad en favor de los dirigentes sindicales y populares, tratando por todos los medios de desmontar los grupos paramilitares, que tantas muertes han causado en las filas del movimiento sindical y popular; el alza general de salarios y la congelación de precios en los artículos de primera necesidad de la canasta familiar por un tiempo determinado. La falta de interés por parte del Gobierno en la discusión del mencionado pliego, dio lugar a que la CUT, la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras organizaciones sindicales convocaran una huelga general para el día 27 de octubre de 1988. La respuesta del Gobierno fue la expedición de los decretos 2201 y 2200 de 25 de octubre de 1988 que en particular disponen lo siguiente:

&htab;"Mientras subsista el actual Estado de Sitio, los Sindicatos, Federaciones o Confederaciones Sindicales que organicen, dirijan, promuevan, fomenten o estimulen en cualquier forma al margen de la Ley el cese total o parcial, continuo o escalonado de las actividades normales de carácter laboral o de cualquier otro orden, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, podrá suspender su Personería Jurídica.

&htab;Mientras subsista el actual Estado de Sitio, quienen organicen, dirijan, promuevan, fomenten o estimulen en cualquier forma al margen de la Ley el cese total o parcial, continuo o escalonado de las actividades normales de carácter laboral o de cualquier otro orden, incurrirán en arresto de treinta a ciento ochenta días, que impondrán los Gobernadores, Intendentes, Comisarios y Alcaldes mediante resolución motivada.

&htab;Constituirá justa causa de terminación de los contratos de trabajo, el haber sido sancionado conforme al presente decreto."

&htab;482.&htab;Las organizaciones querellantes añaden que basándose en estas disposiciones, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social suspendió la personería jurídica a las siguientes organizaciones: Sindicato de Trabajadores de la Electrificadora (SINTRAELECOL), Sindicato de Trabajadores de Salinas de Zipaquira (SINTRASALINAS), Sindicato de Trabajadores de Central de Mezclas (SINTRAMEZCLAS), Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vidrio y Afines (SINTRAVIDRICOL), Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios (SINTRAHOSPITAL), Sindicato de Trabajadores Agropecuarios (SINTAGRO), Sindicato de Trabajadores del Banano (SINTRABANANO) y Sindicato de Trabajadores de la Industria Nacional de la Alimentación (SINTRAINAL). Asimismo, las organizaciones querellantes envían en anexo una lista de 204 sindicalistas y trabajadores detenidos con motivo de la huelga general (número que a finales de noviembre de 1988 se redujo a 89), entre los cuales figuran trabajadores condenados a 180, 150 y 60 días de arresto. Entre los detenidos figuran Jasafat Tarazona, Presidente de la Unión Sindical de Trabajadores de Santander, César Carrillo, Presidente del Sindicato de Trabajadores del Petróleo de Santander, Ligia Cáceres, miembro ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores y Empleados del Estado, Bernardo Blanco, miembro del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Departamento Norte de Santander, Orlando Mesa, Gonzalo Gómez y Edilberto Ramírez, miembros del Sindicato de Trabajadores Textiles, Eduardo Yando y Guillermo Chitan, miembros del Sindicato de Inventores, y Ramón Sinisterra, miembro del Sindicato de Trabajadores de Ingenios. Las organizaciones querellantes subrayan que la suspensión de personerías jurídicas de organizaciones sindicales y la imposición de penas de detención debería corresponder a la autoridad judicial y no a la autoridad administrativa, militar o policial. Las organizaciones querellantes señalan también que en aplicación de los mencionados decretos se despidió a numerosos sindicalistas y dirigentes sindicales (los querellantes envían una lista de 76 despedidos).

&htab;483.&htab;Por otra parte, las organizaciones querellantes, después de subrayar que los grupos paramilitares siguen asesinando dirigentes sindicales y sindicalistas, con una total impunidad, alegan los siguientes asesinatos y desaparaciones:

- JOSE MANUEL HERRERA, miembro suplente de la Junta Directiva Nacional de "SUTIMAC", trabajador de Cementos Nare en el Municipio de Caracolí, asesinado por sicarios cuando se dirigía con su familia a la casa de su madre en el Corregimiento La Sierra, Municipio de Nare (Antioquia). Este hecho llevó a un paro desde las 21 horas del día 4 de septiembre en Cementos Nare y las Canteras de Caracolí.

- CARLOS JAIME RINCON, activista afiliado a Sintraelecol-Bucaramanga, 27 años de edad, asesinado en Bucaramanga (Santander) el 13 de septiembre de 1988 por sicarios cuando se dirigía a su casa.

- ARSENIO OSORIO, afiliado a SINTRAMONARK, asesinado el 23 de septiembre de 1988 en la ciudad de Cali (Valle) por dos sujetos que se movilizaban en moto, siendo acribillado a bala. Llegó sin vida al hospital.

- HARVEY MURIEL VELASCO, afiliado al Sindicato de Educadores de Risaralda, militante del Frente Popular, asesinado en el aula de clase, Vereda la Argentina, por cuatro sicarios, el 4 de octubre de 1988. - ANIBAL DE JESUS ECHEVERRIA (40 años) y MANUEL GILLERMO QUIROZ (23 años), afiliados a SINTAGRO, trabajadores de la Finca el Guineo, asesinados por un sicario que se movilizaba en un campero el 11 de octubre de 1988.

- ARGELIO NOVOA, afiliado a SINDEJORNALEROS, candidato a la próxima Junta Directiva, quien laboraba en la finca Rita María en el municipio de Apartadó (Antioquia). Cinco sicarios, con el pretexto de hacer una requisa en búsqueda de armas, lo acribillaron frente a su residencia, el día 13 de octubre de 1988.

- ALVARO FAJARDO, Jefe de Núcleo, activista sindical y del movimiento cooperativo, asesinado por el teniente Danilo Rodríguez, comandante del puesto de policía en el municipio de San José de Isnos (Huila), el 14 de octubre de 1988.

- CESAR CASTRO, perteneciente a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, asesinado el 15 de octubre de 1988.

- CARLOS CONDA, miembro suplente de la Junta Directiva del Sindicato Agrario en Caquetá, asesinado por dos sicarios que se movilizaban en una moto a las 9 horas, en Puerto Rico Caquetá, el 15 de octubre de 1988.

- ELECTO FLOREZ, fiscal de SINTRABANANO, asesinado cuando se desplazaba en compañía de su esposa de Carepa a Apartadó a las 19 h. 15, por dos sicarios que se movilizaban en moto. Este crimen fue cometido cerca del Batallón Voltígeros el 15 de octubre de 1988.

- ALCARDO PATINO, afiliado a SINTRABANANO, laboraba en la Finca Corralito en el municipio de Chigorodó (Antioquia), asesinado por sicarios el día 16 de octubre de 1988.

- ALBERTO JOSE PALMERA, ex presidente de la Subdirectiva de Sintagro en Chigorodó, trabajador de la Finca Guatapuri, abaleado el 17 de octubre de 1988 pocos minutos después de salir de un cuartel muriendo en el acto y MANUEL PEÑATE, herido en la cara el mismo día, logró desplazarse por sus propios medios a una heladería para escapar de los sicarios y de allí al Hospital de Chigorodó, de donde fue sacado en una ambulancia por un agente de la policía para ser conducido al Hospital de Apartadó, en donde fue entregado muerto con cerca de seis tiros en la cabeza. Manuel Peñate era afiliado a Sintagro y trabajador de la finca Ethel en Turbo.

- HERMELINDA CASTRO, perteneció a la Junta Directiva de Sintrapoy, funcionaria del Inderena, trabajaba en el proyecto forestal Carare-Opón. Asesinada por un sicario del MAS el 20 de octubre de 1988. - FELIPE GALEANO, dirigente departamental de la ANUC y dirigente de FENSUAGRO, asesinado por seis sujetos que se presentaron a las 17 horas en su residencia el día 23 de octubre de 1988.

- RISARALDA VEREDA ARGENTINA, activista sindical del distrito de Pereira, asesinada el 26 de octubre de 1988.

- OSCAR CHAQUER, dirigente del magisterio en Córdoba, afiliado a ADEMACOR, asesinado por sicarios en Montería (Córdoba), el día 26 de octubre de 1988.

- FRANCISCO RENTERIA, resultó muerto el 27 de octubre de 1988 cuando un barco de la armada nacional disparó sobre el bongo, en el cual se dirigían a sus casas trabajadores de ASODIMBRAS y SINDEBRAS.

- EMIRO TRUJILLO y LEONARDO LINDARTE CARVAJAL, eminentes profesores de la Faculta de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Trujillo era vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia. Fueron asesinados por agentes del DAS, en Medellín el 31 de octubre de 1988.

- RAFAEL ATEHORTUA, presidente de la Subdirectiva de ADIDA en Tamesis, asesinado por sicarios a las 7 horas en el salón de clases, en Palermo (Corregimiento de Tamesis), el 8 de noviembre de 1988.

- CLIRIO GRACIANO, miembro de la asamblea de delegados de ADIDA por el Municipio Yali, asesinado por sicarios que se movilizaban en moto, en Yali (Antioquia), el 9 de noviembre de 1988.

- GABRIEL LOPEZ, activista de la ANUC, campesino, asesinado en San Pelaya (César) el 13 de noviembre de 1988 a las 19 horas en su residencia.

- JOSE PEZOTE, activista de Asinort, educador en Ocaña (Norte de Santander), asesinado el 22 de noviembre de 1988.

- RUBEN DARIO MEJIA, profesor, presidente de la Subdirectiva de ADIDA del Municipio de Bolívar (Antioquia), asesinado el 1.° de diciembre de 1988 cuando se encontraba en el parque del mismo municipio, siendo abaleado por cuatro sicarios a las 18 horas.

- ANDRES MOZO, fiscal de SINTAGRO, miembro de la Junta Directiva Nacional de la CUT, asesinado en la finca la Suerte No. 1 en Apartadó (Antioquia), a las 9 horas el 3 de diciembre de 1988.

- ANTONIO VEGA HERNANDEZ, afiliado a SINTRAINDUPALMA, acribillado vilmente cuando se encontraba en la puerta de su casa en San Alberto (César), el 27 de diciembre de 1988.

- FERMIN MELENDEZ ACOSTA, dirigente de ADEMACOR y luchador por la causa de los trabajadores del magisterio, se desempeñaba como presidente de FESTRACOR y hacía parte de la Junta Directiva Nacional de la CUT. Fue asesinado por sicarios el 31 de diciembre de 1988 cuando se encontraba en la terraza de su casa. - FRANCISCO DE PAULA PEREZ CASTRILLON, profesor afiliado a ADIDA, asesinado por sicarios en Medellín (Antioquia) el 1.° de enero de 1989.

- PEDRO SOLANO, trabajador de Indupalma, afiliado a SINTRAINDUPALMA, sorprendido a tiros por desconocidos en el Barrio 23 de Agosto de San Alberto (César), el 1.° de enero de 1989.

- LUIS SIERRA, miembro de la Junta Directiva Nacional de SINUVICOL, desaparecido en el mes de diciembre y encontrado muerto el 5 de enero de 1989.

- ANTONIO MARTINEZ, miembro de la Junta Directiva de Sintratextil, formaba parte del Comité de la Federación de Trabajadores Textileros en Antioquia, perteneció al Comité Ejecutivo de FEDETA. Asesinado el 5 de enero de 1989 cuando se dirigía de su casa a la Empresa Textiles Rionegro donde laboraba, en el trayecto fue obligado a bajar del bus y en presencia de sus compañeros fue acribillado por un grupo de seis sicarios.

- MAURICIO ROMERO y HUMBERTO RUIZ (ingenieros), GUSTAVO PEREZ y GERARDO UPEGUI (tecnólogos), asesinados el 5 de enero de 1989 en la Empresa Cementos Nare, sección canteras. Patricia Orejuela y Stella Martínez del servicio doméstico resultaron gravemente heridas en estos hechos. Los trabajadores de Cementos Nare en la Sierra y Caracolí paralizaron la producción en repudio a estos asesinatos.

- ISIDRO CABALLERO DELGADO, profesor afiliado al Sindicato de Maestros de César, detenido el 7 de febrero de 1989 por los militares en el Corregimiento de Guaduas en San Alberto y desaparecido desde entonces. Los militares niegan su detención.

- JORGE MARTINEZ, presidente del Sindicato de Trabajadores del Agro, asesinado por desconocidos el 22 de enero de 1989.

- JULIO ELIECER AGUDELO, fiscal del Sindicato de Empresas Metálicas de Palmira, desaparecido el 3 de febrero de 1989; su cadáver fue encontrado el 23 de febrero en el lago Calima de la ciudad de Cali.

- FRANCISO DUMAR, vicepresidente del Sindicato de Avianca, fue asesinado el 13 de febrero en el Departamento de Córdoba por dos sicarios que lo abalearon cuando ingresaba a su trabajo por la mañana.

- LUIS EDUARDO YAYA, presidente de la Federación Sindical de Trabajadores de Meta y miembro de la Junta Directiva Nacional de la CUT, fue asesinado en Villavicencio (Meta) el 23 de febrero de 1989 cuando salía de su casa. - FERMIN MELENDEZ, presidente de FESTRACOR y dirigente de los educadores de Córdoba, asesinado en febrero de 1989.

- JOSE MARIA CASTILLO, presidente del Sindicato Agrario de Arjona (Bolívar) y vicepresidente de la subdirectiva de la CUT en el departamento de Bolívar, fue asesinado el 20 de marzo de 1989 en la ciudad de Cartagena (Bolívar).

- HERNAN VARGAS CALDERON, maestro en el Colegio San Pablo, Currillo, provincia de Coqueta, fue asesinado el 3 de abril de 1989, después de haber sido amenazado de muerte varias veces. Es el segundo profesor asesinado en ese colegio.

- LUIS ALBERTO CARDONA, profesor universitario, fue asesinado el 4 de abril de 1989 en Pereira (Santa Rosa de Cabal), cuando se dirigía a dictar clases en la Universidad de Santa Rosa de Cabal. Era presidente del Comité de Derechos Humanos de Caldas, había recibido recientemente la Condecoración Nelson Mandela de la Paz; igualmente era concejal de la Unión Patriótica en Chinchiná y asesor de diferentes organizaciones sindicales por mucho tiempo.

- EDISON PACHECO, presidente de la Federación de Trabajadores de Córdoba, filial de la CUT, fue asesinado el 6 de abril de 1989 en la ciudad de Montería; su esposa fue alcanzada por las balas y está grave.

- FERNANDO MESA CASTILLO, profesor del Liceo Nacional de Cartago y de la Universidad Tecnológica de Pereira, fue asesinado el 7 de abril de 1989.

&htab;484.&htab;Las organizaciones querellantes envían en anexo copia de un informe confidencial del Departamento Administrativo de Seguridad (DAD) en el que se indica que:

"los sicarios y narcotraficantes que operan en jurisdicción de Puerto Boyacá (Boyacá) utilizan como fachada la "Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio - ACDEGAM", tras la cual escudan sus actividades ilícitas... La directiva de ACDEGAM está integrada por los siguientes capos de esa organización: Henry Pérez, presidente; Gonzalo de Jesús Pérez, vicepresidente y padre del anterior; Luis Rubio, alcalde popular de Puerto Boyacá. Esta organización cuenta con más de 300 hombres armados que se desplazan por los municipios de Puerto Boyacá y Otanche (Boyacá), Cimitarra y Puerto Olaya (Santander), La Dorada (Caldas) y Puerto Berrío (Antioquia), contando para ello con una completa infraestructura que incluye más de 100 vehículos entre camperos, camionetas, automóviles, camiones y aeronaves pequeñas. El sostenimiento de la banda está a cargo de narcotraficantes, ganaderos y agricultores que de alguna manera dedican parte de sus propiedades al cultivo de la hoja de coca; actividad camuflada con otras actividades agrícolas legales. Algunas autoridades con jurisdicción en el Magdalena Medio colaboran con ACDEGAM, destacándose las siguientes: procurador regional de Honda (Tolima); comandante y subcomandante de la base militar de Puerto Calderón; comandante de la policía en La Dorada (Caldas); comandante de la policía en Puerto Boyacá (Boyacá); el alcalde de Puerto Boyacá (Boyacá)..." "La banda de delincuentes que regionalmente de conoce con el nombre de "Muerte a Secuestradores (MAS)", es subsidiada por varios miembros del "cartel de Medellín"... (se citan los nombres). Entre los mandos medios de la organización de sicarios figuran los siguientes sujetos: ... un sargento del ejército..."

A continuación en el informe del DAS se dan detalles sobre las escuelas de sicarios y su ubicación.

&htab;485.&htab;Por último, las organizaciones querellantes alegan los siguientes actos de violencia y detenciones:

- El 6 de octubre de 1988, Mario Montes de Oca, miembro de la subdirectiva del Sindicato de Trabajadores de Risaralda fue víctima de un atentado en Quinchia, quedando herido.

- El 9 de octubre de 1988 desconocidos dispararon desde un coche contra el profesor Hugo Arnulfo Escobar, dirigente del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación del Valle en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca).

- El 23 de octubre de 1988, agentes de la policía atacaron a trabajadores que viajaban en autobuses sindicales, resultando heridos Adela Caicedo, Mármol Isaac y Parra Fausto.

- El 25 de octubre de 1988 estallaron bombas en las sedes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Santander y del Sindicato de Trabajadores de la Caña de Azúcar de Palmira. Semanas antes, el 6 de octubre de 1988 se colocó una bomba de 10 kilos de dinamita en la sede del Sindicato de Maestros de Córdoba programada para estallar a la hora de la reunión de la junta directiva pero afortunadamente pudo descubrirse la bomba y desactivarse.

- En octubre de 1988, la CUT denunció públicamente el hostigamiento de que eran objeto los dirigentes sindicales de Antioquia, Angela Tobón Puerta y Jimmy Abdala Oliveros que se ha concretado, a partir del anuncio de la huelga general del 27 de octubre, en seguimientos y hostilidad por parte de civiles armados y llamadas telefónicas a sus residencias.

- Se acusó a Ana Inés Candela (vicepresidenta del Sindicato de la Caja Nacional de Previsión) y a Maritza Palencia (empleada de la administración distrital de esa Caja en Bogotá y miembro del Sindicato de Empleados del Distrito Especial de Bogotá) de ser sospechosas de estar vinculadas a la guerrilla. En el proceso los jueces denegaron los cargos y ordenaron la puesta en libertad de las interesadas. No obstante, desde el 7 de enero de 1989 siguen detenidas en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá (la comunicación en la que se relatan estos alegatos tiene fecha de 2 de marzo de 1989). - En marzo de 1989, Alfonso Rodríguez, gerente de la Cooperativa de Trabajadores de Ecopetrol, fue objeto de un atentado terrorista mediante una bomba colocada en su residencia.

- El 29 de marzo en horas de la mañana, tropas del ejército de la jefatura militar de Urabá, detuvieron a la totalidad de los trabajadores de la finca "Pan Gordito" y otros de la finca "El Porvenir", ambas ubicadas en el municipio de Apartadó. Los detenidos eran más de 85, entre ellos tres directivos de SINTAGRO: Fernando Díaz, miembro de la junta directiva nacional, Clímaco Herrera, de la subdirectiva de Carepa, y Mario Ibarra, de la subdirectiva de Apartadó. Los tres directivos fueron torturados y por la acción de movilización de los trabajadores de Urabá, fueron liberados el 30 de marzo a las 5 p.m. Mario Ibarra está hospitalizado de gravedad en Bogotá.

- El 7 de abril de 1989 se produjo un atentado contra el fiscal de la Federación de Trabajadores de Norte de Santander FENOSTRA-CUT, Juan Bautista Patiño, hiriéndose a su hijo de 18 años. Este hecho se produjo en Pamplona y el abaleo fue desde un carro.

- Dirigentes de la Unión Sindical de Trabajadores (USITRAS), en Santander, han recibido amenazas de muerte. Estas amenazas conciernen a César Martínez, Rarid Florez y Alberto Gil, todos ellos dirigentes del Sindicato de Maestros de Santander, y Víctor Lizcano, presidente de USITRAS.

- En Santa Marta, Magdalena, la Federación de Trabajadores del Magdalena ha recibido amenazas de muerte contra los dirigentes sindicales, Henry Taité, presidente del Sindicato de la Licorera, Juan Luis Gómez, Lurdes Manjarrés y Angel Manjarrés. Estos dos últimos son dirigentes maestros.

b) Respuesta del Gobierno

&htab;486.&htab;En su comunicación de 26 de octubre de 1988, el Gobierno transmite la información recogida por la prensa sobre un documento incautado por las autoridades colombianas según el cual, con ocasión del paro que organizan para el jueves 27 de octubre la CUT y la CGT, la llamada "Coordinadora Nacional Guerrillera" prepara una jornada de terrorismo con toda clase de atentados y perturbaciones a la paz pública completamente fuera del ámbito laboral. Dicho documento habría puesto al descubierto un tenebroso plan terrorista de la mayoría de los grupos guerrilleros, a cargo de la Coordinadora Terrorista Simón Bolívar, que incluía: convocar a todos los sectores populares y trabajadores a participar activamente en combates callejeros y a enfrentar a la fuerza pública; desplegar una variada "acción militar" realizando atentados y sabotajes contra entidades públicas; antes y durante la huelga general del jueves, instalar retenes de agitación y desplegar una amplia campaña de terrorismo sicológico a través de llamadas anónimas y falsas alarmas, anunciando la colocación de petardos en distintos sitios; extender el terrorismo contra surtidoras de gasolina, centrales telefónicas, redes de interconexión eléctrica, terminales de transporte, oleoductos, gasoductos, poliductos y empresas transnacionales; colocar soldadura sintética a las cerraduras de establecimientos comerciales para que los empleados no puedan trabajar ese día; dinamitar carreteras, destruir puentes, regar tachuelas, taponar las principales vías de acceso a los complejos industriales, impedir la movilización de la tropa y bloquear las cabeceras municipales a efectos de obstruir el abastecimiento de productos agrícolas; atraer a las tropas a sectores distantes de los centros urbanos, para emboscarlas y atacar las bases militares que tengan poca seguridad.

&htab;487.&htab;El Gobierno transmite en su comunicación de 31 de octubre de 1988 las declaraciones del Presidente de la República al día siguiente del paro de las centrales sindicales, que se reproducen en parte a continuación:

&htab;"Puedo anunciarles que hemos derrotado a los enemigos del país. Las medidas de prevención tomadas por el Gobierno nacional para preservar el orden público durante el día de hoy cumplieron su objetivo. Nuestras instituciones han dado una nueva muestra de fortaleza. La prueba a la cual unos grupúsculos violentos pretendieron someter a nuestra democracia, ha sido ampliamente superada.

&htab;El paro convocado por algunas centrales sindicales no prosperó. La gran mayoría de la gente prefirió cumplir con sus deberes e ir a trabajar. A pesar de que la subversión tenía previstos varios actos desestabilizadores, no se presentaron mayores contratiempos. La acción de las fuerzas militares permitió prevenir actos terroristas. Las medidas adoptadas por el Gobierno fueron eficaces para asegurar la normalidad.

&htab;Pero fueron ustedes, colombianos de todos los sectores, trabajadores, empresarios, amas de casa y hombres del pueblo, quienes con su actitud firme hicieron de una amenaza un plebiscito en favor de la paz y la democracia. Yo siempre tuve la certeza y la tranquilidad de que el mayor obstáculo que encontrarían los agitadores sería el amplio respaldo de las mayorías a las instituciones. De la misma manera, estoy seguro de que la acción de la subversión nunca prosperará porque chocará siempre con el sentir de las mayorías."

&htab;488.&htab;En su comunicación de 14 de diciembre de 1988, el Gobierno refiriéndose a la jornada de protesta bajo nombre de paro general convocado por la CUT y respaldado por la CGT y con apoyo de la CTC, declara que el derecho de huelga compete exclusivamente a los sindicatos o grupos de trabajadores directa o indirectamente interesados. En efecto, el artículo 417 del Código Sustantivo de Trabajo a la letra dice "todos los sindicatos tienen, sin limitación alguna, la facultad de unirse o coaligarse en federaciones locales, regionales, profesionales o industriales, y éstas en confederaciones. Las federaciones y confederaciones tienen derecho al reconocimiento de personería jurídica propia y las mismas atribuciones de los sindicatos, salvo la declaración de huelga, que compete privativamente, cuando la ley lo autoriza, a los sindicatos respectivos o grupos de trabajadores directa o indirectamente interesados". El Gobierno añade que con relación a las supuestas detenciones de dirigentes sindicales con ocasión de la jornada de protesta el 27 de octubre de 1988, el Ministerio de Trabajo está realizando las indagaciones preliminares para determinar su exactitud.

&htab;489.&htab;En una comunicación posterior de fecha 4 de abril de 1989, el Gobierno declara que de los alegatos se desprende que las detenciones obedecen al cumplimiento de normas de orden público. El Gobierno actuó con la filosofía de impedir la turbación del orden público. La situación en Colombia ya es conocida, y se pretendía no agravar la reinante. Con tal fin se expidieron decretos de estado de sitio, en el cual las garantías se encuentran restringidas. Estas turbaciones del orden público exigen determinaciones de alta policía. El Gobierno subraya que las víctimas de la violencia no sólo son sindicalistas y trabajadores, sino también empresarios y funcionarios públicos. Por otra parte, refiriéndose a la suspensión de personería jurídica el Gobierno declara que ha de atenerse a los fallos del Consejo de Estado, autoridad competente del ámbito nacional que debe definir la situación.

&htab;490.&htab;Asimismo, el Gobierno solicita a la OIT que recabe de las organizaciones sindicales informaciones detalladas sobre los lugares donde ocurrieron los hechos alegados en el marco del presente caso [la Oficina Internacional del Trabajo transmitió inmediatamente a las organizaciones querellantes la solicitud del Gobierno]. Por último, en su comunicación de 24 de mayo de 1989, el Gobierno indica que los dirigentes sindicales detenidos con motivo de la huelga del 27 de octubre de 1988 fueron puestos en libertad en los días que siguieron (la Sra. Ligia Cáceres fue detenida durante 15 días). A continuación el Gobierno relata una serie de actos graves de terrorismo y de sabotaje que se produjeron en el país el día de esa huelga.

&htab;491.&htab;En lo que respecta a los alegatos de asesinatos y desapariciones de dirigentes sindicales y sindicalistas, el Comité recuerda que en su reunión de noviembre de 1988 señaló que sin duda se encontraba ante uno de los casos más graves que se le habían sometido en lo relativo al derecho a la vida [véase 259.° informe, párrafo 650], y que la dramática situación de violencia que afronta Colombia impedía el pleno ejercicio de las actividades sindicales [véase 259.° informe, párrafo 678, b)]. Por consiguiente, el Comité, después de expresar su consternación ante el elevadísimo número de asesinatos y desapariciones de dirigentes sindicales y sindicalistas (más de 200 desde 1986), pidió al Gobierno 1) que adoptara medidas vigorosas a escala nacional y empleara todos sus esfuerzos para desarticular los denominados grupos paramilitares que actúan en el país y 2) que tomara las medidas necesarias para un reforzamiento radical de los efectivos y de los medios de que dispone el poder judicial [véase 259.° informe, párrafo 678, d) y f)]. Los alegatos examinados por el Comité en su reunión de noviembre incluían también amenazas de muerte a centenares de sindicalistas.

&htab;492.&htab;Seis meses después del examen de estos alegatos sumamente graves, el Comité toma nota del contenido de los decretos núms. 813, 814 y 815, de 19 de abril de 1989 por los que se crea una comisión de alto nivel con funciones de asesoramiento y coordinación contra los escuadrones de la muerte y otros grupos de sicarios o de "justicia privada", y un cuerpo especial armado integrado por mil efectivos de la policía nacional para combatir estos grupos; asimismo se limita la colaboración de la población civil con las fuerzas armadas a actividades no agresivas, prohibiéndose expresamente le entraga, el porte y la utilización por parte de la población civil de armas de uso privativo de las fuerzas armadas. No obstante el Comité constata con inquietud y consternación que los querellantes han alegado el asesinato de 46 sindicalistas más, una nueva desaparición y numerosos actos de violencia, así como que nada muestra en las observaciones del Gobierno que haya adoptado medidas concretas eficaces con miras al reforzamiento de los efectivos y medios del poder judicial. Asimismo, en cuanto a los asesinatos y desapariciones alegados, el Gobierno se ha referido solamente al estado de las investigaciones sobre 12 de los asesinatos, señalando que no se ha identificado a los responsables.

&htab;493.&htab;En estas condiciones, el Comité expresa su decepción, reitera las conclusiones y recomendaciones que formuló en su reunión de noviembre de 1988 y se ve obligado a concluir en su presente reunión que el Gobierno no ha adoptado todavía todas las medidas necesarias y apropiadas que le había solicitado para garantizar a los dirigentes sindicales y a los sindicalistas el derecho a la vida que es el presupuesto básico del ejercicio de los derechos consagrados en el Convenio núm. 87. Teniendo en cuenta la necesidad absoluta de que se ponga término a la violencia que afronta el país, que afecta de manera muy importante al mundo sindical, el Comité insiste ante el Gobierno en que se adopten las medidas que le había solicitado para un reforzamiento radical de los efectivos y medios del poder judicial. El Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones sobre los alegatos relativos a numerosos asesinatos de sindicalistas a los que no ha respondido (véase anexo I), que informe sobre la evolución de las investigaciones judiciales emprendidas sobre los demás casos (véase anexo II), y sobre los resultados de las medidas adoptadas para combatir y desarticular los escuadrones de la muerte y demás grupos de sicarios o de "justicia privada".

&htab;494.&htab;En lo que respecta a la prohibición de la huelga general del 27 de octubre de 1988 y las medidas adoptadas como consecuencia de la misma (suspensión de ocho personerías jurídicas de sindicatos por el Ministerio de Trabajo y detenciones y despidos de un elevado número de sindicalistas), en virtud de los decretos de estado de sitio núms. 2201 y 2200, el Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno señalando que el derecho de huelga no compete a las federaciones y confederaciones (artículo 417 del Código de Trabajo), así como que con ocasión de la mencionada huelga general la Coordinadora Nacional Guerrillera preparaba una jornada de terrorismo que incluía la convocatoria a los trabajadores para participar en combates callejeros y enfrentarse a la fuerza pública, atentados y sabotajes en puntos estratégicos y ataque a bases militares. El Comité toma nota de que los decretos de estado de sitio dictados con motivo de la huelga general perseguían impedir la turbación del orden público en la conocida situación que atraviesa el país produciéndose las detenciones en este contexto, así como de que en lo relativo a las suspensiones de personerías jurídicas la autoridad competente que debe definir la situación es el Consejo de Estado.

&htab;495.&htab;El Comité considera que la convocatoria de una huelga general de protesta para que se ponga fin a los centenares de asesinatos de dirigentes sindicales y sindicalistas que se han producido en los últimos años constituye una acción sindical legítima. El Gobierno ha invocado dos argumentos fundamentales para su prohibición: 1) la legislación laboral niega este derecho a las federaciones y confederaciones y 2) la existencia de un plan de los grupos guerrilleros para realizar atentados y sabotajes con ocasión de dicha huelga. Sobre el primer punto, el Comité ha mantenido en repetidas ocasiones que "la prohibición impuesta a las federaciones y confederaciones de declarar la huelga no es compatible con el artículo 6 del Convenio núm. 87, el cual, para el funcionamiento de federaciones y confederaciones, se refiere al artículo 3 del Convenio". [Véase Recopilación de decisiones y principios del Comité, 1985, núm. 366]; en el mismo sentido en su reunión de marzo de 1989, la Comisión de Expertos objetó el artículo 417 del Código de Trabajo que prohíbe la huelga a las federaciones y confederaciones y pidió al Gobierno que reformara la legislación. En cuanto a los atentados y actos de sabotaje que según el Gobierno se proponían realizar los grupos guerrilleros con motivo de la huelga general y que según el Gobierno se realizaron, el Comité recuerda que nada habría impedido desde el punto de vista de los principios de la libertad sindical que se prohibiera la huelga en los servicios esenciales (es decir aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población) o se impusieran servicios mínimos. El Comité concluye pues que la prohibición de la huelga general del 27 de octubre de 1988 en virtud de los decretos de estado de sitio de 25 de octubre, constituye una violación grave de la libertad sindical.

&htab;496.&htab;En cuanto a las consecuencias de la mencionada huelga general, el Comité comparte el punto de vista expresado por la Comisión de Expertos en su reunión de marzo de 1989 al examinar la cuestión de la suspensión de personerías jurídicas por vía administrativa en virtud de los decretos de estado de sitio mencionados. La Comisión de Expertos declaró lo siguiente:

&htab;"La Comisión desea referirse a las conclusiones formuladas por el Comité de Libertad Sindical al examinar el caso núm. 1343 relativo a Colombia (Véase 244.° informe, párrafo 376), donde al pronunciarse sobre la suspensión de la personería jurídica de una organización, recordaba que la suspensión o disolución de organizaciones de trabajadores y de empleadores por vía administrativa es contraria a lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio, toda vez que los recursos interpuestos ante el Ministerio de Trabajo (cuyo resultado sería recurrible judicialmente) no tuvieron efectos suspensivos, de manera que las organizaciones en causa no pudieron funcionar legalmente durante la vigencia de la medida recurrida. La Comisión observa asimismo que en octubre de 1988, con posterioridad al mencionado informe del Comité, se volvieron a dictar decretos de estado de sitio que sancionaban con la suspensión de personerías jurídicas a las organizaciones que participasen en la huelga general prevista para el 27 de octubre de 1988."

&htab;"En estas circunstancias, la Comisión lamenta que el Gobierno no haya tenido en cuenta las comentarios de los órganos de control sobre este tema y ruega al Gobierno que tome medidas, con objeto de que se elimine en la legislación toda posibilidad de suspensión o disolución por vía administrativa, o al menos se prevea que la decisión administrativa no surtirá efectos hasta que la autoridad judicial se pronuncie sobre los eventuales recursos planteados por las organizaciones sindicales afectadas. La Comisión recuerda que las organizaciones sindicales deben poder declarar huelgas legítimas para promover los intereses económicos y sociales de sus miembros sin incurrir en la suspensión o disolución de las mismas cuando su acción reivindicatoria haya conservado un carácter pacífico."

&htab;497.&htab;En estas condiciones, el Comité insta al Gobierno a que levante todas las suspensiones de personería jurídica de organizaciones sindicales y a que tome medidas con miras a que la legislación prohíba este tipo de suspensiones en todos los casos, incluso en situación de estado de sitio.

&htab;498.&htab;En cuanto a las detenciones (204 según los querellantes) y despidos (76 según los querellantes), el Comité lamenta que el Gobierno no haya enviado observaciones sobre las listas de sindicalistas afectados por estas medidas y se haya limitado a declarar con carácter general que las detenciones obedecieron al incumplimiento de normas de orden público y que los dirigentes sindicales detenidos fueron puestos en libertad en los días siguientes. Por otra parte, el Comité observa que los decretos de estado de sitio a los que se han referido las organizaciones querellantes prevén que la imposición de penas de arresto de 30 a 180 días por promover la huelga se atribuye a las autoridades administrativas o militares y no a la autoridad judicial, y que en principio las mencionadas penas han debido expirar ya. El Comité pide al Gobierno que indique si ello es así, deplora todos aquellos casos en que las penas de arresto se debieron a actividades de promoción de la huelga ya que constituyen una violación de la libertad sindical y pide al Gobierno que tome medidas con miras a que la legislación prohíba la imposición de sanciones penales por parte de la autoridad administrativa o militar. Asimismo, el Comité subraya que nadie debería ser objeto de despido o de medidas perjudiciales en su empleo por la realización de actividades sindicales y pide al Gobierno que tome medidas con miras al reintegro de los despedidos por su participación en la huelga general.

&htab;499.&htab;Por último, el Comité lamenta que el Gobierno no haya respondido a los demás alegatos, que se refieren a detenciones y actos de violencia contra sindicalistas y sedes sindicales desde octubre de 1988, así como a un informe del Departamento Administrativo de Seguridad facilitado por los querellantes, relativo a un grupo paramilitar de Puerto Boyacá en el que estarían implicadas ciertas autoridades civiles y militares. El Comité pide al Gobierno que responda a estos alegatos.

&htab;500.&htab;En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:

a) El Comité expresa su más pronfunda consternación ante el elevado número de dirigentes sindicales y sindicalistas asesinados o desaparecidos desde 1986 y observa que la situación continúa agravándose ya que desde su reunión de noviembre de 1988 (en la que había examinado alegatos relativos al asesinato o desaparición de más de 200 sindicalistas) las organizaciones querellantes han denunciado el asesinato de 46 dirigentes sindicales y sindicalistas más y una nueva desaparición.

b) Aunque el Comité toma nota de importantes medidas adoptadas por el Presidente de la República para combatir los escuadrones de la muerte y otros grupos de sicarios y de "justicia privada", el Comité expresa su decepción observando que el Gobierno sólo se ha referido a 12 casos de asesinato y que nada muestra en su respuesta que haya adoptado medidas concretas eficaces con miras al reforzamiento radical de los efectivos y medios del poder judicial. El Comité expresa la firme esperanza de que los recientes decretos adoptados por el Gobierno permitirán intensificar y hacer más eficaz la protección de los dirigentes sindicales. c) El Comité concluye que el Gobierno no ha adoptado todavía todas las medidas necesarias y apropiadas que le había solicitado para garantizar a los dirigentes sindicales y sindicalistas el derecho a la vida, que es el presupuesto básico del ejercicio de los derechos consagrados en el Convenio núm. 87. Por consiguiente, al tiempo que reitera las conclusiones y recomendaciones contenidas en su informe de noviembre de 1988, el Comité insta al Gobierno a que envíe observaciones sobre los alegatos de asesinatos y desapariciones a los que no ha respondido (anexo I) y sobre la evolución de las investigaciones judiciales en los demás casos (anexo II), y especialmente a que adopte las medidas que había solicitado para el reforzamiento radical de los medios y efectivos del poder judicial. El Comité pide igualmente al Gobierno que le informe sobre los resultados de las medidas adoptadas para combatir y desarticular los escuadrones de la muerte y demás grupos de sicarios o de "justicia privada".

d) El Comité considera que la prohibición de la huelga general del 27 de octubre de 1988 y las numerosas detenciones que se produjeron como consecuencia de actividades de promoción de dicha huelga constituyen violaciones de la libertad sindical. El Comité pide al Gobierno que levante todas las suspensiones de personería jurídica de organizaciones sindicales, y que tome medidas con miras al reintegro de todos los despedidos por su participación en la huelga general y que le informe al respecto indicando además si quedan todavía sindicalistas detenidos (el Gobierno sólo ha informado de la puesta en libertad de los dirigentes).

e) El Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar la legislación de manera que:

&htab;- se imposibilite la suspensión de organizaciones sindicales por vía administrativa y la condena de sindicalistas a penas de arresto por parte de la autoridad administrativa o militar, incluso en situación de estado de sitio;

&htab;- se permita a las federaciones y confederaciones declarar la huelga.

f) El Comité pide al Gobierno que responda a los alegatos relativos a actos de violencia contra sindicalistas y sedes sindicales y detenciones que se habrían producido desde octubre de 1988, así como que envíe sus observaciones sobre el informe del Departamento Administrativo de Seguridad facilitado por los querellantes, relativo a un grupo paramilitar de Puerto Boyacá en el que estarían implicadas ciertas autoridades civiles y militares.

&htab;501.&htab;En una comunicación de 2 de agosto de 1988 la Central de Sindicatos Indios (CITU) presentó quejas contra el Gobierno de la India por violación de los derechos sindicales. El Gobierno envió sus observaciones sobre este caso en comunicaciones de fechas 5 de septiembre de 1988, 28 de febrero de 1989, 23 de marzo de 1989 y 28 de marzo de 1989.

&htab;502.&htab;India no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), ni el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), pero sí ha ratificado el Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141).

&htab;503.&htab;El querellante ha presentado una serie de quejas por violación de los derechos sindicales en el Estado de Tripura. Las supuestas violaciones consisten en ataques violentos, asesinatos, incendios premeditados, agresiones, falsas detenciones, asaltos a los locales sindicales, despidos y amenazas de despido a los sindicalistas; además, algunos sindicatos fueron borrados de los registros. Todos estos incidentes ocurrieron entre febrero y junio de 1988, como secuelas del cambio de gobierno que tuvo lugar en Tripura. Según informan los querellantes, muchos de estos ataques fueron cometidos por partidarios del nuevo gobierno, y a menudo con el apoyo (activo o pasivo) de las autoridades públicas.

&htab;504.&htab;El querellante presentó sus alegatos en 22 apartados, cuyos textos pueden resumirse de la manera siguiente:

&dtab;i) El 5 de febrero de 1988, los "Antisociales del Congreso (I)" asaltaron los locales del Sindicato del Automóvil (Motor Shramik Union) (MSU) (afiliado a la CITU). Este incidente fue supuestamente comunicado a la policía, sin que se tomaran medidas al respecto.

&dtab;ii) El 6 de febrero de 1988 sufrieron agresiones Gopal Ghosh e Indrajit Das, miembros del MSU. Gopal Ghosh fue asesinado e Indrajit Das sufrió graves lesiones. "Sorprendentemente" Indrajit Das fue detenido por la policía. &dtab;iii) También el 6 de febrero de 1988 fueron incendiadas las casas de tres sindicalistas (Anil Das, Madhu Mian e Hiranmoni Bonaj). La Sra. Bonaj y su esposo también fueron despedidos de su empleo en la compañía de té Laxmi Iunga.

&dtab;iv) El 24 de febrero de 1988, Dharma Das, miembro del Comité Directivo de la CITU, y su hijo, fueron detenidos sin mandato judicial. Dharma Das fue supuestamente mantenido desnudo bajo custodia policial y golpeado con violencia. Su casa fue saqueada durante un allanamiento, pero nada pudo encontrarse. Fue mantenido bajo custodia policial hasta el 14 de marzo de 1988, día en que fue liberado tras el pago de una fianza.

&dtab;v) El 25 de febrero de 1988, Bandan Gope y Laxmi Naryan Choun, dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Té de Kailashahar, fueron detenidos bajo falsas acusaciones y golpeados mientras se hallaban bajo custodia policial.

&dtab;vi) En una fecha no determinada, Shakti Prasanna Bhattacharya, Secretario Ejecutivo de la CITU, fue atacado en su domicilio por los "Antisociales del Congreso (I)".

&dtab;vii) En fechas no indicadas de marzo de 1988 fueron incendiadas las casas de Sridam Sutradhar y Sudarshan Das, con lo que estas personas y sus familias quedaron sin techo. Supuestamente, tampoco pueden entrar en las zonas donde se encuentran sus domicilios porque los "Antisociales del Congreso (I)" han creado allí un clima de terror.

&dtab;viii) El 1.° de abril de 1988, se impidió por la fuerza a 276 miembros de una organización afiliada a la CITU que cumplieran sus deberes en la explotación agrícola Kamalasagar Goatary. Dos días más tarde, algunos de esos trabajadores fueron golpeados. Un miembro local del Parlamento (Shree Motilal Sarkar) advirtió a la policía acerca de estos incidentes, pero no se tomó ninguna medida contra los culpables.

&dtab;ix) El 6 de abril de 1988, a Abdul Samad, dirigente de los trabajadores jornaleros de una estación termal en construcción, fue convocado a una reunión con el Ministro de Vivienda; se le advirtió que no siguiera insistiendo con sus reivindicaciones salariales. Más tarde, el Sr. Samad fue detenido y atrozmente golpeado mientras se hallaba bajo custodia policial.

&dtab;x) El 8 de abril de 1988 fueron atacadas las oficinas del MSU, habiendo sido golpeadas algunas personas, entre las cuales se hallaba Sudhangshu Das. Este ataque fue supuestamente perpetrado por los "Antisociales del Congreso (I)" con la asistencia de miembros de la fuerza policial de la reserva central y de la fuerza policial. &dtab;xi) El 19 de abril de 1988, Shree Dhirendra Debnath, dirigente del partido del Congreso (I) de Tripura, visitó la Mohanpur Food Godown, acompañado por algunos trabajadores del partido y miembros del cuerpo policial. Pidió a uno de los integrantes de la dirección de la Godown que contratara a un grupo de individuos cuyos nombres figuraban en una lista por escrito. Según informan los querellantes, fueron inmediatamente despedidos 18 miembros de un sindicato afiliado a la CITU. Los querellantes alegan que incidentes similares ocurrieron en otros dos establecimientos, a consecuencia de lo cual quedaron despedidos 90 trabajadores en total.

&dtab;xii) El 6 de mayo de 1988, "elementos antisociales" penetraron en la plantación de caucho de Kalshimuk, donde aporrearon a varios trabajadores al azar. Entre los trabajadores que debieron ser hospitalizados se encontraba Rakhal Roy, secretario del Sindicato de Trabajadores del Caucho (Rubber Shramik Union) (RSU). Posteriormente, 38 miembros sindicales fueron despedidos y sustituidos por "Antisociales del Congreso (I)". Supuestamente, esta medida fue tomada en cumplimiento de las instrucciones dictadas por un funcionario policial. Los querellantes alegan asimismo que las oficinas del RSU fueron saquedas en presencia de la policía.

&dtab;xiii) El 9 de mayo de 1988, según se informa, Mahendra Debnath recibió de parte de unos "matones" la advertencia de retirarse de un sindicato miembro de la CITU, so pena de ser asesinado. Días más tarde el Sr. Debnath moría asesinado, supuestamente con la complicidad del Ministro de Vivienda. La policía fichó este caso como un suicidio.

&dtab;xiv) El 13 de mayo de 1988 Suken Tripura, miembro de una organización afiliada a la CITU, fue atacado por Dipak Malla, "matón del Congreso (I)" y se le impidió dar parte de este ataque a la policía. Posteriormente, Suken Tripura, Suriya Tripura, Harimohan Tripura y Daitiya Mohan Tripura fueron detenidos tras haber sido denunciados por Dipak Malla. Mientras se hallaba bajo vigilancia policial, Suriya Tripura fue brutalmente torturado. Por último, fue llevado ante los tribunales sin haber recibido tratamiento médico alguno y condenado.

&dtab;xv) En fecha no comunicada, Shyamal Paul y Manik Das, dirigentes de la CITU, fueron agredidos por haber movilizado a los trabajadores de la Empresa de Construcción de Proyectos Nacionales a observar el Primero de Mayo. Tanto el Sr. Paul como el Sr. Das debieron ser hospitalizados como consecuencia de las heridas recibidas.

&dtab;xvi) El 20 de mayo de 1988, Bharatmani Nayatiya, uno de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de las Fábricas de Yute y miembro del Comité Ejecutivo de la CITU, fue atacado por Khokan Paul y sus cómplices. Fue detenido sin que se hubieran formulado acusaciones en su contra y posteriormente puesto en libertad. Más tarde, fue detenido una segunda vez por falsas acusaciones formuladas por Khokan Paul, torturado por la policía y, por último, encarcelado. &dtab;xvii) El 26 de mayo de 1988 los "maleantes del Congreso (I)" impidieron supuestamente a ocho trabajadores empezar su trabajo en la plantación de caucho de Paikhlola. El 31 de mayo, 17 trabajadores sufrieron los mismos impedimentos en otra plantación. Aproximadamente en la misma fecha, Atul Debnath y Natu Urang, dos de los trabajadores, fueron agredidos por "maleantes". Todos estos incidentes fueron puestos en conocimiento de la policía, sin que se tomaran medidas al respecto. &dtab;xviii) El 5 de junio de 1988, un funcionario policial y "cerca de 250 maleantes del Congreso (I)" agredieron supuestamente a Dankumar Tripura y Satinanda Tripura, dos de los dirigentes de los trabajadores del caucho.

&dtab;xix) El 6 de junio de 1988, la misma banda atacó a Chikan Tripura, trabajador del caucho, entregándolo posteriormente a la policía. Mientras se hallaba bajo vigilancia policial sufrió nuevas agresiones; fue liberado el 7 de junio. Mientras el Sr. Tripura estaba bajo custodia policial, la oficina local del RSU fue incautada por miembros de la banda. Con ayuda policial, esta misma banda impidió que cerca de 185 trabajadores pudieran acudir a sus lugares de trabajo, a consecuencia de lo cual perdieron sus empleos.

&dtab;xx) Se ha alegado que, en 1988, durante un lapso no definido, los "antisociales" se apoderaron de 25 oficinas pertenecientes a organizaciones afiliadas a la CITU, entre las cuales había 11 que eran propiedad del MSU. Todos estos incidentes fueron comunicados a la policía, la cual no tomó medida alguna contra los responsables.

&dtab;xxi) Durante ese mismo período se anuló la inscripción de ocho sindicatos afiliados a la CITU sin que se adujeran motivos válidos o porque los sindicatos no habían presentado sus informes anuales (aunque en realidad todos esos informes sí habían sido presentados y aceptados en el Registro de Sindicatos).

&dtab;xxii) Se alega que entre el 31 de mayo de 1988 y el 2 de junio de 1988 siete mujeres trabajadoras fueron violadas por bandas de soldados.

&htab;517.&htab;En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:

a) El Comité pide al Gobierno que facilite información acerca del resultado de la investigación realizada con motivo de los asesinatos de Gopal Ghosh y Nripendra Rudra Paul, y que dé cuenta del resultado de los procesos judiciales pertinentes que se hayan entablado a raíz de dichas investigaciones.

b) El Comité pide al Gobierno que facilite mayores detalles sobre la supuesta complicidad de Badan Gope y Laxminarayan Chauhan en el asesinato de Haripada Dey. Le pide fundamentalmente que indique si estos individuos fueron acusados de haber cometido delitos en relación con esta cuestión y, en caso afirmativo, si estas acusaciones han sido formalizadas ante un tribunal.

c) El Comité pide al Gobierno que suministre mayores detalles sobre las acusaciones formuladas contra Dipak Malla y otros individuos, y que informe acerca del resultado de los procesos judiciales que se hayan entablado a este respecto. d) El Comité pide al Gobierno que facilite mayores detalles en cuanto a las acusaciones formuladas contra Abdul Samad en relación con el caso núm. 1, 3)/88 presentado ante la comisaría de policía de Kamalchura, y que dé cuenta del resultado de los procesos judiciales que se hayan entablado a este respecto.

e) El Comité pide al Gobierno que facilite mayores detalles sobre el resultado de la investigación policial efectuada con motivo de la queja formulada por Sudhangshu Das [caso núm. 5, 4)/88 presentado ante la comisaría de policía de Teliamura], y que informe acerca del resultado de los procesos judiciales que se hayan entablado a este respecto.

f) El Comité pide al Gobierno que facilite mayor información sobre el resultado de las investigaciones policiales llevadas a cabo con motivo del incidente ocurrido el 6 de mayo de 1988 en la plantación de caucho de Kalshimukh y que dé cuenta del resultado de los procesos judiciales que se hayan entablado a este respecto.

g) El Comité pide al Gobierno que facilite mayores detalles sobre las acusaciones formuladas contra Manimohan Tripura y Surjya Tripura [caso núm. 5, 5)/88 presentado ante la comisaría de policía de Baikhora], y que dé cuenta del resultado de los procesos judiciales que se hayan entablado a este respecto.

h) El Comité pide al Gobierno que facilite mayores detalles acerca del resultado de la investigación policial efectuada con motivo de la queja formulada por Shyamal Paul [caso núm. 5, 2)/88 presentado ante la comisaría de policía de Teliamura], y que dé cuenta del resultado de los procesos judiciales que se hayan entablado a este respecto.

i) El Comité pide al Gobierno que facilite mayores detalles acerca de las acusaciones formuladas contra Bharatmori Notaia en virtud del artículo 251, A) de la ley sobre porte de armas, y que dé cuenta del resultado de los procesos judiciales que se hayan entablado a este respecto.

j) El Comité pide al Gobierno que facilite mayor información acerca del resultado de la investigación policial efectuada con motivo de la queja presentada por Dhankumar Tripura contra Tapan Majumdar y otros individuos, y que dé cuenta del resultado de los procesos judiciales que se hayan entablado a este respecto.

k) El Comité pide al Gobierno que facilite mayor información acerca de la manera en que "el caso específico" de la incautación de una oficina de propiedad de una organización afiliada a la CITU fue "tratado conforme a la ley".

l) El Comité lamenta la ausencia en el Estado de Tripura de un clima en el cual pueda desarrollarse y mantenerse un movimiento sindical verdaderamente libre e independiente, y pide al Gobierno que tome las medidas para promover activamente el desarrollo de dicho clima y que mantenga al Comité informado acerca de la evolución de los acontecimientos que ocurran al respecto.

m) El Comité invita al Gobierno a que se esfuerce por obtener la cooperación de la organización querellante para crear en el Estado de Tripura un clima propicio al desarrollo y al mantenimiento de un movimiento sindical verdaderamente libre e independiente.

&htab;518.&htab;La Federación Sindical Mundial (FSM), la Federación Internacional de Mineros, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) presentaron una queja contra el Gobierno del Perú por alegadas violaciones a la libertad sindical. La Federación Sindical Mundial (FSM) envió dos comunicaciones en fecha 9 de noviembre de 1988 y 21 de febrero de 1989; la CIOSL envió una comunicación de fecha 13 de enero de 1989; la Federación Internacional de Mineros envió una comunicación en fecha 22 de febrero de 1989, y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) envió una comunicación de fecha 14 de diciembre de 1988. El Gobierno envió sus observaciones en comunicaciones de fecha 27 de febrero y 13 de marzo de 1989 sobre el caso núm. 1478 y de 12 de abril de 1989, en el marco del caso núm. 1484.

&htab;519.&htab;Perú ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), así como el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;520.&htab;En comunicación de fecha 9 de noviembre de 1988, la Federación Sindical Mundial (FSM) alega que el 13 de octubre de 1988 la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) organizó una manifestación de protesta en apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores para mejorar su situación económica y social, la cual fue reprimida violentamente por la policía, causando 50 trabajadores heridos y más de 900 detenciones. Entre los trabajadores detenidos se encuentran Pablo Checa, Secretario General Adjunto de la CGTP, Alberto Ramírez, secretario de la CGTP encargado de organización, Pedro Huilca, Secretario General de la Federación Sindical de Trabajadores de la Construcción Civil y Alipio Centeno, Secretario General de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza. Muchos de los participantes fueron golpeados, entre ellos el senador Valentín Pacho, vicepresidente de la FSM y Secretario General de la CGTP y el dirigente sindical Ricardo Letts.

&htab;521.&htab;En otra comunicación de fecha 21 de febrero de 1989 la FSM alega que el 9 de febrero una reunión pacífica de cerca de 3 000 campesinos fue reprimida brutalmente por unidades de la policía nacional resultando muertos 88 campesinos. El Sr. Oscar Delgado dirigente de los trabajadores de aduanas desapareció y el Sr. Saúl Cantoral, Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) fue asesinado.

&htab;522.&htab;En comunicación de fecha 22 de febrero de 1989 la Federación Internacional de Mineros alega los asesinatos del Secretario General de la Federación nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), Sr. Saúl Cantoral y de la asesora de los comités de amas de casa mineros, Sra. Consuelo García, por bandas paramilitares el día 13 de febrero de 1989 en la ciudad de Lima. Asimismo la comunicación denuncia la desaparición, desde el 14 de diciembre de 1988, del Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Aduanas, Sr. Oscar Delgado, al igual que la CIOSL en su comunicación de fecha 13 de febrero de 1989. La comunicación de la CIOSL alega, además, que el 3 de enero de 1989 la policía irrumpió violentamente en la sede de su afiliada la CTP procediendo a la detención del sindicalista Flavio Rojas, en el momento en que sesionaba el Comité Ejecutivo para acordar un congreso extraordinario de unidad sindical. La CIOSL, agrega, que se desconoce el paradero del dirigente Rojas.

&htab;523.&htab;En comunicación de diciembre de 1988 la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) alega la conculcación de los derechos de sindicalización y de huelga por el Gobierno del Perú. El querellante alega que el Gobierno del Perú contraviene expresamente lo dispuesto en los artículos 1 y 3 del Convenio núm. 87 al declarar ilegales todas las huelgas y paralizaciones de labores que, de acuerdo con la legislación vigente en el Perú y por la voluntad de sus miembros, decidan llevar adelante las organizaciones sindicales. El querellante alega, por otra parte, que el Gobierno ha presentado un proyecto de ley de relaciones colectivas de trabajo que en la parte referida al ejercicio del derecho de huelga contraviene expresamente los principios y normas en materia de libertad sindical. El querellante expresa que, como parte de una política de amedrentamiento y hostilidad en contra de las organizaciones sindicales, el Gobierno ha dictado un conjunto de disposiciones administrativas que constituyen actos de discriminación antisindical y cita como ejemplos los siguientes:

- el auto divisional núm. 010-88-9DV-DEN por el que el Ministerio de Trabajo declara improcedente el plazo legal de huelga presentado por la CGTP; la declaración de improcedencia del preaviso de huelga acarrea invariablemente, en caso de materializarse la huelga, su declaración de ilegalidad;

- el auto directoral núm. 015-88-1SD-NEC que ratifica la declaración de ilegalidad de la huelga de los trabajadores del Sindicato de Empleados y Periodistas del diario "El Nacional", en fecha 19 de febrero de 1988;

- la resolución de alcaldía núm. 497 que declara ilegal la paralización de 48 horas acordada por los representantes de los trabajadores del Municipio de Lima, en fecha 28 de marzo de 1988;

- el auto divisional núm. 022-88-DV-NEC del 28 de junio de 1988 que, expedido por el Ministerio de Trabajo, declara ilegal la huelga acordada por los trabajadores afiliados a la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, afiliada a su vez a la CGTP;

- el auto divisional núm. 0107-88-7DV-DEN del 14 de julio de 1988 por el que el Ministerio de Trabajo declara improcedente el plazo cursado por la CGTP para llevar a cabo un paro nacional de 48 horas;

- el auto subdirectoral núm. 095-88-1SD-NEC del 19 de julio de 1988 por el que el Ministerio de Trabajo confirma el auto divisional núm. 048-88-1SD-NEC que declara improcedente el plazo legal de huelga presentado por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú;

- la resolución jefatural núm. 221-88-INAP/J del 18 de julio de 1988 por la que el Instituto Nacional de la Administración Pública declara ilegal la huelga convocada por el Sindicato de Servidores del INAP;

- el auto divisional núm. 219-88-2DV-DEN del 11 de octubre de 1988 por el que el Ministerio de Trabajo declara improcedente el plazo legal de huelga cursado por la CGTP.

&htab;524.&htab;La CGTP señala que el Gobierno sustenta dichas prohibiciones, básicamente en tres tipos de argumentos: 1) Que la paralización de labores acordada por los trabajadores "carece de sustento por no obedecer a intereses legítimamente laborales, sino a móviles de otra naturaleza". La identificación de tales "móviles" queda librada a la facultad discrecional que, ilegalmente, se irrogan las autoridades administrativas. La norma vigente en materia de ejercicio del derecho de huelga (decreto supremo núm. 017 del 2 de noviembre de 1962) sólo exige a los trabajadores y sus organizaciones la comunicación de un preaviso de huelga con no menos de 72 horas de anticipación a la autoridad de trabajo, con indicación de la hora de votación de la huelga, el número de trabajadores votantes y el número de trabajadores que el sindicato agrupe o que pertenezcan a la empresa afectada (artículo 3. o del decreto supremo núm. 017). 2) Que la huelga no puede ser "un medio de presión respecto de reclamaciones cuyos trámites se encuentran debidamente prescritos en las regulaciones legales vigentes, al que deben ceñirse los recurrentes en la forma y oportunidad correspondiente". 3) Que si los recurrentes (los huelguistas) "consideran que existe incumplimiento y/o violación de disposiciones legales o convencionales de trabajo, tienen expedito su derecho para hacerlo valer con arreglo a la ley". En estas condiciones es materialmente imposible que una huelga sea declarada legal en el Perú. El querellante señala además, que las declaraciones de improcedencia o ilegalidad de huelgas dispuestas por el Ministerio de Trabajo o el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) a través de los autos administrativos conlleva la amenaza explícita de aplicar a los trabajadores que lleven a cabo tales paralizaciones las causales de falta grave que dan lugar al despido. Asimismo, la CGTP sostiene que el decreto supremo núm. 002-88-TR fue dictado por el Gobierno como parte de las medidas destinadas a ilegalizar la convocatoria efectuada por su organización para realizar un paro nacional el 28 de enero de 1988; dicho decreto supremo disponía que las tardanzas involuntarias en que incurrieran los trabajadores ese día al concurrir a trabajar desacatando el acuerdo de huelga, no serían materia de descuento en su remuneración. Mediante disposiciones generales el Gobierno ha "bonificado" con incrementos especiales a quienes desacataran acuerdos de huelga de sus organizaciones sindicales. El querellante adjuntó como ejemplo copia del decreto supremo núm. 127-88-PCM del 13 de octubre de 1988.

Autonomía y fuero sindical

&htab;525.&htab;La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) alega que el Gobierno ha incurrido en graves violaciones de la autonomía y fuero sindical y señala los siguientes hechos específicos:

a) interrupción de reuniones sindicales impidiendo violentamente su realización. En septiembre de 1988 se detuvo a dirigentes sindicales y trabajadores de la empresa estatal Servicio Industrial de la Marina (SIMA) cuando se mobilizaban en reclamo del pleno respeto a sus derechos de negociación colectiva y estabilidad laboral;

b) allanamiento de locales sindicales, ocasionando daños materiales a los locales y a su mobiliario, apoderándose además de bienes de las organizaciones sindicales. Como consecuencia del paro nacional convocado por la CGTP para el día 13 de octubre de 1988, reclamando la elevación de sueldos y salarios a niveles compatibles con el alza del costo de la vida, respeto irrestricto al derecho de estabilidad laboral, así como a los demás derechos laborales y sindicales; el local sindical de la CGTP (situado en la plaza 2 de mayo, puerta núm. 48, oficina núm. 204, en Lima) fue objeto de un frustrado intento de allanamiento por fuerzas policiales siendo severamente atacado por las mismas con chorros de agua coloreada, bombas lacrimógenas y armas de fuego ocasionando diversos daños al local y a personas que se encontraban en su interior; c) detención de dirigentes sindicales y trabajadores en razón de su actividad sindical. El 13 de octubre de 1988 fue allando violentamente el local de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, organización afiliada a la CGTP. Dicha Federación venía realizando una huelga general indefinida reclamando la solución al pliego de reclamos y presentado ante la empresa estatal ELECTROPERU en ejercicio del derecho de negociación colectiva. En dicha acción la policía maltrató y detuvo a dirigentes nacionales de la CGTP y de las federaciones en conflicto, como es el caso del Sr. Pablo Checa Ledesma, Secretario General Adjunto de la CGTP, Sr. Alberto Ramírez Hernández, secretario de organización de la CGTP, Sr. Alipio Centeno Romani, Vicepresidente de la CGTP y Secretario General de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, Sr. Jaime Villaseca Zeballos, secretario regional del norte de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, Sr. Grover Angues Peña, secretario de relaciones exteriores del Sindicato del Sistema Eléctrico Interconectado, además de otros dirigentes sindicales y trabajadores de base a quienes se pretendió acusar falsamente de la comisión de delitos contra el orden y la seguridad pública intentando vincularlos con acciones de carácter terorrista y subversivo siendo posteriormente liberados al quedar plenamente establecida la inconsistencia de tales cargos y la arbitrariedad de las detenciones;

d) interferencia en la organización y realización de manifestaciones de carácter sindical, negando las autorizaciones respectivas y agrediendo violentamente a los sindicalistas manifestantes. El 21 de octubre de 1988 fuerzas de la Policía de Investigaciones del Perú y de la guardia civil allanaron el local sindical de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) en momentos en que se realizaba una reunión del Consejo Ejecutivo Nacional en relación a la negocación de su pliego de reclamaciones federal y a la huelga general indefinida que habían reiniciado desde el 17 de octubre en razón de la negativa de sus empleadores (la Sociedad Nacional de Minería) de avenirse a la negociación de dicho pliego. Veinte personas fueron detenidas entre dirigentes nacionales y asesores de la Federación a quienes, igualmente, se pretendió acusar de la comisión de delitos contra el orden, la seguridad y la tranquilidad públicas, intentando asimismo involucrarlos en acciones de carácter subversivo, liberándolos posteriormente al quedar demostrada su total inocencia. Además las fuerzas policiales incautaron documentación diversa perteneciente a la Federación y un mimeógrafo utilizado en actividades de prensa sindical, ocasionando daños al mobiliario y otros bienes así como al local mencionado; e) el día 7 de noviembre de 1988 fue detenido el Sr. Mario Pizarro Rubio, presidente del Círculo de Jefes y Funcionarios de la Empresa Estatal Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL). Dicho trabajador está afiliado al sindicato de la citada empresa, el mismo que es base de la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado (FENTAP), la misma que a su vez está afiliada a nuestra central. El Sr. Mario Pizarro fue remitido a la subdirección contra el terrorismo de la Policía de Investigaciones del Perú pretendiendo involucrársele en actos de carácter subversivo, siendo liberado el 9 del mismo mes y año, al quedar plenamente establecida su total incocencia con respecto a tales acusaciones.

&htab;526.&htab;En los días subsiguientes han continuado las detenciones a dirigentes y trabajadores mineros, bancarios, textiles y de otros gremios por el simple hecho de promover y participar en reuniones y manifestaciones en demanda del pleno respeto a sus derechos individuales y colectivos, agrediéndoseles físicamente y ocasionándoseles graves lesiones. En todos los casos mencionados la acción policial ha pretendido sustentarse en la declaración del Estado de emergencia en distintas zonas del país mediante el decreto supremo núm. 032-88-IN el mismo que, amparándose en el artículo 231. o , inciso a), de la Constitución Política del Estado vigente en nuestro país, suspende los derechos civiles contemplados en el artículo 2. o , incisos 7, 9, 10 y 20, letra "g" de dicha Constitución, referidos a los derechos de inviolabilidad de domicilio, libre elección del lugar de residencia y de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión pacífica sin armas y sin necesidad de autorización previa y a la prohibición de detención que no se base en mandato judicial o en la comisión de flagrante delito; la presunción de que las reuniones que se celebraban en los locales allanados tenían por finalidad coordinar la ejecución de actos delictivos y que tendrían vinculación con los actos de carácter subversivo que viene sufriendo nuestro país; la presunción de que las organizaciones sindicales implicadas habían adoptado la decisión de alterar el orden, la tranquilidad y la seguridad públicas. Sin embargo, en todos esos casos, ha quedado plenamente demostrado que los allanamientos, detenciones, incautamientos y agresiones físicas a dirigentes y trabajadores sindicalistas, no guardan relación alguna con las situaciones que motivaron la declaratoria del Estado de emergencia, que no se ha incurrido en delito tipificado en la normatividad penal vigente y que, por el contrario, se han violado los derechos y libertades individuales y civiles esenciales.

&htab;527.&htab;El querellante sostiene que los hechos mencionados evidencian que en ninguna de las situaciones expuestas ha existido requisitoria ni denuncia por la comisión de hechos delictivos previamente a los allanamientos y detenciones. Además que en los procesos investigatorios correspondientes quedó plenamente establecido que los detenidos no habían cometido acto delictivo alguno, motivo por el cual fueron liberados aun antes de que la autoridades judiciales se pronunciaran con respecto a las acciones de habeas corpus interpuestas por dirigentes de las organizaciones sindicales afectadas. Por otra parte las medidas adoptadas por el Gobierno en las situaciones antes expuestas no guardan relación con los motivos que determinaron la declaratoria de Estado de emergencia por el decreto supremo núm. 032-88-IN y su fuente primera, el decreto supremo núm. 002-86-IN, los cuales sotienen como fundamento de dicha declaratoria el incremento de los actos de violencia en Lima y Callao, que obligaban al establecimiento de medidas excepcionales para restablecimiento del orden público, siendo público y notorio que dichos dispositivos legales aluden con ello a las actividades de grupos subversivos alzados en armas, de ningún modo a las acciones sindicales que llevan a cabo los trabajadores.

&htab;528.&htab;Los querellantes señalan que además de haber quedado plenamente demostrado la inconsistencia de los fundamentos presentados por las autoridades policiales para proceder a los allanamientos y ataques a locales sindicales, a la detención de dirigentes y trabajadores y a la incautación de bienes y materiales, existen evidencias suficientes que demuestran que tales actos tuvieron por finalidad consciente y expresa interferir, limitar e impedir el ejercicio de los derechos y libertades inherentes a la libertad sindical, conforme se evidencia de lo siguiente: todas las intervenciones policiales reseñadas se han producido en momentos en que los trabajadores ejercían sus derechos sindicales ya sea reuniéndose en sus respectivos locales, ejerciendo el derecho de huelga o manifestándose públicamente en defensa de sus derechos e intereses, y sin que haya indicio y, menos aún, prueba alguna de la preparación o comisión de actos delictivos por parte de los sindicalistas. La voluntad política de evitar la actividad sindical se evidencia además en la manifestación de algunas autoridades policiales y políticas, que expresaron que "por orden superior se dispuso la detención de todas aquellas personas que (se encuentran) involucradas en la federación, en vista que estas acciones (las sindicales) generan un caos en el país...".

&htab;529.&htab;La CGTP se refiere al proyecto de ley de relaciones colectivas de trabajo, alegando que el mismo contraviene expresamente los principios de libre negociación y la autonomía convencional al estipular que se establece una primera etapa de trato directo en la cual los trabajadores y los empleadores tienen un determinado período (30 días) para llegar a un acuerdo sobre el contenido del contrato colectivo. En caso de que no hubiera acuerdo, el pliego será resuelto por la autoridad de trabajo cuya decisión es inapelable y de obligatorio cumplimiento. El querellante señala, además, que dicho proyecto de ley es incompatible con los convenios núms. 87 y 98 al establecer obligatoriamente las modalidades de negociación colectiva, precisando cuales son los niveles de la negociación, la vigencia del contrato colectivo, etc.

&htab;530.&htab;La CGTP hace referencia además al decreto supremo núm. 041-88-TR que establecía topes a los incrementos adicionales de remuneración pactados o por pactarse en los convenios colectivos, así como los dispuestos por resolución administrativa o por laudos arbitrales. Al respecto, el querellante alega que dicha norma limitaba la autonomía colectiva de los copartícipes en la negociación, y el papel del Estado de conformidad con la legislación nacional, sólo debe garantizar el derecho a la negociación colectiva, regular mediante ley los procedimientos para la solución pacífica de los conflictos laborales e intervenir en forma definitiva sólo cuando en una negociación colectiva específica, las partes no lleguen a ningún acuerdo. El querellante sostiene que el decreto supremo 041-88-TR se promulgó en momentos en que el Gobierno implementaba una serie de medidas económicas que hicieron que la inflación, en septiembre de 1988, llegase a la cifra de 114,5 por ciento, lo que evidencia que las razones de justicia social y de interés general no estaban presentes en dichos dispositivos, por cuanto afectaron a las grandes mayorías del país, ya que se previó una inflación, para el fin del año 1988, de un 2 000 por ciento y se ha pronosticado un porcentaje inflacionario de 39 000 por ciento para este año. Dicho decreto supremo fue derogado, pero el querellante solicita un pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical al respecto ya que el mismo refleja la política laboral del Gobierno.

&htab;531.&htab;Finalmente, la CGTP solicita al Comité, en vista de las graves y sistemáticas violaciones a los principios de la libertad sindical y a lo dramático de la situación actual, que disponga la inmediata visita de una comisión especial que atienda a los extremos más graves y notables de la situación de los trabajadores peruanos.

&htab;532.&htab;En comunicación de fecha 9 de febrero de 1989 el Gobierno envía sus observaciones sobre los alegatos presentados por la FSM sobre el Día Nacional de Protesta organizado por la Confederación General de Trabajadores (CGTP) el 13 de octubre de 1988 y sobre el particular expresa que dicho paro se realizó en forma pacífica, sin embargo, se registraron hechos aislados de enfrentamiento de los trabajadores con las fuerzas del orden, lo que motivó que se produjeran algunas detenciones en resguardo de la seguridad y tranquilidad pública y el respeto a la policía nacional, sin embargo, después de efectuadas las calificaciones y gestiones del caso, se dispuso la libertad inmediata de los detenidos. El Gobierno agrega que, sin perjuicio de lo anotado y por tratarse de asuntos de la competencia del Ministerio del Interior, se ha cursado un oficio en demanda de mayor información, además indica que el Gobierno peruano es respetuoso del funcionamiento normal y pacífico de las organizaciones sindicales y de sus dirigentes, tal y conforme está reconocido en las disposiciones legales laborales vigentes, dictadas en cumplimiento de los convenios internacionales y que la intervención policial se produce únicamente cuando se trata de controlar los excesos que alteren el orden público producidos por hechos independientes a la actividad sindical.

&htab;533.&htab;En su comunicación de fecha 13 de marzo de 1989 el Gobierno envía informaciones detalladas sobre los alegatos presentados por la CGTP y señala que, después de efectuadas las coordinaciones correspondientes con la Dirección General de Relaciones de Trabajo, los alegatos presentados por la CGTP pueden reducirse a tres puntos importantes:

a) violación al derecho de huelga en el Perú;

b) cuestionamiento al anteproyecto de ley de relaciones colectivas de trabajo, referido al derecho de negociación colectiva y al derecho de huelgas;

c) detención arbitraria de dirigentes sindicales y violación de sus derechos civiles.

&htab;534.&htab;El Gobierno expresa, al respecto, que tal como manifiestan los mismos querellantes, el Gobierno peruano reconoce y respeta los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación tales como: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los Convenios núms. 87 y 98.

&htab;535.&htab;En atención a estos compromisos, señala el Gobierno, en la Constitución política del Perú se encuentra expresamente establecido el derecho a la negociación colectiva en el artículo 54 que estipula que: las convenciones colectivas de trabajo tienen fuerza de ley para las partes. El Estado garantiza el derecho a la negociación colectiva. La ley señala los procedimientos para la solución pacífica de los conflictos laborales. La intervención del Estado sólo procede y es definitoria a falta de acuerdo entre las partes, y el artículo 55 garantiza que la huelga es un derecho de los trabajadores. Se ejerce en forma que establece la ley. Por tanto, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 se puede afirmar categóricamente que no es cierto que todas las huelgas en el Perú son declaradas ilegales conforme señalan los querellantes. Es necesario agregar que el ejercicio de este derecho, por su naturaleza, constituye un medio legítimo de presión hacia el empleador, que debe materializarse cumpliendo los requisitos o exigencias que establece la ley. Existen muchas huelgas que no son declaradas ilegales y, por el contrario, son admitidas por la autoridad administrativa de trabajo, ocurriendo ello cuando, además de cumplirse con los requisitos establecidos en el decreto supremo núm. 017 de fecha 2 de noviembre de 1962, se dan los siguientes supuestos:

1) Cuando la huelga se produce ante el hecho de que el empleador incurre en notoria y evidente violación de normas legales y/o convencionales de trabajo (falta de pago de salarios, gratificaciones, bonificaciones y otros beneficios, claramente establecidos). 2) Cuando en la negociación colectiva se produce la huelga en la etapa del trato directo o junta de conciliación, al considerarse que se está empleando contra el empleador como un medio legítimo de presión.

3) Cuando en general existen razones suficientes para declarar la huelga contra un empleador.

Se declaran improcedentes e ilegales las huelgas en los siguientes casos:

1) Cuando no se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 3. o del decreto supremo núm. 017, como son: comunicar la paralización con una anticipación de por lo menos 72 horas a la autoridad, indicándose la hora de la votación de la declaración de huelga y el número de trabajadores que el sindicato agrupa.

2) Cuando se produce la huelga después de agotado el trato directo y la junta de conciliación, el pliego de reclamos debe en consecuencia ser resuelto por la autoridad administrativa de trabajo, ello debido a que la huelga no puede ser dirigida contra el Estado y que tal derecho como se ha expresado anteriormente sólo puede ser empleado como medio de presión contra el empleador.

3) Cuando las huelgas son intempestivas, debido a que si la ley señala el cumplimiento de requisitos mínimos, éstos deben ser cumplidos.

4) Cuando se declara la huelga formulando peticiones que son susceptibles de plantearse con arreglo a normas de procedimiento que están específicamente establecidas. Al no ser así no se justifica que se recurra a la huelga cuando existen procedimientos que garantizan las soluciones de las reclamaciones individuales y colectivas.

5) Cuando el plazo de huelga va dirigido contra el Gobierno evidenciando motivaciones políticas. Como ya se ha expresado anteriormente, el derecho de huelga se ha consagrado universalmente como un medio de defensa del trabajador hacia el empleador y no como instrumento de presión al Estado, por cuanto las sugerencias, planteamientos y exigencias de las instituciones, organizaciones y poderes del Estado deben ser canalizadas por los mecanismos democráticos establecidos en la Constitución y las leyes. Es el caso de los paros nacionales convocados por la CGTP en que se formulan peticiones que corresponden ser planteadas y debatidas en el parlamento, en el poder legislativo o sugeridas en otros casos al poder ejecutivo por los canales pertinentes.

&htab;536.&htab;En lo que respecta a la administración pública las declaratorias de huelgas constituyen hechos aislados que se adoptan luego de agotarse todas las alternativas necesarias para llegar a una solución. Es conveniente agregar que, independientemente de lo expresado anteriormente, es menester reconocer que en el Perú se adolece de una adecuada legislación sobre el ejercicio del derecho de huelga y que debe ser el poder legislativo el que, en uso de las atribuciones que le son inherentes, debe promulgar la respectiva ley. Es con tal propósito y de conformidad con los preceptos constitucionales, que se ha formulado un anteproyecto de relaciones colectivas de trabajo, el mismo que fue confiado a una comisión especial, que promovió seminarios, con la participación de trabajadores, empleadores y entidades vinculadas al quehacer laboral. Asimismo, dicha comisión convocó a reuniones de trabajo a los representantes de las organizaciones nacionales de empleadores y centrales sindicales de trabajadores para recoger en forma directa sus observaciones y sugerencias, las mismas que han sido consideradas en el texto del anteproyecto de ley. Dicho anteproyecto elaborado por el poder ejecutivo, en lo que respecta a la negociación colectiva, es realista y ha sido elaborado en base a la experiencia nacional de más de setenta años de negociación colectiva, sin pretender introducir innovaciones extrañas al medio peruano que puedan generar, en las difíciles circunstancias actuales, mayores conflictos. También se han considerado los resultados de la información estadística llevada a cabo, debiendo destacarse que sus normas están destinadas a facilitar el entendimiento directo entre las partes, siendo la primera etapa del procedimiento de la negociación colectiva, la del trato directo, etapa en la que según la información estadística se resuelve el mayor número de pliego de peticiones. La intervención de la autoridad administrativa de trabajo sólo se produce después de fracasado el trato directo y por decisión de las partes por cuanto que éstas pueden someter el conflicto a un arbitraje voluntario o a la decisión de la autoridad de trabajo (artículo 22. o del anteproyecto). En caso que las partes no se pusieran de acuerdo respecto a la vía de solución, cualquiera de ellas puede dentro del término de 48 horas, solicitar a la autoridad de trabajo que se aboque a la solución del conflicto. Es decir, que la intervención de la autoridad de trabajo sólo se produce a petición de las partes y con el propósito de agilizar la solución de los conflictos laborales y atender oportunamente las reclamaciones de los trabajadores. En ambos casos, si las partes optan por un arbitraje voluntario o por someter el conflicto a la decisión de la autoridad de trabajo, se ordena la realización de un estudio económico laboral que sirva de sustento al laudo arbitral o a la resolución de la autoridad de trabajo, la misma que encarga este estudio a la Oficina de Economía del Trabajo y Productividad, y que es puesto en conocimiento de las partes. En el anteproyecto se han previsto los recursos de aclaración y de nulidad del laudo arbitral y de la resolución de la autoridad de trabajo, dotando de garantías suficientes al procedimiento.

&htab;537.&htab;El anteproyecto en la parte que se refiere a la huelga, la define como un derecho de los trabajadores, consistente en la suspensión voluntaria, colectiva y pacífica del trabajo; se precisa la oportunidad en que puede declararse la huelga, previéndose que en el procedimiento de negociación colectiva, iniciada la etapa del trato directo y hasta que el conflicto sea sometido a la decisión del árbitro, tribunal arbitral y, en los demás procedimientos laborales, cuando el empleador se negase a cumplir con la resolución consentida o ejecutoriada, expedido por la autoridad de trabajo correspondiente. Se señala además que la huelga debe tener por objeto la defensa y promoción de los intereses y derechos de los trabajadores y el apoyo en las reclamaciones de otros trabajadores, siempre que éstos pertenezcan a la misma causa de actividad. Se indican los requisitos para la declaratoria de huelga: acordada en asamblea general, convocada expresamente por decisión de más de la mitad de los trabajadores, se mantiene el pliego de 72 horas como plazo de aviso a la autoridad de trabajo, se determinan sus efectos y se señalan los casos en los que las huelgas son declaradas ilegales cuando se llevan a cabo sin observancia de los requisitos establecidos por ley, cuando no han tenido por objeto los precisados por ley, y si los trabajadores en huelga ejercieran actos de violencia, en perjuicio del empleador o de los bienes del centro de trabajo. También se regula la huelga en los servicios esenciales y se prescribe que los trabajadores que laboran en tales servicios pueden hacer huelga pero sin interrumpir la continuidad de los servicios. Sin perjuicio de la descripción general del anteproyecto el Gobierno señala que, conforme su nombre lo indica, se trata de un proyecto que debe ser objeto de debate en el Parlamento nacional el mismo que puede ser enriquecido en la discusión parlamentaria y que no pretende en modo alguno limitar el ejercicio reconocido y justificado del derecho de huelga; es de agregar que el proyecto no está considerado actualmente en la agenda de la legislatura extraordinaria del Congreso, motivo por el cual el Gobierno considera prematuro su cuestionamiento.

&htab;538.&htab;De otro lado y en lo que respecta a la detención de los dirigentes sindicales, el Gobierno reitera que existe la necesidad de mantener la armonía y tranquilidad pública, que no pueden ser alteradas por la violencia y desórdenes callejeros, al amparo de un supuesto ejercicio del derecho sindical. Sin perjuicio de esta consideración, el Gobierno agrega que ha remitido un oficio al Ministerio del Interior, sector competente en la materia, sobre los hechos denunciados en los que se señala que la policía nacional ha procedido en forma arbitraria y violenta en diversas oportunidades con motivo de reclamos y huelgas sindicales y cuya respuesta transmitirá a la OIT. Por último el Gobierno estima que son inexactos y prematuros los alegatos formulados por la CGTP en el sentido de que en el Perú no se respetan los derechos sindicales, generándose una imagen distorsionada de la realidad de los hechos.

&htab;539.&htab;En su comunicación de fecha 12 de abril de 1989, el Gobierno observa que, en relación al dirigente aduanero Oscar Delgado, es preciso anotar que, conforme se consigna en diversas comunicaciones periodísticas, la policía nacional está efectuando investigaciones para conocer su paradero; es así que en el Ministerio del Interior se constituyó un equipo especial encargado de establecer el paradero del dirigente sindical quien se encuentra en calidad de desaparecido, hecho que ha suscitado paros de protesta de diversas organizaciones laborales y de la Confederación Intersectorial de Trabajadores del Estado (CITE) y que también constituye preocupación del Gobierno, siendo de destacar que el titular del Ministerio del Interior, sector competente en la materia ha manifestado que el Sr. Delgado no se encuentra detenido en ninguna repartición estatal, y que está siendo buscado como persona desaparecida. Se ha oficiado al Ministerio del Interior en demanda de mayor información. Con respecto al Sr. Flavio Rojas el Gobierno expresa que conforme lo señalan los medios informativos, existía un contradicho en torno a la posesión del local de la CTP entre el Sr. Flavio Rojas y el diputado Bernardino Céspedes, quienes invocan la condición de Secretario General, habiendo interpuesto el Sr. Rojas una acción de amparo que está siendo tramitada ante el poder judicial, a quien corresponde la solución de este conflicto, haciéndose presente que el Ministerio de Trabajo respetuoso de los convenios internacionales no interviene en el mismo; de otro lado es de agregar que resulta inexacta la afirmación de que se desconoce el paradero del Sr. Flavio Rojas quien se encuentra haciendo uso de sus plenos derechos civiles y sindicales.

&htab;540.&htab;El Comité observa que los alegatos en estos casos se refieren a la represión violenta por la policía de una manifestación de protesta en apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores para mejorar su situación económica y social organizada por la CGTP el día 13 de octubre de 1988 en la que resultaron 50 trabajadores heridos y más de 900 detenciones (entre los detenidos se encontraban Pablo Checa, Secretario General Adjunto de la CGTP, Alberto Ramírez, secretario de organización de la CGTP, Pablo Huilca, Secretario General de la Federación Sindical de Trabajadores de la Construcción Civil y Alipio Centeno, Secretario General de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza. Entre los sindicalistas golpeados se encontraban el senador Valentín Pacho, vicepresidente de la FSM y Secretario General de la CGTP y el dirigente Ricardo Letts); a la represión violenta por fuerzas policiales, el 9 de febrero de 1989, de una reunión pacífica de campesinos en la que resultaron muertos 88 campesinos y a la desaparición del Sr. Oscar Delgado, dirigente de los trabajadores de aduanas y a los asesinatos de Saúl Cantoral, Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos y de Consuelo García, asesora de los comités de amas de casa mineros, el 13 de febrero de 1989, en Lima. Otros alegatos se refieren a la conculcación de los derechos de sindicalización y huelga por el Gobierno; a la violación del Convenio núm. 87 al declarar ilegales todas las huelgas y paralización de labores, que de acuerdo con la legislación en vigor, decidan llevar adelante las organizaciones sindicales o, a ciertas disposiciones de un proyecto de ley de relaciones colectivas de trabajo que en la parte referente al derecho de huelga contraviene expresamente los principios y normas en materia de libertad sindical y de libre negociación colectiva y autonomía convencional; violaciones a la autonomía y fuero sindical, interrumpiéndose violentamente reuniones sindicales, impidiendo su realización, allanamiento de los locales sindicales ocasionando daños en los mismos y en su mobiliario, detención arbitraria de dirigentes sindicales en razón de su autoridad sindical, interferencia en la organización y realización de manifestaciones públicas de carácter sindical, negando las autorizaciones necesarias y agrediendo violentamente a los sindicalistas manifestantes. Todo esto bajo pretexto de un estado de emergencia. Además, a la detención del dirigente sindical Flavio Rojas, el 3 de enero de 1989, después de una interrupción violenta de la policía en el local sindical de la CTP cuando sesionaba su Comité Ejecutivo.

&htab;541.&htab;En cuanto al alegato de represión de un día nacional de protesta, organizado por la CGTP el 13 de octubre de 1988, en apoyo de reivindicaciones económicas y sociales de los trabajadores, el Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno en el sentido de que dicha manifestación se realizó en forma pacífica y que sólo se produjeron hechos aislados de enfrentamiento de los trabajadores con las fuerzas del orden lo que motivó algunas detenciones en resguardo de la tranquilidad y la seguridad pública y del respeto de la policía nacional, y que los detenidos fueron liberados inmediatamente después de realizadas las calificaciones correspondientes. Al respecto el Comité desea recordar que la detención de dirigentes sindicales y sindicalistas por actividades sindicales legítimas, aunque sólo sea por corto espacio de tiempo, constituye una violación de los principios de libertad sindical [véase 236.° informe, caso núm. 1258 (El Salvador), párrafo 521]; asimismo desea señalar que, en general, recurrir al uso de las fuerzas de policía en las manifestaciones sindicales debería limitarse a los casos realmente necesarios [véase 233. er informe, caso núm. 1199 (Perú), párrafo 576]. El Comité pide al Gobierno que le informe sobre el resultado de la demanda de información cursada al Ministerio del Interior sobre estos puntos.

&htab;542.&htab;En relación al alegato de represión policial en contra de una reunión pacífica de campesinos en la que resultaron muertos 88 campesinos y a los asesinatos de Saúl Cantoral, Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos y de Consuelo García, asesora de los comités de amas de casa mineros, el Comité, al tiempo que observa que el Gobierno no ha transmitido informaciones sobre estos alegatos, deplora vivamente estos hechos de violencia y recuerda que un clima de violencia que da lugar al asesinato o a la desaparición de dirigentes sindicales constituye un grave obstáculo para el ejercicio de los derechos sindicales; tales actos exigen medidas severas por parte de las autoridades. Asimismo, señala que la realización por el Gobierno interesado de una investigación judicial independiente es un método especialmente apropiado para esclarecer plenamente los hechos, determinar las responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la repetición de tales actos [véanse párrafos 77 y 78 de la recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, tercera edición]. El Comité pide al Gobierno que indique si se han iniciado investigaciones y que le informe sobre el desarrollo y resultado de las que se habrían emprendido.

&htab;543.&htab;En cuanto a la desaparición del dirigente de los trabajadores aduaneros Sr. Oscar Delgado y a la detención del dirigente de la CTP, Sr. Flavio Rojas, el Comité toma nota de las informaciones del Gobierno en el sentido de que en el caso del Sr. Delgado, el Ministerio del Interior constituyó un equipo especial para esclarecer su paradero ya que dicho dirigente no se encuentra detenido en ninguna repartición estatal, y de que en lo relativo al alegato de detención del Sr. Rojas resulta inexacta la afirmación de que se desconozca el paradero de dicho dirigente ya que el mismo se encuentra haciendo uso de sus plenos derechos civiles y sindicales. El Comité reitera enfáticamente los principios enunciados en el párrafo anterior.

&htab;544.&htab;En cuanto a los alegatos presentados por la CGTP, relativos a la conculcación práctica del derecho de huelga a través de disposiciones administrativas que en varios casos declaraban improcedente el plazo legal de preaviso de huelga o declaraban ilegal las huelgas en ciertos sectores de actividad, basándose el Gobierno en que las declaraciones de huelgas no obedecían a intereses legítimamente laborales; que la huelga no podía ser un medio de presión por reclamaciones cuyos trámites se encuentran prescritos en leyes vigentes y que si los huelguistas consideran que existe incumplimiento de disposiciones legales tenían recursos para hacer valer esos derechos; el Comité toma nota de las informaciones detalladas del Gobierno sobre los casos específicos en los cuales se declaran improcedentes o ilegales las huelgas, a saber: cuando no se comunica la paralización con una anticipación de por lo menos 72 horas a la autoridad, indicándose la hora de la votación de la declaración de huelga y el número de trabajadores que el sindicato agrupa; cuando se produce la huelga después de agotado el trato directo y la junta de conciliación, el pliego de reclamos debe en consecuencia se resuelto por la autoridad administrativa de trabajo, ello debido a que la huelga no puede ser dirigida contra el Estado y que tal derecho, como se ha expresado anteriormente, sólo puede ser empleado como medio de presión contra el empleador; cuando las huelgas son intempestivas, debido a que si la ley señala el cumplimiento de requisitos mínimos, éstos deber ser cumplidos; cuando se declara la huelga formulando peticiones que son susceptibles de plantearse con arreglo a normas de procedimiento que están específicamente establecidas y cuando el plazo de huelga va dirigido contra el Gobierno evidenciando motivaciones políticas. Igualmente, el Comité toma nota de que el Gobierno reconoce que en el Perú se adolece de una adecuada legislación sobre el ejercicio del derecho de huelga y la formulación de un anteproyecto de relaciones colectivas de trabajo tiene el propósito de tratar de adecuar la legislación en este sentido, al estipular que la huelga debe tener por objeto la defensa y promoción de los intereses y derechos de los trabajadores y el apoyo en las reclamaciones de otros trabajadores, siempre que éstos pertenezcan a la misma causa de actividad y al señalar los requisitos para la declaratoria de huelga, así como la regulación de la huelga en los servicios esenciales. Al respecto el Comité desea señalar que ha reconocido siempre el derecho de huelga como un derecho legítimo al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones en defensa de sus intereses económicos y sociales; el Comité recuerda que el derecho de huelga no debería limitarse a los conflictos de trabajo susceptibles de finalizar en un convenio colectivo determinado: los trabajadores y sus organizaciones deben poder manifestar, en caso necesario, en un ámbito más amplio su posible descontento sobre cuestiones económicas y sociales que guarden relación con los intereses de sus miembros, y que las condiciones requeridas por la legislación para que la huelga se considere un acto lícito deben ser razonables y, en todo caso, no de tal naturaleza que constituyan una limitación importante a las posibilidades de acción de las organizaciones sindicales. [Véanse párrafos 362, 377 y 388, Recopilación ... op. cit .]

&htab;545.&htab;En cuanto a los alegatos de violación a los derechos sindicales y de los principios de libertad sindical (detenciones, allanamientos, interferencias en las reuniones), el Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno en el sentido de que las detenciones de dirigentes sindicales responden a la necesidad de mantener la armonía y la tranquilidad pública. Sin embargo, el Comité desea reiterar que los allanamientos efectuados en los locales sindicales no deberían producirse sino por mandato de la autoridad judicial ordinaria y cuando dicha autoridad esté convencida de que hay razones fundadas para suponer que se encuentran en esos locales las pruebas necesarias para castigar un delito de derecho común y a condición de que el registro se limite a lo que haya motivado el mandato [véase 236.° informe, párrafo 536, caso núm. 1269 (El Salvador)]. Además, el Comité reitera el principio de que la detención de dirigentes sindicales, aunque sea por corto espacio de tiempo, contra los que no se ha retenido ningún cargo concreto restringe el ejercicio de los derechos sindicales. La no intervención de los gobiernos en la celebración o el desarrollo de las reuniones sindicales constituye un elemento esencial de los derechos sindicales y las autoridades públicas deberían abstenerse de toda intervención que pueda limitar este derecho u obstaculizar su ejercicio legal, salvo que tal ejercicio altere el orden público o ponga en peligro grave e inminente el mantenimiento del mismo. El Comité toma nota de que se ha dirigido un oficio al Ministerio del Interior, cuya respuesta se transmitirá a la OIT.

&htab;546.&htab;En cuanto al anteproyecto de ley de relaciones colectivas de trabajo al que se refiere la CGTP alegando que contraviene los principios de libre negociación y la autonomía convencional, en particular, al estipular que la autoridad administrativa resolverá de forma inapelable y de obligatorio cumplimiento el pliego de peticiones si las partes no llegasen a un acuerdo sobre el mismo en un plazo de 30 días, el Comité observa que el artículo 23. o de dicho anteproyecto condiciona la intervención de la autoridad de trabajo a la solicitud de una de las partes ; asimismo el Comité observa que los artículos 31, 32, 33 y 34 estipulan lo siguiente:

&htab;"Artículo 31. o .- Si ambas partes optaran por someter el conflicto a la decisión de la autoridad de trabajo, o se diera la situación a que se refiere el artículo 23. o , aquélla luego de abocarse al conocimiento del conflicto dispondrá que los servicios especializados del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, citen a las partes a reuniones de conciliación, las mismas que tendrán una duración que no podrá exceder de 8 días.

&htab;En tales reuniones, si ambas partes lo solicitaran, el funcionario competente podrá proponer fórmulas de solución que aquéllas podrán aceptar, modificar o rechazar.

&htab;Artículo 32. o .- De no lograrse el avenimiento de las partes en las reuniones de conciliación, la autoridad de trabajo dispondrá que la dependencia competente del Ministerio de Trabajo y Promoción Social efectúe el estudio económico.

&htab;El estudio respectivo será puesto en conocimiento de las partes, a fin de que éstas expresen su opinión.

&htab;Artículo 33. o .- Recibido el informe con el estudio a que se refiere el artículo precedente, el pliego de peticiones será resuelto por la autoridad de trabajo, en el término no mayor de ocho (8) días.

&htab;La resolución de la autoridad de trabajo es inapelable y de obligatorio cumplimiento.

&htab;Artículo 34. o .- Las partes conservan en todo momento del procedimiento el derecho a reunirse por iniciativa propia, así como de recurrir a cualquier medio apropiado para la solución pacífica del conflicto."

&htab;547.&htab;El Comité nota que el Gobierno señala que la intervención de la autoridad administrativa sólo se produce después de fracasado el trato directo y por decisión de las partes ya que éstas tienen la posibilidad de someter el conflicto a un arbitraje voluntario o a la decisión de la autoridad de trabajo (artículo 22 del anteproyecto); es decir, la intervención de la autoridad de trabajo sólo se produce a petición de las partes y con el propósito de agilizar la solución de los conflictos laborales. En ambos casos, si las partes optan por un arbitraje voluntario o por someter el conflicto a la decisión de la autoridad de trabajo se ordena la realización de un estudio económico laboral, que sirva de sustento al laudo arbitral o a la resolución de la autoridad de trabajo, la misma que encarga este estudio a la Oficina de Economía del Trabajo y Productividad, y que es puesto en conocimiento de las partes. En el anteproyecto se han previsto los recursos de aclaración y de nulidad del laudo arbitral y de la resolución de la autoridad de trabajo, dotando de garantías suficientes al procedimiento. El Gobierno señala además que dicho anteproyecto, como su nombre lo indica, es un proyecto que deber ser objeto de debate en el Parlamento nacional y que el mismo al momento no está considerado en la agenda de la legislatura extraordinaria del Congreso por lo que considera que resulta prematuro su cuestionamiento.El Comité, en vista de los alegatos presentados por la CGTP en relación al anteproyecto de ley de relaciones colectivas de trabajo, de las observaciones del Gobierno y de las disposiciones de los artículos 22, 23, 31, 32, 33 y 34, es de la opinión que la disposición del artículo 23, que permite que una de las partes del conflicto pueda, unilateralmente, solicitar la intervención de la autoridad del trabajo para que se aboque a la solución del mismo; presenta un riesgo contra el derecho de los trabajadores a declarar la huelga, ya que según el artículo 40, a) "la huelga podrá declararse hasta que el conflicto sea sometido a la decisión... de la autoridad de trabajo". Dicha disposición es contraria al fomento de la negociación colectiva voluntaria puesto que una de las partes puede obstaculizar la negociación colectiva voluntaria con el fin de, unilateralmente, poner la solución del conflicto en manos de la autoridad de trabajo y así suspender el derecho de huelga.

&htab;548.&htab;En cuanto al decreto supremo núm. 041.88.TR del 26 de octubre de 1988 que establecía topes a los incrementos salariales adicionales pactados o por pactarse, el Comité observa que según los querellantes y el Gobierno, el mismo ha sido derogado, por lo cual no considera oportuno pronunciarse al respecto.

&htab;549.&htab;En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:

a) El Comité pide al Gobierno que envíe informaciones precisas y en particular sobre el resultado de las demandas de información cursadas al Ministerio del Interior sobre los incidentes ocurridos el 13 de octubre de 1988 durante la realización de un día nacional de protesta organizado por la CGTP.

b) El Comité deplora vivamente la situación de violencia existente y solicita al Gobierno que envíe sus observaciones y las informaciones que resulten de la demanda de información cursada al Ministerio del Interior sobre los asesinatos del dirigente sindical de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Sr. Saúl Cantoral y de Consuelo García, asesora de los comités de amas de casa mineros, sobre la desaparición desde el 14 de diciembre de 1988 de Oscar Delgado, dirigente del sindicato de los trabajadores de aduanas. El Comité pide igualmente al Gobierno que indique si se han iniciado investigaciones sobre la muerte de 88 campesinos durante una manifestación y que le informe sobre el desarrollo y el resultado de las investigaciones que se habrían emprendido.

c) El Comité solicita al Gobierno que envíe sus observaciones sobre el intento de allanamiento al local de la CGTP, ocasionando daños materiales al local y bienes sindicales, el 13 de octubre de 1988, sobre el allanamiento al local sindical de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos, el 24 de octubre de 1988, y sobre la incautación de documentación diversa y del mimeógrafo de dicha Federación y sobre la irrupción violenta por la policía al local de la CTP durante una reunión del Comité Ejecutivo, el 3 de enero de 1989, en la que fue supuestamente detenido el dirigente Flavio Rojas.

d) En cuanto a los alegatos sobre las disposiciones administrativas que según la CGTP dificultan en la práctica la realización de huelgas legales, el Comité, al tiempo que toma nota de la difícil situación económica y financiera del Perú, desea reiterar que el derecho de huelga no debería limitarse a los conflictos de trabajo susceptibles de terminar en un convenio colectivo determinado: los trabajadores y sus organizaciones deben poder manifestar, en caso necesario, en un ámbito más amplio, su posible descontento sobre cuestiones económicas y sociales que guarden relación con los intereses de sus miembros, y que las condiciones requeridas por la legislación para que la huelga se considere un acto lícito deben ser razonables y, en todo caso, no de tal naturaleza que constituyan una limitación importante a las posibilidades de acción de las organizaciones sindicales.

e) En cuanto al anteproyecto de ley de relaciones colectivas de trabajo, el Comité es de la opinión que las disposiciones del artículo 23 presentan un riesgo contra el derecho de huelga de los trabajadores y es contraria al fomento de la negociación colectiva voluntaria.

f) El Comité somete los aspectos legales de los casos a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.

&htab;550.&htab;Por comunicación de fecha 1.° de diciembre de 1988, la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) presentó una queja contra el Gobierno de Malasia por violación de los derechos sindicales. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) se unió a esta queja en una comunicación de 22 de diciembre de 1988. Por comunicación de 19 de enero de 1989, el Congreso de Sindicatos de Malasia (MTUC) también se unió a esta queja y facilitó mayores detalles relacionados con los asuntos planteados por la FITIM en su carta del 1.° de diciembre de 1988.

&htab;551.&htab;El Gobierno remitió sus observaciones sobre el caso en una comunicación de fecha 5 de abril de 1989.

&htab;552.&htab;Malasia no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), pero sí ha ratificado el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;553.&htab;La FITIM declara que desde 1977 ha presentado por lo menos cuatro quejas por violación de los derechos sindicales en Malasia [véase el caso núm. 879 (177.° informe del Comité, párrafos 88 a 113, aprobado por el Consejo de Administración en su 205. a  reunión, febrero-marzo de 1978); caso núm. 911 (190.° informe del Comité, párrafos 410 a 429, aprobado por el Consejo de Administración en su 209. a  reunión, febrero-marzo de 1979 y 202.° informe del Comité, párrafos 122 a 142, aprobado por el Consejo de Administración en su 213. a  reunión, mayo-junio de 1980), caso núm. 1022 (211.° informe del Comité, párrafos 515 a 525, aprobado por el Consejo de Administración en su 218. a  reunión, noviembre de 1981, 217.° informe del Comité, párrafos 379 a 388, aprobado por el Consejo de Administración en su 220. a  reunión, mayo-junio de 1982, y 218.° informe del Comité, párrafo 18, aprobado por el Consejo de Administración en su 221. a  reunión, noviembre de 1982), y caso núm. 1380 (248.° informe del Comité, párrafos 363 a 380, aprobado por el Consejo de Administración en su 235. a  reunión, marzo de 1987. Sobre este caso véase igualmente el párrafo 17 del presente informe). El MTUC fue también uno de los querellantes en el caso núm. 879.

&htab;554.&htab;Todas estas quejas se referían, por lo menos parcialmente, a las dificultades con que tropezaba el Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica (EIWU) para tratar de sindicalizar a los trabajadores de la industria de la electrónica. Estas dificultades giran en torno al hecho de que la ley sindical de 1959 limita el derecho de afiliarse a un sindicato a los trabajadores que estén dedicados a una actividad, ocupación o trabajo determinados o actividades, ocupaciones o trabajos similares a éstos. Al registrador de sindicatos le corresponde la tarea de definir lo que se entiende por "similares" en estos casos (decisión contra la cual puede presentarse un recurso ante el ministro pertinente y que puede someterse a revisión judicial en el Tribunal de Apelaciones, y, en última instancia, en el Tribunal Supremo). Durante años, el registrador ha hecho uso de su facultad discrecional para denegar al EIWU el derecho de afiliar a los trabajadores de la industria de la electrónica, incluso en casos en que un elevado porcentaje de trabajadores de una empresa estaban de hecho afiliados al EIWU.

&htab;555.&htab;Señalan los querellantes que en los cuatro casos anteriores el Comité había pedido al Gobierno, entre otras cosas, que tomara las medidas necesarias para garantizar que las autoridades administrativas no interpretarían de forma restrictiva las disposiciones relativas a la creación de sindicatos de base. Esto es algo que el Gobierno no ha hecho en ningún momento.

&htab;556.&htab;Desde los últimos años del decenio de 1970, el MTUC viene patrocinando una serie de medidas destinadas a obtener la acreditación de un sindicato distinto en la industria de la electrónica; la solicitud más reciente fue presentada al registrador el 15 de octubre de 1988. Sin embargo, no pudo conseguir una decisión favorable de parte del registrador, del Ministro ni del Tribunal de Apelaciones. A esto cabe agregar que los empleadores de la industria obstaculizaron tanto las actividades que en materia de organización había emprendido el EIWU como los intentos patrocinados por el MTUC de crear un sindicato distinto para la industria. Por otro lado, en los últimos años el registrador ha aceptado inscribir dos sindicatos internos de la industria (el Sindicato de Trabajadores de Perwira Ericsson Peninsula Malasia y el Sindicato de Trabajadores de Amalgamated Parts Manufacturers).

&htab;557.&htab;Según declaran los querellantes, en la reunión del Consejo Nacional Tripartito de Asesoramiento Laboral, celebrada el 22 de septiembre de 1988, el Ministro anunció que se permitiría a los trabajadores de la industria de la electrónica constituir su propio sindicato. Según se informa, declaró que la industria era en ese momento suficientemente "fuerte y estable" para tener un sindicato, y que quedaba en manos de los trabajadores organizarse "con ayuda del MTUC". Este anuncio completamente inesperado fue muy bien recibido por los trabajadores de la industria y por el MTUC, e "incluso en las páginas editoriales de la prensa controlada por el Gobierno". A pesar de las tácticas intimidatorias de que se valieron algunos empleadores, cientos de trabajadores celebraron reuniones y decidieron formar un nuevo sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Electrónica. Este fue el sindicato que presentó oficialmente una solicitud de registro el 15 de octubre de 1988.

&htab;558.&htab;Tan repentinamente como lo había hecho con su declaración anterior, el Ministro anunció el 19 de octubre de 1988 que el Gobierno había cambiado de opinión y que los trabajadores de la industria estarían únicamente autorizados a constituir sindicatos internos.

&htab;559.&htab;Los querellantes alegan que este cambio de actitud se produjo en gran parte como resultado de la presión ejercida sobre el Gobierno por parte de los empleadores extranjeros de la industria.

&htab;560.&htab;Según afirma el MTUC, es totalmente inadecuado fundar sindicatos internos en la industria de la electrónica: en primer lugar, porque los trabajadores de la industria no tienen en general experiencia en cuestiones sindicales; en segundo lugar, porque no podrán eliminar la posibilidad de que la dirección imponga un régimen de favoritismo o de persecución; en tercer lugar, porque existe la posibilidad real de que los empleadores traten de influir en los dirigentes de estos sindicatos por medio de sutiles contribuciones financieras y materiales a los mismos; y, en cuarto lugar, porque es muy probable que la fundación de estos sindicatos provoque un desequilibrio económico en la industria. El MTUC también alega que la insistencia del Gobierno en que se establezcan sindicatos internos contraviene su propia legislación en materia de registro y reconocimiento de sindicatos.

&htab;561.&htab;En su comunicación de 5 de abril de 1989, el Gobierno se refiere a los intentos que había hecho anteriormente el EIWU para afiliar a los trabajadores de la industria de la electrónica y al recurso de apelación que dicho Sindicato había presentado sin éxito ante el Tribunal de Apelaciones en 1985. El Gobierno declara que se habían dado últimamente claras indicaciones al EIWU para que pudiera identificar con precisión y sindicalizar a los trabajadores de las industrias que se hallaban bajo su ámbito de competencia, y que el Sindicato había aceptado esta situación. Informa el Gobierno que el MTUC también había aceptado esta situación y que en el momento actual se encuentra abocado activamente a la tarea de prestar asistencia a los trabajadores del sector de la electrónica en la constitución de los sindicatos que estimen convenientes.

&htab;562.&htab;El Gobierno señala que los deseos de los trabajadores de un lugar de trabajo determinado están entre los factores que tiene en cuenta el registrador al estudiar las solicitudes de registro. Así lo refleja el hecho de que cuatro sindicatos del sector de la electrónica han sido registrados en los últimos años: el Sindicato de Trabajadores de Mitsumi Electric (registrado el 25 de marzo de 1986), el Sindicato de Trabajadores de Perwira Ericsson (registrado el 30 de mayo de 1986), el Sindicato de Trabajadores de Audio Electronics (registrado el 18 de agosto de 1987) y el Sindicato de Trabajadores de RCA Sdn. Bhd. (registrado el 31 de enero de 1989). Además, el registrador estudia actualmente la solicitud de registro presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Electrónica.

&htab;563.&htab;Por último, el Gobierno declara con énfasis que en virtud de la legislación malaya todos los sindicatos registrados tienen los mismos derechos y responsabilidades, ya se trate de sindicatos internos, de industria o de cualquier otra naturaleza. No corresponde al MTUC ni a ningún otro organismo determinar el tipo de organización a la cual deben afiliarse los trabajadores, asunto de incumbencia exclusiva de los trabajadores empleados en la unidad interesada.

&htab;564.&htab;En sus quejas, los querellantes se refieren a cuatro aspectos de los principios de libertad sindical: i) el derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a ellas; ii) el derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a ellas sin autorización previa; iii) la necesidad de gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia que tienda a fomentar la constitución de organizaciones dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores, conforme al artículo 2 del Convenio núm. 98 ; y iv) la necesidad de garantizar que el derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a ellas sea establecido y respetado de jure y de facto .

&htab;587.&htab;En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:

a) Que el Gobierno introduzca enmiendas en los artículos 8 y 12 de la ley sindical de 1959 para ajustarlos a los principios de la libertad sindical.

b) Que en espera de que se produzcan estos cambios legislativos, el Gobierno tome disposiciones para asegurar que la interpretación y aplicación del artículo 12 de la ley sindical de 1959 se efectúan de conformidad con el principio según el cual la elección de los sindicatos a los cuales los trabajadores desean afiliarse debería recaer en los propios trabajadores.

c) Que el Gobierno haga uso del sus buenos oficios para asegurar que la solicitud de registro presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Electrónica el 15 de octubre de 1988 sea tratada de manera expeditiva y que informe a la Oficina acerca del curso dado a dicha solicitud. d) El Comité expresa su preocupación observando que en cinco oportunidades ha examinado alegatos de violaciones al derecho de sindicación en la industria electrónica. Considera que el Gobierno debería considerar seriamente la posibilidad de hacer uso de la asistencia de la OIT para ayudarle a poner la legislación y la práctica relativas al registro de los sindicatos en conformidad con los principios de la libertad sindical.

e) El Comité urge al Gobierno a que envíe una respuesta sobre el alegato de que su posición en 1988 relativa al establecimiento de un sindicato en la industria electrónica se debió a presiones ejercidas por compañías multinacionales que dominan este sector de la industria.

&htab;588.&htab;La queja figura en comunicaciones del Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio y del Plenario Intersindical de Trabajadores fechadas respectivamente el 7 de noviembre de 1988 y el 12 de enero de 1989. El Gobierno respondió por comunicaciones de 17 de enero y 6 de marzo de 1989.

&htab;589.&htab;Paraguay ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

&htab;590.&htab;El Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC) alega en su comunicación de 7 de noviembre de 1988 que el 22 de octubre de 1988, en plena reunión del comité ejecutivo del SEOC, un alto funcionario de la policía ingresó en los locales del sindicato, interrogando a los dirigentes y a los afiliados con la finalidad de amedrentar a estos últimos. El SEOC añade que el Ministerio de Justicia y Trabajo se niega a entregar a los miembros del comité ejecutivo las credenciales que habilitan a ejercer funciones sindicales ante los empleadores en caso de conflicto laboral.

&htab;591.&htab;El SEOC alega asimismo que el 19 de octubre de 1988, la Dirección del Trabajo comunicó al Sindicato un dictamen de la asesoría jurídica del Ministerio de Trabajo sobre la solicitud del sindicato realizada el 28 de abril de 1988 para que se homologara y registrara la modificación de los estatutos sindicales. Según dicho dictamen "no corresponde hacer lugar al pedido de referencia en razón de que el sindicato se encuentra acéfalo desde marzo de 1986, por lo que en todo caso el mismo debió haberse constituido primeramente en asamblea de reorganización para designar a los dirigentes que posteriormente podrán llamar a asamblea general extraordinaria a fin de tratar el tema referente a la modificación del estatuto social ...". Verbalmente se explicó al sindicato que después del mencionado dictamen de la asesoría jurídica no habría resolución por parte de la Dirección del Trabajo, lo cual priva al sindicato de recurrir a la justicia ordinaria. El SEOC niega que el sindicato se haya encontrado acéfalo y señala que la asamblea de 16 de mayo de 1986 y la de 4 de junio de 1987 (en la que se eligió la comisión directiva del sindicato) fueron notificadas a la Dirección del Trabajo (SEOC envió a la OIT copias de las notificaciones), pero ésta no dio respuesta alguna.

&htab;592.&htab;El Movimiento Intersindical de Trabajadores (MIT) alega en su comunicación de 12 de enero de 1989 el despido del Sr. Milcíades Paredes, dirigente del Sindicato Nacional de Obreros Metalúrgicos y Afines (SINOMA) en el mes de diciembre de 1988. Este despido se debió al reclamo del pago de aguinaldo al propietario de la empresa de Transporte Fenix S.A. de la línea 39 del transporte público. A pesar de que se solicitó al Ministerio de Justicia y Trabajo que interviniera - dado que la ley garantiza la estabilidad de los dirigentes sindicales - el Ministerio no ha resuelto el problema. El MIT alega asimismo que los sindicalistas Gilberto Melo García, José Garcete, Gilberto Moreno, Victoriano Fleitas, Oscar Gómez, Alcides Soria y Vicente Segovia fueron despedidos en razón de sus actividades sindicales y por reclamar el pago de aguinaldo y la reposición del dirigente sindical Milcíades Paredes.

&htab;593.&htab;El Gobierno declara en su comunicación de 17 de enero de 1989 que rechaza categóricamente la queja del SEOC y señala que este sindicato no cumple los requisitos establecidos para el ejercicio de los derechos legales y que pretende subsanar su situación irregular mediante denuncias a organismos internacionales. El Gobierno indica que enviará una contestación detallada a la queja del SEOC.

&htab;594.&htab;En su comunicación de 6 de marzo de 1989, en respuesta a la queja presentada por el MIT, el Gobierno declara que la garantía de inamovilidad en el trabajo otorgada a los trabajadores que ejercen funciones sindicales, está prevista en la ley núm. 1172 del 13 de diciembre de 1985 (que se envía en anexo), cuyo artículo 3 declara competencia del Poder Judicial el reintegro compulsivo del dirigente despedido. La autoridad administrativa, es decir la Dirección del Trabajo, dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo, sólo recibe la nómina de las personas que tienen a su cargo la organización del sindicato y los nombres de los dirigentes electos, con el fin de expedir constancia a los interesados, e informar a la autoridad de aplicación. Los casos de despidos, por cualquier motivo, no son de competencia de dicho Ministerio. Sin embargo, el Ministerio de Justicia y Trabajo actualmente dirige sus mejores esfuerzos educativos para que sean respetadas las leyes del trabajo, reguladoras de los derechos y las obligaciones, tanto de los trabajadores como de los empleadores.

&htab;595.&htab;De manera general, el Comité debe lamentar que el Gobierno no haya respondido de manera detallada a los alegatos presentados.

&htab;596.&htab;En lo que respecta al despido del Sr. Milcíades Paredes, dirigente del Sindicato Nacional de Obreros Metalúrgicos y Afines y a siete miembros de este sindicato por reclamar el pago de aguinaldo al propietario de la Empresa de Transporte Fenix S.A. (línea 39 del transporte público), el Comité observa que el Gobierno se ha limitado básicamente a enviar la ley núm. 1172 de 13 de diciembre de 1985 (relativa al fuero de los dirigentes sindicales) y a señalar que el reintegro de los trabajadores que ejercen funciones sindicales es competencia de los tribunales. No habiendo negado el Gobierno que los despidos en cuestión se hayan debido a las actividades sindicales puestas de relieve por la organización querellante, el Comité pide al Gobierno que promueva los procedimientos necesarios para que los sindicalistas despedidos puedan obtener su reintegro y subraya que de conformidad con el artículo 1 del Convenio núm. 98 "los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo".

&htab;597.&htab;El Comité pide al Gobierno que envíe con rapidez sus observaciones sobre los alegatos presentados por el Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio.

&htab;598.&htab;En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:

a) El Comité pide al Gobierno que promueva los procedimientos necesarios para que los sindicalistas despedidos por la empresa de Transporte Fenix S.A. puedan obtener su reintegro. Subraya que de conformidad con el artículo 1 del Convenio núm. 98 "los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo".

b) El Comité pide al Gobierno que envíe con rapidez sus observaciones sobre los alegatos presentados por el Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio.